Autor: Sopena Daganzo, Enrique. 
 Presentado por cinco abogados barceloneses. 
 Recurso contra el decreto de las campañas de concejales familiares     
 
 Informaciones.    05/10/1970.  Páginas: 1. Párrafos: 19. 

Presentado por cinco abogados barceloneses

Recurso contra el decreto de las campañas de concejales familiares

BARCELONA, 5. (De nuestro corresponsal.)-Esta noche a las doce finaliza el plazo de admisión de

documentaciones en la Junta Municipal del Censo por parte de los candidatos a concejales por el tercio

familiar. Hasta el momento, al parecer, se han presentado 25 aspirantes para los seis distritos que

Intervendrán en los comicios.

Dentro de quince días tendrán, lugar las «lecciones. Como ya se sabe, Barcelona será la primera ciudad en

orden cronológico que contará con concejales nuevos. Y también Barcelona es la primera ciudad donde se

ha presentado un recurso de reposición contra el decreto de 12 de septiembre del corriente año por el que

se regulan las campañas electorales de concejales de representación familiar El recurso—(previo al

contencioso-administrativo—está firmado por cinco abogadees de la Ciudad Condal, los señores Ferrer

Serra, Terraza Martorell, Agustí Llatas, Llanas Sola y Palmés Giro, ha sido depositado en el Gobierno

Civil y ya dirigido al vicepresidente del Gobierno.

El recurso, ceñido absolutamente a lo jurídico, contiene una serie de consideraciones legales muy

interesantes pero que escapan al lector medio por ser enormemente especializadas. Sin embargo, algunos

puntos del recurso—concretamente el sexto y séptimo—merecen ser transen/tos: "Cuestión importante es

la de la fórmula -encaminada a patentizar te aceptación de los Principios del Movimiento Nacional y

demás leyes funda-mentales del Reino. Cuestión muy delicada, pac cuazuí» afecta a & conciencia y a la

intimidad de las personas, que queremos traer aquí con la mayor objetividad y, también, con la mayor

sinceridad.

Debemos examinar separadamente el contenido de la fórmula y la ocasión en que ha de ser pronunciada.

Invirtiendo e1 orden, diremos que es de una lógica innegable la exigencia de una fórmula de esta

naturaleza a1 posesionarse del cargo, más no para ser proclamado candidato, toda vez que un simple

candidato no ha de ejercer función pública, alguna.

Y en cuanto a lo primeramente aludido, consideramos normal en la toma de posesión del cargo, no antes,

hacer profesión de lealtad al Jefe del Estado y comprometerse a acatar las leyes vigentes.

Entendemos que esto es suficiente, porque otra cosa, sobre-politizar innecesariamente al candidato, le

vincula—esto es importante—no sólo con las leyes vigentes, sino con las que en ua futuro puedan,

dictarse, dado que los Principios del Movimiento Nacional constituyen una dinámica doctrinal que tiende,

lejos del inmovilismo, y de la petrificación, a la adopción de aquellos medios, modos y formas en cada

momento más convenientes´ a la realidad social y política del país, a su desarrollo ya su prosperidad de

todo orden, sin abandono de aquellas esencias que informan los propios principios, como ha venido

sucediendo. Pues bieii, cualquier futuro despliegue legislativo de estos principios puede eventual mente

contrariar el pensamiento de la persona anticipadamente comprometida y crear un problema de

conciencia, que es de interés público eludir, entre la adhesión formulada y el reparo íntimamente sentido.

"Es más, la fórmula que exige el inciso 2 del artículo primero del decreto recurrido es más severa que la

que la Ley Orgánica del Estado prescribe para ejercer la jefatura de éste como Bey o Regente, pues en

tanto el decreto exige la adhesión a los principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales

del Reino—lo que comporta la disposición espiritual a abrazar estos, principios y leyes, y la de servirlos y

desarrollarlos—la fórmula dé Ley Orgánica para el Jefe del Estado exige, tan sólo, jurar las leyes Funda-

mentales y lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional, lo que únicamente obliga a

respetarlos y a no combatirlos."

Veamos ahora el punto séptimo: "Con carácter general, queda por decir que todo el contenido del decreto

recurrido, en cuanto entraña una pluralidad de limitaciones al libre desenvolvimiento de las iniciativas

ciudadanas de raíz familiar; en cuanto prohibe todo género de actividad prefectoral o anterior a la

proclamación de candidatos; declara una responsabilidad solidaria entre el agente electoral y el candidato;

somete a una autorización previa el contenido de folletos e impresos a difundir; prohibe alusiones a

actuaciones municipales anteriores; circunscribe el contenido de los carteles a información tan pronto

expresiva como la fotografía, nombres y apellidos del candidato y municipio o distrito por el que se

presenta; impone la previa autorización de esas manifestaciones escritas o radiofónicas; proscribe

cualquier c 1 a s e de unión circunstancial, y, por último, prohibe toda actividad o acto encaminado a

allegar fondos para subvencionar la campana de propaganda; arroja tal cantidad de obstáculos y

dificultades insalvables que viene a dejar en puramente ilusoria y absolutamente inviable la posibilidad de

que el cuerpo social destaque y promocione a unas personas para, por esta vía, alcanzar «na concejalía del

Ayuntamiento por el tercio de representación familiar."

Hablan los firmantes

—¿Qué les ha impulsado a presentar el recurso?

—Fundamentalmente, en razón de que la abogacía se define como colaboradora en la administración de

justicia. Esta tesis, aprobada en el reciente Congreso de León, nos la recordaba precisamente el propio

Papa Paulo VI hace escasos días en una audiencia concedida a los miembros del VII Congreso A. I. J. A.

(Asociación Internacional de Jóvenes Abogados) y añadió que los abogados estábamos para la defensa de

la verdad. El abogado además tiene como misión específica la defensa y tutela de los intereses públicos y

privados.

—¿Supone el decreto un «seceso de poder?

—Con los máximos respetos que debe merecer todo Poder -Público entendemos que éste, al estar ejercido

por seres humanos, puede ser susceptible de error, y tal posibilidad Justifica, a su vez, la facultad de poder

acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, que es, en definitiva, la garantía de los ciudadanos, y

hablamos de ciudadanos y no de administrados porque sólo se administran los bienes y las cosas, pero ,no

las personas. El hecho de que la autoridad judicial—personificada en el Tribunal Supremo —examine las

posibilidades de error en. los actos de la administración se evidencia diaria mente mediante fallos de

dicho Alto Tribunal, en los que en ocasiones ratifica los actos de la administración, y en otras los

enmienda.

Defensa de un Estado de derecho

—En las elecciones de 1966 la nota predominante fue la abstención del electorado, ¿qué prevén ustedes

cara a las actuales?

—De prosperar el recurso, estas elecciones o no se celebran o de celebrarse no serán válidas, y, en

consecuencia, la pregunta no tendría objeto. Ahora bien, en el supuesto caso de que se persistiera en

mantener la vigencia del decreto, dados los problemas que plantea el mismo, no nos extrañarla que

muchos electores he desentendieran dé este acto importante para la vida política del país por sentirse

marginados en la designación de sus representantes.

—El recurso interpuesto, ¿obedece a fines políticos de ustedes?

—Ya le hemos dicho los móviles en la primera pregunta. Sólo queremos hacer honor a nuestra vocación

de juristas y a nuestra profesión de abogados. —Finalmente, ¿prospera el recurso?

—Teniendo presente la claridad de los motivos en los que se fundamenta, confiamos que así sea por

cuanto el recurso sólo persigue la defensa de un estado de derecho.

Enrique Sopeña

 

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