23-F: Sentencia del Tribunal Militar. 
 Milans ejerció en todo momento las funciones directivas y de mando     
 
 Ya.    04/06/1982.  Página: 7-11. Páginas: 5. Párrafos: 40. 

Milans ejerció en todo momento las funciones directivas y de mando

El teniente coronel Tejero ejerció el mando principal de las fuerzas que

asaltaron el Congreso. Armada, Torres Rojas, San

Martín, Mas Oliver y García Garres son también responsables en concepto de

autores por su participación personal directa y

voluntaria. No se ha probado en autos en forma indubitada la participación del

comandante Cortina

aparece comprendido en el precepto citado en concepto de cabeza de la rebelión.

B) Teniente coronel de la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, de

conformidad con el párrafo segundo del repetido artículo doscientos ochenta y

siete del Código de Justicia Militar, por ejercer mando principal de las

fuerzas que asaltaron el Congreso.

Ejecutores

C) A tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo doscientos

ochenta y ocho del mismo Código, porque no estando comprendidos en el párrafo

anterior, ejercieron en distintos grados mando no principal o simple ejecución:

1. Coronel de Ingenieros DEM don Diego Ibáñez Inglés.

2. Comandante de Infantería DEM don Ricardo Pardo Zancada.

3. Capitanes de Infantería don Carlos Alvarez-Arenas Pardina y don Francisco

Dusmet García-Figueras, capitán de Infantería de la escala de complemento don

José Pascual Gálvez y el capitán de Intendencia don José Cid Fortea.

4. Los capitanes de la Guardia Civil don Francisco Acera Martín, don Juan Pérez

de la Lastra Tormo, don Carlos Lázaro Corthay, don Enrique Bobis González, don

José Luis Abad Gutiérrez y don Jesús Muñecas Aguilar.

i,5. Tenientes de la Guardia Civil don Pedro Izquierdo Sánchez, don César

Alvarez Fernández, don José Ñúñez Ruano, don Vicente Ramos Rueda, don Jesús

Alonso Hernaiz, don Manuel Boza Carranco, don Santiago Vecino Núñez y don

Vicente Carricondo Sánchez.

Auxiliares de la rebelión

TERCER CONSIDERANDO

Que del delito de auxilio a la rebelión, previsto y penado en el artículo

doscientos ochenta y nueve del Código de Justicia Militar, por realizar actos

que impliquen ayuda a los rebeldes, cualesquiera que sean los móviles de su

conducta, se declaran autores, por su participación personal, directa y

voluntaria, los procesados que a continuación se expresan:

A) Capitán de navio don Camilo Menéndez Vives.

B) Coronel de la Guardia Civil don Manuel Manchado García.

C) Capitán de la Guardia Civil don Vicente Gómez Iglesias.

Conspiradores

CUARTO CONSIDERANDO

Que de los hechos comprendidos en los resultandos primero, décimo y undécimo, y

en concepto de autores, por participación personal, directa y voluntaria, de un

delito de conspiración para el de rebelión militar del artículo doscientos

noventa y uno del Código castrense, son responsables los siguientes procesados,

cuya participación en los actos constitutivos de la rebelión militar consumada

no ha quedado probada:

A) Excelentísimo señor general de división del Ejército don Alfonso Armada

Comyn.

B) Excelentísimo señor general de división del Ejército don Luis Torres Rojas.

C) Coronel de Artillería, DEM, don José Ignacio San Martín López.

D) Teniente coronel de Infantería don Pedro Mas Oliver.

Absueltos

QUINTO CONSIDERANDO

Que, por no haberse probado en autos en forma indubitada, la participación del

comandante de Infantería DEM don José Luis Cortina Prieto, en los actos que se

acusaba ni en ningún otro relacionado con los mismos y constitutivos de delito,

no procede declarar al mismo responsable penalmente de infracción alguna.

Igualmente, por no ser sus actuaciones constitutivas de delito, capitán de

Artillería, DEM, don Juan Batista González, y del capitán de la Guardia Civil

don Francisco Ignacio Román.

No hubo legítima defensa...

