Autor: Luca de Tena y Brunet, Torcuato (MERLÍN; ABC). 
   Crimen sin castigo     
 
 ABC.    25/06/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

ABC. SÁBADO, 25 DE JUNIO DE 1977.

LA ROSA Y LA ESPADA

CRIMEN SIN CASTIGO

Por Torcuato LUCA DE TENA

(De la Real Academia Española)

El espantoso crimen de que ha sido víctima Javier de Ybarra merece, al menos, hacernos meditar sobre el

uso y el abuso de las amnistías, indultos y excarcelaciones. Su inutilidad y peligrosidad son manifiestas.

El criminal no agradece: toma por debilidad la misericordia y como un triunfo propio el deseo ajeno de

pacificación. Con esto se crece y se enardece. Conseguidos sus objetivos, impunes sus delitos, se inyecta

moral a sus torpes instintos y se libera de obstáculos a su ferocidad.

«La condena unánime no nos parece suficiente», comentaba días pasados un excelente editorial del «Ya».

Y añadía: «Hace falta algo más. Hace falta la justicia más severa para acabar con estos crímenes.»

Sería consolador que el Gobierno hiciese suyas estas palabras. Pero no «verbalmente», sino demostrando

con hechos su autoridad. ¿De qué justicia y de qué severidad se puede hablar si el Gobierno que condena

el hecho el crimen con palabras es el mismo que ha puesto en libertad a los verdugos de la larga lista de

muertos que han precedido en el sacrificio de sus vidas a don Javier de Ybarra?

«Nueva prueba de vileza», dice el Gobierno en un comunicado facilitado a la Prensa por el Ministerio de

la Gobernación. «Alevoso crimen», lo califica. Y concluye con la declaración de que una infamia como la

presente realizada por E.T.A. «coloca DEFINITIVAMENTE a esta organización fuera de toda Ley y de

toda conciencia civilizada». ¿Qué quiere decir «definitivamente»? ¿Necesitaba, por ventura, el Gobierno

este último crimen para llegar a tan reveladora conclusión?

Las viudas y los huérfanos de José Pardines, Melitón Manzanas, Eloy García, Carrero Blanco, Juan

Antonio Bueno, José Luis Pérez Mogena, Gregorio Posada Zurrón, Jerónimo Vera, Luis Santos. Argimiro

García, José Diez Linares, Andrés Segovia Peralta, Fernando Llorent, Domingo Sánchez, Francisco

Expósito, Demetrio Lesmes, Germán Aguirre, Manuel Vergara, Víctor Legorburu, Julián Galarza

Olyastegui, Emilio Guezala, Manuel Albizu, Julián Soria, Ángel Berazadi, Miguel Gordo, Antonio Frutos

Zualdoa, Luis Carlos Albo, Juan María de Araluce Villar, Francisco Sanz, Antonio Palomo, Alfredo

García López, José Lozano Sainz, Constantino Gómez García, Antonio Galán Aceituno, Rafael Carrasco

y Antonio López Cazorla, todos ellos víctimas de la E. T. A., se sentirán conmovidos al saber de boca del

Gobierno (que puso en libertad a los asesinos de sus padres y esposos) que tales sujetos no son buenos

chicos.

¿Podría nadie poner las manos en el fuego para asegurar que los asesinos de Javier de Ybarra no figuran

en las listas de les excarcelados en las tres amnistías? Estremece pensar que sea la misma mano la que

descorre el cerrojo de las celdas y se lleva después el pañuelo a los ojos para secarse las lágrimas ante el

espanto de los crímenes con tanta temeridad perdonados.

En una reciente conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI manifesté: «Una vez concluidas las

elecciones, las minorías elegidas no sólo deberán tolerar, sino exigir al Gobierno que ejerza sus funciones

con autoridad, haciendo cumplir las leyes a las que los propios gobernantes deben estar sometidos.»

Dura lex sed lex, dice el adagio jurídico latino. Y esto es lo que quisiéramos ver aplicado en España con

hechos concretos: no con vaporosas declaraciones verbales.—T. L. T.

 

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