Alcaldes y presidentes de diputaciones     
 
 ABC.    15/02/1974.  Página: 22. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

ABC. VIERNES 15 DE FEBRERO DE 1974.

ALCALDES Y PRESIDENTES DE DIPUTACIONES

Punto principal en el propósito de desarrollo político, anunciado con datos y plazos concretos por el

presidente del Gobierno en su importantísimo discurso ante las Cortes, es la atribución de carácter

electivo a los alcaldes y presidentes de las Diputaciones.

El proyecto de ley de Régimen Local se retira del organismo legislativo y se remitirá, al mismo, otro

nuevo texto —antes del próximo 31 de mayo— en el cual se establecerá el procedimiento de elección,

regulado en los términos que se decidan para determinar quiénes ocuparán, las Alcaldías y presidencias

de las Diputaciones.

El cambio de orientación política que significa esta decisión del nuevo Gobierno merece, sin reserva

alguna, alabanza y aplauso. Era hora ya, hace tiempo, de avanzar en este terreno, de comenzar en él la

ampliación necesaria, de la auténtica representatividad para que no permaneciese en vacío o en barbecho

parte sustancial del sistema de democracia orgánica. Otros Gobiernos anteriores pudieron, seguramente,

dar este paso; quizá lo pensaron. Pero en política cuentan poco las intenciones y, de hecho, es el Gobierno

actual quien lo anuncia y quien se compromete a realizarlo. A él, por lo tanto, debe serle apuntado, sin

reticencias y sin retrospectivas lucubraciones.

La pública demanda de elección para el nombramiento de alcaldes, antigua pretensión popular, se acentuó

en la ocasión de las últimas elecciones municipales.

«No es difícil comprender —escribíamos el 25 de septiembre de 1973, en nuestro editorial «Ante las

elecciones municipales»— las razones por las cuales se decidió en su día, y fue letra de ley, mantener a

los alcaldes al margen de la decisión electoral y dejarles inscritos en la gran nómina de las designaciones;

pero no es, sin embargo, fácil comprender a la altura del. tiempo actual por qué subsiste, en todos los

grados y categorías de Municipios, la exclusión del voto popular para elegir alcaldes. Exclusión o

marginación, por cierto, que resta muy considerable acento a la viveza, al interés, a la participación en los

comicios municipales.»

Y todavía añadíamos, para refutar de antemano argumentos contrarios que buscasen su base en la

próxima nueva ley de Régimen Local, «ni la aprobación de la norma nueva es cosa muy próxima, ni en su

texto se abordará este punto con tal orientación, ni el prejuzgar así sería mal acogido por la opinión

pública, sino, al revés, encomiado y aplaudido»

Por sendas de imprevisto destino, la que iba a ser nueva ley de Régimen Local no ha llegado a serlo; y,

efectivamente, al parecer, no contenía su proyectado texto la elegibilidad de los alcaldes.

Según palabras del señor Arias Navarro, el nuevo proyecto que atribuirá a alcaldes y presidentes de

Diputación carácter electivo «responde al afán de contemplar como un todo coherente el conjunto de los

problemas de la vida local...»

Bien podemos glosar estas palabras aludiendo, además, a otra decisiva y esencial coherencia. A la

coherencia evidente que se puede imaginar entre el carácter electivo de estos cargos y el carácter

representativo reconocido a las entidades naturales en la constitución política vigente :

«El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La

participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a

cabo a través de la familia, el Municipio, el Sindicato y demás entidades con representación orgánica que

a este fin reconocen las leyes.» (Principio VIII.)

¡ Menguada «representación orgánica» y menguada «participación del pueblo» resultan en cualquier

Municipio si no alcanzan, ambas proclamaciones, a la posibilidad de elegir alcaldes! Y otro tatito podría

decirse del caso de las Diputaciones.

Responde esta loable decisión del Gobierno a un entendimiento democrático, serio y consciente, del papel

político que le corresponde jugar al pueblo, a la comunidad nacional. Y queda inscrita —así cabe

entenderlo— en el cuadro de «la apertura de los asuntos de Gobierno al debate institucional ya la

confrontación de la opinión pública para, finalmente, referirse a los intransferibles deberes e

irrenunciables derechos que asisten a los ciudadanos españoles como miembros y partícipes de la

comunidad nacional», según expresión del presidente del Gobierno en los párrafos iniciales de su

discurso.

Tiene sustantivo valor, decisivo valor, el realismo —tan oportuno y conveniente— con el que ha

planteado el señor Arias Navarro la necesidad de asumir todos, el Gobierno y el pueblo, las

responsabilidades comunitarias. Afirmadas éstas a renglón seguido de su referencia a la responsabilidad

de la «innovación política» -que no puede seguir siendo continuamente transferida sobre los nobles

hombros del Jefe del Estado—, posible resulta entender, comprender, que en el nuevo sistema electivo

para la determinación de alcaldes y presidentes de Diputación, cumple su responsabilidad el Gobierno

cuando le abre cauce legal al sistema y queda pendiente de cumplimiento la responsabilidad comunitaria

de su práctica o uso correctos. De los cuales, por otra parte, no hay motivo fundado de dudar.

 

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