Autor: Borbón Parma, Carlos Hugo de. 
   Cinco estatutos para la Constitución     
 
 El País.    18/01/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 22. 

POLÍTICA

EL PAÍS, jueves 18 de enero de 1979

TRIBUNA LIBRE

Cinco estatutos para la Constitución

CARLOS HUGO DE BORBON PARMA

Presidente del Partido Carlista

El país necesita cinco estatutos. Las bases para el primer estatuto, el de las autonomías, se han

desarrollado ampliamente en la Constitución, aunque todavía falta un segundo estatuto municipal para

completar el autonómico anterior. Pero, cada vez más, se pone de manifiesto la necesidad de otros dos

estatutos. Son imprescindibles un estatuto del sindicato y un estatuto de la empresa y del trabajo, que

representen un conjunto coordinado de deberes y obligaciones entre estos dos poderes fácticos que in-

ciden en el mecanismo productivo de la nación. Por último, será también necesario construir las bases

para un quinto estatuto, el de los partidos políticos.

El estatuto municipal

El estatuto municipal es, quizá, el más evidentemente necesario en el marco de un sistema autonómico. El

problema de fondo es definir cuáles son o deben ser las funciones privativas de los municipios, en

relación a aquellas privativas de las provincias y de las regiones autonómicas. Cuál debe ser, por otra

parte, la realidad municipal en cuanto a su tamaño, para evitar confundir en un mismo concepto jurídico

municipios de 150 habitantes y municipios de 4.000.000 de habitantes.

Este estatuto es, en definitiva, un simple corolario del sistema de autonomía y una garantía de que la

libertad municipal no se vea atropellada por otros centralismos que pueden nacer al amparo del proceso

autonómico.

El estatuto del sindicato

Estamos ante el hecho de la politización partidista del sindicato, hecho que puede llevar a tres situaciones:

a la multiplicidad impotente de sindicatos, a la dominación hegemónica de uno, o a la unidad sindical con

pluralismo interno.

Actualmente asistimos a una evolución hacia una multiplicidad impotente de sindicatos politizados en

sentido partidista, con una gran probabilidad de acabar en una situación de hegemonía del más grande. En

efecto, el partidismo de los sindicatos lleva a la no afiliación de muchos trabajadores, que no desean ser

utilizados para los fines políticos de los partidos correspondientes. Esta es la causa de la débil afiliación

actual, cifrada en sólo un 20% del mundo del trabajo. Esta baja afiliación lleva consigo que todo sindicato

que logre dominar una mayoría relativa del campo sindical puede disfrutar, de hecho, de una posición

hegemónica frente a la totalidad del mundo del trabajo. Así vemos cómo algunos sindicatos, que

representan posiblemente el 50 % de los afiliados y, por tanto, no menos del 10 % de la clase obrera, pue-

den pretender representar a la totalidad de la clase trabajadora y excluir del diálogo con el poder o con la

patronal a otros sindicatos que no tienen un apoyo partidista y se ven, así, eliminados como instrumento

de diálogo. Multiplicidad, debilidad y hegemonía juntos no representan un panorama demasiado hala-

güeño.

La solución para nosotros es un estatuto sindical que defina lo que debe ser un sistema sindical

globalmente considerado. Nuestro ideal es que se respete el pluralismo, pero que sólo la totalidad de los

sindicatos tengan el derecho de hablar responsablemente en nombre del mundo del trabajo. De esta forma

podrá existir la libertad que da el pluralismo. Pero los sindicatos grandes no podrán eliminar de las nego-

ciaciones con la patronal o con el Gobierno a los más pequeños, pues la ley deberá establecer que todos

los sindicatos estén presentes en las negociaciones. Sin embargo, el estatuto sindical sólo es posible si se

contempla simultáneamente otro estatuto: el de la empresa y el trabajo.

El estatuto de la empresa y el trabajo

El estatuto de la empresa y el trabajo es el más delicado, sobre todo en cuanto a la relación entre la

democracia interna de la empresa y al control externo sobre ella y sus finalidades. ¿Qué control deben de

ejercer sobre la empresa tanto el capital como el poder político o los sindicatos y los trabajadores de la

misma? Además, no se tratará solamente de saber quién controla la empresa, sino cuál va a ser la relación

y la interacción de estos cuatro poderes fácticos —el Estado, el sindicato, el trabajo y el capital— en el

seno de la misma.

Proponemos, por ello, que se refunda el conjunto de leyes sobre acción sindical, negociación colectiva y

estatuto del trabajador, en dos estatutos, el uno sindical, el otro empresarial y del trabajo, piezas

constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico en materia socioeconómica.

El estatuto para los partidos políticos

Si el estatuto de las autonomías permite la autonomía de las partes y la unidad del conjunto, el estatuto de

los partidos políticos no es menos esencial para garantizar la libertad, el pluralismo y la unidad, es decir,

la coherencia democrática.

