Autor: Magaz Leboucher, Pablo. 
   ¿Por qué no antes?     
 
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ANÁLISIS POLÍTICO ¿POR QUÉ NO ANTES?

Nuestro corresponsal en Beirut, Pablo Magas, con importantes contactos profesionales dentro del mundo

árabe, analiza en este artículo la situación del Sahara español, a la luz de los acontecimientos en torno al

territorio acaecidos en los últimos años, así como de las declaraciones de la O. N. U.

ESTAMOS en el umbral de un acontecimiento histórico doloroso, pero inevitable: el final de la presencia

española en el Sahara.

Las últimas iniciativas del Palacio de Santa Cruz son función de una política activa, sincera y

determinada, que demuestran la voluntad del Gobierno de descolonizar el territorio rápida y

pacíficamente. En pocos momentos del pasado han seguido nuestras acciones hacia el exterior una línea

tan agresiva: se anunció el referéndum: se organizó la visita de la Misión internacional; se propuso la

apertura de una Conferencia cuatripartita (entre Marruecos, Argelia, Mauritania y España), con o sin los

buenos oficios de las Naciones Unidas; se promovió el viaje de Kurt Waldheim; se sugirió la

conveniencia de situar, en el Sahara, observadores de las Naciones Unidas: se apoderó a Ismael Fahmi

para que convenciera a la Liga Árabe de mediar en el conflicto; España ha desencadenado en primavera

una ofensiva diplomática sin precedentes.

La declaración gubernamental del pasado 23 de mayo contiene líneas especialmente significativas: .«La

situación en el Sahara —dice— se ha ido deteriorando como consecuencia de las tensiones, confusión e

incertidumbre que, con muy diversos orígenes y motivaciones, se han ido produciendo en las últimas

semanas, aflorando, en todo caso, dentro del territorio, estados de opinión que se muestran, de un modo

rotundo, en favor de la independencia del mismo...» «El Gobierno confirma su deseo de cumplir con las

resoluciones de las Naciones Unidas...» «Pero hace constar que si por circunstancias ajenas a su voluntad

se demora la posibilidad de realizar la transferencia de soberanía, en términos que comprometan

gravemente la presencia española en el Sahara, se reserva el derecho, previa la oportuna advertencia a las

Naciones Unidas, de precipitar la transmisión de poderes, poniendo fin definitivamente a su presencia en

dicho territorios.

La declaración es demasiado cruda para tornarla como una finta. España está dispuesta a marcharse. Y

sus advertencias, contundentes, han provocado ya cólera en Marruecos y alborozo en Mauritania.

El activismo diplomático ha sustituido de repente a la indolencia. ¿Por qué?. Cierto que hace diez años

vivíamos en otro mundo; que el Sahara era una región con características «especiales», despoblado y

desértico, con tres países al acecho; que Portugal conservaba sus posesiones africanas e Israel sus

conquistas territoriales: ¿justificaban estos factores la esperanza de que cambiasen los vientos

descolonizadores de la Historia? Esta parecía ser, entonces, la postura de España, que aceptaba las

resoluciones de las Naciones Unidas, sin precipitarse a cumplirlas. Ilustremos el período con algunos

datos concretos: el año 65 la Asamblea General invitaba a la potencia administradora para que, en

consulta con los Gobiernos de Marruecos y Mauritania y cualquier otra parte interesada (léase Argelia),

montase un referéndum, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con miras a permitir a la población

autóctona el ejercicio de su derecho a la libre determinación; ordenaba que se permitiese el regreso de los

exiliados al Sahara, y recomendaba que la Administración transitoria se abstuviese de adoptar cualquier

medida que pudiera demorar el proceso de la descolonización.

Estos preceptos iban a ser reiterados por la Asamblea en los años siguientes con algunos apéndices

importantes: en el 68 las Naciones Unidas recomendaron el envío de una Misión internacional a la región

sahariana; en el 69 pidieron que se respetasen las resoluciones sobre actividades económicas extranjeras

en territorios coloniales (que limitan especialmente ciertas inversiones); en el 70 declararon legítima la

lucha del pueblo autóctono por la libre determinación; en el 72 aludieron al derecho del Sahara a la

«Independencia» (punto de vista aceptado por Marruecos, Argelia y Mauritania), tanto en aquella ocasión

como en el Pleno del año siguiente.

