Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   Una Constitución para España     
 
 ABC.    24/07/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

UNA CONSTITUCIÓN PARA ESPAÑA

ESTA próximo el momento en el cual las Cortes Generales del Reino van a comenzar sus trabajos

constitucionales. Se trata de algo muy importante, y por lo mismo necesitado de claridad y

profundo sentido de la responsabilidad. A la hora de comenzar esa tarea, todos tenemos la

obligación de ser prudentes, humildes y conscientes de los peligros; como se dijo en ocasión

semejante, no es el momento de hacer de tenor o de jabalí. Y como están bien recientes los

intentos anteriores, de tan pobres resultados, debemos evitar los errores y los optimismos de

nuestros predecesores de 1810, de 1869 y de 1931, para citar sólo los tres momentos culminantes

de nuestro incesante tejer y destejer en materia constituyente.

Lo primero que se aprende, estudiando la Historia política y constitucional de todos los países

es que no hay un Estado perfecto ni válido para todos los tiempos y circunstancias. Lo que sí

hay es la posibilidad de lograr en cada momento de la Historia un conjunto de decisiones

razonables y de arreglos inteligentes de los problemas concretos de una sociedad determinada,

en función de su realidad histórica y social. Tales arreglos se lograron por Inglaterra en el

siglo XVII, y por Estados Unidos a finales del XVIII, y en ambos casos su acierto está demostrado

por su capacidad para irse adaptando a la evolución posterior, absorbiendo en cada generación

nuevos elementos, por vía de enmienda o de interpretación.

España se encuentra en un momento apasionante a la hora de darse una nueva Constitución. Por una

parte es un país lleno de tradición, fruto de una larga historia, a la vez que una sociedad

profundamente renovada y modernizada, por obra de la última generación. Por otra parte es

consciente de que estamos en los albores de una nueva era de la Humanidad, cara al año 2000; de

que vivimos en un mundo poblado de fuerzas colosales y renovadoras (desde la energía atómica a

las nuevas ideas sociales, que afectan a todas las instituciones), en el cual toda obra

constitucional envuelve, lo quiera o no, un elemento de futurologia. Muchas de las ideas

políticas con las que seguimos funcionando son transferencias de ideas científicas superadas,

del racionalismo dieciochesco o del positivismo decimonónico.

En mi opinión, la actitud básica respecto de una operación constituyente ha de ser prudente (la

virtud política por excelencia es la prudencia) en dos direcciones, hacia lo que hay y hacia lo

que ha de venir. Ha de tratar con realismo lo existente, y con apertura a lo dudoso lo porvenir.

Quiero decir, en cuanto a lo primero, que toda operación constituyente ha de partir de una visión

institucional. No debe partir de la idea falsa de que un país es un solar, o un encerado en el que

baste pasar la esponja para luego escribir libremente. Una sociedad es un producto de la geografía,

de la Historia, de la estructura económica; es, a la vez, un complejo sistema de instituciones.

Familias, municipios, colegios, regimientos y tantas otras instituciones son realidades auténticas

creadas por la vida y por el tiempo. Como ya demostró Tocqueville, lo que cambia de una sociedad,

aun en las mayores revoluciones, es menos, mucho menos, de lo que permanece. Para las actuales

Cortes esto es muy importante; no es su función inventar a España, con arreglo a este o aquel

sistema ideológico, sino de actuar una reforma política razonable. No somos una asamblea

revolucionaria, porque no ha habido (a Dios gracias) ni revolución, ni Gobierno provisional.

Tomamos nuestros poderes de unas elecciones convocadas en base a una continuidad legal; somos las

Cortes del Reino nacidas y reaparecidas tantas veces en nuestra larga historia; vamos a discutir

asuntos importantes, dentro de una tradición, en dos Cámaras colegisladoras; nuestro trabajo ha de

recibir la sanción real y la del cuerpo electoral, por referéndum.

Mirar al pasado con responsabilidad, sin atarnos a él. Mirar también al futuro, sin pretender atarlo

en exceso, porque hay que contar también con lo imprevisto. Se trata, en definitiva, de tomar un

cierto número de decisiones en cuanto al orden político y social. Veamos cuáles son las más

importantes.

