23-F: Sondeo Gallup en exclusiva. 
 El pueblo, contra la sentencia     
 
 Tiempo.    14/06/1982.  Página: 28-33. Páginas: 6. Párrafos: 23. 

23-F SONDEO GALLUP EN EXCLUSIVA

EL PUEBLO, CONTRA LA SENTENCIA

Dos de cada tres españoles que conocen la sentencia del 23-F están en contra del

fallo del Tribunal militar, según una encuesta realizada por Gallup en exclusiva

para tiempo.

Las penas impuestas a Miláns del Bosch y a Tejero

no se consideran duras.

Las de Armada, Torres Rojas y Pardo Zancada se estiman benévolas.

Las del resto de los condenados y las de los

que fueron absueltos se califican también de leves.

Cuatro de cada diez españoles creen que esta sentencia no favorece

la consolidación de la democracia en nuestro país.

La mayoría absoluta de los españoles se manifiestan en desacuerdo con la

sentencia del Tribunal militar que juzgó a los responsables del frustrado golpe

de Estado del 23 de febrero de 1981.

A esta conclusión llega una rigurosa encuesta realizada durante los días 7 y 8

de junio.

Esta opinión del pueblo español viene a respaldar las valoraciones hechas por

sus legítimos representantes, el Gobierno y la oposición, que días pasados

expresaron su crítica a la sentencia.

A la vista de este estudio sociológico se pone de manifiesto que existe una

armonía entre !a cíase política y la opinión pública española sobre e! desenlace

del juicio del 23-F.

La acogida de las penas, los comentarios en torno a ellas, han provocado en la

última semana una gran tensión en la vida política española.

Mientras que la tirantez entre el Gobierno y la jerarquía militar no ha podido

ser ocultada, los sectores golpistas intoxican con mensajes que pretenden

presentar al Ejército como víctima.

Los sectores democráticos, al descalificar la sentencia, conectando así con la

opinión pública, no hacen otra cosa que disentir respetuosamente de la decisión

del Tribunal que sentó en el banquillo a un reducido grupo de militares

rebeldes.

Los españoles juzgan el fallo del Consejo Supremo de Justicia Militar de manera

inequívoca. Más de la mitad están en desacuerdo con él.

Tampoco condenarían a los procesados a menos años de los que les han impuesto.

Estiman que la sentencia no favorece en nada al sistema democrático y llegan a

la conclusión de que el golpe de Estado del 23-F no está zanjado.

EL "NO" DE LOS JÓVENES

Pero la encuesta permite otras varias lecturas.

La primera —y decisiva— es que dos de cada tres españoles que conocen la

sentencia están en contra del veredicto emitido por los jueces militares.

La disconformidad aumenta en la medida en que se reduce la edad de los

encuestados.

Otra determinante del rechazo de la sentencia viene dada por el lugar de

residencia: la repulsa es mayor en los núcleos de mayor población.

El retrato sociológico del discrepante dibuja un español con las siguientes

características: es un hombre joven (entre 18 y 35 años), que vive en centros

urbanos de más de 50.000 habitantes.

Se confirma también que la población femenina, como es tradicional, tiene menor

nivel de información, por lo que una de cada cuatro mujeres ni siquiera ha oído

hablar de la sentencia, frente a uno de

cada tres ciudadanos sobre el total de la población.

Este bajo nivel de información influye claramente para reducir el porcentaje de

mujeres de acuerdo o no con la sentencia.

SERIAN MAS DUROS

En relación con las máximas penas impuestas al teniente general

Jaime Miláns del Bosch, que el 23

de febrero decretó el estado de excepción en la III Región Militar (Valencia en

su condición de capitán general, y al teniente coronel de la Guardia Civil

Antonio Tejero Molina, cabecilla del asalto al Congreso de los Diputados, los

encuestados entienden que los jueces no han sido duros. No llegan a dos de cada

diez los españoles que les habrían rebajado la condena de treinta años de

prisión, mientras cuatro estiman que es justa y dos la califican de blanda.

Vuelven a ser los jóvenes los que con mayor severidad reprueban el desenlace del

proceso militar.

