23-F: Sentencia definitiva. 
 La condena de Armada como cabeza de rebelión, punto fundamental  :   
 Su comportamiento, calificado de maquiavélico. 
 ABC.    29/04/1983.  Página: 2-5. Páginas: 4. Párrafos: 35. 

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23-F: SENTENCIA DEFINITIVA

VIERNES 29-4-83

La condena de Armada como cabeza de rebelión, punto fundamental

Su comportamiento, calificado de «maquiavélico»

Madrid

Minutos de las diez y media de la mañana de ayer comenzó Ja audiencia pública

para la lectura de la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo

en los recursos de casación interpuestos por el ministerio fiscal y (as

representaciones de varios de los procesados en la causa instruida por rebelión

militar con motivo de ios sucesos del 23 de febrero de 1981.

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo se vio inmediatamente repleto de

público, con asistencia de numerosos representantes de tos medios de

comunicación españoles y extranjeros. Las cámaras de TVE y los micrófonos de

varias emisoras de radio transmitían, por primera vez en directo, una sesión del

Palacio de Justicia, La decisión de notificar el escrito de la sentencia

simultáneamente a las partes y a los medros de información —otra novedad en los

tradicionales hábitos judiciales— se hizo por expreso deseo del Tribunal.

Constituida la Sala bajo la presidencia de Fernando Díaz Palos, el ponente Luis

Vivas Marzal, cor) la venia del presidente, dio lectura a la parte dispositiva

de la primera sentencia de casación en que, desestimando los recursos de los

procesados, se estima parcialmente el del ministerio fiscal.

Consideraciones jurídicas

Posteriormente se daría lectura al falto, que la Sala Segunda del Tribunal

Supremo ha fundamentado en las siguientes consideraciones jurídicas, que

ofrecemos extractadas:

Teniente general Miláns de! Bosch.—No ha habido quebrantamiento de forma, por

cuanto dada ta evidencia de la actuación de! procesado, las declaraciones

testificales propuestas no ofrecían interés esencia); la denegación de careos —

entre el procesado y Armada— es potestativa del Tribunal y, por tanto, no puede

ser revisable en casación, y no existen tas contradicciones pretendidas en el

relato de hechos probados.

El delito de rebelión militar se consuma en cuanto se produce el alzamiento en

armas, aunque no se consigan sus objetivos ni haya violencia —hay ejemplos de

esto en la historia de España—, que por otra parte, no puede predecirse que no

la haya, con derramamiento de sangre. Los planes relatados en la sentencia de ía

jurisdicción militar, aunque debían ejercitarse en lugares distintos, obedecían

a una resolución única y común de los conjurados, los cuales responden de la

totalidad de su comisión, aunque cada uno desempeñará un cometido diferente, por

lo que es vana la pretensión de aislar sus acciones como si no tuvieran relación

entre sí. Miláns del Bosch tomó parte directa, material y personal en la

rebelión, siendo, por ello, autor, sin que la exculpe el «vacío de poder», que

no existió sino como pretexto, además de que declarar el estado de excepción

corresponde legalmente sólo al Gobierno. Miláns fue cabeza de la rebelión y

beneficiario, si hubiera prosperado, como jefe militar, mientras Armada lo fue

político.

Tampoco se infringió el principio de igualdad legal del artículo 14 de la

Constitución, con cuya invocación se pretende involucrar a los militares que no

pusieron todos los medios a su alcance para contener la rebellón. Para esta

pretensión acusatoria no están legitimados tos procesados; el Tribunal Supremo

no puede enjuiciar conductas no encausadas, pero «de pasada» destaca que las

autoridades fieles hicieron lo posible para no adoptar medidas de fuerza que

podrían haber sido mortales.

