Autor: Borbón Parma, Carlos Hugo de. 
   Política económica y pacto democrático     
 
 El País.    10/10/1978.  Página: 9-10. Páginas: 2. Párrafos: 66. 

EL PAÍS, martes 10 de octubre de 1978

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

Política económica y pacto democrático

CARLOS HUGO DE BORBON PARMA

Presidente del Partido Carlista

Las jornadas de reflexión organizadas por el Gobierno para preparar un nuevo «pacto» no dejan de ser

preocupantes. Porque lo conveniente hoy sería un mecanismo institucionalizado que permita planear

abiertamente, entre las fuerzas sociales, sin pactos previos en las alturas, las líneas generales, para luego

también adaptar periódicamente y controlar permanentemente la evolución de una economía en tan crítico

momento.

Se pueden imponer desde el poder, y gracias a unos pactos, unas medidas monetarias, pero no se puede,

desde el poder, imponer una política comercial e industrial sin la adhesión previa de los principales

actores, los empresarios y los trabajadores.

Conviene, a este respecto, recordar las causas que llevaron hace un año a los pactos de la Moncloa y lo

que éstos han supuesto.

La crisis del 77

Cuando la tasa de aceleración de la inflación en agosto de 1977 apuntaba a un 44 % anual. Cuando el

desequilibrio de la balanza de pagos por cuenta corriente apunta a 5.000 millones de dólares. Cuando el

paro va, a todas luces, en aumento hacia niveles inaceptables económica, humana y políticamente y

apunta hacia la cifra oficial del millón de parados. Cuando todo eso ocurre, poco importan ya las causas

próximas o remotas. Cualquier Gobierno tiene que tomar medidas drásticas y difíciles.

No hace falta mucha imaginación para saber que semejante situación, dejada al «normal juego del

mercado», nos hubiera llevado a la quiebra de todo el mecanismo económico del Estado.

Solicitud política monetaria, en vez de política económica global

Para subsanar esta situación, tres medidas económicas fundamentales se tomaron en los pactos de la

Moncloa:

La reducción o control de las subidas salariales a un 22 % anual.

La devaluación de la peseta en un 20 %, para restablecer el equilibrio de la balanza de pagos.

La reducción de la expansión monetaria a un 17 % anual.

Las dos últimas medidas iban destinadas directamente a frenar la inflación, mientras que el control

salarial obedecía a la misma finalidad, pero de una forma indirecta.

Aquellas medidas eran esenciales, pero no constituían la única política posible, ni respondían a un

planteamiento económico completo. Faltó la otra cara de la moneda, la política industrial y la política

social, que el Gobierno deberá abordar ahora.

Los resultados confirmaron las previsiones: la balanza de pagos por cuentas corrientes se restableció con

un superávit de cuatrocientos millones de dólares e incluso la balanza básica ha alcanzado un superávit en

julio de 1978, de 2.400 millones de dólares. La inflación redujo su ritmo de crecimiento de un 28 % a un

18 % anual, previsible para el año 1978.

Los resultados también confirmaron las lagunas de una política económica, principalmente monetaria: la

recesión se mantiene y el desempleo ha alcanzado oficialmente el millón de parados.

Amenazas y crisis actual

Los aspectos positivos de la política económica, calificados de espectaculares por muchos observadores

de fuera y dentro de España, no dejan de ocultar los peligros de esta política y, sobre todo, sus

limitaciones.

El éxito mismo puede muy bien llevar a un relajamiento de la lucha contra la inflación, por no tener

suficientemente en cuenta que los cuatro factores que coadyuvaron al restablecimiento de la situación

monetaria o a su mejoramiento, corren el riesgo de no volver a presentarse para el año 1979.

a) En primer lugar, la modificación del tipo de cambio o devaluación que encareció la importación y

favoreció la exportación está hoy prácticamente recuperada por la inflación remanente. Es decir, que

nuestros productos que se encarecieron este año a un nivel próximo al 18 %, se encuentran por ello

mismo a un nivel de precio comparable con los demás productos europeos, cuyo encarecimiento medio

anual ha alcanzado solamente el 8 %.

b) En segundo lugar, la restricción del crecimiento monetario de las disponibilidades líquidas, que frenó

la demanda interior y obligó a las empresas a buscar fuera de nuestras fronteras la salida a una producción

que se encontraba con un mercado interior deprimido. Estas restricciones monetarias favorecieron la

lucha contra la inflación, la balanza comercial, pero no ayudaron a reabsorber el desempleo.

