Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   Reforma y negociación     
 
 ABC.    12/02/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

ABC

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REFORMA Y NEGOCIACIÓN

REFORMAR quiere decir, como la palabra indica, dar nueva forma a una cosa. En política, se

entiende como dar nuevas formas constitucionales y jurídicas a la realidad social. La sociedad

es como un ser vivo: crece y decrece; tiene euforias y enfermedades; hay que adaptarle de

cuando en cuando el traje. Surgen nuevos grupos, nuevas ideas, cambios de sensibilidad. La

reforma adapta la organización a las nuevas necesidades.

Se diferencia, como actitud y como método, de las posiciones de la reacción y de la ruptura.

El reaccionario no acepta los cambios; tiene la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor;

en lugar de adaptarse a los nuevos hechos prefiere destruirlos, hacerlos imposibles. Es una

reacción frecuente en la vida privada y en la pública; puede lograr efectos a corto plazo,

generalmente a un precio social muy elevado, rara vez a un plazo más largo.

El rupturista o revolucionario piensa que lo establecido es malo e insalvable, y que hay que

empezar por liquidarlo, para establecer después un modelo diferente. Desea un corte total con

la organización anterior, y un Gobierno provisional para preparar, desde cero, la nueva etapa.

La reforma procede como la vida misma. Considera el pasado mejorable, y espera del futuro

también problemas. No quiere ni una muralla de China frente a las novedades, ni una voladura

de lo existente. Desea un plan razonable de cambios, con plazos y garantías, recordando siempre

que lo mejor es enemigo de lo bueno, y que los cambios pueden y deben hacerse con prudencia.

Un plan de reformas supone, pues, un ensanchamiento de la base, pero no un cambio de base.

Supone que las instituciones existentes unas se conservan, otras se adaptan y otras se sustituyen.

Supone una lealtad básica de los dirigentes a lo existente, y también a los que desean una mayor

participación. Exige de los nuevos participantes una lealtad básica, no sólo a sus propias ideas,

sino a lo pactado.

Porque, evidentemente, no hay reforma sin negociación. Pero ésta es otra palabra que hay que

puntualizar. Se puede negociar de muchas maneras. En abril de 1931 sólo se negoció el plazo y

forma de marcharse; eso no es una negociación. Una negociación entre un Gobierno dispuesto a

negociar y una oposición dispuesta a exigir supone unos límites claros, sobre lo que no es

negociable; y también que nada se negocie sin contrapartida. En caso contrario, la negociación

se convierte en rendición.

En cualquier trato (económico, sentimental o político), si una de las partes cree que la otra

está dispuesta a pagar cualquier precio, con tal de firmar se sabe de antemano lo que va a pasar.

Importante como es la participación electoral del mayor número de fuerzas, hay precios que no

pueden pagarse a cambio.

Lo primero que no puede entrar en la negociación es la sagrada unidad de España y sus gloriosos

símbolos. Regionalismo, foralismo, descentralización, lo que haga falta. Pero los nacionalismos

y la autodeterminación no son negociables.

Lo segundo que no es negociable es el orden y la ley. Con el terrorismo no se puede negociar

nada, ni nunca. El Gobierno que cede ante la amenaza no es Gobierno. La ley, mientras esté

vigente, ha de cumplirse; aun en períodos de transición, la ley que no se cumple (y más si es

reciente y clara) sólo crea confusión y caos.

Lo demás se puede negociar; pero no con cualquiera, como se deduce de lo anterior. Tienen que ser

interlocutores válidos. No pueden estar entre ellos lo que la ley prohíbe. Mientras la ley no se

modifique, no se puede, por ejemplo, tratar directa ni indirectamente con los comunistas.

Salirse de estos principios no es negociar, sino entregar; no es modificar las leyes juradas, sino

despreciar la legitimidad básica. Y eso tiene siempre resultados históricos de la más extrema

gravedad y trascendencia. Una vez aceptado que vale todo, no hay límite alguno de lo que pueda

ocurrírsele a éste o aquél; ni esperanza razonable de que nadie salga en ayuda cuando se quiera

parar. Esto último es particularmente importante.

Este era un país que después de muchas tragedias, entre 1803 y 1947, iba restañando sus heridas

y saliendo de su pobreza e incultura. Había dado un salto colosal hacia el orden, el desarrollo

y la modernización. Estaba, en conjunto, contento con su suerte. Claro que no todo era perfecto;

que los mismos avances económicos le hacían desear más; que una juventud que por primera vez

no había conocido la miseria venía apretando: que la España rural acusaba el nuevo peso de la

ciudad; que la Iglesia tradicional no era la posconciliar; que el sistema anterior acusó la edad

de su gran autor. Pero todo ello, que aconsejaba reformas importantes (que muchos hemos expuesto,

a lo largo de años, y realizado en parte), no exigía, ni será propiciado, por la reaparición

autoimpuesta de Carrillo, ni muchas otras cosas que se nos pretende imponer.

Aún estamos a tiempo de aclarar las cosas; pronto será tarde. Una legitimidad está siendo despeñada;

otra, no ha nacido todavía. Cualquier error en materia tan trascendente será irreparable. Cualquier

falta de trasparencia o de juego limpio será imperdonable.

Estos días el país está, con razón, preocupado por los brotes de violencia. Se pretende atribuirlos

solamente a los que no quieren cambios, ni reformas. No lo dudo. Pero la violencia es un

acompañante inseparable de las épocas de confusión y de ansiedad. Cuando no se sabe adonde se va,

ni están claros los caminos, se puede dar por seguro que habrá tropiezos.

Cuando un servicio público, como la televisión, se convierte en panfletario; cuando los órganos

del Estado, creados para unos fines, se pueden usar para los contrarios; cuando se sospecha que

la mejor patente es la que niega las más limpias del ayer inmediato, que nadie se sorprende de lo

que pueda venir después. Reforma es lo contrario de revolución; pero lo más típico de las

revoluciones es cómo devoran a sus iniciadores y primeros responsables.

No miro al pasado, que no ha de volver; contemplo el futuro, que debemos construir con decisión,

pero sobre todo con claridad y con lealtad. Las grandes traiciones justifican las medianas y las

pequeñas; aparte de que, como dice el viejo adagio castellano, el traidor no es menester, una vez

la traición pasada.

En los próximos años en que el país ha de buscar su nuevo equilibrio, estos dos primeros años

decisivos tendrán un gran peso en la evolución de actitudes y conductas, así como de

responsabilidades. Debemos intentar, de buena fe, un resultado positivo, sin imposiciones,

trágalas y revanchas mutuas. Hay que moderar desde ahora los planteamientos, y en ello la Prensa

tiene una gran responsabilidad, correlativa de su actual libertad.

Reforma y negociación son la clave; progresivas y con garantías para que sean reales. Esperemos

que de ellas salga un planteamiento serio, seguro y sin trampa para el pueblo español. De no

dárselo, no lo perdonará.

Manuel FRAGA IRIBARNE 

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