SEXTO CONSIDERANDO

Que no puede jurídicamente prosperar la circunstancia eximente de legítima

defensa alegada por algunos defensores, pues la legítina defensa de un extraño,

alegada aquí y referida a las victimas del terrorismo para justificar una

rebelión, es evidente que en la misma desproporción de su enunciado resulta

rechazable, en primer lugar, porque faltan los requisitos primero y segundo que

previene el número 4 del artículo 185 del Código Marcial al definir esa

circunstancia exculpatoria. La agresión ilegítima, que es la primera e

ineludible, ha de ser actual, material e inesperada (sentencia de 21 de

noviembre de 1933); ha de ser inminente (sentencia de fecha 3 de marzo de 1965),

y, en general, dada la jurisprudencia del más Alto Tribunal con unos u otros

términos, se refiere a la inmediatez que debe existir entre el hecho_ de la

agresión injusta y la reacción de quien defiende a un tercero, como sería la

muerte del agresor por quien presenciara el asesinato del agredido. Pero menos

aún concurre el también ineludible requisito de la racionalidad del medio

empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima, donde la doctrina y la

jurisprudencia valoran y ponderan la naturaleza y entidad de la agresión para

relacionarla con los medios que se ponen a contribución para contestarla y

defenderse, factores todos ellos que se mueven en la esfera de lo individual y

directo, nunca, es evidente, en la ajena reacción de defender a un extraño,

tratando de derribar un Gobierno o una institución del Estado que no son

ciertamente los agresores. Y si todo ello es predicable de la defensa de la

vida, se da por supuesto que los mismos argumentos convienen a los demás bienes

que, como el honor, protege jurídicamente este eximente.

Tampoco había estado de necesidad

SÉPTIMO CONSIDERANDO

Que tampoco puede aceptarse la tesis de que los procesados obraran impulsados

por un estado de necesidad, como causa de justificación de su conducta ilícita,

pues con independencia y previamente a la consideración de los requisitos cuya

concurrencia exige el Código de Justicia Militar para eximir o atenuar la

responsabilidad criminal en razón a esa circunstancia, aparece claro, y es

doctrina reiteradamente aceptada por este Consejo Supremo, que el agente debe

encontrarse en un estado de necesidad absoluta e inaplazable, producida por la

amenaza de un mal cierto, efectivo, grave, inmediato e inevitable, y que tal

circunstancia —sobre todo en supuestos como el presente, en el que el mal que

pretendidamente se trata de evitar no le amenaza inmediatamente en su persona—

ha de apreciarse con carácter absolutamente objetivo sin indicación ni mezcla

alguna de elementos subjetivos o intencionales, ya que, al tratarse de una causa

de justificación, no puede hablarse de una circunstancia que afecte a la

culpabilidad o inculpabilidad del agente, sino que ha de venir apoyada en hechos

contrastados, que no ofrezcan lugar a dudas y

que planteen la urgencia de decidir entre el mal que amenaza y la vulneración de

la norma jurídica penal —lo que no aparece en el supuesto de autos—, y que lleva

a desechar la alegación de que concurre tal circunstancia, que no puede ser

apreciada ni siquiera como atenuante, pues no va la cuestión referida a que

falte alguno o algunos de los requisitos exigidos para eximir de

responsabilidad, sino que falla y no concurre el presupuesto básico que ha de

sustentar tal circunstancia, que es la situación previa de necesidad, cuyas

características han quedado antes enunciadas, y que no puede ser sustituida por

ninguna otra situación, por muy estimable que le pueda parecer al agente en un

orden distinto al penal, o por constituir meros móviles o motivos de su

actuación personal que siempre están presentes como antecedentes coherentes de

cualquier conducta, pero que no puede tener relevancia alguna a la hora de

formular el reproche penal de los hechos que se juzgan en esta causa, claramente

ilícitos e ilegítimos.

