El camino de la reforma democrática. 
 Legalizar la oposición     
 
 ABC.    23/03/1976.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

ABC, MARTES 23 DE MARZO DE 1976. PAG. 3.

EN EL CAMINO DE LA REFORMA DEMOCRÁTICA (III)

LEGALIZAR LA OPOSICIÓN

Uno de los efectos inmediatos que debe producir, una vez aprobada, la reforma del Código Penal, será la legalización de la oposición. Hemos entendido y hemos intentado explicar esta reforma, como paso clave e inicial del procese democratizador. Explicábamos a nuestros lectores en anteriores comentarios editoriales, la necesidad de la reforma y los límites de la misma. Hoy queremos dar un paso más: apuntar su efecto.

Porque, ciertamente, con la exclusión del Código como figuras delictivas de tipos que antes lo eran, se posibilita, dentro de la Ley, la formación de grupos y la expresión de ideas que, en un marco pluralista, deben poder, van a poder, estructurarse, de suerte que ofrezcan a los españoles distintas opciones para el acceso ordenado y democrático al poder. No otra cosa es la democracia.

Naturalmente el gesto del Gobierno, que era necesario por coherente con el espíritu del mensaje de la Corona, debe ser entendido y correspondido, con idéntica lealtad, por quienes hasta ahora se habían visto tachados de delincuentes y expulsados a las tinieblas exteriores de la ilegalidad. Bien que la tolerancia práctica decía otra cosa y ahí está toda la Prensa —incluida la oficial— de estos últimos meses para demostrarlo.

Ahora, ya dentro de la Ley, la oposición legal adquiere nuevos compromisos, nuevos deberes, por ¡o mismo que accede, con plena justicia, al disfrute de nuevos derechos. El primero de esos deberes es el de lealtad con el sistema, que es, en resumidas cuentas, lealtad para con el propio pueblo español.

Una palabra infeliz se venía inscribiendo hasta ahora en el léxico más frecuente de los más destacados miembros de la oposición, ex ilegal dentro de muy poco, «ruptura» democrática. Para los portavoces de estos grupos—grupúsculos en muchas ocasiones—, como no se reconocían ningún tipo de derechos a la oposición democrática, no les quedaba otra salida que Ja «ruptura». Pacifica o violenta, según los casos, pero ruptura siempre.

Ahora ya no podrán argumentar así. Sería una falacia. La legalización de los grupos ayer en. la oposición aunque no en la clandestinidad— exige por parte de éstos que reconozcan que el pluralismo democrático necesita también del concurso de quienes nos gobiernan.. «Romper» —cosa distinta de oponerse— con ellos sería atentar gravemente contra ese mismo pluralismo, esa misma democratización, que ha sido su bandera.

Ahora es tiempo de consolidar este sí verdadero compromiso histórico: aceptar

las reglas del juego democrático, sin otros límites que los expuestos en anteriores comentarios y que se cifran en excluir de la legalidad a los que quieren subvertirla precisamente para destruir ese mismo pluralismo.

Apelarnos, pues, a la responsabilidad consciente de esos grupos de oposición verdaderamente democráticos. Es la hora de que ofrezcan alternativas, pero no revoluciones ni rupturas.

Si todos, unos y otros, acertamos a recorrer este camino, habremos logrado sencillamente que España entre en la modernidad. Habremos superado el trauma de las dos Españas divididas y encarnizadamente enfrentadas, para llegar a un Estado pluralista, respetuoso con las libertades ciudadanas y en el que las discrepancias se resuelvan civilizadamente sin más apelación a la violencia que la que exija el cumplimiento de la Ley. Habremos construido un Estado de Derecho abierto y amparador de todos los ciudadanos honrados. Habremos inaugurado el futuro.

CON PRUDENCIA

A la tipificación del delito fiscal, cuando ésta sea definida y sea vigente la norma penal o sancionadora, nada habrá que oponer, naturalmente. Preocupan ahora, sin embargo, a los contribuyentes las posibles actuaciones, más acentuadamente represivas, que puede inicial la Inspección de tributos, de acuerdo con las instrucciones fechadas a finales de enero.

Por supuesto, estas instrucciones se ajustan a estricta legalidad, recordando que junto a su función asesora de los sujetos pasivos tributarios, la Inspección tiene también una función «correctora o represiva cuando el sujeto pasivo ha ,de ser calificado de reincidente según la legalidad en vigor».

