Autor: Borbón Parma, Carlos Hugo de. 
   El plan económico del Gobierno no es un plan económico     
 
 El País.    13/10/1979.  Página: 38. Páginas: 1. Párrafos: 40. 

38/ECONOMIA

EL PAÍS, sábado 13 de octubre de 1979

TRIBUNA LIBRE

El Plan Económico del Gobierno no es un plan económico

CARLOS HUGO DE BORBON PARMA

El Plan Económico del Gobierno no es un plan económico, es simplemente un plan coyuntural para salir

del paso.

Criticar las intenciones del Plan es prejuzgarlas. El prejuicio debe, en este caso, ser favorable, pues

ningún Gobierno, y menos el actual, puede tener otras intenciones que las de conseguir el necesario éxito

político, consecuencia de un éxito económico. Por otra parte, no cabe duda de que las intenciones

económicas parecen razonables, deseables u oportunas, pero existe el problema de la crítica. El llamado

Plan es una serie laudable de intenciones o deseos y no es un plan económico, porque le falta lo esencial:

la expresión en cifras de las perspectivas del Plan.

Un plan económico supone tres partes:

1. Un análisis de la situación.

2. Una exposición de intenciones.

3. Una planificación de las medidas legales o administrativas y de las medidas económicas calculadas en

cifras.

Indicando además con claridad el porqué, el cómo, el cuándo y, sobre todo, cuánto representará el coste

de las reformas propuestas.

¿Qué debería ser el Plan?

El Plan, para empezar, debería comportar un análisis, en dos vertientes, de la crisis, considerando sus

causas exógenas y endógenas.

En cuanto a las causas exógenas, correctamente analizadas, como la subida del precio del petróleo, la

crisis internacional y el crecimiento de la población potencialmente activa expuesta en el Plan del Go-

bierno, falta cuantificar claramente su impacto presente y, sobre todo, su futuro.

En cuanto a las causas endógenas, el Plan debería considerar, entre otros aspectos, los defectos es-

tructurales del sistema financiero, las rigideces empresariales, el minifundismo industrial, las deficiencias

de numerosas empresas nacionalizadas, las deficiencias de nuestro sistema comercial interior y exterior,

las necesidades presentes y futuras del gasto público...

Esta segunda parte, es decir, la parte más importante y que realmente puede y debe el Gobierno remediar,

modificar o transformar, está tratada simplemente a base de proponer ahorros, estímulos y parches de

todo índole; pero no está analizado en profundidad, ni cuantificado, ni estudiado, por supuesto, en una

perspectiva a medio plazo —cinco años, por ejemplo— plazo en el que pensamos se pueden emprender

grandes reformas y realizarlas racionalmente.

Se habla, en el Plan, de defensa de una economía de mercado, sin crear las condiciones para que tal

economía pueda desarrollarse. Detrás de esta afirmación de principio, da la sensación de que el poder se

lava las manos de las consecuencias económicas de no reformar las bases instrumentales que permitirían

precisamente una «economía social de mercado» o «una economía» a secas. No puede haber una

economía dinámica, ni salvarse un sistema de mercado, sin reformar profundamente los instrumentos

heredados del sistema anterior. A título de ejemplo, podemos considerar algunas de las principales

estructuras que conviene reformar y que todo plan económico debe, después del análisis, considerar y

tratar de resolver.

La estructura financiera y su reforma

La estructura financiera, entre otros, adolece de dos defectos graves que le quitan gran parte de su

capacidad funcional.

Primero, la falta de especialización bancaria que ha llevado al desarrollo generalizado de los bancos

mixtos, consecuencia del statu quo que se impuso durante la guerra civil y que duró más de treinta años.

La posibilidad para los bancos de disponer de amplias carteras de acciones que les sitúen en posiciones

dominantes en numerosas empresas es, contrariamente a lo que se puede pensar, una rémora para el banco

y para aquellas industrias, por lo menos en muchos casos.

Para el banco es una rémora porque se encuentra obligado, sobre todo en momentos de crisis, a sostener a

«sus» empresas, no pocas veces en contra de «sus» intereses financieros. Para las industrias, porque la

banca es un mal empresario. No delega, en general, a «sus» empresas sus mejores hombres ni dedica a

aquellas empresas siempre la atención suficiente. Además crea en las empresas afectadas un falso

sentimiento de seguridad.

