España y el Tribunal Internacional de La Haya     
 
 ABC.    08/12/1974.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

ABC. DOMINGO 8 DE DICIEMBRE DE 1974.

ESPAÑA Y EL TRIBUNAL DE LA HAYA

El alcance del dictamen que eventualmente emitiera el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya

sobre la cuestión del Sahara español debería afectar solamente a las modalidades del referéndum que se

prepara en el territorio, y nunca al hecho mismo de la consulta. Tal parece ser, en opinión nuestra, una de

las más importantes conclusiones que cabe derivar de las palabras de Jaime de Piniés ante la IV Comisión

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, como se sabe, entiende de los problemas de la

descolonización.

Hasta la intervención de Piniés el miércoles, la diplomacia española no se había definido aún ante la

opción de consulta al Tribunal de La Haya, que el pasado mes de septiembre había planteado en Rabat el

Rey Hassan II de Marruecos; opción o fórmula que, con sensibles variantes de fondo, había suscrito

Mauritania. Permanecía, pues, en los medios de la O. N. U., respecto a una eventual consulta a la Corte de

La Haya, la idea o patrón contenido en la iniciativa marroquí; es decir, la de un pronunciamiento sobre el

tema de mejores títulos territoriales en el momento de establecerse España en el Sahara occidental. En la

tesis de Rabat, lo que el Tribunal de La Haya decidiera a este respecto habría de determinar a la totalidad

de los demás factores y elementos del problema. Si la respuesta de los jueces internacionales reconocía el

eventual y pretendido mejor derecho de Marruecos, no cabría la opción de los saharauis a

autodeterminarse.

Esta es, en grandes líneas, la fórmula incluida en un proyecto de Resolución que, en principio, parecía que

habría de gozar de una mayoría aprobatoria en el seno de la IV Comisión de las Naciones Unidas. La

intervención de Piniés vino a modificar sensiblemente, sustancialmente, el enunciado del asunto. El

Tribunal de La Haya debería pronunciarse sobre la totalidad de los elementos, sin carácter vinculante y

como opinión consultiva. Y en cualquier caso el dictamen —como subrayamos en las primeras líneas de

este comentario—, no afectando a otra cosa que a la modalidad del referéndum.

La intervención de Piniés ha cambiado el eje del asunto. Ante Marruecos, España aparece dispuesta a que

se discierna sobre los títulos territoriales respectivos ; pero se cierra justamente a que los términos en que

solicitara el dictamen al Tribunal Internacional afecten al fondo de su tesis; que es la misma que la

sostenida por las Naciones Unidas ante éste y todos los demás casos de descolonización: el derecho

prioritario de las poblaciones autóctonas a decidir libremente su destino nacional. Por eso insiste España

en el alcance puramente modal —respecto al referéndum— de la opinión consultiva que emitiera el

Tribunal de La Haya.

Se trata, como cabe advertir, de una posición clara, rigurosa, precisa y sin resquicio alguno para los

malentendidos. La naturaleza, puramente incidental, de un dictamen de La Haya no era capaz, en modo

alguno, de bloquear la posición española en este punto tan acorde con su línea toda ante la problemática

de la descolonización. La limpieza con que realizó la independencia de Guinea, el abierto y franco criterio

seguido con el propio Marruecos en el asunto de Sidi Ifni y la actitud, tan conforme a Derecho, que

mantiene ante Gran Bretaña con la urgida descolonización de Gibraltar, descartaba la posibilidad de que

la finta diplomática del Rey de Marruecos—de virtualidad mayor para su política interna que para la

comunidad internacional— descabalara los dispositivos diplomáticos españoles ante el asunto del Sahara.

España, por tanto, no tiene inconveniente alguno en asociarse a una Resolución de las Naciones Unidas

por la que se recabe la opinión consultiva del Tribunal Internacional de La Haya. Así lo ha expresado por

medio de su representante en la Organización, al tiempo que invitaba a ésta para que envíe una «misión

visitadora» al territorio.

Juego limpio y cartas boca arriba. Transparencia política y avisada voluntad de que el Tribunal de La

Haya no sea utilizado para lo que no es, ni sólo parcial y limitadamente.

 

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