La primera decisión es sobre el "modelo de sociedad". En la Europa actual hay dos modelos: el

occidental, a base de libertades personales e institucionales; el oriental, a base de planificación

colectiva y totalitaria de toda la vida social. Me parece que habrá amplio consenso sobre la primera,

cuando hasta el Partido Comunista español rechaza el modelo soviético. Pero la Constitución debe

establecer garantías claras al respecto, para que bajo la capa de socialización democrática no

entremos en un irreversible camino de servidumbre. Y es importante observar que, en la actual

situación económica, existe un grave peligro de provocar, por varios sistemas, el derrumbamiento

del sistema empresarial, y con él, de la economía social de mercado, frente a lo cual sólo quedaría

el control estatal de la economía. Es decir, el reino de la ineficacia y de la arbitrariedad.

La segunda gran decisión se refiere al "modelo de legitimidad". Hay dos principales modelos donde

escoger: el democrático y el autoritario. También aquí es probable la unanimidad de pareceres en

favor del modelo democrático. Es menos seguro que todos lo ínterpreten lo mismo. Para muchos, el

modelo democrático debe entenderse (como en los países anglosajones, como en la Francia de la V

República o como el sistema de canciller alemán) como algo que no sólo permita, sino que refuerce

el ejercicio de la autoridad ejercida por representación popular, y que es igualmente compatible

con la tradición, porque en la democracia bien entendida no votan los muertos ni los por nacer,

pero se vota teniendo muy en cuenta a los unos y a los otros.

La tercera decisión se refiere a la "forma del Estado". Todos los Estados son Monarquías o

Repúblicas. España ha sido república (con minúscula) dos veces, las dos por breve tiempo, con graves

enfrenamientos y terminando en guerra civil. Respeto los sentimientos republicanos de personas a

quienes estimo y admiro mucho; creo que no debemos perder el tiempo en esta infecunda cuestión. La

Monarquía ha demostrado que puede ser moderna, popular, flexible y democrática. Creo que basta.

La cuarta decisión se refiere a la organización de los órganos primarios del Estado, para cumplir

sus grandes funciones, y a las relaciones entre los mismos. Considero rebasada la famosa y (en su

día) fecunda teoría de la división de poderes. El Estado es uno solo, y como tal ha de funcionar;

pero ha de dividir el trabajo, y obtener de ello no sólo eficacia y especialización, sino mutuo

control. No es el momento de exponer aquí todas las variantes que en el mundo ha habido al respecto;

hay un hecho indudable, y es que las Monarquías actuales sólo funcionan bien en uno u otro estilo

del "Sistema parlamentario". El Rey ejerce el poder arbitral y moderador; el ejecutivo corresponde

al Gobierno y a su presidente, que responden ante el Parlamento. Creo que se puede y se debe hacer

las cosas con las máximas garantías para la estabilidad y eficiencia de la Administración; pero no

hay otro sistema concebible que no sea peligroso, a la vez, para la Corona, el Gobierno y las mismas

Cortes.

Una Constitución no es un artículo de fe, una pieza teológica. Por lo mismo, el problema religioso,

que durante más de un siglo ha sido la cuestión focal, el máximo común divisor, debe quedar fuera.

Ese, y otros problemas morales (aborto, divorcio, etcétera) deben quedar fuera de las decisiones

constitucionales. Y otros muchos temas que deberán ser tratados sucesivamente, y sin rigidez, por

el legislador, previos los oportunos consensos de la sociedad. En todo lo polémico y aún no cuajado

debe irse a la línea de las tensiones mínimas entre las ideologías y los grupos políticos.

Debe propiciar, sin dogmatismos, las autonomías (territoriales y funcionales) llevándolas al terreno

de la integración y no de la división. Y debe, en fin, procurar ser, en todo, un «camino que ande»,

capaz de desarrollarse a sí mismo.

Todo lo demás sería volver a las andadas. A tropezar en las mismas piedras. Evitémoslo con todo

nuestro esfuerzo.

Manuel FRAGA IRIBARNE 

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