El ahorro y las cajas     
 
 Arriba.    27/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL AHORRO Y LAS CAJAS

LAS Cajas de Ahorro son un tema fuertemente controvertido, como es natural, habida cuenta

de que nutren preferentemente sus fondos a partir del ahorrador modesto. Si en todo caso se

habría de ejercer una severa vigilancia sobre el uso que las entidades bancarias hacen del

dinero de los españoles, parece mucho más exigible en cuanto se refiere a las Cajas de

Ahorro, tanto por las características de sus imsitores —pequeños comerciantes, empleados,

trabajadores manuales, agricultores, profesionales modestos— como por los beneficios y

tutelas públicas que estas instituciones disfrutan.

En los últimos tiempos se han producido algunas denuncias merecedoras de investigación, no

tanto porque se refieran a hechos irregulares o delictivos, sino por que evidenciarían una

posible falta de sentido social inadmisible en las Cajas.

Se habla, por ejemplo, de préstamos de gran volumen a importantes empresas y sociedades

con matices especuladores, hechos a tan bajo interés, que, habida cuenta del importante

quebranto sufrido por nuestra moneda, podrían significar una fórmula de subvención

encubierta. También se suscitan frecuentes quejas, muy en particular por los impositores de las

regiones más pobres, en orden a la desviación del ahorro hacia empresas situadas en otras

regiones, generalmente más ricas. Esto debe cambiar.

Se impone, pues, una nueva filosofía de las Cajas de Ahorro. Procede, en primer término, su

adecuada regionalización: invertir donde se ahorra, a fin de que tales ahorros se traduzcan en

una mejora sensible de las condiciones de vida de la comunidad que los produce. Hay también

que racionalizar los créditos, excluir a quiénes están en condiciones de acudir a los cauces

bancarios normales, favorecer al pequeño y mediano empresario, estimular el crédito personal

y las actividades artesanos, promover la creación de puestos de trabajo.

Las Cajas de Ahorro no pueden ser administradas con mentalidad especulativa, ni siquiera

puramente comercial o financiera. Deben ser, por su propia naturaleza, un instrumento de

justicia social, encaminado a favorecer el desarrollo armónico y la promoción de las clases

sociales más necesitadas. No pueden construirse viviendas de lujo con créditos de las Cajas,

en tanto España sigue padeciendo una carencia notoria de viviendas modestas. No es lícito

financiar a grandes consorcios y a empresas de gran volumen económico y escasos puestos

de trabajo, en tanto padecemos un desempleo de gran envergadura y cierran, por problemas

de tesorería, innumerables empresas pequeñas que podrían ser rentables y sobrevivir. No

puede trasladarse el ahorro generado en Extremadura o Andalucía —por poner dos ejemplos—

a aquellas zonas que ya son económica, mente potentes, sin contrapartida alguna.

Se imponía, pues, un replanteamiento de los propios Consejos de Administración de las Cajas,

a fin de llevar a ellos criterios sociales que no se mostraban suficientemente explícitos. Habrá

que poner en marcha fórmulas de participación que, sin quebranto de la eficiente

administración técnica, aseguren el predominio de los criterios sociales sobre cualesquiera

otros.

Ni que decir tiene, que las actividades de las Cajas de Ahorro deberán ser exhaustivamente

fiscalizadas. No sólo el Gobierno —con las medidas tomadas ayer por el Consejo de

Ministros—, sino también los parlamentarios deben pronunciarse al respecto.

 

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