c) En tercer lugar, un factor circunstancial: la especial situación climatológica que ha permitido, a la vez,

una producción agraria excepcional, situando el crecimiento de los productos agrarios en un 6 % con

respecto al año anterior, y una producción hidroeléctrica también excepcional, que nos ha permitido

ahorrar energía térmica y, por tanto, petróleo de importación. Pero el factor climatológico no depende

más que de la suerte.

d) Por fin, un cuarto factor, político esta vez, que fue la toma de conciencia por la sociedad española de

la gravedad de la situación e hizo aceptables las duras medidas restrictivas, tanto crediticias, para los

empresarios, como salariales, para los trabajadores, conscientes ambos grupos sociales de que la

alternativa hubiera sido una crisis total. Ante la permanencia de una crisis, puede esta opinión pública

perder la paciencia, sobre todo si no ve en una nueva política económica un claro esfuerzo de

recuperación.

Tenemos que ver con mucha claridad que la crisis no está acabada, que no hemos alcanzado, ni siquiera

en el terreno de la inflación, la media europea del 8 %, que hubiera resuelto, por lo menos, el aspecto

monetario del problema.

Pero, sobre todo, no se ha resuelto el aspecto más profundo de la crisis, que es el subempleo de la

capacidad productiva con su doble consecuencia: mantenimiento de una inflación por el costo, y

crecimiento amenazador del paro.

El optimismo internacional, como la meteorología o como la aceptación de la opinión pública, tiene sus

vaivenes y la devaluación se agota y hoy tiene que plantearse esta otra cara de la crisis, con soluciones

económicas y sociales. Y esto, de un modo urgente.

De entrada, conviene afirmar que precisamente por los motivos anteriormente citados no conviene relajar

el esfuerzo en el sector monetario. La inflación tiene que alcanzar las medias europeas, si queremos

desarrollarnos de un modo estable y en el marco de la futura integración en el Mercado Común.

Pero, precisamente por ello, conviene modificar una política comercial e industrial desacertada y su

consecuencia, el paro creciente. Todo ello, causa fundamental y profunda de la inflación, que no se

resuelve solamente con medidas monetarias.

Cinco aspectos fundamentales se deben considerar:

1. El subempleo de la capacidad productiva.

2. La contradicción entre política desarrollista y política antiinflacionista.

3. El minifundismo industrial y la reabsorción del paro.

4. La psicología colectiva de la pequeña y mediana empresa.

5. La metodología de los pactos o la metodología del diálogo institucionalizado.

El subdesarrollo de la capacidad productiva

La infrautilización de la capacidad productiva conlleva dos graves consecuencias: es causante, en gran

parte, de la inflación, y es causante, en su totalidad, del paro.

El subempleo de la capacidad productiva, en efecto, crea una inflación por el costo que las medidas

monetarias y crediticias no resuelven o incluso agravan. Cuando el equipo productivo solamente produce

a un 75% de su capacidad, es evidente que se encarece el costo por unidad producida.

Hoy ha disminuido el beneficio empresarial en amplísimos sectores, hasta el punto que muchas empresas

no son capaces de renovar o siquiera amortizar sus equipos, lo que desemboca en una desinversión o

empobrecimiento de nuestra economía para el futuro.

A su vez, esta situación deprime profundamente los sectores productivos de bienes de equipo. En muchos

casos se encarece el producto sin que siquiera se generen beneficios, es decir, capacidad de

modernización o de amortización, porque la infrautilización de la capacidad productiva encarece a tal

punto el producto final que no tiene el empresario más remedio que aumentar sus precios si quiere so-

brevivir. Así, los precios suben en aquellos sectores alimentando la espiral inflacionista.

La vuelta al pleno empleo de la capacidad productiva, tanto del capital como de la mano de obra, puede

permitir precisamente limitar ese aspecto de la inflación por el costo, emprender otra vez la

modernización de nuestro aparato productivo y, sobre todo, eliminar el lastre del paro. Pero con tal que no

relance, a su vez, la espiral inflacionista a causa de la demanda.

