Autor: Pascual Estevill, Luis . 
   A los alcaldes, por elección     
 
 ABC.    15/03/1974.  Página: 15. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

A LOS ALCALDES, POR ELECCIÓN

DEL apretado y conciso programa de gobierno expuesto por el Presidente Arias Navarro ante las Cortes

Españolas «I pasado 12 de febrero hay, un punto que ha merecido la unánime atención general y los

máximos honores en los titularas de \a Prensa. Es el que se refiere a la electividad de los alcaldes y

presidentes de Diputación. El Presidente ´del Gobierno fue claro en el autoemplazamiento de

responsabilidad: «retirada del Proyecto de Ley de Régimen Local —prometió-— y remisión de un nuevo

texto, que tendrá entrada en estas Cortes antes del próximo 31 de mayo... El nuevo proyecto atribuirá a

alcaldes y presidentes de Diputación carácter electivo».

El pocos puntos de su anunciación pror gramática se mostró el Presidente tan preciso. En realidad no

cabía otra vía: un Proyecto de Ley de Bases de Régimen Local no podía ignorar los imperativos de una

Ley Fundamental aprobada en clamorosos Referéndum. En efecto, el artículo 46 de la Ley Orgánica del

Estado específica, neta y taxativamente, que «las Corporaciones Municipales y Provinciales, órganos de

representación y gestión del municipio y la provincia, respectivamente, serán «elegidas» por sufragio

articulado a través de los cauces representativos que señala el artículo 10 del Fuero de los Españoles». Se

trataba, en realidad, de reconocer la diversidad de la vida local y 4e prever diferentes modalidades de

régimen municipal para terminar con !a injusta situación de tratar por igual a desiguales de hecho. No

escapaba este importante matiz a quien, por haber afrontado de cerca la regiduría de una dudad como

Madrid, pasaba a desempeñar la suprema ´responsabilidad del Ejecutivo.

El Proyecto de Bases de Régimen Local, retirado por el Gobierno, ofrecía en su contexto, como fue en su

día notorio, alguna sería contradicción respecto a la etectibilidad de alcaldes y presidentes de Diputación.

Tras sentar en el preámbulo una recta doctrina con su explicación de que el Proyecto responde «a las

exigencias planteadas por el desarrollo político del país y el mandato constitucional expreso recogido en

la Ley Orgánica del Estado, que han exigido acomodar el sistema de gobierno local a las directrices

constitucionales», base correctísima para posterio- res desarrollos, he aquí que en la Base 7, número 1,

decía de la figura del alcalde que «será designado», espectacular quiebra legislativa, que se completaba y

confirmaba poco después, en la Base 33, al tratar asimismo del presidente da Diputación. Es decir,

cuando en buena lógica constitucional cabía esperar un´ desarrollo coherente del artículo 46 de la Ley

Orgánica del Estado, expresando fielmente en el preámbulo del Proyecto, se truncaba la ilación y la

racionalidad jurídica para dar paso a una extraña figura anticonstitucional.

Creo, sobre todo en estos momentos de aperturismo y confianza en el futuro, que debemos centrar nuestra

atención en algo más que en aquel ilógico «patinazo» de los antiguos redactores del Proyecto de Ley.

Habría que preguntarse, en primer término, el por qué de tal «patinazo», qué propósitos existían tras su

enunciado, qué podría Inducir al uso de una lógica incoherente en cuestiones de tanta relevancia, y justo

cuando en otras partes del documento se hacía gala de una exquisita prudencia política avalada por una

indudable capacidad científica. ¿Qué pudo llevarles al extremo de proponer a las Cortes ¡a comisión de

una presunta figura de Contrafuero?

Tengo para mí que la explicación a todo esto ´hay que buscarla en lo que llamo «síndrome de) papista».

De todos es conocida la existencia de una extraña categoría de individuos y grupúsculos definidos por una

curiosa proclividad a ser «más papistas que el Papa». Los ha ´habido, los hay y, por desgracia, seguirá

habiéndolos en ©1 campo religioso; pero también dan fe de vida en el terreno político.

