Autor: Borbón Parma, Carlos Hugo de. 
   Crisis política y crisis económica: posibles vías de solución     
 
 El País.    24/11/1977.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 40. 

EL PAIS jueves 24 de noviembre de 1977

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

Crisis política y crisis económica: posibles vías de solución

CARLOS HUGO DE BORBON PARMA

Presidente del Partido Carlista

En realidad sólo hay un problema: el político. ¿Conseguirá el Gobierno, es decir, el Poder, un consensus

positivo que le permita avanzar hacia un cambio o simplemente un consensus de pasividad suficiente para

aplazar la crisis económica?

¿Es acertado el pacto de la Moncloa?

Para empezar, dos observaciones: los españoles desconocemos, y esto es grave, los documentos de trabajo

y los argumentos que puedan convalidar o invalidar las decisiones adoptadas en la Moncloa. De modo

que nuestro juicio será necesariamente, como ciudadano, un juicio falto de información suficiente.

Esto es grave de por sí, porque el consensus, del que hablaremos más adelante, es imposible si el

ciudadano no dispone de esta misma información, si no se le da la posibilidad de juzgar por sí mismo.

La segunda observación es de origen experimental. El solo hecho de sentirse atendido por el médico

mejora, no pocas veces, el estado de salud del enfermo. Algo parecido pasa, a menudo, con la economía

de los países y ha ocurrido en el pasado con la economía española. Pero en el pasado se podía disponer

del tiempo suficiente para poder planificar, ya que el problema del Poder no se planteaba. Hoy no

disponemos del mismo.

Además, esta experiencia del pasado es solamente repetible si las medidas tomadas cumplen dos

condiciones. La primera es que el cuidado del enfermo no consista en aplicarle una medicación tan

inadecuada que agrave excesivamente su caso. Muchas medidas económicas, a medio o largo plazo

necesarias o indispensables, son a corto plazo altamente nocivas, y pienso que en nuestro caso pueden ser

peligrosas ciertas formas de restricción del crédito.

La situación extremadamente difícil de la pequeña y mediana empresa, que, al fin y al cabo, emplea más

de las tres cuartas partes de la mano de obra, es hoy en día tan delicada que el colapso de la misma, por

medidas criditicias o financieras restrictivas, que en otro momento pudieran ser razonables o necesarias,

seria simplemente catastrófico.

La demagogia que consiste, por parte del Poder o de otros sectores, en presentar como responsable de la

crisis a la empresa y prometer más altos salarios y mejoras en la Seguridad Social a costa de empresas

pequeñas o medianas, es absurda. Pues estas empresas no son responsables de la crisis, sino los grandes

feudalismos económicos y el sistema heredado del pasado. Esas empresas pequeñas son las víctimas de la

historia. Pero ahogarlas hoy y simultáneamente hacer pagar las deudas del pasado a los trabajadores que

trabajan en ellas, llevando a éstas a la quiebra, sería grave. Intentar hacer del empresario pequeño o

mediano el chivo expiatorio de la situación resulta quizá cómodo e incluso credible, pero demagógico

porque la crisis de estas empresas la van a pagar los trabajadores.

La segunda observación es que para aplicar una medicación que no sea ficticia es necesaria una amplia

consulta de los sectores interesados. Es evidente que el mejor conocimiento de las causas de la crisis por

todos los interesados, y no sólo por el Gobierno, permitiría una mejor orientación de los remedios y; más

importante aún, también permitiría crear alrededor de las medidas tomadas una tolerancia o una acepta-

bilidad que puede llegar hasta el consensus positivo.

Conocimiento de causa del pacto económico

El paro y el exceso de cargas a la pequeña y mediana empresa son las causas iniciales de la inflación o las

causas principales de la misma y no solamente la consecuencia. Pues la inflación agrava la situación, pero

no ha sido la fuente inicial o principal de la crisis.

Una gran consulta popular y nacional tendría como efecto conocer las causas objetivas y subjetivas tan

importantes en un sistema de mercado para hacer decisivas ambas. Las causas objetivas dependen del

análisis en términos cuantitativos de la situación económica. Las causas subjetivas dependen del conven-

cimiento profundo de los agentes económicos y especialmente del mundo del trabajo, y de las

posibilidades y el sacrificio realmente necesario para superar la crisis. Depende, claro está, de la

comprensión del análisis por los mencionados agentes. Esta comprensión sólo puede existir después de un

amplio debate que ponga en evidencia la posibilidad curativa de las distintas medidas económicas

posibles. Si no existe amplio debate existirán inquietudes y dudas.

Lo que precisamente es inquietante en cuanto al análisis objetivo contenido en el documento de trabajo

inicial, que se ha filtrado a la opinión pública, para la preparación del pacto de la Moncloa, es que parece

analizar de un modo insuficiente la causa principal de la crisis, tanto del paro como de la inflación.

