Las conclusiones del fiscal del 23-F     
 
 Diario 16.    12/08/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Las conclusiones del fiscal del 23-F

Se ha dado un paso mas en el lento curso del proceso por el frustrado golpe de

Estado del pasado 23 de febrero El fiscal ha presentado sus conclusiones

provisionales y ya dispone la opinión pública de más indicios —par si no fueran

suficientes los hasta ahora objetivados— para valorar aquella astracanada que

nunca habríamos querido presenciar.

El fiscal aprecia un delito de rebelión militar y pide para los tres principales

implicados en el golpe —los generales Armada y Milans del Bosch y el teniente

coronel Tejero— la máxima pena prescrita para este tipo delictivo en la ley

penal: treinta años de prisión.

Quienes temían que las acciones contra los protagonistas del golpe podrían

diluirse poco a poco con el paso del tiempo habrán recibido la noticia con

satisfacción. Este nuevo paso dado por la justicia es una garantía de seguridad

para el cumplimiento inexorable de la ley, que en este caso, si cabe, es más

importante por cuanto se trata de hacer frente a un ataque irracional contra el

sistema de convivencia que la inmensa mayoría de los ciudadanos desean para su

país.

Junto a la tranquilizadora noticia hay que añadir hoy el descubrimiento de dos

tácticas perturbadoras puestas en práctica por los defensores de los procesados.

Por un lado, un intento dilatorio; por otro, el proyecto de desviar hacia

instancias más altas las acciones dirigidas hacia sus defendidos.

Ambas operaciones han de ser recibidas con preocupación La primera, porque ha

pasado ya demasiado tiempo desde el intento golpista y todavía habrá que esperar

algunos meses hasta que se vea la causa, demasiado tiempo como para que se caiga

en la tentación de añadir un plazo más al proceso

Los abogados de los golpistas pretenden que se anulen las actuaciones hasta el

momento realizadas con la intención clara de aplazar lo más posible la vista del

juicio. Buscan la distancia, la frialdad y el olvido de muchos detalles,

confiando en que el tiempo cure lo que la legalidad no debe dejar pasar por

alto.

Cuando se ve que el agresor del Papa ya ha sido juzgado, o cuando se piensa en

la rapidez con que se sustanció el atentado a lord Mountbatten, por citar sólo

dos casos de fácil recuerdo, no se puede sino lamentar el lento ritmo de la

justicia española y desear que la pretensión de los abogados de los golpistas no

tenga el menor éxito.

La segunda operación preocupante es el intento de atribuir falsamente

implicaciones a altas instancias, concretamente al Rey, a quien algunos

pretenden mezclar mendazmente en el sucio intento golpista, cuando ha quedado

meridianamente claro que fue él quien nos salvó de caer otra vez en la noche de

la dictadura que querían Tejero y compañía.

Esta pretensión de implicar al Rey coincide con la campaña, en el mismo sentido,

propiciada por grupos ultraderechistas en un claro intento de provocar la

confusión y de privar a los ciudadanos de buena fe del único asidero seguro con

el que cuentan ahora.

Era, por otro lado, algo que entraba en el cálculo de probabilidades y que llevó

a La Zarzuela a solicitar un dictamen en el que se demuestra la pulcritud con

que se actuó allí aquella fatídica noche. Pero que demuestra la necesidad de

concluir el proceso del 23-F lo más pronto posible.

 

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