La contradicción entre desarrollo y lucha contra la inflación

Existe, en efecto, una latente contradicción entre la política monetaria restrictiva (necesaria para controlar

un cierto aspecto de la inflación, especialmente la inflación monetaria, la inflación por la demanda) y la

necesidad de una expansión del crédito, condición del desarrollo de la capacidad productiva (precisamen-

te para eliminar la inflación por el costo, permitir la modernización de nuestro aparato productivo y

reabsorber el paro).

Esta contradicción existe en todas las economías. Pero es de una especial relevancia en las economías de

mercado. En estas, la hiperreacción del mercado tiende a hacer pasar la economía de la inflación por el

costo a la inflación por la demanda, en plazos tan cortos que, a veces, se acumulan. Es decir, que aún no

se ha acabado la inflación por el costo en un sector cuando en el otro se produce la misma por la

demanda.

Por ello, relanzar la economía es una operación tan delicada y, sobre todo, las políticas globales resultan

poco apropiadas, porque precisamente son indiferenciadas. Convendría una política desarrollista

específica por sectores productivos e incluso por zonas geográficas que necesiten de una metodología de

planificación que analizaremos más adelante.

Esta política de desarrollo específico o sectorial es especialmente difícil en nuestro país, debido a la

estructura minifundista de la empresa española y al subdesarrollo de un aparato sindical que, a pesar de

sus éxitos, no representa más de un 20% de los trabajadores o productores. En cuanto al minifundismo

empresarial tenemos que ver claramente que en España no más de mil empresas emplean a más de mil

trabajadores. Por otra parte, entre el 80 y 85 % de los productores están empleados en las demás

empresas. Es decir, que de catorce millones de productores, 11.900.000 trabajan en la pequeña y mediana

empresa, en empresas agrícolas o son trabajadores autónomos.

Esto quiere decir que la problemática económica y social de aquel sector es determinante para la

reabsorción del paro. Además, esta absorción necesitaría de poca inversión inicial, simplemente porque

debido a la actual infrautilización de la capacidad productiva, no es necesaria una inversión masiva en ca-

pital fijo inmovilizado para recuperar el pleno empleo de la actual o existente capacidad productiva. Se

eliminaría así gran parte de la inflación por el costo y se restablecería un ritmo normal de modernización

de nuestro equipo productivo actual.

Pero crear. 200.000 nuevos puestos de trabajo cada año —cifra necesaria para eliminar el crecimiento del

paro debido al crecimiento vegetativo, al retorno de los emigrantes y al flujo de población rural hacia la

industria— sí necesitaría de inversiones masivas, es decir, de ahorro masivo o de inversión extranjera.

Porque existen grandes posibilidades de desarrollo económico en España, y es cuestión, principalmente,

de encontrar el camino.

Por vía autoritaria no se convence a nadie, ni siquiera teniendo la razón.

El pequeño y mediano empresario sabe que su empresa depende del mercado, de la legislación laboral y

del sistema fiscal.

Mientras que se le asusta con una reforma fiscal, necesaria, que se intenta presentar con gran rigor, pero

que se muestra sobre todo rigurosa para los débiles: con una legislación laboral no menos necesaria, pero

que paraliza al empresario y con una política monetaria racional que, sin embargo, ahoga la empresa;

mientras que al trabajador se le prometen mejoras salariales, mejoras en la Seguridad Social, mayor

justicia y sufre un creciente desempleo, viendo amenazada la base misma de su vida. Mientras persista

ese panorama, no habrá inversión, recuperación de la capacidad productiva, optimismo, desarrollo.

Es así como se puede ver hoy en día, por lo menos en gran parte, un problema de psicología colectiva.

Conviene, por tanto, atacar el problema no por las vías técnicas solamente, sino por otras vías.

Conviene esencialmente volver a crear esta esperanza, pero implicando a los empresarios, a los

trabajadores, a la Administración, en una labor común: la de formular y proponer una nueva política

económica. Porque el problema económico actual es esencialmente un problema político, un problema

social, un problema humano, de confianza recíproca y de compromiso colectivo.

No me remitiré aquí a los aspectos técnicos de la necesaria nueva política económica, porque el margen

de maniobra del Gobierno es tan reducido que cualquier Gobierno debe emplear unas técnicas parecidas.

Me remitiré al aspecto metodológico político, que es el único que puede asegurar una política económica

óptima en situación tan crítica y una aceptación de aquella política, sin lo cual no tendrá ninguna política

económica ni la más mínima posibilidad de éxito.

