Trámite para la reforma: Comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional     
 
 Informaciones.    02/02/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

TRAMITE PARA LA REFORMA:

COMISIÓN MIXTA GOBIERNO-CONSEJO NACIONAL

MADRID, 2. (INFORMACIONES y resumen de LOGOS.)

UN nuevo trámite tendrá que recorrer la reforma que pretende hacer el Gobierno: el de una comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional, a la que el presidente ha encargado el estudio de unas propuestas al Gobierno sobre los temas constitucionales contenidos en el programa que el pasado día 28 expuso ante las Cortes.

Esta comisión estará constituida por el presidente del Consejo Nacional, don Carlos Arias Navarro, y el vicepresidente del mismo Consejo, don Adolfo Suárez González. Forman parte de ella, por el Gobierno, los señores don Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil, don Manuel Fraga iribarne, don Juan Miguel Villar-Mir, don José María de Areilza y Martínez-Rodas, don Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, don José Solís Ruiz, don Alfonso Osorio García y don Rodolfo Martín Villa, y por parte del Consejo Nacional,

don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, don Jesús Fueyo Alvarez, don Antonio Girón de Velasco, don Gregorio López Bravo, don José García Hernández, don Miguel Primo de Rivera y Urquijo, don José Miguel Ortí Bordas y don Enrique Sánchez de León.

El secretariado de esta comisión estará constituido por el secretario primero del Consejo Nacional, don Baldomcro Palomares Díaz, y por los consejeros nacionales don Eduardo Navarro Alvarez y don Carlos Alvarez Romero.

DETALLE DE LAS REFORMAS

Todo parece indicar, según un servicio especial de Logos, que esta comisión elaborará el detalle de las reformas propuestas por el presidente del Gobierno ante el Pleno de las Cortes del pasado miércoles, para que, después, dichas propuestas sean elevadas al Gobierno. Este, con las correcciones que estimara oportunas, las convertiría en proyecto o proyectos de ley, los cuales preceptivamente habrían de ser informados por el Pleno del Consejo Nacional.

Después, esos proyectos de ley se someterían a las Cortes. Pero, según parece, hay discrepancias respecto a si las Cortes deben sólo conocer esos proyectos de ley en el Pleno y darles el acuerdo favorable (así se hizo con la Ley Orgánica del Estado), o si, como dice la Ley de Referéndum (artículo primero), habrán de ser «proyectos de leyes elaborados por las Cortes». Es decir, debatidos previamente en las comisiones correspondientes, antes de someterlos a1 Pleno de las mismas.

Por otra parte, el Rey tendría que someter a referéndum esas leyes, elaboradas por las Cortes, después del informe preceptivo del Consejo del Reino. Se habla de que puede haber dos proyectos: uno para la reforma parlamentaria (la de las Cortes y el Consejo Nacional) y otra para la reforma de la Ley de Sucesión

LAS DISCREPANCIAS

Las discrepancias se centran ahora en lo impolítico que seria eliminar el artículo 11 de la ley Constitutiva de las Cortes, que obliga a que los proyectos que hayan de someterse al Pleno sean previamente «informados y propuestos». Es decir, debatidos por la comisión correspondiente, que en este caso es la de Leyes Fundamentales v Presidencia del Gobierno.

Sin embargo, en la comisión para la reforma del Reglamento de lar Cortes, que vienen reuniéndose estos días, parece que existen propuestas en ese sentido, ya que así se justificaría el que los proyectos de ley que afectaran a la «ordenación político-jurídica de las instituciones del Estado» fuesen solamente «conocidos» por el Pleno de la actual Cámara Legislativa.

Es decir, se cumpliría así lo que dice el articulo 10 de la actual Ley ".e Sucesión, de que «para derogar o modifica» —las Leyes Fundamentales— será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum de la nación».

Al parecer, la tesis que prosperará es la de que esas reformas constitucionales sean «elaboradas», como dice la Ley de Referéndum, es decir, previamente debatidas en la Comisión de Presidencia y Leyes Fundamentales, antes de someterlas al Pleno, al informe preceptivo posterior del Consejo del Reino para ser elevadas al Rey, quien las sometería directamente al referéndum de la nación.

2 de febrero de 1976

 

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