No actuaban

en cumplimiento del deber

OCATAVO CONSIDERANDO:

Que habiéndose alegado por algunos defensores la concurrencia de la.

circunstancia eximente número 11 del artículo 185 del Código de Justicia

Militar, de haber obrado sus defendidos en cumplimiento de un deber o en

ejercicio de un derecho, oficio o cargo, y que habiéndose invocado, asimismo, la

misión que el artículo octavo de la Constitución atribuye ajas,.Fuerzas Armadas

de garantiza lá soberanía e independencia dé España, defender su integridad

territorial y el ordenamiento constitucional,.´se hace necesario analizar el

valor que puedan tener tales alegaciones con referencia a los hechos enjuiciados

y ambas en estrecha relación entre sí, pues evidentemente no puede haber

cumplimiento de deber o ejercicio de cargos militares si no lo son dentro de la

legalidad vigente coronada por las normas de rango constitucional, remitiéndose

aquí a lo ya dicho precedentemente sobre el marco y límites de la obediencia

debida para evitar repeticiones innecesarias. El precepto constitucional aducido

se refiere a la función de la institución militar como conjunto, dentro de su

organización jerárquica y. bajo el mando

(Continúa en la pág. siguiente)

El tribunal no admite la eximente de legítima defensa ni la tesis de estado de

necesidad

Se trató de un ataque al ordenamiento constitucional en dos de sus instituciones

básicas: Gobierno y Congreso de los Diputados

(Viene de la página anterior)

supremo y su Junta de Jefes de Estado Mayor. Tiene esta norma una naturaleza de

principio general que hay que entender remitida, en cuanto a su alcance

concreto, al párrafo segundo del propio artículo octavo, que contempla la

necesaria promulgación de la ley orgánica correspondiente, en la que establecen

las líneas de mando a través de las que se fija la ejecución de la política

militar y se imparten las órdenes operativas pertinentes. Pero, aun ciñéndonos

al texto declarativo del párrafo primero y aplicándolo directamente al caso de

autos, vemos, por un lado, que ni existía agresión actual a la soberanía,

independencia e integridad de España ni, de otro lado, puede calificarse lo

realizado como defensa del ordenamiento constitucional, sino, por el contrario,

de ataque al mismo en dos de las intituciones básicas dé su estrúctura: Gobierno

y Congreso Se "los Diputados. Y, en todo cásó,no puede quedar a merced ¿del

¿criterio de cualquier mando militar por sí solo ni aun a nivel de Capitanía

General de región, y menos al de jefes particularizados, el decidir por su

cuenta y al margen del Alto Mando nacional, con el que no estaban interrumpidos

los canales de comunicación, la existencia del supuesto peligro para aquellos

supremos valores y las medidas de la trascendencia y gravedad en este caso

adoptadas. Por lo que no hay tal respaldo constitucional y no puede apreciarse

legitimidad de ejercicio de cargo o deber.

La obediencia debida

NOVENO CONSIDERANDO

Que debe pronunciarse este Consejo Supremo sobre la concurrencia de la

circunstancia eximente de obediencia debida, prevista en el número doce del

artículo ciento ochenta y cinco del Código de Justicia Militar, por haber sido

generalizadamente alegada en los informes de las defensas. Y es de notar que

para que esta circunstancia pueda concurrir en el obrar de un sujeto es preciso

que éste actúe de acuerdo con las órdenes de un superior jerárquico, que éste

obre a su vez —y por tanto dicte la orden— dentro de sus facultades legales y

reglamentarias y refiriéndose al servicio, y que la orden se dé formalmente como

tal, según su naturaleza y la índole del servicio, y se refiera precisamente al

área propia de éste. En el orden militar, la obediencia debida tiene mucha más

fuerza y´ exigencia que en el ámbito civil; sin embargo, para que tenga

exigibilidad y obligue, por tanto, imperativamente al receptor de la orden ha de

existir un vínculo de dependencia, operativa o funcional, con el que la da, sin

que baste sólo la superioridad jerárquica, salvo que la naturaleza de la orden

se refiera a la competencia genérica de cualquier superior, mientras que las

órdenes obligatorias de servicios concretos y especialmente de armas han de

provenir, o al menos han de cursarse, a través de los mandos naturales de cada

subordinado.