El antídoto, contra los excesos de los «papistas» es bien conocido: acudir a los textos auténticos! de!

Papa. Entre mis primeras lecciones de Derecho recuerdo bien que, al clasificarnos las diversas categorías

de interpretación de la Ley, había una, la más segura y calificada como la «auténtica», que es la que

efectúa el propio legislador. AI leer en el Proyecto de Ley que comento tan peregrina interpretación del

original mandato de 1a Ley Orgánica respecto a la elegibilidad dé las Corporaciones locales, no tuve,

pues, otra idea que acudir a \a fuente genuina de nuestro Derecho positivo; en este caso al Jefe del Estado

y a su interpretación del problema desarrollado en eI Mensaje a las Cortes que dio paso a la presentación

de la Ley Orgánica del Estado.

¿Qué manifestó entonces el Jefe del Estado? ¿Acaso precaución y recelo ante la pluralidad de

pensamiento, ante 4a controversia de acción política, con lo qué se justificaría la necesidad de proceder a

la designación de alcaldes? En absoluto. El Jefe del Estado dijo rotundamente: «La diversidad de

pensamiento en la política, «tan inevitable como conveniente», necesita aceptar y respetar un

denominador común, un campo único y unas reglas del juego.» Ahora bien, ¿Manifestó entonces su

opinión de que ia acción política debe estar respaldada única y exclusivamente por el Gobierno, con 4o

que sería conveniente designar por la vía gubernativa a alcaldes y presidentes de Diputación? Nada de

eso. £1 Jefe del Estado sostuvo un criterio totalmente contrarío: «para que exista - la debida previsión de

futuro —dijo— es necesario que exista una continuada acción política y que «ésta sea respaldada por el

pueblo». Y aún insistió más el Jefe del Estado an esta línea: «La nación goza de una salud pública

formidable —recateó con énfasis— y precisamente porque somos fuertes podemos

prescindir de antibióticos y concedernos ciertas licencias.»

¿Por ventura sugería el Jefe del Estado que tanto la elección de alcaldes como ia de (presidentes de

Diputación debía excluirse del juego de «perfeccionamientos continuos y operantes» del Régimen?

¿Quizás porque tal electibilidad no forma parte de lo que, en expresivas palabras, define el Jefe del Estado

como «elementos históricos y coyunturales que deben adaptarse a las realidades y nece-sidades de cada

momento (...) instituciones flexibles que puedan acomodarse a los cambios inevitables, todo ello con el

asentimiento mayoritario del pueblo»? ¿Acaso porque, efectivamente, el Jefe del Estado incluía ia

designación de alcaides y presidentes de Diputación en el capítulo de lo que definió como «elementos

fundamentales de valor permanente, que han de ser la base de nuestra legislación»?

La exégesis de las frases anteriores nos permite una clara elucidación del tema. Al distinguir entre

«elementos fundamentales de valor permanente que han de ser la base de nuestra legislación» y, por

oposición, aquellos otros «históricos y coyunturales que deben adaptarse a las realidades de cada mo-

mento» se otorga, a! legislador encargado del desarrollo político, una formidable base de trabajo

perfeccionista. Sentados los Principios Fundamentales, e! propio Jefe del Esta do abría la puerta del

futuro subrayando como característica del Proyecto de Ley Orgánica del Estado «que se procede a una

amplia democratización del proceso político en la renovada composición ds las Cortes», al paso que

señalaba la «raíz electiva» de «los tres grupos básicos de nuestra doctrina representativa», es decir, de los

tercios sindical, municipal y familiar.

La gama interpretativa a cargo de! legislador no ha lugar a dudas. Así lo ha demostrado el nuevo

Presidente del Gobierno en su reciente exposición programática. No caben, pues, interpretaciones con

«síndrome involu tivo». Sería como afrontar los problemas de nuestro futuro inmediato no con e! aire ju-

venil y renovador que requieren, sino con ei ánimo encogido y asustadizo de quienes aún alientan

nostalgias.

Luís PASCUAL ESTEVILL

 

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