Ahora bien, por las razones que fueren, las costumbres tributarias —las malas costumbres— han sido bastante laxas, en el país, durante muchos, muchísimos años. Y, aunque no deba, en modo alguno, ser esta vez la costumbre fuente de la ley, el tránsito de la antigua a la nueva y más dura situación debe graduarse.

Las instrucciones demandan a la Inspección, en suma, que el incumplimiento de obligaciones contables y regístrales se refleje en actas con. propuesta de sanción; que en las actas se recoja la reincidencia para llegar a la calificación de «defraudación»; que haga uso constante de las facultades que le atribuye la Ley General Tributaria; que «en los casos que el buen juicio del inspector actuario estime pertinentes o ejemplares, deberá invocar el artículo 319 del Código Penal, y que en los supuestos de retención y no ingresó de las cantidades retenidas en el Tesoro público se dé cuenta para los efectos prevenidos en e¡ artículo 535 del Código Penal...

Por supuesto, las propias instrucciones advierten que en los casos de las medidas

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por Carlos PUJOL

La solvencia de la. Administración se ha justificado principalmente por la claridad y justicia en el manejo de los fondos públicos. En definitiva, y mal que te pese a algún teórico de la cuestión cuando deja de serlo para pasar a la práctica., quienes tienen poder de disposición de los cándales comunes no son otra cosa que gestores más o menos distinguidos —según su rango— de la colectividad, cuyos recursos tiene él deber de cuidar, defender y aplicar con mucha mayor corrección que si fueran los propios. Así se entiende por personas de fuste en la materia y así resulta, según se advierte, allí donde la Información al país acerca de tan delicada función es norma habitual; como también que el derecha a pedirla no tiene por qué estimarse, sin más, por el interrogado como ofensa personal y materia delictiva propia de una inmediata querella.

Preguntar a un administrador qué hace con los dineros de uno es facultad reconocida al accionista era las sociedades anónimas, y en el Código Civil, al particular; como previstas quedan, con mucha- razón, en el Penal, las medidas a tomar de cara a un gerente por demás alegre en la llevanza de los asuntos pecuniarios que le han sido confiados.

Sin que se sepa por qué, sin embargo, -la sensibilidad epidérmica de ciertos españoles, encargados de esta misión en el ámbito oficial, es tanto mayor cuanto más voluminosa aparece la masa cuy» custodia 3 destino tienen confiada. Es decir, que lejos de brindar ellos mismos, mas que razones, pretextos, para el análisis de la labor propia por sus representados, ocultan esta ultima y se arropan en un gesto de permanente aire ofendido y hosco que logra su efecto intimidatorió sobre el pobrecito contribuyente, que suele creerse con legitimas facultades inquisitivas acerca del destino de lo que, por suyo, tendría que conocer.

Como si se tratara de una respuesta adecuada para este caso que, naturalmente, no es, por fortuna, norma generalizada entre nosotros, el ministro de Hacienda ha defendido esta fiscalización, afirmando que no sólo en la Administración General del Estado, sino también en la institucional, «ha de estar presente, sin restricciones, la publicidad más exigente para que las Cortes y la opinión pública sepan en qué y cómo se emplean los recursos públicos»; criterio que toda la Prensa ha destacado en sus referencias con visible y natural complacencia.

Este principio ético no permite, pues, excesivas frivolidades interpretativas, a cuyo amparo fueran posibles nuevos silencios y perezas comunicativas. Todos cuantos, en uno u otro grado, en uno u otro nivel, han sido designados gerentes de bienes y patrimonios de la sociedad han de estar «dispuestos al diálogo» numérico, al régimen de ventanas abiertas y libros asequibles en materia contable de recaudaciones y de inversiones.

Ahora precisamente parece ofrecerse a la justa curiosidad popular una ocasión importante de seguir el consejo ministerial: se trata de las cuentas de la Delegación Nacional de Deportes, por las que mas de un periodista viene interesándose y cuya formidable complejidad orgánica ha debido ser la causa de su hermetismo explicativo al respecto. Mas, si los rumores se confirman, esta gigantesca institución va a depender de U Presidencia del Gobierno: ninguna mejor ocasión para decirle al país cómo han ido y cómo irán, en lo sucesivo, el debe y el haber de tan conocido —por fuera, que no por dentro— organismo nacional.—C P.

 

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