Ello no obstante, no cabe duda de que hay circunstancias de emergencia en que

prima la necesidad del servicio y su eficaz ejecución en lugar y tiempo

oportunos, en que puede darse de hecho el supuesto de que la orden se curse

directamente e incluso a través de medios de comunicación a distancia que

supongan el salto de alguno de esos escalones jerárquicos, como efectivamente se

ha comprobado que puede ocurrir, en el caso de la Guardia Civil, en servicios de

orden público urgentes, en que personal de diversas unidades orgánicas es puesto

a las órdenes de un jefe designado para ese servicio, como también ocurrió, los

días veintitrés y veinticuatro de febrero en torno al Congreso de los Diputados,

por orden de las autoridades legales. Ahora bien, el legislador ha cuidado de

articular la eximente de obediencia debida, delimitándole en forma que no pueda

servir de excusa para cualquier tipo de comportamiento, eludiendo la

responsabilidad correspondiente, y por ello el número doce citado del artículo

ciento ochenta y seis del Código, en su texto reformado por ley orgánica

nueve/ochenta, de seis de noviembre, precisa que no existe tal obediencia debida

cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean

contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito en particular

contra la Constitución; redacción que coincide, en esencia, con la del artículo

treinta y cuatro de las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas contenidas en

la ley orgánica ochenta y cinco/mil novecientos setenta y ocho, de veintiocho de

diciembre. De modo que no basta ni con la relación de dependencia jerárquica y

orgánica, ni con la formalidad de una orden propiamente dicha, aunque sea

yerbal, ni con su referencia al servicio, ni con BU inclusión en la competencia

del superior y en las funciones del subordiando, sino que además hace falta un

elemento negativo, el de que el contenido de la orden no constituya delito para

el inferior manifiestamente. Aquí viene, pues, la dificultad de determinar

cuándo

el carácter delictivo sea manifiesto y precisamente para el inferior concreto,

receptor de esa orden indebida. Ha de entenderse que manifiesto equivale a

notorio, a lo que a ojos vistas y sin ningún tipo de duda se muestra ya como

constitutivo de un hecho punible, no bastando la mera duda o sospecha para

interrumpir el cumplimiento de la orden, lo que afectaría a la disciplina y por

ende a la eficacia de toda la organización militar. Y aquí es obvio que habrá

que tomar en cuenta las circunstancias, objetivas y subjetivas, y entre éstas el

nivel jerárquico del inferior, porque condiciona no sólo su formación y

conocimiento, sino también el grado de sumisión más o menos absoluto para

facultarle o impedirle la disipación de cualquier duda sin dilatar indebidamente

la orden, y respecto del propio superior que se la da y, aún con mayor

dificultad, de otro de mayor nivel no presente en el momento de recibir aquella

orden. Y, finalmente, en este análisis de los requisitos que exige la

apreciación de la eximente examinada hay que contar con la llamada «obediencia

putativa» cuando tanto el superior que da la orden como el contenido de ésta

presenten para el inferior, en sus circunstancias, apariencia suficiente de

legalidad que, en caso de simple duda, habría de resolverla, como es normal, en

la presunción lógica de que, en efecto, se ajusta a los requisitos normales de

este tipo de órdenes para el servicio habitual del sujeto obediente con arreglo

a su experiencia profesional. Problema, este último, que viene a quedar

íntimamente ligado con el de la apreciación del error, que también ha sido

alegado en autos y que, al viciar el consentimiento,

relevaría al sujeto que obrare bajo su influencia de responsabilidad dolosa al

no actuar con malicia por hacerlo en la creencia de la licitud del hecho

ordenado.

No hubo orden de mando superior

DÉCIMO CONSIDERANDO:

Que. aplicando esta doctrina general, contenida en el anterior considerando, a

los hechos enjuiciados en la presente causa, es forzoso empezar por excluir de

todo posible campo de aplicación de la eximente de obediencia debida, ya sea con

valor justificativo ya con el más probable de causa de inculpabilidad,

predominante hoy en la doctrina, a quienes intervinieron en la fase preparatoria

de la conspiración, en primer lugar porque en tales hechos de connivencia,

realizados además al margen de las funciones ordinarias del servicio, no puede

admitirse, y en todo caso no para oficiales generales y jefes del Ejército, para

Tos que manifiestamente esas reuniones y esos planes tienen que ofrecer de

carácter potencial hechos delictivos sin error posible; en tal sentido, una de

las exclusiones claras de la posible alegación eficaz de la obediencia debida es

el supuesto en que los sujetos, agente y ordenante, previamente a la orden en

cuestión sean concordados para la realización de los hechos que después se

pretendería esquivar en el supuesto vínculo de subordinación. Tampoco cabe

apreciar tal circunstancia en quienes, por su alta jerarquía militar, como

sucede con todos los oficiales generales procesados, no recibieron orden alguna

de mando superior a ellos, ni .pueden alegar supuesto error al res-

23 F SENTENCIA DEL TRIBUNAL MILITAR

Los tenientes de la Guardia Civil actuaron Las órdenes de sus superiores naturas

pecto con refere non • supuestas confidencias de respaldos de muy alto nivel,

dado que en su situación tal error era, de modo evidente, fácilmente vencible,

al contar con medios de acceso a loa más altos mando» de la cúpula militar para

comprobar la existencia de una orden licita respecto a loa hechos concretos

planeados que, a su nivel, tenían que aparecer manifiestamente en contradicción

con el orden constitucional. No puede tampoco predicarse la existencia de esta

circunstancia de aquellos que, en vez de una orden imperativa, recibieron de su

jefe meramente la posibilidad de optar libremente por adherirse o no a la acción

proyectada y ulteriormente de continuar o apartarse de ella ´ En caso análogo

están los que intervinieron en los hechos sin que recibieran orden de superior

inmediato, uno solamente un requerimiento de colaboración de un jefe del Cuerpo,

en este caso de la Guardia Civil, para un servicio extraordinario, sin ningún

tipo de confirmación o comprobación fidedignas, y que por ello manifestaron una

actuación cuando menos imprudente, que no puede eximir de culpabilidad, y que al

no existir en el Código de Justicia Militar un precepto equivalente al articulo

quinientos sesenta y cinco del Código Penal común, obliga a tratar U valoración

y repercusión de tal error vencible a través de la discreción judicial que

otorgan al tribunal los artículos doscientos noventa y cuatro y ciento noventa y

dos del Código castrense, pero sin que sea admisible la circunstancia de

exención de que aquí ee treta Es claro, asimismo, que no cabe esta circunstancia

para quienes, como el teniente coronel Tejero y el comandante Pardo, actuaron

por su propia y personal iniciativa, ni para el único paisano procesado que

también actuó así y que a mayor abundamiento no estaba sujeto a vínculo

jerárquico alguno

Exculpación de los tenientes

UNDÉCIMO

CONSIDERANDO

Por lo que respecta específicamente a loa tenientes de la Guardia Civil aquí

procesados requiere un analista aparte la cuestión planteada respecto de la

obediencia debída. Tiene el personal de la Guardia Civil servicio y organización

peculiares que justifican la exigencia reglamentaria de una obediencia ciega y

aunque no deba serlo tanto como para considerar que no son de aplicación las

restricciones que para órdenes manifiestamente delictivas se contiene en la ley,

sí hay que señalar que estos oficiales salieron de sus respectivos

acuartelamientos bajo las órdenes de sus superiores naturales y con un

conocimiento muy limitado de los objetivos a cumplir y una idea muy general y

confusa que le fue transmitida por aquéllos y que encajaba en su experiencia de

casos similares de servicio, por lo que su error no resultaba vencible en sus

circunstancia* y se hace preciso admitir para ellos U comentada eximente hasta

que pudieron tener directamente otros elementos de juicio que le* sacaron de tal

error. Los acontecimientos de la noche de) veintitrés y ´madrugada del

veinticuatro de febrero presentaron apariencias suficientemente confusas y

expectantes para hacer dudar incluso a mandos muy superiores, de las decisiones

a tomar y por ello a dilatar su adopción en espera de que la situación

apareciese como clara y resueltamente decidida. Nótese que, a ese nivel