La obediencia debida, excluida legalmente cuando se trate de acciones

manifiestamente contrarias a las leyes y usos de la guerra o delictivas en

particular contra la Constitución, no puede estimarse en Miláns del Bosch, que

no obedecía órdenes de superior ni podía creer que las hubiera recibido, pues el

«impulso regio» tan invocado es un alegato en-mascarador del que no hay rastro

en los hechos probados.

Respecto al estado de necesidad establece la sentencia que cuando no se han

agotado las vías legítimas para la salvación del bien amenazado o se recurre a

un medio innecesariamente perjudicial, no puede apreciarse aquel estado como

absoluto. En este caso no consta el mal efectivo, real, actual o inminente e

inaplazable que tos conjurados temían y que fuera preciso evitar, aboliendo nada

menos que el sistema democrático y la Constitución, con un Gobierno presidido

por Armada en sustitución del legítimo En todo caso podría concederse que

actuaran contra el terrorismo y el separatismo, pero no aprovechar ¡a coyuntura

para atacar a las instituciones fundamentales y a fa Constitución, que no eran

responsables del estado de cosas insufribles para los acusados.

La presunción de inocencia de la Constitución no priva a los Tribunales de la

facultad de apreciar en conciencia las pruebas, y en este caso existe el

necesario mínimo de actividad probatoria exigible y más aún pruebas públicas y

notorias de la actuación de Miláns del Bosch

Finalmente, ta pena de treinta años no es excesiva, pues sustituye como única e

indivisible a la muerte, haya o no agravantes o atenuantes.

Coronel Ibáñez inglés. Rechaza en cuanto a este procesado fas motivaciones

coincidentes con las de Miláns del Bosch. En su caso específico, señala que

participó activamente en eI alzamiento redactando el bando de Miláns, cuyas

órdenes obedeció sabiendo que eran delictivas y por ello no debió obedecerlas,

por lo que no puede alegar obediencia debida ni siquiera por error, puesto que

sabía, como se dice, su carácter ilícito.

General Armada. Tampoco en el relato de hechos que afectan al general Armada

puede verse la oscuridad o contradicción que pretende su recurso de forma,

habida cuenta de que las posibles lagunas no afectan a lo sustancial y se debe a

la circunstancia de tratarse de episodios entre dos o tres personas acaecidos en

el secreto celosamente guardado por ellas, y en todo caso la falsedad o error de

los hechos probados debe acreditarse por recurso de infracción de ley y no por

quebrantamiento de forma. Y afirma: «Lo que qué verdaderamente contradictorio y

maquiavélico es el comportamiento del general Armada a lo largo de la dinámica

comisiva »

Basta leer el relato de hechos probados

El Tribunal Supremo modificó sustancialmente las penas impuestas en el juicio de

Campamento

para comprender que Miláns, Torres Rojas, Armada, Ibáñez inglés, Tejero, Mas

Oliver, Garcia Carres, San Martín y Pardo Zancada se concertaron firmemente para

ejecutor un delito de rebelion militar, lo planearon cuidadosamente y decidieron

ejecutarlo. Siempre se halla el nombre de Armada y de su presencia. Por lo cual

se debe desestimar la pretendida aplicación indebida del artículo 291 y la

inaplicación del 192 del Código de Justicia Militar.

El general Armada, en contraste con Tejero, asumió una postura y unas maneras

tortuosas y sinuosas, constitutivas de un doble juego: si triunfa la rebelión,

él será el nuevo presidente del Gobierno que sustituya al legítimo; si fracasa,

será el benefactor que llevó la propuesta u ofrecimiento de un avión para los

rebeldes y que, finalmente, logre la rendición, pero pese a ese disimulo lo

cierto es que su nombre es citado como pieza clave y decisiva para que

aprovechándose de su ascendiente sobre el Rey, presentarle los hechos consumados

y, convencida la Corona, impartir órdenes a los lugares donde fuera necesario.