El segundo defecto del sistema financiero reside en los coeficientes legales de inversión obligatoria en los

circuitos privilegiados del crédito oficial; que alcanza hoy día el 22,5 % de los recursos de la banca

privada y el 56% de los recursos de las cajas de ahorro.

Estos depósitos se invierten con rendimientos situados entre un 4,5% y un 6%, con un interés negativo del

10% en relación con una inflación del 16%. Representan una pérdida importante para los bancos y cajas

de ahorro. Así, la diferencia entre lo que pierde el banco con sus inversiones obligadas en las entidades

oficiales de crédito lo tiene que pagar alguien, y lo pagan los sectores industriales que no se benefician del

crédito oficial. El banco tiene que rehacerse de estas pérdidas, pasando la cuenta a sus clientes. Lo pagan

las empresas privadas, por una parte, y los ahorristas, por otra. Difícilmente el banco, en sus operaciones

pasivas, puede pagar unos intereses superiores al rendimiento medio de sus inversiones. Con lo cual el

banco, como la caja de ahorros, paga al ahorrista, al depositarle en cuentas, un interés también negativo;

es decir, le impone un impuesto sobre el capital.

Si el uso del crédito oficial fuese intachable, si la financiación a fondo perdido de ciertas empresas

públicas o privadas fuese justificable y justificado, el sistema sería criticable por su metodología, pero

quizá justificable por su finalidad. ¿Pero es este el caso?

¿Cuánta financiación a fondo perdido realizan de hecho las E. O. C.? Nos gustaría saberlo. Y en cuanto a

metodología, será más eficaz económicamente introducir en las recaudaciones fiscales aquel «impuesto

sobre el capital del ahorrista» y luego que salgan del presupuesto del Estado aquellas inversiones a fondo

perdido, que pueden ser necesarias para el desarrollo de nuestra economía o para finalidades sociales. Así,

el mecanismo financiero podría funcionar con claridad, proporcionando créditos más baratos para la

industria o intereses menos injustos a los ahorristas; esto permitiría analizar, orientar el flujo financiero

con claridad y de manera más idónea.

No aparece en el Plan del Gobierno ningún cálculo sobre en qué forma se podrían modificar los

coeficientes de inversión obligatoria, salvo que se afirma en principio una reducción anual del 1,2%; es

decir, que un plazo de veinte años para la banca y medio siglo para las cajas pretende resolver este

problema. ¿Es idóneo este plazo?

Las rigideces empresariales

Las rigideces empresariales y, entre ellas, la necesidad de idear una fórmula para disminuir las cargas

salariales y dar flexibilización a las plantillas, son fórmulas imprescindibles si se quieren subsanar las

rigideces actuales, que condenan a la empresa en crisis a continuar hasta la quiebra con el despido total de

la plantilla y condenan, por tanto, al Estado a aceptar moratorias fiscales, moratorias de Seguridad Social

y, por fin, a establecer unas UVI para aquellas empresas que no pueden cerrar por el escándalo o por el

problema humano que crearían.

Pero ¿cómo disminuir las cargas salariales si no se reforma totalmente la financiación de la Seguridad

Social? Y ¿cómo hablar de flexibilización de plantillas, insistiendo el nuevo plan, sobre todo, sobre la

reducción de la carga del seguro de desempleo?

Un amplio seguro de desempleo es precisamente la condición misma de aquella otra reforma.

Hablar, además, de estímulos fiscales a la inversión es realmente institucionalizar para ciertas empresas la

moratoria fiscal y subvencionar directamente, desde el presupuesto, a aquellas empresas que invierten

bajo esta futura ley de estímulo fiscal. Tiene este sistema todos los defectos posibles y ninguna de las

ventajas de otras metodologías. El método de la subvención fiscal hace, en particular, invisible esta

directa subvención desde el presupuesto, porque la subvención no aparece precisamente en este

presupuesto y, por tanto, no es visible ni controlable. Reduce además la recaudación del Estado e impide,

por tanto, otras actuaciones presupuestarias, quizá más urgentes o más eficaces. Por otra parte, la reforma

del sistema financiero, la posibilidad de una amortización acelerada y una eficaz utilización del crédito

oficial pueden ser mucho más potentes, y además flexibles, para potenciar el desarrollo industrial.