jerárquico de oficiales subalternos —que incluso tuvieron contactos con mandos

superiores de su propio cuerpo en el exterior del edifício, sin que pasado* los

primeros momentos de confusión recibieran intimación u orden expresa en

contrario—, no es de extrañar que, en la duda, siguieran el criterio de

continuar a las órdenes de loa miarnos superiores que les habían conducido a la

acción y encuadrando en orden la fuera « ellos confiada púa evitar, cualquier

desbordamiento y. por lo tanto, mayores males. Y si bien y cierto que, ya

avanzada la madrugada, pudieron tener un conocimiento mas exacto de la situación

especialmente cuando de manera indirecta y en diversos momentos conocieran el

mensaje, televisado y radiodifundido, de Su Majestad el .Rey, momento difícil de

individualizar y en el que cada uno tuvo ocasión evidente de vencer su error

inicial y único en el que hubieran podido objetar el vínculo de obediencia

debida que hasta entonces les había movido, aunque cesaría durante unas horas de

exonerarles de responsabilidad la eximente de obediencia por su condición ínter-

media entre loa mandos principales y las clases de tropa, habrá de enjuiciarse

su grado de punibilidad a través de !a excusa absolutaria del articulo

doscientos noventa y cuatro del Código marcial del que luego se ha de tratar

DUODÉCIMO CONSIDERANDO

Que se han alegado por algunos

defensores como atenuantes, al amparo del número primero del articulo ciento

ochenta y seis del Código Marcial, las eximentes incompletas de obediencia

debida, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, legítima defensa del

honor, obrar violentado por una fuerza irresistible y obrar por miedo

insuperable, y por lo que hace o das, objeto de examen en los anteriores

considerandos —que en orden a la brevedad se cían por reproducidos—, resulta que

dichas eximentes, no apreciadas como tales, tampoco pueden acogerse como

atenuantes.

Los que depusieron las armas

Es de señalar —añade la sentencia— que el requinto exigido por el articulo

doscientos nóvenla y cuatro del Código Marcial, en su párrafo primero en

relación con el

último, de someterse a la autoridad

(Continúa en la pag siguiente)

Circunstancias atenuantes apreciadas en varios procesados

(Viene de la página anterior) legítima deponiendo lis Irmas sin haber hecho uso

—agresivo, se entiende— de la* mismas, y cualquiera que sea la forma de la

intimación recibida por los rebeldes, concurre en los procesados, capitan de

navio don Camilo Menéndez Vive, coronel de Ingenieros DEM don Diego Ibáñez

Inglés, coronel de la Guardia Civil don Miguel Manchado García, comandante de

Infantería DEM don Ricardo Pardo Zancada, capitanea de la Guardia Civil don

Francisco Acera Martín, don Juan Pérez de la Lastra Tormo, don Carlos Lázaro

Cort hay, don Enrique Bobia González, don José Luis Abad Gutiérrez, don Jesús

Muñecas Aguilar y don Vicente Gómez Iglesias, capitanes de Infantería don

Francisco Dusmet García-Figueras, don Carlos AlvatezArenas Pardina y don José

Pascual Calvez, capitán de Intendencia don José Cid Fortea y la totalidad de loa

tenientes de la Guardia Civil procesados en esta causa, así como en el paisano

don Juan García Carrea Y a los efectos de graduar la aplicación de esta

autorización legal, el tribuna!, además de la circunstancia atenuante tipificada

en el número octavo del articulo ciento ochenta y seis, recogida en anterior

considerando, aprecia las que a continuación se les de honorabilidad, cualidades

de mando y espíritu militar, brillante historial y acreditado patriotismo;

fidelidad a la Corona, de la que dieron pruebas al acatar, en definitiva, las

órdenes emanadas de su titular para someterse un resistencia horas después, y

haber preferido afrontar, loa oficiales de la Guardia Civil, las consecuencias

de sus actos declinando la oportunidad que se lea ofreció por la autoridad

competente de salir del territorio nacional; motivaciones todas éstas de

innegable pesa, que no disculpan ni justifican, pero sí

deben atenuar lea consecuencias de los hechos realizados, todo lo cual ha de

jugar pero analmente al fijar las penas que a cada acusado han de aplicarse,

según »u grado de participación y relevancia relativa en los hechos, con la sola

excepción de loa dos procesados comprendidos en el articulo doscientos ochenta y

siete del Código castrense por así vedarlo expresamente el articula doscientos

noventa y cuatro de dicho Codito, como tampoco cabe para tatos dos procesados

graduar la extensión de la pena en los términos que autoriza el articulo ciento

noventa y dos, por el carácter de única e indivisible que tiene la que fija para

ellos el citado articulo doscientos ochenta y siete.