Hablando ahora de la inflación, parece que el tipo específico actual es una inflación por el costo, no por la

demanda. Es decir, que nos encontramos en una situación radicalmente distinta de la que existía al final

de los años cincuenta, 58-59, donde la inflación por la demanda era la causa principal de la crisis. Por

ello, entonces, fue acertado el plan de estabilización y el conjunto de medidas restrictivas en materia

monetaria.

La inflación por el costo es debida al paro; paro que conlleva un subempleo de la capacidad productiva

humana y de la maquinaria, pues más de un millón de parados y más de un 20% de la capacidad

productiva de la maquinaria está sin empleo. No hace falta ser economista para imaginar lo que representa

y lo que pierde con ello la economía española o, lo que viene a ser lo mismo, el porqué del aumento del

30% de los precios de consumo. Porque esta enorme falta de producción encarece los bienes y servicios

producidos en un elevado grado y a su vez frena la demanda, provocando más paro. Todo ello va

desencadenando y acelerando esta inflación por el costo, causa primera a nuestro juicio de la crisis.

Si se añade a esto la situación critica de la pequeña y mediana empresa, en pleno proceso de

descapitalización y casi en situación de quiebra, parece al observador que las medidas económicas que se

deberían de tomar son:

1. La revisión urgente de las cargas sociales y fiscales que pesan sobre la pequeña y mediana empresa,

aunque quizá solamente de un modo provisional aplazando los pagos o contabilizándolos en forma de

crédito a largo plazo. Pero no se trata simplemente de una medida en la consulta del mundo del trabajo y

del sector empresarial.

2. Prolongación de las líneas de crédito para evitar las quiebras en serie. No para las grandes empresas,

que en la inmensa mayoría de los casos disponen de recursos propios o son ellas mismas propiedad

de los grandes bancos que de hecho las reservan ya estos créditos que retiran a la pequeña y mediana

empresa, agravando enormemente el paro y las quiebras en este sector industrial y de servicios.

3. Buscar en la capacidad del mercado interior un aumento de la demanda, precisamente por una

promoción del pleno empleo, incluso si tiene que mantenerse momentáneamente una tasa elevada de

inflación que a todas luces en el plano económico actual no se logrará reducir, ni se prevé poder reducir

sensiblemente.

Esta política va vinculada, evidentemente, con el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas e

incluso la potenciación de su capacidad productiva, lo que les posibilitará contratar mano de obra, a fin de

que globalmente se llegue lo más rápidamente posible a la utilización máxima de la capacidad productiva

del país, creando así esta demanda interior tan necesaria.

Buscar principalmente en la restricción crediticia o en la exportación la solución a nuestros problemas

inmediatos de política económica parece pertenecer más bien a una segunda etapa, que solamente se

podría emprender una vez restablecido el pleno empleo.

Todas las demás medidas estructurales analizadas en el informe o firmadas en el pacto parecen del todo

clásicas o incluso razonables, por no decir indispensables; pero para una fase más adelantada del proceso

de recuperación económica. Todas afectan a una problemática en el fondo a largo plazo, es decir, a una

problemática de estructura económica del sistema productivo. Una política de energía, una transferencia

de empleo a los sectores de servicio o a los sectores asistenciales o educacionales necesitan, como la

misma reforma fiscal y la reestructuración del presupuesto nacional, un plazo de tiempo difícilmente

inferior al de ocho meses para la planificación y el inicio de realización efectiva y de más tiempo aún para

que las modificaciones estructurales tengan realmente repercusión en la vida económica del país.

La clara exposición del análisis económico y un amplio debate popular sobre la temática podría tener una

gran efectividad económica. El no consultar al país, el no dar un completo análisis comprensible para el

debate de la situación, es un riesgo político muy real.

La planificación es urgente, pero una planificación aceptable para el mundo del trabajo, para las

organizaciones sindicales y políticas, para los elementos de la patronal y los empresarios, que podrán, sí,

anticipar sus decisiones y mejorar de un modo espectacular la situación económica de nuestro país,

incluso a corto plazo, y esta es nuestra esperanza.

Hacia el consensus político: el pacto político

El pacto de la Moncloa es quizá técnicamente razonable a grandes rasgos. Ha sido, además, un gran éxito

momentáneo del Gobierno, pero lo puede ser mañana para España si se cumple una sola condición: que se

abra este pacto, de la cumbre hasta la base, a toda la sociedad española. Al conjunto de los empresarios,

por supuesto, pero muy especialmente al mundo del trabajo, que debe participar en este gran diálogo,

porque es precisamente por su trabajo y por su sacrificio por lo que se podrá resolver la crisis. Digo por su

sacrificio y por su trabajo y no sacrificando al mundo del trabajo, que es cosa muy distinta.