Armada rebasó ampliamente la tase de conspiración entrando en la de ejecución,

que unas veces se frustró y otras se consumó en lo que a su actuación personal

concernía, pero habiéndose perfeccionado el delito responde solidanarnente como

autor con el carácter de Jefe o cabeza de !a rebelión, de la que. además, era ei

principal beneficiario.

General Torres Rojas. Rechazados los motivos de casación de esta procesado,

acoge, al estudiar los del ministerio fiscal respecto al mismo, considerándole

autor solano de todo lo sucedido, según el artículo 288, párrafo 2.°, del Código

de Justicia Militar, pues plenamente identificado con los móviles de los

rebeldes, se adhirió a la rebelión con actos inequívocos de impulso, estímulo,

ayuda y sostén.

Coronel San Martín. Aunque no participó desde el primer momento en los planes de

los insurgentes, cuando tos conoció se adhirió a ellos en plan cooperador;

adoptó una actitud duplice como la de Armada, debiéndose calificar su conducta

por más que en los momentos agónicos de la rebelión se revistiera con la capa de

legalidad e hipócritamente pretendiera llevar a la buena senda a Pardo Zancada,

cuya acción no trató de impedir, como constitutiva de adhesión a la rebelión del

párrafo 2.° del artículo 288, aunque más correcto sen´a aplicar el 1.°, pero no

puede hacerse por los términos del recurso del ministerio fiscal.

Coronel Manchado. Su pusilanimidad contrasta con el carácter de Tejero y,

gracias a la intervención de Abad y Gómez Iglesias que corroboraron lo dicho por

Tejero, suministró tos hombres v material que éste te había pedido, auxiliando

al levantamiento aunque no estuviera identificado con él. No puede alegar

obediencia debida a un inferior jerárquico como Tejero que, además, dados sus

antecedentes no era la persona más fiable para transmitir órdenes de la

Dirección de la Guardia Civil. Su conducta, como estima el ministro fiscal, es

de adhesión a la rebelión, según el artículo 288, párrafo 2.°, del Código de

Justicia Militar.

Se rechaza el estado de necesidad y la obediencia debida

Teniente coronel Tejero. Se rechaza su curso en cuanto a la denegación de

diligencia de prueba, siendo, además, notoria y pública su intervención en los

hechos incriminádos, sin que quepa la obediencia debida a quienes no eran

superiores jerárquicos suyos del estado de necesidad. La comisión de un delito

de rebelión militar es patente en su actitud de rebeldía recalcitrante que sólo

cedió ante el fracaso y la falta de eco en otras guarnciones y estamentos.

Comandante Pardo Zancada. Fue autor material, personal y directo de un delito de

rebelión militar comprendido en los artículos 6 y siguientes del Código de

Justicia Militar, pues por dos veces, ya que su tenacidad ánimo subversivo eran

inagotables, se alzó armas contra la Constitución e instituciones fundamentales,

aunque no obtuviera los planes propuestos Teniente coronel Mas Oliver.

Ayudante campo de Miláns del Bosch, de quien fue portavoz con otros implicados,

concretamente rdo Zancada Consciente de lo fraguado desempeñó sus funciones de

ayudante, alzandose con Miláns y prestándole auxilio como tal Su conducta rebasa

la conspiración la entrar en la fase ejecutiva con actos de debida, cooperación

y sostén, por lo que incide en el artículo 288, párrafo 2.°, del mismo Código.

Capitán Abad. No ha incurrido en quebrantamiento de forma la sentencia respecto

a él. Obedeciendo órdenes de un superior en grado pero no jerárquico y que no le

competían, que eran ilícitas, fue ejecutor de rebelión militar del artículo 286.

No concurrió el arrebato u obcecación porque tuvo tiempo para decidir si debía o

no secundar a Tejero y calmarse y serenarse y reflexionar aquella noche. Tampoco

costa que reparara o disminuyera los efectos del delito ni confesara

oportunamente la infracción cometida ni que se encontrara arrepentido por lo que

había hecho Finalmente, tampoco puede apreciársele que fuera objeto de abuso de

autoridad se alzó en armas porque quiso y a sabiendas de su ilicitud.

