Autor: Fernández de la Mora y Mon, Gonzalo. 
   Dilatando la transición     
 
 ABC.    23/02/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

ABC

EDITADO POR PRENSA ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MADRID

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES: SERRANO, 61 - MADRID

FUNDADO EN 1905 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

DILATANDO LA TRANSICIÓN

ESTOS son los principales tópicos cone-xos: "periodo de transición", "Gobierno de transición", "las

dificultades de la transición" y "superar la transición". ¿Cuál es la realidad subyacente a estas

habituales expresiones?

Transición es el paso de un modo de ser a otro distinto. Nuestra inevitable transición política era

la del caudillaje a la Monarquía, como consecuencia de la desaparición de un hombre, perecedero por

naturaleza. Ese paso se efectuó entre las horas que separaron la muerte de Franco y la jura del Rey.

Los mecanismos constitucionales funcionaron impecablemente. Como todo estaba atado, y bien atado, no

se manifestó ningún vacío legal ni personal. La nación, en una paz absoluta, acató con cívica

ejemplaridad el automatismo de las instituciones. Esta transición, que tarde o temprano tenia que

producirse, se cumplió con celeridad y a la perfección. ¿De qué transición se habla tanto ahora? De

otra que no era físicamente inevitable; la sustitución del sistema de las Leyes Fundamentales entonces

vigentes por otro distinto.

El primer Gobierno de la Corona se encontró ante cuatro opciones: el inmovilismo, la evolución

homogénea, la reforma y la ruptura. Lo primero equivalía a la cristalización de la Constitución, y no

hubiera supuesto ninguna transición. Lo segundo hubiera significado la evolución de las Leyes

Fundamentales según su lógica interna, que es lo que había acontecido durante décadas, y que no

implicaba transición, sino maduración y actualización. Lo tercero, sí abría un periodo de transición

para dar lugar al reemplazo de ciertas instituciones recibidas; pero dentro de la legalidad de todos

los resortes del Estado. La cuarta era una transición con expreso repudio de la legitimidad de

poderes tan vertebrales como las Cortes. El primer Gobierno optó por la reforma y abrió voluntariamente

una etapa de transición.

El proyecto constitucional de Arias fue discutido por el Consejo Nacional, en julio de 1976, y podía

haber sido sometido a referéndum en agosto del mismo año. Esta reforma nonnata era completa, puesto

que, mediante la modificación de numerosos artículos de las Leyes Fundamentales, dotaba al Estado de

una Constitución diferente, pero cabal. El periodo transitorio hubiera sido, pues, relativamente

breve. Pero el proyecto fue retirado por el segundo Gobierno de la Monarquía, el cual inició un nuevo

proceso de reforma que, de entrada, prolongó la etapa de transición casi seis meses más, es decir,

hasta la aprobación del referéndum el pasado mes de diciembre. Si la decisión del primer Gobierno creó

una transición de medio año, el segundo empezó duplicando el plazo.

Pero la ley aprobada no es una reforma plena, sino un expediente temporal para que unas Cortes

designadas por sufragio universal elaboren la nueva Constitución. De este modo, la transición se ha

alargado otra vez. ¿Hasta cuándo? Ello dependerá de muchos factores, pero cabe aventurar cálculos. Las

elecciones podían haber sido convocadas inmediatamente, pero se ha preferido desplazarlas, según parece,

al mes de junio. En tal caso, el periodo transitorio se habrá prolongado otro medio año, el que va desde

el referéndum hasta la confrontación electoral.

Suponiendo que la votación se celebre en junio, las nuevas Cortes se constituirían en julio, y entonces

iniciarían los trabajos de la sustantiva reforma constitucional. ¿La llevarán a efecto en sólo tres

meses? Después habría que celebrar el referéndum, lo que nos situaría a finales de 1977. Lo normal es

que, entonces, se disuelva la Cámara y se convoquen nuevas elecciones generales para, de acuerdo con

la flamante Constitución, nombrar unas Cortes que asuman la normal potestad legislativa en el nuevo

contexto institucional. En tal caso, las urnas difícilmente podrían disponerse antes de abril de 1978

para dar lugar a la definitiva campaña electoral. Los diputados —y los senadores, si los hubiere—

podrían jurar en mayo y dar su confianza a un Gabinete concorde con la mayoría. Entonces habría

concluido el período de transición, o sea, en torno a junio de 1978.

En suma, la transición inevitable se cumplió impecablemente en unas horas; y a la creada transición

reformista, que se pudo efectuar en seis meses, se le están añadiendo dos años más.

La diferida tramitación adoptada no parece oportuna por dos razones principales. Una es que en la

vida de los pueblos los prolongados paréntesis constituyentes son vitandos, porque impiden gobernar

eficazmente y con perspectiva, ya que la limitación del plazo disponible y la fragilidad de la

«auctoritas» no permiten tomar medidas sistemáticas y enérgicas, sobre todo, si su eventual

impopularidad puede afectar el resultado de los subsiguientes comicios. La segunda razón es que el

estiramiento de la transición se ha efectuado en España en una etapa en que la gravedad de la crisis

socioeconómica requiere una actuación urgente y profunda. La demora de un plan puede deteriorar

tanto la situación laboral, industrial y financiera, que el proceso de reforma constitucional sea

negativamente afectado y que, en el caso de consumarse, sitúe al futuro Gobierno ante problemas de

una multiplicada dificultad y en una coyuntura arduamente reversible.

Lo definitorio de estos turbados tiempos españoles no ha sido tanto la transición inevitable del

caudillaje a la Monarquía cuanto la transición creada por el deseo de cambiar el Estado, y sobre

todo por los sucesivos retrasos de los diferentes trámites y por la introducción de ese dilatorio

mecanismo intermedio que son las Cortes constituyentes. Así es cómo una imperativa transición de

horas se está convirtiendo en una voluntaria que probablemente se acercará a los dos años y medio.

En el pasado mes de enero España se ha endeudado con el exterior en cuatrocientos veinte millones

de dólares, es decir, en casi mil millones de pesetas diarias, batiendo una marca occidental de

déficit en la balanza de pagos. ¿Podremos soportar esta sangría hasta junio del año próximo? Y,

en todo caso, ¿cuál será el coste social de tal aplazamiento?

Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA 

< Volver