Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
 Apunte político. 
 Lo que el Gobierno puede negociar y con quién     
 
 ABC.    28/11/1976.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

ABC. DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DE 1976.

APUNTE POLÍTICO

Lo que el Gobierno puede negociar y con quién

En su intervención en el Pleno de las Cortes Españolas, el procurador y presidente de la Junta de Fundadores y del Consejo de Dirección de ABC, don Torcuato Lúca de Tena, pregunta al Gobierno sobre la existencia y alcance de unos supuestos pactos con la oposición extraparlamentaría. Me parece que es tema que va dar mucho que hablar en los próximos días y que merece alguna meditación.

Lo primero que tiene que quedar bien claro es que el actual Gobierno carece de legitimación democrática, pero es perfectamente legitimo. No, no ha leído usted mal: el Gobierno que preside el señor Suárez no tiene ninguna legitimidad democrática porque, según el propio presidente se ha cansado de repetírnoslo en todas y cada ana de las oportunidades que ha tenido o buscado, la democracia es algo «hacia lo que vamos» —según él, gracias a él—, luego es algo que «no tenemos», de donde se deduce la verdad del aserto de que está privado de la legitimidad democrática.

Pero es perfectamente legitimo.

Porque el señor Suárez fue designado legalmente de entre una terna presentada por el Consejo del Reino, según las normas constitucionales de! Estado español nacidas de la legalidad franquista cuya legitimidad es imposible poner en duda. (Ni siquiera lo hace, por ejemplo, la Unión Soviética, menos aún el Gabinete Suarez)

Se trata, pues, de que las aguas del Jordán democrático limpien las roturas instituciones de toda mácula autoritaria. Como esas aguas no tienen otro cauce que las urnas, hay que llegar, cuanto antes, a unas elecciones libres de las que surjan unas Cortes democráticas y luego un Gobierno con el consenso popular.

El que participen o no en esas elecciones unos a otros grupos políticos es algo que el Gobierno debe intentar. Pero no a costa de cualquier precio, porque, si de otra manera obrase, negaría la única legitimidad que tiene —que ya hemos visto no es precisamente la democrática.

Existen, pues, anos límites infranqueables para esta tarea negociadora del Gobierno Suárez, tarea por lo demás loable y loada por este comentarista desde estas mismas columnas. Pero atención con respetar lo respetable. Por eso pregunto yo: ¿hay algo más respetable para este Gobierno, o para cualquier otro, que la Ley? Y sigo preguntando: si este Gobierno exige el cumplimiento de la Ley, ¿no debe, en primer lugar, exigir que los partidos con quienes va a negociar empiecen por ser partidos, esto es, por cumplir con los requisitos legales establecidos para que un grupo político pueda ser reconocido como tal? Sentarse con el señor Suárez lo pueden hacer personas físicas individuales. No representantes de partidos que no existen..., porque a esas mismas personas físicas no les da la gana de cumplir con la Ley.

Vale lo anterior para resolver el tema de «con quién» hay que negociar. Pero veamos el otro aspecto de la cuestión: «qué es» lo negociable. Lo negociable no es toda la regulación de las futuras elecciones. Las Cortes,

Por José María RUIZ GALLARDON

libremente, han establecido unos límites: el sistema mayoritario para la elección del Senado y el sistema inspirado en criterios de proporcionalidad, corregidos, para la elección del Congreso. Y más todavía: esos «correctivos» están concretados en el propio texto legal: la circunscripción electoral será la provincia y cada provincia tendrá un mínimo de diputados elegibles. Mínimo que no está dicho explícitamente en la ley para la Reforma, pero todos sabemos que ha sido pactado: tres diputados, mínimo por provincia. (Pactado sobre todo con la «lógica»: un diputado por ser la provincia la circunscripción, más otro para que el sistema pueda ser proporcional, más un tercero como «corrector».) A partir de ahí que negocie el Gobierno, pero con una última consideración que creo debe vincularle.

Negociar con todos los partidos legales. Todos. Absolutamente todos y sólo los legales. También con los integrados en «Alianza Popular», en el «Partido Popular», en el «Partido Socialista Demócrata Español», etcétera.

Por todo lo anterior, caso —en el que no puedo creer— de que el Gobierno se saltara esas premisas a la torera, sería, además, de un Gobierno que no tiene legitimación democrática, un Gobierno que no resneta la Ley ni sus propias palabras. Vamos: que la sospecha de que habló el señor Lúca de Tena ante el Pleno de las Cortes, se confirmaría como una realidad. —

j. M. R. G.

 

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