Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   El país real     
 
 ABC.    22/09/1976.  Página: 3-. Páginas: 2. Párrafos: 19. 

III.-EL PAÍS REAL

EL país real es, obviamente, el que está ahí, delante de nosotros, y que podemos ver, oir,

tocar, medir y analizar. Y no es poco lo que hemos avanzado, en los últimos años, en capacidad

de utilizar las técnicas estadísticas, econométricas, sicológicas y sociológicas para realizar

esa observación.

Ocurre, sin embargo (y se trata de algo importantísimo), que una sociedad es algo tan complejo,

profundo y cambiante, que nuestra capacidad de entendimiento de la misma es muy limitado. Hay

hechos de fácil medición: el crecimiento de la población, el número de estudiantes, o los días

de paro en las empresas industriales. Pero cuando queremos ir más allá nos damos cuenta de que

no disponemos de un buen equipo de rayos X para ver en el interior; y que en la mayor parte de

los casos comprobamos hipótesis previas, gran parte de ellas tomadas de esfuerzos semejantes

para entender a otros países, cuyos modelos sólo en parte son útiles para captar nuestra propia

realidad.

Dicho esto, es indudable que en una serie de hechos sí podemos estar de acuerdo. En primer lugar,

España es, en el último cuarto del siglo XX, una sociedad que ha entrado, de modo irreversible,

en el mundo moderno; es decir, el basado en un sistema económico de predominio industrial y de

cultura urbana. Tenemos que enterarnos, de una vez para todas, que en un mundo industrial y en

el cual las formas de vida de la ciudad se extienden (a través de la televisión) a todo el país,

no es mucho lo que podemos hacer para mantener las formas de vida de las aldeas y de los pueblos.

Esta es una observación muy importante. Son muchos los que aceptan la industrialización y la

urbanización del país; pero que, al mismo tiempo, rechazan la modernización de las costumbres,

de las leyes y de las instituciones sociales y políticas. En esto reside una gran parte de las

contradicciones en que nos debatimos a partir de los años sesenta.

Conste que soy un entusiasta del campo y de las pequeñas comunidades. De ellas vengo, de la

parroquia gallega y del caserío vasco. Pero he aprendido, también, sobre todo en Inglaterra, que

la única forma de mantener la agricultura y la vida rural, con todos sus encantos, es

insertándolas en una comunidad moderna, con potentes medios industriales y técnicos, con una

renovada relación entre la ciudad y el campo, y una nueva ordenación del territorio.

En segundo lugar, esta situación (rápidamente acelerada en los últimos 20 años) definía, hasta

1974, una crisis de crecimiento. El país crecía económicamente; mas ello arrastraba, en torno a

este núcleo central positivo, una serie de efectos que, de momento, eran negativos y se iban

acumulando. Es dudoso si el país se hubiera podido permitir a la vez el equipamiento económico

y el equipamiento social; lo cierto es que el desequilibrio fue muy grande. Las gentes que

venían a las barriadas de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Zaragoza y de tantos otros sitios,

se encontraron con un gran déficit de viviendas, de escuelas, de hospitales, de guarderías, de

comisarías, y así sucesivamente. Uno de los grandes cuellos de botella fue la falta de capacidad

y de decisión para crear suelo urbano, para establecer cánones eficaces de plusvalía y de

equipamiento, y las reservas de terrenos necesarias para iglesias, escuelas, jardines, guarderías,

etc. Hubo más cemento que zonas verdes. En definitiva, el crecimiento industrial y urbano se

produjo de un modo mal planeado y socialmente injusto. En todo caso, el crecimiento acumulativo

anual permitió un aumento razonable del consumo y del ahorro, y sin necesidad de un pacto expreso

todo el mundo aceptó que cada año se mejoraba, y que por lo mismo había fundamento para la

esperanza y para la espera. En los últimos años empezó a jugar, eficazmente, la contratación

laboral colectiva, asegurando un crecimiento anual, absoluto y relativo, de la masa salarial.

