A tal juicio, tal sentencia     
 
 Diario 16.    04/06/1982.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 26. 

OPINION

4-junio-8

EDITORIAL

A tal juicio, tal sentencia

Al verse obligado a recurrir contra la inaceptable sentencia del Consejo Supremo

de Justicia Militar, el Gobierno ha terminado de quitarse la escasísima cuota de

razón que le quedaba para defender su conducta a lo largo de todo el proceso

Durante meses se le ha estado pidiendo resignación y paciencia a la sociedad

civil, engatusándola con la promesa de que el largo túnel *de humillaciones y

renuncias desembocaría en el horizonte despejado de unas sentencias

ejemplificadoramente severas

Sin embargo, ha sucedido lo que tenía que suceder la sentencia ha sido coherente

con el desarrollo de la vista y, por tanto, choca frontalmente con la percepción

de la realidad que tienen la inmensa mayoría de los ciudadanos Era ingenuo -y

también estúpido- imaginar que un tribunal que durante meses se comporta de una

manera, iba a transfigurarse a la hora de dictar sentencia

Pocos pueden dudar de la pertinencia de las dos únicas condenas máximas, la de

Milans del Bosch y Tejero Se han castigado ahí los hechos probados e

indiscutibles de rebellón militar y los jueces no tenían sino que aplicar la

pena prevista por la ley. Hay que preguntarse por qué no han seguido después

actuando según esa lógica

El único caso que exigiría un análisis aparte es el de Armada, Cortina y Gómez

Iglesias Tal y como han aparecido sus responsabilidades en el juicio, era

inevitable que salieran, comparativamente, bien librados, porque las pruebas

aportadas en su contra estaban muy por debajo de la convicción moral de su

culpabilidad La responsabilidad de la distancia entre lo presunto y lo probado

cabe achacarla en buena medida a la poca diligencia de los instructores del

sumario que no actuaron con la debida decisión para buscar esas pruebas

Pero a partir de aquí, el resto de la sentencia causa auténtico bochorno y

razonable indignación a cualquiera que medite sobre el papel que ciertos

acusados cumplieron en el fallido golpe, y las penas que por ello les

corresponden

¿Cómo es posible?

¿Cómo es posible que un general como Torres Rojas, que ya había sido apartado de

su destino anteriormente por supuestas veleidades golpistas, que asiste a la

reunión clave de la calle General Cabrera, y que se.presenta desde La Coruña

para ponerse al frente de la División Acorazada, pueda seguir llamándose general

del Ejército español y salir con una condena de seis años por su participación

en el mismo delito que su colega Milans?

¿Cómo es posible que el comandante Pardo Zancada -que seguirá siendo comandante,

aunque quede apartado del servicio- conduzca a sus hombres a tomar el Congreso,

en una acción paralela y equivalente a la de Tejero, y reciba ahora veinticuatro

años menos de condena que él?

¿Cómo es posible que la mano derecha de Milans, su ayudante, el coronel Ibáñez

Inglés, que participó activísimamente en la preparación y ejecución del golpe

codo a codo con su superior, sea condenado a una pena veinticinco años menor?

¿Cómo es posible que el coronel Miguel Manchado, que colabora estrechamente con

Tejero suministrándole las fuerzas necesarias para el acto de rebelión ese por

el que el ya ex teniente coronel ha sido castigado con treinta años- reciba

solamente una condena a tres años y un día?

¿Cómo es posible que el coronel San Martín, para muchos el Verdadero cerebro del

golpe, sutil movilizador de la División Acorazada y convocante de la reunión en

que se repartieron las instrucciones necesarias para consumar la rebellón, tenga

igualmente una pena de tres años y un día, cuando la petición fiscal era de

quince?

Camilo, Carres

Hay dos casos en los que la pena proporcional al delito causa asombro, si es que

ese sentimiento fuera posible después de todo lo que en el juicio de Campamento

llevamos visto.

Nos referimos, en primer lugar, a la pena testimonial de un año impuesta al

capitán de navio Camilo Menéndez, que se sumó ostentosamente al asalto al

Congreso a título particular, porque, felizmente, no pudo disponer del brazo de

mar necesario para atacarlo con su barco Pero si algo significa su uniforme, es

evidentemente que la acción en la que quiso participar le hace acreedor a una

pena mucho más cercana a la de los máximos responsables del asalto

En segundo lugar, acaso el primero en el estupor que causa su pena, está el

paisano García Carres, al que lo de paisano habría que retirárselo, pues tanta

actividad con uniformes rebeldes, debería hacerle acreedor de algún grado en la

milicia golpista

He aquí un hombre que alardea de sus afanes antes, en y después de los hechos,

que ya en el verano anterioj pone en contacto a Milans y Tejero, que hace

propaganda del golpe cuando éste está en marcha, que intenta la difusión de un

manifiesto para el apoyo a los rebeldes que tienen secuestrado al Congreso y que

hace, en fin, todo cuanto está en su mano para que la rebelión militar triunfe.