El palsano

VIGÉSIMO SEGUNDO CONSIDERANDO

Que toda pena principal lleva consigo las accesorias que la ley señala, y los

efectos que por disposición de la propia ley acompaña a unas y otras, y en tal

sentido las que corresponde imponer a los delitos aquí enjuiciados, establecidas

en los artículos doscientos dieciocho y siguientes del Código de Justicia

Militar, son también las que resultan adecuadas para penas comunes, conforme el

artículo doscientos nueve, por ser de tal naturaleza tas que se imperan en el

capítulo correspondiente, sin que acá dable olvidar a tal efecto la condición de

paisano de uno de toa procesados, y en tal sentido, es de tener en cuenta que

conforme el articulo doscientos veintitrés del Código de Justicia Militar los

militares incursos en pena de pérdida de empleo o separación del servicio,

aunque originan baja en los Ejércitos y pérdida de los derechos militares

inherentes, no pierden, en cambio, los derechos pasivos que les corresponden.

Abono da la prisión preventiva

VIGÉSIMO TERCERO CONSIDERANDO

Que por imperativo de cuanto dispone el articulo doscientos diecisiete del

Código de Justicia Militar, para el cumplimiento de las penas de privación de

libertad de quienes son condenadas a las mismas en esta causa es pertinente

hacer abono de la totalidad de la detención, arresto o prisión preventiva

sufridos durante la tramitación de este procedimiento, abono que, en su caso,

habrá de practicarse cuando firme que sea la sentencia, se proceda a la

liquidación de condena que la ley previene.

Reparación del daño causado

VIGÉSIMO CUARTO CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo prevenido en el artículo doscientos dos del Código

Marcial, toda persona criminalmente responsable de un delito o falta, lo es

también, civilmente; y que tal responsabilidad se extiende a la reparación del

daño causado, que habrá de ser determinada por el Tribunal, de acuerdo con el

apartado segundo del artículo doscientos cuatro, y por ello procede declararla

en la cuantía que queda consignada en el resultando decimosexto y que

corresponde a loa desperfectos ocasionados en el Congreso de los Diputados en el

curso de la acción rebelde. De tales desperfectos es responsable, por el

concreto lugar y momento en que se originaron, y por ser él quien dio la orden

correspondiente de la que se derivaron, el procesado en esta causa, teniente

coronel de la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, sin que quepa imputar

esta responsabilidad a ninguno de los restantes procesados, ajenos a dicha

acción La ejecución para la exacción de tal responsabilidad civil habrá de

tramitarse en U correspondiente pieza «parada, en período de ejecución de

sentencia, delegándose para ello en la autoridad judicial de la Primera Región

Militar cuando ésta sentencia sea ejecutoria, y conforme al artículo ochocientos

treinta y nueve del tan repetido Código de Justicia Militar. Igualmente procede,

como así se hace, decretar el comiso de los efectos de propiedad particular

utilizado» por dicho procesado para estos hechos, y que quedan afectos a la

exacción de la responsabilidad civil anteriormente declarada, quedando el

remanente, si lo hubiere, a beneficio del Tesoro Público.

VIGÉSIMO QUINTO

CONSIDERANDO Que en la tramitación de esta causa se han observado las

prescripciones legales, asi como las solemnidades y garantías del proceso

Visto los artículos ochocientos cuarenta y dos, ochocientos cuarenta y tres, en

relación con los artículos ochocientos treinta y ocho y ochocientos treinta y

nueve, así como los demás concordantes del Código de Justicia Militar, y les de

general uso y aplicación.

Solicitud de reducción de penas para Milans y Tejero

Por último se enumeran las penas, y respecto de lae impuestas al teniente

general Milans del Bosch y tí teniente coronel Tejero se recomienda proponer al

Gobierno que, por vía de gracia, las reduzca a veinte años de reclusión y le

ordena notificar las sentencias a las partes

La relación de penas impuestas la publicamos en la página 3.

El texto de la solicitud de reducción de las. penas para los dos principales

encausados es el siguiente

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandarnos y firmamos.