Con los generales Alfonso Armada y Luis Torres Rojas, así como con el comandante

de la División Acorazada Ricardo Pardo Zancada, condenados por el Tribunal a

seis años, la opinión pública se muestra aún menos indulgente. A cinco de cada

diez ciudadanos les parece que los jueces han sido blandos con ellos y no hay ni

siquiera un español de cada diez que opine lo contrario.

Con similar rigor se enjuician las penas, entre uno y cinco años, que han

recaído sobre los restantes condenados. Casi la mitad de los españoles piensan

que han salido bien librados, aunque dos de cada diez entienden que sus condenas

son

justas. Como en los casos de Armada, Torres Rojas y Pardo Zancada, no llega a

uno de cada diez los españoles que les habrían rebajado la pena.

Con la sentencia absolutoria del resto de los procesados, fundamentalmente

capitanes, tenientes de la Guardia Civil y el comandarte Cortina (de los

servicios de inteligencia militar) están conformes dos de cada diez españoles,

pero prácticamente la mitad de los encuestados la considera leve.

PESA EL GOLPE

La encuesta de Gallup saca a la luz un dato revelador del que hasta ahora sólo

se sospechaba: aquella intentona del 23 de febrero de 1981 está todavía pesando

trágicamente sobre los españoles. La mayoría absoluta de nuestra sociedad cree

que, a pesar de esta sentencia ese pronunciamiento no se ha resuelto. Sólo un 15

por 100 considera zanjado el asunto, porcentaje que se aproxima curiosamente al

de aque-

llos que, en términos generales, se muestran de acuerdo con la sentencia.

De nuevo son fundamentalmente hombres jóvenes, y residentes en ciudades de más

de 50.000 habitantes, quienes, probablemente por su mejor y mayor información,

deducen que el proceso al golpe de febrero está aún por liquidar.

Esa preocupación por la incertidumbre en que el golpismo colocó a la democracia

es sentimiento general de cuatro de cada diez españoles, para quienes la

sentencia emanada del Consejo Supremo de Justicia Militar representa un peligro

para el régimen democrático. Sólo el 12 por 100 de los ciudadanos ve en la

sentencia una afirmación de nuestro sistema de libertades, en la medida en que

supone una ayuda a la democracia. Para tres de cada diez encuestados, la

sentencia, sin embargo, resulta indiferente para la consolidación o

desestabilización del sistema.

Como ya es norma, la conciencia de que la democracia corre peligro a la luz de

la sentencia corresponde en mayor grado a los estratos de población mejor

informados: los hombres, los jóvenes (entre 18 y 35 años) y, en este caso, hasta

los de mediana edad (entre 36 y 45 años), y tos residentes en las grandes urbes.

LA SENTENCIA NO FAVORECE A LA DEMOCRACIA

Cómo se hizo el sondeo

• El estudio se hizo entre individuos de dieciocho y más años, de la

Península e islas Baleares.

• El tamaño de la muestra fue de 1.004 entrevistas.

• El muestreo se realizó mediante una selección de 94 puntos muéstrales

estratificados en las siguientes etapas:

a) Ciudades de más de 200.000 habitantes (según el censo de marzo de

1981). Se les ha asignado el número de entrevistas proporcional a su población.

Este estrato nos dio 18 puntos muéstrales y 304 entrevistas.

b) Municipios de menos de 200.000 habitantes. Se estratificaron en seis

regiones y siete estratos de población. A cada estrato se asignaron las

entrevistas que pro-

porcionalmente les corresponden por su población dentro de cada estrato y se

seleccionaron aleatoriamente uno o varios municipios (según el tamaño del

estrato), con probabilidad proporcional a la población de cada municipio. La

muestra asignada al estrato se repartió por igual entre los municipios

seleccionados.

RECOGIDA DE DATOS

• La información fue recogida durante los días 7 y 8 de junio, mediante

entrevista personal.

• El sistema de selección de las personas entrevistadas fue el de ruta

aleatoria de hogares y, dentro del hogar, selección aleatoria de la persona a

entrevistar.

 

< Volver