Autor: Torres Boursault, Leopoldo. 
   Frente a golpismo, Constitución     
 
 El País.    21/08/1981.  Página: 7,8. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

8/OPINIÓN

EL PAÍS, viernes 21 de agosto de 1981

Frente a golpismo. Constitución

LEOPOLDO TORRES BOURSAULT

Cuando parece que van aliviándose los traumas del 23-F, gracias en gran medida a

los medios de comunicación y a pesar de las permanentes operaciones

desestabilizadoras de variado origen, pudiera ser ocasión adecuada para sentar

algunas ideas que guardan relación con un tema importante, a mi juicio no

suficientemente analizado en los últimos meses. Me refiero a la subordinación de

las Fuerzas Armadas y de Seguridad al poder civil, tanto en tiempo de paz como

en tiempo de guerra, y a la definición de las condiciones en que se pueda

producir, en los términos de la Constitución, un relevo provisional y limitado

en la asunción de determinadas responsabilidades por parte de las Fuerzas

Armadas.

A raíz del esperpéntico asalto al Congreso de los, Diputados se ha repetido con

exceso en determinados ambientes de cobertura al golpe que la intentona había

sido inoportuna, injustificada, precipitada ., como si hubiera ocasiones en que

el atentado máximo contra la Constitución y su sustitución por un bando de

guerra qué no otra era la alternativa de aquellas horas— pudiera ser oportuno,

justificado o legítimo en los términos de la propia Constitución Por otra parte,

resulta muy evidente que la invocación al espíritu o a los valores del 18 de

Julio para legitimar cualquier veleidad golpista ha quedado arrinconada, salvo

para insignificantes minorías de nostálgicos valedores del régimen franquista.

Les resulta a éstos más operativa ¡a intoxicación del supuesto vacío de poder o

magnificar cualquier valoración apocalíptica sobre la actual crisis de sociedad,

con pretensiones de descalificación global del sistema de libertades, realizada

a veces desde tribunas oficiales e incluso en nombre o representación del Rey,

sin que se adopten, por cierto, las medidas que la prudencia política y el

sentido común dictarían para evitar la repetición de tales desatinos.

Se pretende, en definitiva, en un acoso permanente a la democracia, crear el

estado de opinión adecuado para que la ciudadanía llegue a desear, o simplemente

a esperar, la intervención —militar, por supuesto que restablezca o imponga el

"orden". Afortunadamente, el eco de estos llamamientos es escaso y, sobre todo

después del 23-F, cada día mayor la capacidad de resistencia de la opinión

pública, entre la que debe incluirse a los militares profesionales como miembros

indiscriminados de la colectividad, frente a cualquier regresión hacia algo

mucho peor que los rapados de cabeza y el aceite de., ricino. Y es que la

identificación entre Fuerzas Armadas y pueblo no sólo se deriva de un compromiso

de honor con el sistema de libertades y derechos de la Constitución, sino

también de una convicción profunda sobre las consecuencias de un respaldo

abrumadoramente mayoritario a la ley Fundamental. A este objetivo contribuyen

muy positivamente artículos como los del capitán Silva Vidal y otros, a pesar de

las dificultades que en ocasiones se les han puesto.

El ámbito propio de lo militar en el juego de pesos y contrapesos de nuestra

democracia parlamentaria viene establecido casi en el pórtico de la

Constitución, concretamente en su artículo 8,1: "Las Fueras Armadas,

constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen

como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su

integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Quiere esto decir que

la misión de las Fuerzas Armadas es la citada, estrictamente la citada, ni un

ápice más ni un ápice menos, ejercida bajo el mando supremo del Rey y la

dirección política del Gobierno. No le corresponden, pues, en tiempo de paz,

otras misiones o funciones atribuidas a distintas instituciones o poderes del

Estado, tales como ejercer la potestad legislativa, sancionar y promulgar leyes,

convocar o disolver las Cortes Generales, proponer, nombrar o cesar al jefe del

Gobierno, dirigir la política interior y exterior del Estado...