Y se le castiga -o se le premia, es difícil deducirlo- con dos años de prisión

García Carres era, además, el único procesado en representación de toda la trama

civil del golpe, la cual, después de no haber sido investigada ni perseguida,

queda simbólicamente absuelta

Capitanes y tenientes

Se ha invocado a lo largo del juicio una y otra vez la eximente de «obediencia

debida», que aunque está explícitamente descalificada por las Reales Ordenanzas

cuando entra en conflicto con la Constitución, parece haber obrado algún efecto

en los jueces a tenor de las leves condenas a los capitanes y las magnánimas

absoluciones de los tenientes

Aunque las Ordenanzas no hubiera planteado tan claramente la verdadera situación

legal de los obedientes golpistas, es absolutamente evidente que todos los que

participaron durante larguísimas horas en aquellos hechos violentos contra la

institución representativa de la soberanía nacional sabían perfectamente io que

hacían, con quién y por qué

Tuvieron tiempo de sobra para darse cuenta de que estaban actuando contra el Rey

y la legalidad y si tan fervorosamente obedecieron a sus jefes rebeldes en su

acción y de algo son merecedores, es de un castigo parangonable en intensidad a

lo entusiasta de su concurso

Es difícil aceptar que el capitán Muñecas, cuando ocupó metralleta en maño la

tnbuna de oradores del Congreso, no sabía lo que nacía o que lo hacía obligado

por sus superiores. Todo el mundo ha podido ver su imagen por television

anunciando a los diputados encañonados la llegada de la nueva autoridad

«militar», por supuesto Y a ese oficial se le condena solamente a tres años y

seis meses.

Y lo que resulta ya sencilla y llanamente incomprensible, lo que atenta contra

todos los fundamentos lógicos de la justicia y hasta el sentido común, es que

haya oficiales que después de su participación en tales hechos, después de

haberse jactado de la misma en el juicio y de quedar claro ante todos que

estarán dispuestos a repetirla, continúen en virtud de las ridiculas penas que

les han sido impuestas dentro del Ejército en perfecta disposición para una

próspera carrera militar

La clase de servicios a España que cabe esperar de ellos es evidente después del

juicio y asombra pensar cómo podrían sus superiores en la Guardia Civil, por

ejemplo, imponer disciplina a unos jóvenes oficiales que tienen en su «debe» el

haber encañonado a su máximo superior, el director de la Guardia Civil, Aramburu

Topete Habremos de variar radicalmente, después de esta sentencia, la noción

habitual de la disciplina castrense

Aún queda un último dato para estupefacción del mundo entero que el delito de

rebelión militar, y por el que son condenados unos oficiales hasta treinta años

de cárcel, no existió Y, como no existió delito alguno, son absueltos nada menos

que doce de los oficiales que participaron en él Ahora resulta que por el mismo

delito de rebelión militar, unos son castigados y otros son absueltos, aunque

hayan reconocido, y orgullosamente, su participación ¿Para que se les devuelven

las armas? ¿Para qué lo repitan?

La doctrina Oliart

Esta sentencia obliga a plantearse de forma ineludible la absoluta falta de

sentido y eficacia de los tribunales especiales y la conveniencia de que todos

los delitos sean jugados en virtud de los mismos principios y procedimientos que

rigen para todos los ciudadanos.

Tendrán ahora ocasión los partidos políticos del poder y de la oposición de

meditar sus errores en la definición legal del ámbito jurídico castrense Y es de

suponer que se propongan inmediatamente enmendarlos.

Lo que ya no tiene enmienda es el bochornoso espectáculo del juicio y el no

menos lamentable de las sentencias. El poder civil se ha sometido a todas las

exigencias, se ha humillado cuanto ha podido, ha claudicado sin lucha en todos y

cada uno de los desafíos que ha ido encontrando Ahora, como si despertasen de un

mal sueño, el partido del Gobierno y el presidente del mismo anuncian su

intención de recurrir inmediatamente contra la sentencia

Nunca es tarde para intentar enderezar lo que está torcido Pero debería quedar

claro hasta que punto la doctrina sustentada por el ministro de Defensa, Alberto

Oliart, se ha revelado catastroficamente ineficaz

Los nuevos reflejos de! presidente Calvo-Sotelo deberían permitirle, en buena

lógica, aceptar la dimisión irrevocable de su ministro en las próximas horas

Hay que confiar ahora en que el recurso del Gobierno ante el Tribunal Supremo

tenga más fortuna que sus actuaciones anteriores Para la historia queda ya un

día negro en la vida política y ciudadana de nuestra nación Y, ojalá que esa

historia no nos quite, con la repetición de hechos semejantes, hasta la misma

posibilidad de lamentarlos

 

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