Autor: Contreras, Lorenzo. 
 Cortes. Con un fondo de recelos contra Rabat. 
 Primer debate sobre la descolonización del Sahara     
 
 Informaciones.    11/11/1975.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 25. 

CON UN FONDO DE RECELOS CONTRA RABAT

Primer debate sobre la descolonización del SAHARA

Por Lorenzo CONXRERAS

MADRID, 11. (INFORMACIONES.)

CON un recuerdo del presidente, señor Fernández Cuesta, al vía crucis que Franco viene sufriendo en su

«lucha titánica, trágica, tenaz» contra la muerte, se prologó ayer la sesión que la comisión de Leyes

Fundamentales dedicó al tema de la descolonización del Sahara. El homenaje del señor Fernández Cuesta

se extendió también al Príncipe don Juan Carlos, Jefe del Estado en funciones.

La Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno se enzarzó a continuación en una

interminable discusión sobre la procedencia de admitir o rechazar el planteamiento del proyecto de ley

sobre «descolonización del Sahara occidental». El proyecto consta de un solo artículo que establece: «Se

autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo

la descolonización del territorio no autónomo del Sahara occidental, salvaguardando los intereses

españoles, el Gobierno dará cuenta de todo ello a las Cortes.» Una disposición derogatoria dice: «Quedan

derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo prevenido en la presente ley, que entrará en vigor el mis-

mo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Al filo de las diez de la no-che quedó interrumpido el debate, sin que hubiese habido rotación. Esta tarde

la comisión se vuelve a reunir.

INFORMARSE «DE TODO»

Se discutió no sólo el titulo del proyecto —«descolonización» en vez de desprovincializacion»—, sino la

desin-formación de las Cortes sobre los fundamentos de la ley. De entrada, tras una protesta del señor

Pedrosa Latas en dicho sentido, el señor Díaz Llanos planteó una cuestión previa que pretendía se

ilustrase a la comisión formulando el pertinente requerimiento a los dos representantes de la

Administración, presentes en la sala. Como el presidente de la comisión, don Raimundo Fernández

Cuesta, preguntase de qué deseaban informarse los procuradores, éstos respondieron a una: «De todo.»

Los informadores destacados por el Gobierno eran don Eduardo Blanco y el señor Lacleta, e1 primero,

director general de Asuntos del Sahara, y el segundo, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ambas

personalidades tuvieron que afrontar una ingrata misión, pues el deficiente planteamiento del tema daba

todas las bazas dialécticas a los procuradores, dispuestos a entrar a saco en las cuestiones formales. El

presidente redujo en parte las posibilidades de la discusión al decretar que no procedía entablar debate

sobre el título de la ley. Sin embargo, la conversión del Sahara en territorio sometido a administración

colonial sin disposición alguna que derogase, de modo explícito su rango legal de provincia, establecido

en 1961, siguió representando a lo largo del debate el conflicto formal insalvable. El Madrid del Cacho

puso su oratoria al servicio de la reconstrucción histórica del pasado saharaui. Comenzó diciendo, con

referencia a la ley descolonizadora, que «esto más que una actuación legislativa es una herejía histórica».

Adujo que el proyecto está basado en el olvido total del carácter de provincia, y ello por razones

pragmáticas. Tras recordar que Argelia es nuestro mejor cliente y mejor suministrador, dijo que «por la

teoría de los enclaves Ceuta y Melilla serán en el futuro objetivo marroquí». Mientras se entregaba a la

disquisición de si el Sahara es provincia o territorio lanzó una frase que dejó perplejos a algunos de los

presentes: «La diplomacia es una cosa muy seria para dejarla a los diplomáticas.» Simultáneamente cali-

ficó de «brillante diplomacia paralela» las gestiones directas de los ministros Solís y Carro Martínez.

EX DERECHO A LA COHERENCIA

Preguntador estuvo toda la tarde el señor Pedrosa, quien inició la serie recabando del señor Lacleta cuál

es la naturaleza política, jurídica y administrativa del Sahara en comparación con la que tuvieron Guinea e

Ifni. El representante de Asuntos Exteriores respondió que la misma. Otra cuestión consistió en averiguar

dónde define el Derecho español al Sahara como «Sahara occidental» y no como «Sahara español». El

señor Lacleta admitió: «No conocemos ninguna disposición que hable de Sahara occidental.»

Don Ramiro Cercos se declaró «informativamente en barbecho» sobre el desarrollo del problema

diplomático, y confesó no tener más noticia que la suministrada por la Prensa, lo cual consideró «la-

mentable para la dignidad de las Cortes». El señor Carazo, procurador familiar por Soria, lamentó no

saber del Sahara otra cosa que los datos aportados por los manuales de Educación General Básica.

Preguntó a don Eduardo Blanco si el Sahara fue alguna vez provincia española, y el director general dijo

que la respuesta tendría que surgir «de la discusión de ustedes». Este terminó matizando que «sólo a

efectos terminológicos cabria concebir al Sahara como provincia española», y recordó que Franco, en un

mensaje a los saharauis llevado por el propio Carrero a El Aaiún (1966), habló de España como potencia

«dispuesta a ayudaros, pero no a alterar vuestra paz y vuestro señorío».

El señor Carazo replicó: «Yo había padecido un espejismo. Creía que estaba viendo la provincia de

Granada.»

Don Josep Meliá aludió también a la desinformación de las Cortes, y dijo estar «cada vez más confuso».