Capitán Muñecas. Sostiene que se trató de una rebelión sin armas, incruenta, lo

que se desmiente por los hechos notorios: todos llevaban armas y se dispararon

Capitán Gómez Iglesias. Miembro del CESID, identificado por los móviles de los

rebeldes, los impuso, estimuló y ayudó contribuyendo a que Manchado les

facilitare armas, vehículos y hombres. Está incurso, por influencia

trascendental en los hechos, en el artículo 289.

Capitán de navio Menéndez Vives. Su conducta «más parece fruto de extravagancia,

de mal entendida amistad y de insomnio que de identificación con los móviles de

los rebeldes». No hizo nada de provecho para éstos, pudiendo suprimirse in mente

su presencia sin que se tambaleara la firmeza de los rebeldes.

Por ello, no procede estimar el recurso del fiscal.

García Carrés. No tomó parte en el alzamiento por impedirlo la intolerancia

castrense de Miláns del Bosch; sólo animó por teléfono a Tejero engañándole con

la llegada de refuerzos, pero eso no es bastante para incluirle, como pretende

el fiscal, en el artículo 288 del Código Militar Destaca la sentencia la

especial y vejatoria situación penitenciaria que soportó por su condición de

civil Capitán Alvarez Arenas.

La rebaja de pena acordada por el Consejo de Justicia Militar a este procesado

es correcta —de doce años y un día a treinta años—, a tres años. Este procesado

se sumó a los rebeldes cuando la rebelión ya había virtualmente terminado por lo

que su conducta tuvo más bien carácter testimonial.

Capitán Pascual Gálvez.

Voluntario en el destacamento de Pardo Zancada, reforzó a los primitivos del

Congreso Por las mismas razones que en los demás se rechaza su recurso.

Concepto parcial de la patria

No se ha apreciado ningún tipo de móvil altruista o patriótico

La sentencia del Supremo rechaza, como pedía el ministerio fiscal, el móvil

altruista o patriótico, cuya naturaleza jurídica analiza en los siguientes

términos: Móviles morales son los que se ajustan a los dictados y exigencias de

la ética social vigente en el momento del hecho, altruistas —el altruismo ha

sido definido como «una especie de candad fría»—, los que persiguen el bien

ajeno de modo desinteresado, sin beneficio propio e incluso a costa de éste,

pero según declaración constante de este Tribunal para evitar que prevalezca la

tesis legendaria del bandido generoso, o la jovellanista del delincuente

honrado, la conducta debe tener favorable repercusión en el ámbito comunitario;

y se entiende por móviles patrióticos los no inspirados en motivaciones

partidistas o de ideología política exacerbada, sino los evocados por el

concepto de patria en cuya valoración comdicen y confluyen todas las tendencias

y opiniones. No se albergan dentro del patriotismo, las conductas y opiniones

individuales no por todos compartidas; teniendo que ser dichos móviles de

importancia, esto es, de trascendencia real, capitales o fundamentales, así como

patentes o notorios, añadiéndose finalmente la nota de proporcionalidad con el

delito de que se trate, de tal modo que si el resultado punible es excesivo y

desmesurado sin que guarde ecuación o correlación con las especiales

representaciones del sujeto activo, la atenuante no debe aplicarse.