La situación actual es, en lo político, lo que era en lo económico la época del capitalismo salvaje del siglo

pasado. Los partidos políticos legalizados por el poder a tiempo disfrutan hoy de una situación de

monopolio político. A pesar de que fue excluido autoritariamente de las elecciones del 15 de junio de

1977, el Partido Carlista ha respaldado una evolución democrática, pero profundamente antidemocrática

en lo que al Partido Carlista se refiere. Lo ha hecho en pro de la democracia y como muestra de su

espíritu de servicio al país. De hecho, los partidos políticos que tienen una promoción exterior disfrutan,

además, del monopolio práctico de los medios de comunicación y, sobre todo, de los medios de or-

ganización. Los partidos que no están financiados por unas internacionales o por unas multinacionales, es

decir, los partidos realmente nacionales sin condicionamientos exteriores, se ven aplastados, no en sus

ideas, sino en la posibilidad misma de presentarlas.

El pluralismo no puede ser la lucha entre dos monopolios fácticos: uno, pretendiendo representar a la

clase trabajadora y al socialismo, y otro, pretendiendo representar al sector conservador y al liberalismo.

Estamos cayendo en España, sin quererlo, en esa situación bipartidista que, inevitablemente, lleva a

situaciones bloqueadas derecha-izquierda y a Gobiernos ingobernables por debilidad. El pluripartidismo

lo presienten hoy todos, incluso los estados mayores de los grandes partidos. Es una necesidad para

reconstruir un equilibrio que acaba de barrerse por temor a algún demonio ibérico del pluripartidismo

desbocado. Lo presienten o lo ven necesario todos, porque no se puede privar a ningún grupo político de

la igualdad de oportunidades, si se quiere guardar una imagen democrática, por una parte, y por otra, si se

quiere construir un sistema de poder estable.

Un poder estable se puede construir autoritariamente o democráticamente. De la primera forma,

autoritaria, con un partido dominante. La estabilidad se realiza entonces simplemente porque se hace

imposible, en la práctica, una alternativa. La alternativa, en efecto, supondría no sólo un cambio de

Gobierno, sino un cambio de sociedad, cosa a todas luces irrealizable cada cuatro años o menos. Esta

estabilidad la hemos conocido con el fascismo y la conocen otros países con el comunismo. No es, enton-

ces, una estabilidad democrática, sino una estabilidad impuesta autoritariamente.

La estabilidad democrática del poder, al contrario, se garantiza por el pluralismo, que permite evolucionar

progresivamente de la derecha a la izquierda, o viceversa, según las necesidades del cambio. Así el poder

puede situarse en la panorámica política según los vaivenes de la opinión pública o de las elecciones, más

a la derecha o más a la izquierda, sin romper el proceso general de evolución. Semejante pluralismo hace

posible un cambio democrático de sociedad gracias a una garantía de libertades democráticas plenas.

Medios de comunicación y medios económicos

Hoy, con la Constitución, tiene que construirse un sistema de igualdad de oportunidades para todos y esto

es posible ahora. Es imprescindible un estatuto del sistema de partidos, que garantice la igualdad de

oportunidades, sobre todo en el acceso a los medios económicos y a la televisión, a fin de que lo que

escoja el pueblo no sea principalmente lo que promuevan las campañas publicitarias, sino,

fundamentalmente, las ideas, los programas y las personas.

En nuestro caso concreto, la igualdad de oportunidades de los partidos políticos no puede venir

precondicionada por las elecciones del 15 de junio, donde el poder legalizó a aquellos partidos que se le

antojó y apartó autoritariamente, entre otros, al Partido Carlista, de la posibilidad de competir en la

conquista del electorado.

La igualdad de oportunidades, condición de un pluralismo democrático y de estabilidad, necesita de una

ley sobre los partidos políticos, que no sea solamente un instrumento de defensa de los actuales partidos

legalizados antes de las elecciones del 15 de junio. Tendrá que representar una garantía de igualdad de

oportunidades, tanto en el acceso a la televisión, principal instrumento electoral, como acceso a una fi-

nanciación económica igual para todos. Una financiación económica, además, que tiene que venir

garantizada por la misma sociedad. Entonces se podrá, eficazmente, prohibir la financiación «extranjera»

o «extraña». Los partidos políticos realmente nacionales podrán volver a desarrollarse con el único juez

que es —y debe ser en una democracia— la opinión pública, el electorado.

El desarrollo de estos cinco estatutos es, a nuestro juicio, la condición del desarrollo de la democracia,

local, socioeconómica y política. La condición para salir de un sistema inestable, de monopolios

enfrentados, y la garantía de una evolución dinámica de una sociedad moderna.

 

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