El procurador mallorquín agregó: «Se nos burla el derecho a ser coherentes. El pueblo saharaui tiene

derecho a la autodeterminación.» Luego pidió «no considerar ahora al Sahara como mercancías sin

consignatario», y concretó su postura diciendo: «No sabemos si sancionamos aquí el derecho del pueblo

saharaui a la independencia o un mandato expreso para autorizar al Gobierno a que reparta el territorio

entre Marruecos y Mauritania.»

EL «ERROR HISTÓRICO,)

Parecía flotar en la sala una desconfianza sobre los planes del Gobierno. Joseph Meliá se acercó a un

diagnóstico realista del problema cuando aludió al «error histórico de la provincialización». De la Historia

se valió también don Rafael Mendizábal cuando comparó la fórmula del proyecto con la utilizada para la

cesión de las Carolinas, las Marianas y las Palaos, en plena desintegración del imperio español del Pací-

fico.

Del respeto a los derechos saharaui habló don Julio Nieves.

El señor Esperabé hizo la disección del proceso que la política del Gobierno ha venido siguiendo en el

tema del Sahara. «Primero —recordó—, se dijo que nos iríamos del territorio; después se nos presentó en

la O. N. U. como potencia administradora; a continuación pedimos la reunión del Consejo de Seguridad,

pero, inmediatamente, enviamos a Marruecos, en reactor, al ministro del Movimiento, como si se tratara

de organizar una Olimpíada; luego retrotraímos la frontera doce kilómetros y dijimos «no pasarán». Esto

parece una política de agujas, como si el problema del Sahara fuese cosa semejante a unas tercianas.»

Para el citado procurador el Sahara es provincia española a la luz de los textos legales y todo lo que afecta

a su futura cesión es competencia del Pleno de las Cortes, de acuerdo con los artículos 14 de la ley de

Cortes y 9 de la ley Orgánica del Estado.

LOS 30.000 MILLONES INVERTIDOS

Habló el representante fa-millar salmantino de lo improcedente que resulta haber construido un parador

de turismo en el Sahara y haber confiado al I. N. I. la administración de los fosfatos. Le interrumpió el

señor Fernández Cuesta para advertirle que se desviaba del tema, pero Esperaba aseguró estar en su

meollo, pues lo que trataba de explicar es que los 30.000 millones de pesetas invertidos en el Sahara

deben ser protegidos. Por otra parte, «si somos socios de la O. N. U., no pueden ser válidos los pactos

bilaterales». Rematando esta idea, preguntó: «¿Podremos rescatar a Gibraltar mediante un pacto bilateral

con los ingleses, cuando precisamente éstos nos exigen que antes nos entendamos con la población

autóctona? Pues si ahora nos entendemos con Hassan, la O. N. U. podrá decirnos, y con razón, en su día,

que nos entendamos directamente con los ingleses.»

Evidentemente, se acentuaba en la comisión la sospecha de un futuro incierto para los saharauis. Don José

María Adán dijo que «la población del Sahara va a ser atropellada en cuanto dejemos de protegerla en

armonía con la O. N. U.». Don Lorenzo Olarte, procurador canario, orientaba su inquietud hacia las

consecuencias de la descolonización del Sahara en el futuro político y económico del archipiélago. Don

Marcelo Fernández Nieto retornó a la preocupación prosaharaui y a la necesidad, por tanto, de respetar

los compromisos con la O. N. U.

¿PROVlNCIALIZAR PARA DESCOLONIZAR?

La ponencia encargó de explicar su actitud a don Emilio Lamo de Espinosa, quien se aplicó con más afán

que acierto a la difícil tarea de obviar las deficiencias del proyecto de ley. Negó verdadero carácter

provincial al Sahara y dijo que representa un territorio sometido a un proceso de descolonización. Se

amparó en informes del Consejo de Estado relativos en su día a Guinea y a Ifni, e incidentalmente

también al Sahara. La aportación original del señor Lamo a la defensa del tema consistió en decir que «el

proceso de provincialización surge como trámite para llevar a cabo la descolonización». Ante tal

afirmación, el señor Díaz Llanos hizo la siguiente observación: «A ver si a Cádiz también la han hecho

provincia con vistas a descolonizarla.»

El ponente reclamó de los procuradores una actitud comprensiva, pues la fuerza de querer defender la

soberanía del Estado español podríamos estar limitándola».

MARRUECOS, «CAPITALIZADOR»

Los procuradores, en un nuevo turno, relanzaron criticas contra el planteamiento gubernamental. El señor

Madrid del Cacho señaló que el proyecto de ley no alude para nada a la autodeterminación, y asomó

recelos antimarroquíes cuando dijo: «Molesta que Marruecos, que nos ha chantajeado, capitalice ahora

una situación de hecho.»

La sesión acabó con sendas intervenciones de los señores Pedrosa y marqués de Valdeiglesias. El primero

se exaltó con la preocupación de que, a la vista del Sahara, «algún día podrán tratarse otras provincias

como colonias». El marques de Valdeiglesias aceptó como hipótesis de trabajo el planteamiento del

Sahara como territorio no provincial, pero entonces reclamó del Gobierno una actitud consistente en no

remitir a las Cortes una ley ordinaria, pues el Consejo de ministros, según el artículo 10 de la ley de

Régimen Jurídico de la Administración del Estado, no necesita ninguna habilitación de las Cortes. «Si he

enviado el proyecto de ley —comentó— ha sido para corresponsabilizar al organismo legislativo, opción

que debería llevar consigo neta mayor información y una disposición a permitir que las Cortes alteraran el

texto de la ley.» Anunció, finalmente, que votaría en contra del proyecto, precisamente por tales razones.

11 de noviembre de 1975

INFORMACIONES

 

< Volver