Pero ni siquiera en tiempo de guerra tienen las Fuerzas Armadas y de Seguridad

otras funciones que las que expresamente les atribuye la ley sobre estados de

alarma, excepción y sitio, dictada en desarrollo del artículo 116 de la

Constitución para supuestos de anormalidad máxima, frente al enemigo exterior, o

la puesta en riesgo del sistema político en su conjunto. Y aun así, conviene

resaltar que ni siquiera en estos supuestos tienen las. Fuerzas Armadas, ni

nadie que legítimamente pretenda su representación a tal fin, capacidad para

valorar el momento y la ocasión en que se dan las condiciones legitimadoras de

una intervención en la vida política del país. Como acertadamente decía el juez

Antonio Carretero en una reciente entrevista: ". . el Ejército siempre tiene que

obedecer las pautas constitucionales. No está la Constitución sometida al

Ejército, sino el Ejército y su actuación sometidos a los poderes que la

Constitución establece. Por consiguiente, no existe ninguna norma, dentro de las

leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y de las Ordenanzas Militares, que le

permitan adoptar una decisión propia. El Ejército como tal no puede... ser jamás

una instancia de decisiones espontáneas, que le permita dar un golpe o intentar

cambiar la situación siempre que se esté en desacuerdo con una forma de actuar

política" (EL PAÍS, 3 de mayo de 1981). O, como acaba de decir el general Salas

Larrazábal, ese desacuerdo solamente puede manifestarse cambiando el sentido del

voto en las siguientes elecciones generales.

Recordemos que, en los términos de la ley de 1 de junio de 1981, cuando se

produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la

soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento

constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno podrá

proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio, y será

el Parlamento quien determine si procede o no y cuál es su ámbito territorial,

duración y condiciones, todo ello sin interrumpir el normal funcionamiento de

los poderes constitucionales del Estado. Declarado el estado de sitio, el

Gobierno, que sigue dirigiendo la politica militar y de la defensa, designa la

autoridad militar que bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que

procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera, y las autoridades

civiles continuarán en el ejercicio de las facultades que no hayan sido

conferidas a la autoridad militar.

Del texto en cuestión se desprenden las condiciones del único supuesto de

intervención militar legítima que nuestro sistema político contempla, para

circunstancias extraordinarias, con-carácter limitado y provisional, en los

términos de la autorización concedida por la representación de la soberanía

nacional, bajo la dirección política del Gobierno y sin interrumpir el normal

funcionamiento de los poderes constitucionales, incluida la función de control

parlamentario sobre los actos del Ejecutivo.

Por consiguiente, no existe intervención-armada legítima fuera de la

Constitución, menos aún contra la Constitución: absurdo sería que ésta previera

los supuestos de ataque "justificado" contra ella. Aunque a estas alturas sea ya

una obviedad, conviene insistir en que un Estado de derecho se rige por el

imperio de la ley y que por definición, siendo su origen democrático, ésta se

impone a todos, sin que tenga

consecuencia externa alguna el mayor o menor grado de adhesión que se le preste.

Así, la obediencia a los superiores, consustancial al buen funcionamiento de los

Ejércitos, tiene, no obstante, sus limitaciones en las propias Reales Ordenanzas

y en el Código de Justicia Militar: el acatamiento a la Constitución.

Y si bien es cierto que no serán suficientes las leyes, sea cual sea su rango,

para quebrar la tradición intervencionista de nuestro país, que hace al Ejército

protagonista destacado de nuestros doscientos últimos años de historia, tampoco

se puede cometer la ingenuidad de olvidar que, en una institución que se rige

por arraigados principios de autoridad y subordinación, no siempre se han sabido

ejercer adecuadamente desde el Gobierno, hasta el punto de imponerlos en caso

necesario, pero sin caer en el autoritarismo ni en su extremo opuesto, la

debilidad, pues ni aquél ni ésta sirven para exigir respeto a las instituciones,

primera garantía de la paz civil.

Leopoldo Torres Boursault es diputado del PSOE por Guadalajara y secretario

segundo del Congreso de los Diputados.

 

< Volver