Autor: Gavela, Daniel . 
 Manuel Clavero, ministro para las Regiones. 
 El reconocimiento de las nuevas preautonomías no es una operación oportunista     
 
 El País.    12/03/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 25. 

REGIONES EL PAIS, domingo 12 de marzo de 1978

Con la aprobación de las preautonomías de Galicia, País Valenciano, Aragón y Canarias, el Gobierno ha

resuelto la contradicción entre lo que predicaba y lo que no hacía. Por una parte mantenía negociaciones

con varias regiones a la vez mientras los textos ultimados permanecían congelados en alguna instancia

gubernamental que los medios políticos situaban en la vicepresidencia política. La situación se ha

desbloqueado después de la crisis de Gobierno y cuando el presidente Suárez ha decidido viajar a

Canarias con la preautonomía por delante. Pero a la vez que se resolvía esta contradicción ha aparecido

una nueva: el Gobierno hace una política de preautonomías para todos y UCD en la ponencia

constitucional quiere limitar las autonomías al País Vasco y Cataluña. Sobre estas contracciones, entre el

Gobierno y las del Gobierno con UCD, sobre el proceso de regionalización del Estado y otros temas de su

competencia Daniel Gavela ha conversado con el ministro para las Regiones, Manuel Clavero.

Manuel Clavero, ministro para las Regiones

"El reconocimiento de las nuevas preautonomías no es una operación oportunista"

EL PAÍS: Tres de los cuatro decretos preautonómicos recientemente aprobados habían sido ultimados

hace dos meses y estaban bloqueados por el Gobierno. ¿Qué batalla ha habido que ganar para sacarlos

adelante?

Manuel Clavero: Yo diría que, reconocidas las preautonomías de Cataluña y el País Vasco, como ocurrió

otras veces en nuestra historia, hubo tendencias no sólo dentro del Gobierno, sino fuera de él, que

consideraban que el proceso debía detenerse en ese punto. Pero hoy el sentido regionalista está muy

extendido y su peso político es enorme. Se habían producido negociaciones con otras regiones, y hubiera

sido una incongruencia no haberlas culminado. Además, la ruptura de esta barrera, que tradicionalmente

había tenido esta cuestión, responde no sólo al sentimiento autonomista, sino a las necesidades de un

Estado que, por su exceso de centralismo, tenía que reorganizar su territorio. EL PAÍS: Esta tensión

dentro del Gobierno pudo tener otra salida: el cese de los mantenedores de la tesis de autonomía para

todos entre los que se encontraba el ministro para las Regiones.

M. C.: La política que se siguió era la política del Gobierno, no la de un determinado, ministerio y

paralizar las negociaciones hubiera hecho caer al Gabinete en una incongruencia, además de que

desencadenaría reacciones entre los parlamentarios. EL PAÍS: ¿Este paso del Gobierno nos lleva hacia un

Estado regional? M. C.: En estos siete meses, por consenso de los partidos, se ha trazado de hecho un

mapa regional de España, y no por una disposición del Gobierno, sino por un movimiento de las propias

regiones a través de sus representantes. Todavía hay algunos puntos dudosos sobre este mapa regional

que tienen que decantarse, por ejemplo León, Santander, Madrid, Albacete y alguna otra provincia. Es

cierto que el Gobierno, en su declaración programática, incluía la promesa de preautonomías, pero la

iniciativa en este proceso de configuración de las regiones ha estado en los parlamentarios, que pronto se

fueron constituyendo en asambleas regionales. El Gobierno, en gran parte, se ha limitado a encauzar ese

fenómeno parlamentario. EL PAÍS: A la vista de las interferencias de otros ministros en una parcela que,

en principio, parece reservada al ministro para las Regiones, da la impresión de que en las negociaciones

preautonómicas ha tenido usted dificultades con sus compañeros de Gabinete, como con los

parlamentarios. M. C.: Hay que tener en cuenta que el trabajo del Ministerio para las Regiones no es un

trabajo sectorial: son operaciones de Estado en las que a este departamento le corresponde una iniciativa,

pero no una exclusividad. Por tanto, antes de aprobar cualquier texto, se reparte entre los distintos

ministerios y se estudia concienzudamente por todo el Gobierno, que hace sugerencias a tener en cuenta

en las negociaciones, y que pueden obligar a replantear aspectos de los proyectos sobre los que se ha

estado trabajando. Sobre la marcha de las últimas negociaciones preautonómicas incidió de una manera

importante la fluidez de la vida política del país (municipales, Constitución, etcétera).

