Ruego de don Serafín Becerra, procurador por Ceuta. 
 Sería atentar contra la integridad de la patria     
 
 Informaciones.    05/02/1975.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

RUEGO DE DON SERAFÍN BECERRA, PROCURADOR POR CEUTA:

«Sería atentar contra la integridad de la Patria»

CEUTA, 5. (INFORMACIONES.) — «Ni Ceuta ha sido nunca marroquí, ni puede pretender el Gobierno

de Rabat que se devuelva algo que nunca ha sido suyo», dice el procurador familiar por Ceuta en un

ruego al Gobierno.

«El procurador que suscribe —dice textualmente el ruego—, en uso del derecho, que le confiere el

vigente Reglamento de las Cortes, tiene el honor de formular al Gobierno el siguiente ruego:

Facilitada por la agencia Efe y difundida a través de radio, Prensa y televisión, nos llega en el día de hoy

la noticia de que el Reino de Marruecos ha solicitado del Comité de Descolonización de las Naciones

Unidas se considere los casos de ´´Ceuta, Melilla, Alhucemas, Peñón de Vélez y las Chafarinas como

propio de su misión descolonizadora".

Según las noticias, el representante marroquí ante la O. N. U. se atreve a afirmar en su petición que dichos

territorios son "marroquíes", y exige lo necesario para su inmediata devolución al Gobierno de Rabat.

La noticia ha producido la natural sorpresa en esta población, no ya por la petición en si, muy propia de la

conocida tendencia desviacionista del Gobierno de Rabat, sino por los términos inadmisibles en que está

redactada.

Ni Ceuta ha sido nunca marroquí ni puede pretender el Gobierno de Rabat que se "devuelva algo que

nunca ha sido suyo". Ceuta formaba parte de la España visigoda cuando en el año 711 se produjo la

invasión árabe, atribuyéndose al conde don Julián, gobernador de la plaza en tiempos del Rey don

Rodrigo, el acto de traición que permitió el paso de las huestes de Tarif, como venganza de la ofensa

inferida a su hija.

Durante la propia dominación árabe, Ceuta siguió perteneciendo a la España musulmana, dependiente del

califato de Córdoba, que decide amurallarla para defender la precisamente de las tribus mogrevitas.

Y la reconquista de Ceuta se produce el 14 de agosto de 1415, es decir, setenta y siete años antes de la de

Granada, por el Rey don Juan I de Portugal, a cuya Corona queda vinculada hasta el año 1640, en el que

al producirse la separación entre España y Portugal, la población ceutí se decide por la soberanía es-

pañola, que desde entonces no ha perdido en ningún momento.

Por contrapartida, el estado marroquí como tal no tiene su fundación sino hasta 1863, sin que con

anterioridad pueda hablarse de nación marroquí, sino de tribus independientes.

¿Cómo puede, pues, el actual Gobierno de Rabat pretender que se le devuelva lo que nunca tuvo ni pudo

tener? Ya que cuando Ceuta formaba parte integrante del territorio español, Marruecos aún no existía

como nación.

Este es un hecho evidente, tan evidente como la nacionalidad española de la actual población ceutí, tan

evidente que puede soportar sin inmutarse todas las presiones que pueda producir el mundo del petróleo,

de los petrodólares y de los intereses económicos de los poderosos.

Una realidad que la población ceutí proclama con serenidad, sin nerviosismos ni estridencias, con la

misma calma y convicción que puede hacerlo Toledo, Burgos, Salamanca, León, etc. Pero es necesario

que de una vez y para siempre se entere Marruecos, se oiga en la O.N.U. y en el Comité de los

Veinticuatro. Por ello ruego al Gobierno que sin demora alguna declare pública y oficialmente ante la

Organización de las Naciones Unidas y ante el mundo entero que Ceuta, al igual que Melilla y los

restantes territorios aludidos, es España, forma parte de su soberanía, sin que se admita discusión sobre el

tema, por estimar que cualquier intento de separarla de España, proceda de donde proceda, sería atentar

contra la integridad de la patria. Debo hacer llegar al Gobierno que en Ceuta poco ni mucho nos importan

las pretensiones de Marruecos, pero es hora de que el mundo entero conozca, sin que quede sombra de

duda, cuál es la postura, decidida y enérgica, del Gobierno español sobre este asunto.»

 

< Volver