España y el futuro inmediato del Sahara     
 
 ABC.    20/06/1975.  Página: 3-4. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

20 DE JUNIO DE 1975. PAG. 3.

ESPAÑA Y EL FUTURO INMEDIATO DEL SAHARA

Este es el momento en que todavía no se ha producido respuesta formal, accediendo o denegando, de las

Naciones Unidas a la petición formulada por el Gobierno español de que enviara observadores al Sahara.

Y, sin embargo, siguen los incidentes; continúan los atentados al orden público en el territorio, en tanto el

proceso descolonizador permanece bloqueado, detenido, en el meandro procesal de La Haya.

Mientras la respuesta a la petición española llega, sigue su curso nuestro requerimiento de que la Liga

Árabe intercediera en el problema sahariano. ¿Cerca de quién? Pues de aquellos Gobiernos que de una

forma o de otra, desde la inercia de sus intereses o ambiciones, ceban la bomba del conflicto en flagrante

contradicción con el compromiso político, jurídico y moral que contrajeron al apoyar con sus votos las

resoluciones de autodeterminación de los saharauis, a las que España habíase plegado y cuyo contenido

puntualmente aplicaba.

El orden en el territorio sahariano sólo podía seguirse manteniendo como resultado y suma de las

respectivas observancias de la paz —al Norte, al Sur y al Este— de las obligaciones implícita y

directamente contraídas por las partes todas que se han involucrado en el tema. Parte que son, en su

totalidad absoluta, miembros de la Liga de Estados Árabes. Y ésta, a su vez, organismo regional con

reconocimiento y peso en las Naciones Unidas; aparte de inequívoca y palmariamente influyente en la O.

U. A. (Organización para la Unidad Africana).

De ahí que España no sólo pueda, sino que deba también requerir apoyos y exigir responsabilidades —en

términos urgentes y perentorios— ante el deterioro de una situación cuyo origen no procede de otra cosa

que de haber aceptado, sin trampa ni doblez alguna, el compromiso de realizar, en aquello que por ac-

tiva le correspondía, la política y la doctrina constitucional de la O. N. U.

De otro punto, y como consecuencia, España no puede ni debe (lo hemos dicho otras veces y lo

repetiremos hasta la saciedad) subrogarse indefinidamente en la responsabilidad de sostener sin quebranto

un orden en el Sahara, cuando las grietas y dificultades surgidas al respecto no se derivan de la genuina

relación entre ella y los naturales del territorio —por cuya autodetermación aboga—, sino que surgen por

la presión e intrigas que sobre algunos —muchos— saharauis ejercen terceras naciones primordialmente

interesadas.

¿Hasta cuándo van a permanecer las cosas así? España, creemos, no debe continuar indefinidamente

soportando zarpazos en el Sahara, a la espera de que las Naciones Unidas —requeridas al mismo tiempo

para que mantenga sus «cascos azules» en Golán y Chipre, y quizá muy pronto para que los envíe a

Angola— acaben con sus dudas sobre si son galgos o podencos aquello que corre sobre los fosfatos y

larga dentelladas a los calcañares de nuestro Ejército.

Otro pasivo que ilegítimamente se nos endosa allí es el de las aprensiones norteamericanas ante la

eventualidad de que el Sahara independiente basculara, en el orden de las estrategias globales, hacia la

órbita de una Argelia supuestamente proclive a facilitar las cosas al expansionismo de las influencias

soviéticas en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico norteafricano. Articulado todo sobre las

hipotéticas y nunca comprobadas facilidades concedidas a la U. R. S. S. en la base argelina de

Mazalquivir, se dice ahora que Washington sentiríase más seguro con un Sahara anexionado por

Marruecos.

Sea como fuere —y tomada la debida nota del proceder norteamericano, a los efectos de las

negociaciones en curso—, lo que aparece como incuestionablemente claro es que España no debe

demorar una hora más de lo necesario el sacudirse de sus espaldas un proceso de pudrición o

fermentación del problema sahariano, como levadura preparada para hinchar el pan de unos intereses que

no son los suyos.

Se acerca el momento de ejecutar decisiones ya tomadas —por el Gobierno, y respaldadas por las Cortes

y la opinión pública—, si antes no se verifica la solidez de unas amistades proclamadas, la honestidad de

un interlocutor con el que se negocia y la seriedad responsable de las propias Naciones Unidas en aplicar

no sólo una política al servicio de las resoluciones de una Asamblea General, sino también de su

constitucional compromiso de preservar la paz.

 

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