No al fenómeno provincia-región

EL PAÍS: ¿No se ha actuado con oportunismo al aprobar las últimas preautonomías, ante la necesidad de

ofrecérsela a los canarios antes del viaje del presidente Suárez al archipiélago?

M. C.: El proceso estaba maduro, especialmente en Galicia, Aragón y el País Valenciano. Debo decir que

nunca el presidente me indicó que interrumpiera estas negociaciones. Además, el compromiso de los

parlamentarios con su electorado originaba un fenómeno irreversible. No creo que el tema canario haya

influido para nada y, desde luego, la aprobación de estas autonomías no tiene nada que ver con un

fenómeno de oportunismo. EL PAÍS: ¿En qué medida la extensión de las preautonomías se hace a costa

de vaciarlas de contenido?

M. C.: En modo alguno. La extensión de las preautonomías no va a mermar la intensidad de las mismas,

porque no se trata de un fenómeno de reparto, sino de transferencia de funciones, y si diéramos a

Cataluña el control de las carreteras, por eso no tendríamos que quitar al País Vasco el control de las

suyas. EL PAÍS: Como otras veces en nuestra historia, hay algún síntoma de cantonalismo-provincial.

¿Cuál es la actitud del Gobierno al respecto?

M. C.: Es la Constitución la que debe evitar el cantonalismo. E! fenómeno provincia-región tiene que ser

excepcional, y debe ser impedido allí donde no haya razones históricas de peso o un territorio y unas

posibilidades de recursos que hagan viable el proyecto. Además, quiero subrayar un hecho, y es que la

racionalización de la vida moderna ha convertido al espacio provincial en insuficiente para un desarrollo

óptimo de la vida pública.

Debe existir un marco autonómico único

EL PAÍS: A la vez que el Gobierno entraba en la política de autonomía para todos, en el Congreso UCD

introducía un documento en la ponencia constitucional que limitaba la autonomía a Cataluña y el País

Vasco. ¿Cómo se explica esta contradicción?

M. C.: A ese documento no se le puede dar otro valor que el de un documento de trabajo, pues no

responde a ninguna decisión ni del Gobierno ni del partido: UCD presentó en esta materia unas

observaciones generales que se caracterizan por el reconocimiento del derecho de autonomía para todos y

por la ausencia de privilegios y discriminaciones para nadie. Yo entiendo, por tanto, que sólo es

documento de trabajo el que va a volver al estudio del grupo parlamentario de UCD. Al menos, mi punto

de vista es que debe existir un marco único constitucional que defina el ámbito de la autonomía común

para todos, aunque no uniforme. La diversidad debe obtenerse a través de cada estatuto. EL PAÍS: ¿Puede

precisar qué entiende usted por marco común no uniforme?

M. C.: La Constitución va a renunciar a trazar un mapa regional de España y, en cambio, va a reconocer

el derecho a la autonomía para aquellos pueblos que quieran hacer uso de ese derecho que, por otra parte,

es de la misma naturaleza para todos los pueblos de España. En mi opinión, este derecho tiene tres

aspectos: autoconfigurarse (definición del territorio), autorregularse (estatuto) y autogobernarse (órganos

de poder regional). Además, el marco común debe recoger qué materias no debe o no puede transferir al

Estado y, esto es importante, qué materias debe necesariamente asumir el ente autónomo, porque ello

engendrará responsabilidad y restará ligereza a las pretensiones de autogobierno de aquellos territorios

que no tengan capacidad para asumir esos mínimos. Finalmente, el marco debe regular las relaciones

Estado-región y las haciendas locales a fin de evitar que se rompa la solidaridad nacional. EL PAÍS:

¿Cómo ve el futuro del término nacionalidades en la Constitución?

M. C.: Personalmente considero que debería evitarse, porque es un término ambiguo, que permite

interpretaciones distintas. EL PAÍS: El gran ausente de este paquete preautonómico es Andalucía. ¿No se

habrá querido hacer un feo al PSOE, que es el partido mayoritario en esta región? M. C.: Bien que lo

lamento, como andaluz, que no haya podido salir la preautonomía de mi región, pero confío en que pronto

suceda, si todos renunciamos a protagonismos . personales. Pero quiero dejar claro que no se trata de

menoscabar la posición de los socialistas. En el País Valenciano el PSOE es mayoritario, y ahí está su

preautonomía.

 

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