El expediente del Partido Carlista. 
 También ha sido devuelto     
 
 Arriba.    03/04/1977.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 3. 

EL EXPEDIENTE DEL PARTIDO CARLISTA TAMBIÉN HA SIDO DEVUELTO

MADRID. (De nuestra Redacción.)—La Sala IV del Tribunal Supremo, a la que han sido remitidos los

expedientes de varios partidos políticos para que dictamine sobre su licitud o ilicitud penal, se pronunció

ayer sobre el Partido Carlista. La falta de jurisdicción de la Sala IV para conocer las actuaciones políticas

de la promovida con la denominación de Partido Carlista es la nota más destacada del fallo del Alto

Tribunal. La Sala ha acordado, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, anular el acto del Ministerio de

la Gobernación por el que se remitió el expediente al Supremo y devolverlo al citado Departamento. El

fallo, firmado por Enrique Medina Balmaseda, presidente accidental de la Sala, y los magistrados

Fernando Vidal Gutiérrez, José Luis Ronce de León y Belloso, Manuel Gordillo García y Félix Fernández

Tejedor, dice, entre otras cosas, lo siguiente: «La falta de jurisdicción de esta Sala es notoria para la

resolución del tema que se propone en el presente expediente, basado en la ilicitud penal presumida por la

Administración, que en todo caso habría de dirimirse ante la jurisdicción penal ordinaria en la forma

establecida por las leyes. Partiendo de la existencia de aquella declaración presuntiva, no es adecuado en

derecho el acuerdo de remitir a esta Sala el expediente a que nos estamos refiriendo.

FALLAMOS: Que sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar y declaramos la falta

de jurisdicción de esta Sala para conocer de las presentes actuaciones, relativas a la inscripción en el

Registro de Asociaciones Políticas de la promovida con la denominación de Partido Carlista; debemos

anular y anulamos el acta del Ministerio de la Gobernación techa 22 de febrero del presente año, en el

particular extremo del mismo que ordena la remisión del expediente administrativo a este Tribunal,

acordando por tanto su devolución a dicho Ministerio y sin perjuicio de las acciones que para declarar la

ilicitud penal que se presume por la Administración Pública, a ella la competan. No ha lugar a declaración

alguna sobre imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y colección legislativa,

definitivamente juzgando, los pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Arriba 9

 

< Volver