Autor: Luca de Tena y Brunet, Torcuato (MERLÍN; ABC). 
   Imposición por decreto de amnesia colectiva     
 
 ABC.    13/04/1977.  Página: 3. Páginas: 2. Párrafos: 13. 

MIERCOLES 13 DE ABRIL DE 1977. PAG. 3.

LA ROSA Y LA ESPADA

IMPOSICIÓN POR DECRETO DE AMNESIA COLECTIVA

Por Torcuato LUCA DE TENA

(De la Real Academia Española)

La ardiente sinceridad de procurar la reconciliación nacional que todos deseamos; el nobilísimo

anhelo del Rey de serlo de todos los españoles: el precepto cristiano que nos manda perdonar a

nuestros deudores, para ser nosotros mismos perdonados; nos obliga, como españoles, a otear de

buena fe, los mejores caminos para esa reconciliación; como ciudadanos, a facilitar el anhelo

real, y, como cristianos, a otorgar el perdón. Pero ni la buena fe ciudadana, ni la obediencia

real, ni el perdón cristiano equivalen a una amputación de nuestra memoria, ni a la aceptación

de una imposición por decreto de amnesia colectiva.

No conocemos con exactitud, ni por supuesto el Gobierno conoce, las matizaciones que distinguen

a los partidos denominados «Joven Guardia Roja», «Juventud de Izquierda Comunista», «Unión de

Juventudes Comunistas de España», «Unión de Juventudes Maoístas» u «Organización Comunista de

España Bandera Roja». No sabemos con exactitud, ni por supuesto el Gobierno lo sabe, qué

diferencias hay entre «Liga Comunista» y «Liga Comunista Revolucionaria»; entre «Partido

Comunista de Unificación» y «Unificación Comunista de España»; entre el «Partido Comunista

Español Renovado» y el «Partido Comunista Español» histórico. Y no se nos alcanzan las

diferencias entre unos y otros, ni por supuesto al Gobierno se le alcanzan, porque todos ellos

—cuyas legalizaciones están en trámite, o han sido ya concedidas— son uno y lo mismo: obedecen

a unas mismas consignas, militan bajo una misma bandera, se mueven por idéntico afán de

desquite y pretenderán destruir, y conseguirán destruir —si otros más cautos que los que hoy

nos gobiernan no se oponen a ello—, la ingente labor de reconstrucción nacional, conseguida a

lo largo de las cuatro últimas décadas, por dos generaciones de españoles esforzados e

ilusionados.

La amnesia colectiva a la que antes me refería no puede imponerse por decreto. Porque el

«Partido Comunista» histórico, y no renovado, precisamente por no serlo, es el mismo que ya

conocemos, por haberlo sufrido en nuestras propias carnes y en nuestros propios lutos.

No deja de ser paradójico —aunque en ello se pudiese estar de acuerdo— que sea el ministro

secretario general del Movimiento, don Adolfo Suárez, quien al ser elevado a la Presidencia

del Gobierno, desmantele el Movimiento. No deja de ser paradójico que quien ha llevado con

orgullo en su solapa el yugo y las flechas (y quien esto escribe no las ha llevado nunca,

aunque las respeta), sea la misma persona que proscriba el yugo y las flechas en la que fue,

hasta hace sólo diez meses, sede de su propio Ministerio, y permita, en cambio, la

proliferación de banderas rojas como las que el domingo ondearon en Móstoles, Alcorcón,

Vallecas, Carabanchel y la plaza Mayor de Madrid. Pero esto no dejaría de ser anécdota, sin

más trascendencia que la de la inconsecuencia personal, si no hubiera de por medio un hecho

que considero gravísimo. Y éste es el de la tergiversación del referéndum, y, con ello, el

de la voluntad nacional.

Porque en España hubo una guerra. ¡Ojalá no la hubiese habido! ¡Ojalá no se hubiesen producido

las causas que la hicieron inevitable! ¡Pero la hubo! Y la victoria entonces alcanzada no está

en juego, ni se puso en juego en el referéndum. Esto es lo que el Gobierno no debe olvidar.

Porque el mandato que recibió del país en aquella consulta popular fue para la reforma

política, más no para hacer almoneda de la victoria conseguida, ¡no contra unos hermanos

nuestros, cuya reconciliación deseamos!, sino contra unas ideas aberrantes y unas prácticas

de violencia permanente —que son esenciales del partido ahora legalizado—, y que han sido y

serán enemigas de la paz, la convivencia y la libertad.

El reconocimiento del partido presidido por La Pasionaria —cuyo regreso de Moscú se anuncia

como muy próximo—. ha supuesto una larga cadena de ocultamientos, sigilos, tergiversaciones

y cortinas de humo. Enumeremos algunos:

1 Las Cortes fueron engañadas el 14 de julio de 1976 al asegurar el ponente señor Escrivá de

Romaní que la reforma del Código Penal que se sometía a votación, no significaba de ninguna

manera posibilidad de reconocimiento del «Partido Comunista»; y al añadir, acto seguido, el

propio ministro de Justicia que hacía suyas las palabras del ponente.

2 La opinión pública fue inducida el 11 de diciembre del pasado año a comulgar con ruedas de

molino, cuando súbitamente apareció en España Santiago Carrillo con un pasaporte que, si era

falso, debía habérsele puesto de patitas en la frontera, y, si era legal, debía haberse dicho

abiertamente a los españoles. Y que, en cualquier caso —con pasaporte o sin él—, vino a montar

la operación que acaba de culminar, contando para ello con las más inauditas e impensables

complicidades.

3 Los electores fueron confundidos el 13 de diciembre de 1976, al convocárseles para una

democratización de las instituciones, que no llevaba acarreada el reconocimiento y la libertad

de actuación del más grande y poderoso enemigo universal de la democracia.

4 La modificación de la ley de Asociaciones Políticas, aprobada en Cortes, y que exigía como

requisito indispensable el reconocimiento de las leyes vigentes, entre otras la Monarquía como

forma de Estado, fue modificada por decreto-ley de 8 de febrero del año actual, para obviar

este obstáculo. El procedimiento es el más antidemocrático que existe. El fin perseguido a la

vista está.

5 El Tribunal Supremo ha sido comprometido con la declaración gubernativa del pasado domingo,

afirmando que tal reconocimiento ha sido hecho —palabras textuales— «en cumplimiento de la

disposición dictada por la Sala Cuarta» del más alto organismo de la Justicia española, lo cual

es inexacto, o conduce a equívocos inadmisibles, puesto que lo que hizo dicha Sala fue inhibirse

y declararse incompetente ante el artificio que se le proponía.

Tan grave es el paso que ha dado el Gabinete del presidente Suárez; tan sinuosa la operación

realizada a espaldas de la opinión pública; tan peligrosa la medida adoptada frente a las

próximas elecciones, que no podemos menos de preguntarnos cómo siguen permaneciendo en el

Gobierno o en otros altos cargos del Estado muchas personalidades que no deben verse

comprometidas, por el bien de todos, ni en la operación, ni en la responsabilidad de la

operación, ni en sus riesgos, ni en la sinuosidad con que ha sido realizada.—T. L. de T. 

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