Metodología del pacto o diálogo institucionalizado

La política de pactos como el de la Moncloa se puede resumir en dos conceptos: es política del poder,

más política de la partitocracia. Aquella política eliminó la participación patronal y sindical, así como la

parlamentaria. Es decir, eliminó a la misma opinión pública. Semejante política no puede y no podrá crear

jamás la adhesión, la comprensión o la confianza, porque es, y ha sido, una imposición. Se llamó pacto

precisamente porque fue un pacto entre los partidos parlamentarios dominantes y el poder. Pacto a puerta

cerrada, pacto a nivel de estados mayores, que el Gobierno impuso gracias a la ayuda de aquellos

partidos.

Pero una nueva política económica necesita de la comprensión y también de la aportación de todos

aquellos que, al estar inmersos cada día en la problemática económica y social concreta, sean capaces de

aportar soluciones concretas y realistas. Por ello no se trata hoy de desarrollar una nueva política de

«conjurados», sino de abrir un nuevo camino a la consulta de todos los interesados: Administración,

empresarios, trabajadores. Es la única solución racional, porque es la única solución política democrática.

Esta nueva política es una oportunidad idónea para atajar ese desencanto que se observa en amplios

sectores de la sociedad. Es el momento para iniciar un acercamiento del pueblo al poder para, en

definitiva, construir una democracia de participación.

Potenciar la participación por sectores de todas las organizaciones patronales, de todas las organizaciones

sindicales (todas y no solamente las que dependen de unos partidos políticos concretos) y de

representantes de todos los ministerios económicos para preparar un plan: la nueva política económica.

No se trata, repito, de un pacto social de no agresión entre poder y mundo del trabajo, apoyado en los

partidos parlamentarios y, sobre todo, en la izquierda y con aceptación tácita posterior por aquel mundo

del trabajo de lo pactado a puerta cerrada y al margen de su participación. Se trata de pedir una adhesión

de las fuerzas sociales y realmente presentes en la vida económica del país, para construir juntos, abierta y

democráticamente, una política, una política económica, que saque a nuestra economía, a nuestras

empresas y, sobre todo, al mundo del trabajo de la amenaza de una nueva recesión y de la amenaza que

causa siempre una situación social y humana de paro, que poco a poco rebasa lo aguntable, tanto

económicamente como humana y políticamente.

La metodología del diálogo institucionalizado entre las fuerzas sociales existentes, fue la que dio tan

efectivos resultados en los países europeos, en la inmediata posguerra mundial.

Fue esta aproximación realista la que llevó a constituir en varios países el Consejo Económico y Social

que institucionalizó el diálogo abierto, responsable y democrático entre patronal, mundo del trabajo y

Administración del Estado. Toda transformación social por vía democrática tiene que pasar por esta

institucionalización del diálogo, que es la vía democrática y, además, condición para alcanzar soluciones

realistas, es decir, económicamente eficaces.

Lógicamente, en el marco de unos organismos de ese tipo, con una representatividad real y operante, no

una repetición de aquellos consejos que, a nivel provincial y regional, montó el régimen franquista.

Socialismo y reforma del capitalismo

Que nadie se sorprenda que desde el socialismo se propongan estas soluciones dentro del marco

capitalista. La primera condición de un socialismo democrático es construirlo demostrando su capacidad

de resolver problemas del presente y sin esperar que la situación impongan partir de la desesperación y de

la miseria.

La segunda condición, no menos esencial, es construir el socialismo partiendo de una responsabilidad

compartida entre todos los sectores sociales existentes. Entonces será cuando la sociedad podrá avanzar

racional y sosegadamente hacia el socialismo. Porque el primer paso habrá sido buscar la participación de

todos sin rechazar a nadie. La participación de todos es condición de éxito inmediato, pero es también

condición de que aquel socialismo que propone el Partido Carlista, sea un socialismo para todos.

El socialismo será socialista, en nuestra perspectiva, cuando deje de ser «el de los socialistas» y pase a ser

un socialismo pluralista y democrático de toda la sociedad.

Construir el socialismo no es situar el socialismo en el poder, en el Gobierno, sino situar el socialismo en

la sociedad, en su base de convivencia. El socialismo será capaz, entonces, de sustituir las bases de

convivencia económica del capitalismo, apoyadas en el egoísmo individual del beneficio, por otras

apoyadas en una concepción de solidaridad y de servicio.

 

< Volver