Pero de pronto, en diciembre del 74, la Asamblea, después de escuchar los argumentos de las partes,

estimó que había surgido «una dificultad jurídica» hasta entonces desapercibida), y recomendó que se

aplazase el referendum (ya convocado) hasta que la Corte Internacional de Justicia iluminase el problema

contestando a dos preguntas precisas: si era el Sahara occidental (Río de Oro y Sakiet El Hamra) un

territorio sin dueño en el momento de la colonización, y, en tal caso, qué vínculos jurídicos existían, por

entonces, entre el territorio y el Reino de Marruecos y el complejo mauritano.

El Tribunal de La Haya no podrá, ni siquiera con el juez «ad hoc» propuesto por Rabat, modificar el

fondo de las resoluciones onusianas, pero los acontecimientos recientes detallados se producen en un

mundo distinto: el fin del salazarismo, ligado intimamente a la política colonial portuguesa, ha puesto en

guardia al Régimen español y ha colocado al Sahara en un primer plano internacional.

Simultáneamente otros sucesos graves agitan nuestra provincia de ultramar. Rachid, el dirigente del P U.

N. S. único partido político del Sahara reconocido por España), se pasa al bando marroquí; unas patrullas

nómadas, con armas y bagajes, al «polisario» pro-argelino: cuarenta militares, en uniforme de las P. A.

R., son capturados por la Legión.

Los indígenas se sienten amenazados.

Hay un Ejército, en pie de guerra, por el Norte: guerrilleros bien armados en los límites mauritanos y

argelinos: es evidente que España no quiere verse implicada en una guerra colonial. Los saharauis vacilan

entre el impulso natural de defender lo que es suyo y la conveniencia de arrimarse, a tiempo, a la mejor de

las opciones vecinales.

El fenómeno era previsible. Tanto si los saharauis forman un pueblo, como si son marroquíes (tal y como

pretende Marruecos) o mauritanos (como afirma Mauritania), lo cierto es que son árabes y musulmanes.

A la luz de los antecedentes cabe preguntarse si no se ofrecieron, en el pasado, mejores opciones a la

política descolonizadora española que la de la pasividad contemplativa. Se han arriesgado enormes

inversiones en los yacimientos de Bu-Craa. Se han gastado sumas impresionantes en el mantenimiento de

las tropas coloniales.

Si no podíamos comprometernos a defender hasta el final los derechos saharauis con las armas, ¿no

hubiera podido negociarse, en frío, con Marruecos para traspasar nuestras responsabilidades

administrativas y concertar una explotación conjunta de los fosfatos? Y, en el caso de que esta política

hubiera carecido de eco, ¿no hubiera convenido «precipitar» (como ahora se pretende) la

autodeterminación de los habitantes autóctonos, antes de que se encrespasen los países limítrofes y se

armasen y organizasen las guerrillas? «La falta de preparación en el orden político, económico, social o

educativo, no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia», dice un párrafo de la

Resolución 1.514 del 60 (el catecismo internacional de la descolonización).

El futuro del Sahara está nublado de incógnitas. Será complejo defender los intereses de la empresa

estatal que explota los fosfatos. Las riquezas naturales de la región y la crisis económica y política de

Marruecos convierten a nuestra provincia (a nuestra colonia para hablar con verdadera precisión) en una

zona explosiva. España puede dejar tras si un campo de batalla.

Las recientes decisiones de Madrid (que protegen las vidas de los militares apostados en Ultramar)

cuentan con el apoyo de la población civil y del Ejército. Es motivo de reflexión inmediata sobre el

porvenir de miles de españoles, cuyos intereses hay que proteger con mano firme y visión clara del futuro.

Sólo deja en los ánimos una pregunta amarga: ¿Por qué no antes?

Pablo MAGAZ

 

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