Después de estas consideraciones, vemos hasta qué punto el plan propuesto adolece de un análisis en

profundidad de las problemáticas, y no nos dice en cifras cómo, a qué ritmo y a qué precio podría real-

mente el presupuesto en los años venideros financiar la Seguridad Social, el seguro de desempleo y, en su

caso, un sistema de amortización acelerado.

El presupuesto del Estado, parte esencial del Plan

Sin detenerme en todos los aspectos que el Plan hubiese debido considerar —como son la transformación

progresiva del minifundismo industrial, la rentabilización de ciertas empresas nacionales, la reforma del

sistema comercial, la potenciación de nuestro mercado internacional y el fundamental desarrollo de

nuestra agricultura, etcétera...—, me limitaré a considerar el gasto público.

Todas las reformas estructurales necesarias van a suponer una transferencia de cargas y de ingreso al

presupuesto. El presupuesto tendrá que hacerse cargo, a la larga, de la financiación de la E. O. C., de la

Seguridad Social, del seguro de desempleo, del coste fiscal de unas medidas como las de regularización

de balance o de amortización acelerada. Todas aquellas cargas se deben y pueden calcular, ver en qué

plazo de tiempo y bajo qué presión fiscal se pueden realizar.

Un plan serio, hoy día, debe considerar la evolución del gasto público para los cinco próximos años. Un

plan económico no puede existir sin su expresión en el presupuesto del Estado, o, si se quiere hablar en

términos de mayor amplitud, en el gasto público, pues aquel presupuesto y aquel gasto público será, en la

práctica y por necesidad, el principal soporte de la reforma.

Diálogo democrático y plan

En conclusión, quiero también subrayar que ningún plan, ni el mejor planteado, tendrá éxito si no se ha

estudiado y discutido con las partes que deben realizarlo, o mejor dicho, vivirlo. No podrá haber plan bien

estudiado si los sectores financieros, si la patronal y los sindicatos, no están totalmente implicados en la

preparación, gestión y desarrollo del mismo. Esta convicción personal no es solamente el fruto de la

convicción de que la democracia empieza por el diálogo y que la democracia económica empieza por el

diálogo económico; es también el fruto de la observación de la realidad. El hombre, como la sociedad,

solamente se siente responsable si está implicado en la responsabilidad, en la búsqueda, en la creación de

las soluciones. No se siente responsable nadie si se le impone una solución, por muy buena que sea. No

existe prosperidad ni en un Estado ni en una empresa si no existe comunicación, comprensión y diálogo

entre los implicados en el proceso productivo, en la «cosa común».

Para ello es necesario crear unos instrumentos de diálogo, no solamente dentro de las empresas, sino a

nivel del Estado, y este instrumento que propusimos hace tiempo es la Cámara Económica y Social.

Una propuesta: la Cámara Económica y Social

La Cámara Económica y Social, organismo de diálogo institucionalizado entre la patronal (todas las

patronales), sindicatos (todos los sindicatos) y Administración (todos los sectores de la administración

económica), es el instrumento fundamental para la construcción de un plan serio, para su evolución y su

aceptación por los sectores implicados. Ni las patronales ni los sindicatos son enemigos del Estado; sí son

enemigos de que se impongan desde el Estado soluciones desacertadas o inaceptables o simplemente

incomprensibles, por faltarles la necesaria claridad. Creemos que si el Plan Económico del Gobierno no

corresponde ni a los intereses de la patronal ni a los intereses de la clase trabajadora, es decir, al interés

común, es fundamentalmente porque el Estado no cuenta con este instrumento imprescindible para

construir un plan moderno, eficaz y aceptable para todos: una Cámara Económica y Social.

En resumen, el Plan Económico del Gobierno es aceptable bajo la perspectiva de unas «intenciones» del

Gobierno, pero es también criticable. Criticable, en primer lugar, por su metodología: no ha sido el fruto

de un diálogo serio entre todas las partes implicadas en la vida económica. Criticable, en segundo lugar,

por su contenido: le falta el estudio cuantitativo, cifrado de las grandes reformas necesarias.

Por eso decimos que no es un plan económico. Como el plan económico actual es un simple

planteamiento coyuntural, el nuevo presupuesto del Estado no es más que un presupuesto de coyuntura.

Por eso decimos: no hay un plan económico del Gobierno, sino un simple planteamiento coyuntural.

 

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