En el comportamiento de los encausados no se aprecia la existencia anímica de

unos móviles morales, puesto que la subversión del orden político establecido,

la rebelión contra las autoridades constituidas, el derrocamiento del Gobierno

legítimo, el secuestro de los miembros del Congreso y de los del Gobierno, el

encauzamiento de la democracia —entiéndase, sin eufemismos, supresón de la

misma— y la derogación de las libertades política y sindical, no responden a los

dictados de la ética, entendida como la ética social del entorno comunitario,

donde la mayoría del pueblo español ha optado repetidamente por un régimen

plunpartidista, con órganos representativos elegidos mediante sufragio universal

en el marco de una Monarquía hereditaria y constitucional, donde se respeten los

derechos individuales de la persona reconocidos por las leyes, con libertad de

creación de partidos políticos y de asociación sindical; tampoco son

perceptibles los móviles altruistas en algunos de los acusados porque el triunfo

del alzamiento debía repercutir en su favor, siendo los beneficiarios del mismo,

mientras que, en los demás, se echa de menos la repercusión favorable de su

conducta en el ámbito social, y, en lo que respecta a los móviles patrióticos,

por todos es conocida la reverencia y el culto al amor a la patria que se

tributa, a ésta, dentro del estamento militar, donde los símbolos de la misma se

juran y veneran, prometiendo defender la bandera de España hasta la última gota

de sangre; pero este sentimiento, que también es compartido por los españoles

bien nacidos, no concuerda plenamente con lo exigido por este Tribunal a la hora

de interpretar lo que significan dichos móviles, puesto que es indispensable que

la conducta delictiva obedezca a una motivaciones inspiradas en el concepto de

patria, en el que coincidan todas las ideologías y partidos, no bastando, para

la atenuación, con haber procedido guiados por unos móviles pseudopatnóticos

fundados exclusivamente en un concepto parcial de la patria, la que no se

comprende ni ama si no es con una forma de Gobierno determinada y con una

administración territorial que sea la personalmente querida por los

delincuentes.

El Gobierno niega presiones sobre el poder judicial

El Gobierno ha negado rotundamente que haya habido presiones del Ejecutivo sobre

el poder judicial, en relación con la sentencia del 23-F En un comunicado de la

Oficina del portavoz del Gobierno, el Gabinete rechaza tajantemente las

acusaciones de que han existido presiones sobre los Tribunales Considera que

este tipo de acusaciones «suponen una grave falta de respeto al poder judicial,

al poder ejecutivo y al conjunto de las instituciones democráticas del Estado En

cuanto a la sentencia, el Gobierno respeta la decisión independiente de la

justicia española que, en uso de sus atribuciones, aplica nuestro ordenamiento

jurídico a la comisión de delitos.

Ramón Hermosilla

«La acato, pero mantengo mis discrepancias»

Al término de las lecturas de las sentencias impuestas por el Tribunal Supremo,

Ramón Hermosilla declaró, visiblemente afectado: «No puedo opinar porque no he

leído la sentencia entera, pero me parece que acatando la sentencia que ha

dictado la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya he expresado mis propias

discrepancias y convicciones, que las sigo teniendo arraigadas, y me permito,

con todo respecto, mantenerlas hasta que, estudiada la sentencia en la dimensión

adecuada, pueda ver si ejercito o no el amparo ante el Tribunal Constitucional.»

Antonio Pedrol Rius presidente del Consejo General de la Abogacía

«Satisfactoria libertad de defensa»

«Mi preocupación en este asunto se ha centrado en las garantías de la libertad

de defensa que creo han sido satisfactoriamente guardadas en todo momento En

cuanto al fondo no puedo ignorar que decide sobre hechos opinables, pero nuestra

Constitución le atribuye a los Tribunales la misión de juzgar y estoy dispuesto

ahora y siempre a respetarles en su función.

Añado que esos Tribunales constituyen la básica garantía de nuestros derechos y

pienso que debemos fomentar la confianza pública alrededor de ellos, del mismo

modo que es necesario que el cliente mantenga su confianza en el médico.

López Silva defensor del coronel Manchado «Prefiero no comentar»

«Prefiero no comentar, porque lo que he aprendido durante toda mi vida se me ha

olvidado esta mañana »

A preguntas de los periodistas, otros abogados defensores prefirieron no dar

ningún tipo de opinión sobre la sentencia del 23-F

 

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