Las razones de la prórroga de la legislatura     
 
 ABC.    17/01/1976.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

LAS RAZONES DE LA PRORROGA DE LA LEGISLATURA

El Gobierno ha solicitado la prórroga de la actual legislatura de las Cortes por un año más. El trámite de esta petición del Gobierno, según conocen nuestros lectores, es muy simple. Formulada la propuesta, es al Consejo del Reino a quien corresponde elevarla, con su dictamen, a Su Majestad el Rey. El Consejo del Reino asiste «preceptivamente» —no de forma vinculante— al Jefe del Estado, según el articulo 10, apartado c) de la Ley Orgánica del Estado y el articulo 17, apartado e) de la Ley Orgánica del Consejo del Reino.

La razón en que se debe fundamentar la petición y, en su caso, concesión de la prórroga es que «exista causa grave que impida la normal renovación de los procuradores».

Todo consiste, pues, en enjuiciar el peso específico de las razones articuladas por e! Gobierno en fundamento de su petición. Desconocemos la formulación exacta de estas razones, pero se ha facilitado a la Prensa un comunicado que, en sustancia y cuando menos, las resume. En este comunicado se alude de manera muy expresa a la declaración que el próximo día 28 hará el presidente del Gobierno ante las Cortes, en la que expondrá «las líneas generales del decidido propósito del Gobierno de consolidación y reforma».

Aun a reserva de que a través de las manifestaciones de don Carlos Arias ante las Cortes podamos puntualizar con toda explicitud nuestra postura, creemos que estamos en condiciones de emitir, para orientación de nuestros lectores, un conjunto de consideraciones en las que puede enmarcarse nuestra opinión.

Dice el Gobierno en su comunicado que es su intención «ampliar el Estatuto de los ciudadanos, con especial referencia al de asociación política» y «reformar las instituciones representativas para ensanchar su base».

Estamos de acuerdo en que ambas operaciones políticas son absolutamente indispensables. El «cuánto» de la ampliación y «hasta dónde» de la reforma es, aun siendo importantísimo, tema sobre el que no caben todavía pronunciamientos opínativos porque no conocemos los proyectos concretos del Gobierno. Adelantaremos, sin embargo, nuestro criterio: los derechos ciudadanos y la mayor representatividad de nuestras instituciones deben llevarse hasta el límite máximo que permitan, de una parte, el respeto a los principios informadores del orden político español en busca de un amplio consenso ciudadano; de otra, sin conceder patente de corso a ningún grupo de signo totalitario que quiera boicotear el progreso político —singularmente el comunismo— y. por último, consagrando la pacífica y ordenada evolución de nuestras instituciones para hacerlas radicalmente auténticas.

Como es evidente que para lograr tales fines se precisa de un calendario —reiteradamente pedido desde estas columnas— que exige un tiempo y que no admite la demora que supondría comenzar por una inmediata etapa electoral —que de celebrarse habría de serlo bajo algunas de las normas que precisamente exigen una más urgente reforma—, las razones que apoyan al Gobierno en su petición las consideramos, genéricamente, suficientes.

En el fondo, de lo que se trata es de no invertir la lógica de un proceso de apertura. Primero —y cuanto antes, pero con la debida mesura y escalonamiento— hay que instrumentar procedimientos; nueva ley electoral, ampliación de la comparecencia de grupos políticos, garantías ciudadanas para la expresión y conformación de la opinión pública. Luego, a través de esos instrumentos aptos para la reforma, configurar la composición real de los órganos representativos que acerque éstos a lo que es en verdad hoy el país: elección de nuevas Cortes.

Tan imprudente sería precipitar ahora una elección que demoraría por un período de cuatro años la constitución de acudir al no muy acreditado procedimiento de regular por decreto ley —y con prisas excesivas— en materia tan delicada.

Y una última consideración en orden a la exigencia legal de que exista «causa grave para la normal renovación de los procuradores» en orden a la concesión de prórroga. Si una literal interpretación del texto podría ofrecer alguna duda en cuanto a su aplicación al presente caso, consideramos que no es menos cierto que existen razones de fondo —como hemos visto— más profundas y fundamentales que deben inclinar el ánimo hacía aquella concesión, en función de los objetivos nacionales trascendentes de la reforma que se pretende. Ampararse en la liberalidad de un texto, olvidando su espíritu, no es hermenéutica aconsejable cuando lo que está en juego es el tránsito, en palabras del presidente de la Junta de Fundadores de ABC, desde la eficacia de un admirable poder personal a un necesario poder social.

 

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