Fue un acierto para la política del Gobierno obligar a todos los grupos parlamentarios a salirse del

parlamentarismo y a comprometerse con la realidad de una situación surgida a consecuencia de muchos

años de dictadura de las oligarquías económicas, dictadura de la cual no hemos salido aún.

Ahora bien, esto es un invento peligroso, tanto para los partidos políticos comprometidos en el pacto a

través de sus estados mayores, pero no implicados en la gestión y en las decisiones pactadas, como, por

otra parte, es peligroso también para el mismo Poder.

Es un peligro interno para los partidos políticos, ya que se han tenido que comprometer en nombre del

mundo del trabajo, pero sin contar con él. Mañana puede imponer a estos estados mayores un cambio

radical de postura. No hace falta imaginar el peligro que entrañaría tal decisión para el mismo Poder.

El segundo peligro es el de la involución democrática por aislamiento del Poder constituido, frente a un

pueblo apartado de la responsabilidad y condenado a la pasividad.

Quizá este segundo peligro les pudiera parecer a algunos como secundario, cuando puede ser el más grave

de todos, porque los «poderes aislados» se transforman inevitablemente en monopolios oligárquicos del

Poder, tan insoportables como las dictaduras personales, pero además mucho más frágiles.

A los dos peligros sólo hay una contestación: extensión del pacto a todo el país; y esto es posible,

deseable y necesario. Abrir un diálogo entre ramas de producción, entre comisiones intersindicales,

incluyendo a todos los sindicatos sin excepción, entidades patronales y, muy especialmente, a la pequeña

y mediana empresa, y a los representantes de la Administración civil estatal. Abrir un gran debate

parlamentario simultáneamente a esta consulta, abierto a toda la opinión pública. La simultaneidad de los

dos tipos de consulta evitaría el parlamentarismo vacío, ya que este órgano se vería obligado a reflejar la

problemática de los debates realizados a otros niveles.

El debate permitiría llegar a dos metas: conocer desde el Poder, pero también desde la calle, la real

situación española. Permitir que exista un fuerte respaldo popular a las decisiones tomadas desde el

Poder.

El peor error que podía cometer el Poder hoy en día sería creerse que la opinión pública no puede ni debe

ser otra cosa que un elemento pasivo, informado de las decisiones, pero no comprometido con ellas.

La opinión pública puede perfectamente hoy, y es una convicción profunda, respaldar activa y

positivamente una alternativa a la situación de crisis con tal que esta alternativa sea la de una democracia

comprensible, debatida y vivida.

El debate público y honesto es hoy por hoy posible y necesario, pero, además, la única realidad que existe

para que crezca una democracia responsable. La democracia crece siempre en los momentos de crisis,

cuando se implica al pueblo en las soluciones de su propio destino.

De otro modo, se descubrirá que el mundo del trabajo no tiene por qué ser responsable de las

consecuencias y errores económicos anteriores. Los salarios no son los responsables de la inflación ni el

paro es la causa de las alzas salariales. Es una perogrullada, pero es necesario recordarlo para no

confundir los efectos con la causa. Porque existen enfermos es preciso que haya médicos y no a la

inversa.

Se descubrirá también esta otra perogrullada: el alza de precios es debida al paro y al subempleo del

aparato productivo. Se impone que se empiece por corregir este doble efecto si se quiere frenar la

inflación o suprimirla y, luego, utilizar la exportación como un instrumento eficaz para reforzar nuestra

economía nacional. No hace falta, a nuestro juicio, frenar los salarios, sino aumentar la producción, cosa

relativamente fácil cuando existe suficiente reserva de mano de obra y capacidad productiva sin empleo.

Se descubrirá, por fin, que hacer al mundo del trabajo responsable de su propio destino no es sino

responsabilizarle pura y simplemente como ciudadano. La característica precisamente de la democracia es

que considera a todo hombre, a todo trabajador, como ciudadano, es decir, como ser responsable ante las

estructuras de un capitalismo anacrónico y de todos modos inadecuado para el futuro, donde el capital

quiere conservar el privilegio de la responsabilidad y quiere mantener al trabajo como un simple elemento

productivo pasivo. Desde siempre ha propuesto el carlismo invertir el orden de los factores: hacer del

trabajador y del trabajo el elemento responsable y del capital el elemento material pasivo. Introducir

progresivamente esta responsabilidad del trabajo y estos valores socialistas es la vía para resolver a la

corta y a la larga, tanto la crisis económica como la crisis política. Pero la ventaja es que se puede

resolver gracias a la democracia.

El concepto de autogestión del socialismo que proponemos no es otra cosa. Empieza por dar a los

trabajadores en la fábrica y en la sociedad el derecho a ser ciudadanos, informados, consultados y libres

de actuar para dar estas soluciones, de las que van a ser ellos mismos no como hasta ahora las primeras

víctimas, sino los primeros beneficiarios.

 

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