PRIMERO OTROSÍ DECIMOS Que el artículo ciento ochenta y tres del Código de

Justicia Militar concede al Tribunal la facultad de que, cuando estime que de la

rigurosa aplicación de la ley resultare notablemente excesiva la pena, atendidas

la naturaleza del hecho y las circunstancias personales del culpable, pueda

proponer al Gobierno la pena que estime adecuada, en perjuicio de la

ejecutoriedad de la sentencia. En el caso presente concurren en loa procesados

excelentísimos señor don Jaime Milans del Bosch y Ussía y don Antonio Tejero

Molina, condenados en el fallo que precede a sendas penas de treinta años, como

cabeza de rebelión y jefe de fuerzas rebeldes, respectivamente, circunstancias

personales, así como en la comisión de loa hechos circunstancias objetivas que

figuran recogidas en los considerandos correspondientes al estudio d« les

atenuantes y del arbitrio judicial otorgado por loa artículos ciento noventa y

dos y doscientos noventa y cuatro del Código de Justicia Militar, pero que

precisamente no han podido ser objeto de aplicación a estos dos condenados en el

fallo, porque el propio articulo doscientos noventa y cuatro excluye de sus

beneficias a los responsables calificados conforme al artículo doscientos

ochenta y e tete y porque las causas de atenuación resultan inoperantes al ser

la pena fijada en este último artículo único e indivisible en grados o extensión

Debiendo subrayarse que existen precedentes de reducción o conmutación de la

máxima pena por la de veinte años, pudiendo citarse la sentencia de este Consejo

reunido de dieciocho de diciembre de mil novecientos veintinueve y las medidas

de gracia otorgadas por aplicación del real decreto-ley diecinueve mil

novecientos setenta y siete y real decreto trescientos ochenta y ocho/setenta y

siete. ambos de catorce de mano. Sin embargo, por estricta aplicación del texto

leía I, y pese a las circunstancial dichas, el tribunal no ha podido

individualizar y proporcionar la pena en estos casca y se ve precisado a invocar

el articulo ciento ochenta y tres para proponer que sea reducida su rigurosidad

Por tales fundamentos, el Consejo, reunido en sala de justicia, tiene el honor

de proponer al Gobierno de Su Majestad la conmutación individual, en vía de

gracia, de las penas impuestas a estos dos condenados por la de veinte años de

reclusión, conmutación que no afectaría a las penas accesorias.

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS

Que el artículo ochocientos treinta y nueve del Código de Justicia Militar

prevé que, normalmente, firmada la sentencia con testimonio de ella y con los

autos originales, se curse todo por la Presidencia de este Consejo a la

autoridad judicial que deba darles cumplimiento, artículo aplicable este

Consejo reunido en virtud de lo dispuesto en el artículo ocho cientos cuarenta y

tres. Sin embargo, en el caso presente ha de aplazar la delegación en una autor

dad regional judicial debido a que. por lo preceptuado en los artículos tres y

catorce de la ley orgánica nueve mil novecientos ochenta, de sen de noviembre,

de reforma del repetido Código, tanto el ministerio fiscal, en todo caso, como

los condenados a penas de mas de tres artos pueden interponer recurso de

casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con sujeción a los

artículos ochocientos cuarenta y siete y siguientes de la ley de Enjuiciamiento

Criminal, preparando el recurso ante este Consejo, dentro de los cinco días

siguientes a la notificación de la sentencia, debiendo dentro de los tres días

siguientes tenerlo por preparado el Tribunal, si concurren los requisitos

previos, y expidiéndose testimonio de la sentencia

comparece ante dicha Sala Segunda en el te mino improrrogable de quince día .

enviando a la misma la causa y certificación oportunas conforme I artículo

ochocientos

la sitúan lo personal de los procesados (articulo ciento cincuenta y uno bis. a)

Por todo lo cual, hasta que hayan transcurrido los plazos o hayan sido

cumplimentados los trámites del recurso, si se hubiera interpuesto, deberán

seguir en este tribunal los autos y a su disposición los procesados recurrentes,

siendo sólo ejecutoria la sentencia en su día para los que no hubieren

recurrido, sin -perjuicio de lo dispuesto en la misma ley en el artículo

novecientos tres (artículo ochocientos sesenta y uno bis, b) Expidiéndose, desdo

luego, mandamiento de libertad inmediata a los obsueltos y de los que lenyjn ya

Notifíquese. por tanto, esta sentencia a todas las parí» pues el secretario

relator, enterándole» de

cúrsese, n través de la Presidencia de este Consejo, testimonio al Ministerio de

Defensa, así como los dos destinados a los Servicio* de Personal da los

Cuarteles Genera. les del Ejército y la Armada, y transcurrido el plazo de cinco

días dése cuenta para proveer lo que proceda.

 

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