La situación se invierte, desgraciadamente, a partir de 1974, con efectos claros a lo largo de

1975. La crisis de crecimiento se convierte en crisis de recesión. Conviene dejar claro de una

vez que el efecto básico de la crisis de la energía ha sido un aprovechamiento forzado de todos

los países compradores de petróleo en beneficio de los países productores de crudo y de las

compañías petroleras. Países como Irán, Libia o Venezuela se han enriquecido; países como

Estados Unidos, que producen la mayor parte de su petróleo y reciben los beneficios de sus

compañías explotadoras, han superado rápidamente la crisis. Los países del Occidente europeo,

en cambio, han visto disminuir en un 20 por 100 su poder adquisitivo exterior. Si a cualquiera

de nosotros le suben de pronto de modo notable la renta de su casa y no le suben el sueldo, no

tiene más que dos caminos: o mudarse a un cuarto más modesto o ahorrar en otras cosas. Es tan

sencillo y tan tremendo. Muchos países lo entendieron así y establecieron inmediatamente medidas

de austeridad. Nosotros, prácticamente, no; nos quedamos a la espera, a ver si escampaba. No

escampa, ni escampará. La conclusión es obvia: cuando la gente esperaba nuevas mejoras anuales,

y la solución de los problemas atrasados, ha venido el parón. Los grupos sindicales piden

subidas mayores de salarios; las asociaciones de vecinos, mayores inversiones en equipamiento

social; la tarta no crece, sino que tiende a decrecer; el paro aumenta; los países que tomaban

de nosotros ciertas mercancías y el esfuerzo laboral de nuestros emigrantes (alrededor del 8 %

de la población activa española) han dejado de hacerlo, o han reducido sus cuentas, porque ellos

mismos están en recesión; y también nos envían menos turistas.

El resultado es un serio deterioro en la balanza de pagos, que no ha bastado a paliar la

devaluación; la aceleración de la inflación; grandes dificultades para la reactivación, y toda

clase de problemas para lograr un pacto social.

Ahora bien, éste es indispensable. Podría lograrse en base a una serie de compromisos sobre la

reforma social, y una rápida actuación de la reforma sindical, creando a los dos lados de la

mesa interlocutores válidos. Pero, sobre todo, haciendo lo único que puede hacerse cuando hay

una crisis de recesión, que es repartir mejor la tarta. Es decir, adoptando medidas inmediatas

de reforma fiscal y de lucha contra el fraude tributario, tipificándolo como delito. Sabemos lo

que hay que hacer, y todos los estudios se han completado hace más de cinco años. Queda por

ejecutarlos de modo efectivo y ejemplar.

Hay que utilizar de modo más enérgico y eficiente el sector público, como regulador y unificador

del conjunto de la economía; acometiendo, además, un empréstito nacional destinado a inversiones

en sanidad, educación y servicios sociales, que remedie los retrasos anteriores y reduzca el

paro. Hay que resolver de una vez el problema del suelo y de los escalones comerciales

intermedios en beneficio del consumo; y así sucesivamente.

Pero sigamos. La sociedad española es, a la vez, una y varia. Todos los países lo son; lo son

Suiza y Bélgica; un gales y un escocés no son lo mismo que un inglés; de Alsacia a la Costa

Azul va la misma diferencia que entre Alemania e Italia; y un bávaro no se parece demasiado a

un prusiano. En realidad, nuestras diferencias son menores que en otros países del Occidente

europeo. Pero existe un problema que es bien real, y que hoy está cargado de pasión y de

mitología e incluso de dogmatismos cerrados. No podrá resolverse sin tener en cuenta esa

variedad: España es una y varia; y otra gran realidad: estos temas no pueden resolverse más

que a base de paciencia, de ajustes progresivos, de gradualismo. Y, por supuesto, de espíritu

de justicia.

Otro punto importante es que el país es a la vez bastante religioso, y por otra parte está

bastante secularizado. Los que olvidan lo primero o confundidos por las variaciones más

recientes de la Iglesia, pretenden desconocer la trascendencia del fenómeno religioso en nuestro

país, se equivocan. Se engañan también a sí mismos los que pretenden devolver la sociedad

española a una etapa anterior al mundo contemporáneo. La Iglesia ha de adaptarse, de buena fe,

a la sociedad actual; ha de modernizarse ella misma por dentro y de ha de renunciar a controlar

parcelas de la vida social que ya le son ajenas. El Estado, a su vez, tras una separación

amistosa, pero real, debe valorar el conjunto de la vida religiosa, y dejarle plenas

posibilidades de expansión, dentro de una libertad e igualdad generales; no tolerando, en

defensa del orden público, los excesos o manifestaciones antisociales de nadie. La acción

social debe ser libre para todos, dentro de la Ley, sin anacrónicos derechos de asilo o

privilegios de impunidad. Y, por supuesto, ninguna jurisdicción puede ser eficaz en lo temporal

más que la del Estado.

Otro punto en el que hay acuerdo general: la reforma administrativa. La Administración española

es demasiado compleja y barroca para las necesidades actuales. La Administración Central

necesita una reorganización completa; sus órganos periféricos deben reforzarse, introduciendo

el escalón regional y unificando las competencias de las Delegaciones departamentales. La

Administración institucional de los numerosos organismos autónomos y semiautónomos debe ser

revisada a fondo, reforzando a la vez la flexibilidad operativa y el control eficaz. La

Administración local debe refundirse muy en serio; tenemos más de 8.000 municipios, mientras

Inglaterra (sin Escocia y Gales) tiene, para 40.000.000 de habitantes, poco más de 300. También

aquí el escalón regional es indispensable.

La educación nacional está en crisis indudable; hay que reconsiderarla arriba y abajo. Empezando

por abajo, lo más urgente son plazas escolares para todos los niños. Quiero decir, ya; es decir,

alquilando locales, pagando horas extraordinarias a los maestros, utilizando muchos locales en

dos turnos, y así sucesivamente. Y, en vez de buscar lo que ahora es imposible (la gratuidad),

buscando sistemas prácticos que hagan posible y barata para todos los padres la enseñanza para

sus hijos en lugar de la lotería actual. De ahí hay que ir subiendo hacia arriba, con realismo,

porque preparar más graduados y titulados de los que el país puede absorber es condenarlos a la

frustración y al conflicto permanente.

En cuanto a los demás servicios sociales, yo creo que hemos llegado también a un punto en el

que habiéndose logrado mucho hay que dar un nuevo salto hacia adelante. Es, a la vez, sencillo

y difícil. El país no puede permitirse un sistema múltiple de previsión y de sanidad. Hay que

hacer generales, para todos los españoles, todos los servicios sociales necesarios e integrar

en un solo organismo ministerial toda la administración correspondiente, con una financiación

única. Todo lo demás es perder el tiempo y encarece innecesariamente la administración.

Otro problema: la tierra. Es evidente que el mismo sistema de tenencia de la tierra (rústica

y urbana) que servía para cuando el país tenía (a primeros de este siglo) dieciocho millones

de habitantes, no sirve para el momento actual, en que pasamos de treinta y cinco. Si no sirve

hay que revisarlo, y muy a fondo. La tierra es un bien nacional, y la propiedad privada un

derecho en cuanto cumple una función social. La especulación del suelo urbano; el abandono de

grandes extensiones de tierra por los emigrantes a las zonas industriales y el mantenimiento

de grandes latifundios, con explotación a distancia, y sin suficientes contrapartidas fiscales,

ni cumplir funciones de apoyo social a la zona de donde se extraen los beneficios, debe ser

afrontada en serio por el legislador. Los principios son claros: planificación integral del

territorio y sus usos óptimos; objetivo de crear (en unos sitios, diviviendo, y en otros,

agrupando) granjas viables para su base de empresas agrícolas y ganaderas familiares;

utilización a fondo de las fórmulas cooperativas y regulación de la gran empresa agraria sobre

nuevas bases laborales y fiscales; restablecimiento de grandes patrimonios comunitarios de los

pueblos.

Podríamos seguir. Pero este no es el sitio de hacer un programa exhaustivo. Es un intento de

recordar que el país real es un país desbordado por su propio crecimiento y en el cual muchos

temas están desfasados en su planteamiento legal y administrativo. Y ya se sabe que si esta

situación continúa en un período de recesión económica, más pronto o más tarde llegaremos a

una crisis global.

Las reformas deben adelantarse a los planteamientos revolucionarios. No pueden adelantarse más

que por la decisión y la rapidez. Y aún es tiempo.

Manuel FRAGA IRIBARNE (Próximo artículo: «EL PAIS LEGAL».) 

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