Felipe González perfila la tesis del compromiso constitucional     
 
 Ya.    07/12/1976.  Página: 14-15. Páginas: 2. Párrafos: 22. 

07/12/76

FELIPE GONZÁLEZ PERFILA LA TESIS DEL COMPROMISO CONSTITUCIONAL

Es la alternativa que el PSOE propone si no se dan unas elecciones generales y limpias para un

Parlamento Constituyente

Las fuerzas participantes en el proceso electoral que lo suscribieran se comprometerían a liquidar todos

los residuos autocríticos

El objetivo es conseguir una constitución democrática y abierta

Debe operar a partir de las elecciones, donde cada partido se presentaría con su propio programa e

identidad

Primer objetivo económico-social: Una política de defensa del empleo. Modificación de la política de

gasto público, reforzamiento del sector público y reforma fiscal El PSOE se propone afianzar su

vocación democrática.

No fue un discurso fogoso. Felipe González, primer secretario del PSOE, treinta y cuatro años, sevillano,

licenciado en Derecho, promotor de la primera asesoría laboral de la capital hispalense, militante del

Partido desde 1964, miembro de la Ejecutiva a partir de 1970 y elegido primer secretario en e1 Congreso

de hace dos años —Isidoro en la clandestinidad—, prefirió hacer un análisis "sosegado" de la situación

económica, social y política del país y ofrecer en cada ámbito respectivo una alternativa concreta. Su

amplio discurso de apertura—más de cien folios, leídos reposadamente a lo largo de hora y media—fue

una "profunda y rigurosa" reflexión con el propósito da contribuir a encontrar "el camino más recto hacia

la democracia en España".

Entre otras cosas dijo:

Es evidente que en la oposición democrática existe una crisis profunda. El plan de reforma política del

Gobierno Suárez ha ahondado las diferentes concepciones que existían en su seno. En principio, la crisis

de CD es, sobre todo, una crisis de adaptación. En términos políticos, el Gobierno Suárez ha sabido entrar

en el terreno de la oposición, conservando controles autocríticos de poder suficientes para mantenerse con

una cierta estabilidad, en tanto que la oposición ha quedado relativamente paralizada al no encontrar

fórmulas que, incidiendo en las contradicciones del poder y ganando nuevas parcelas de libertad, lo

debiliten y lo fuercen a una negociación insoslayable con la oposición en el camino de una alternativa

democrática.

El Partido cree que debe mantenerse la coordinación entre el mayor número de fuerzas políticas y

sindicatos de la oposición democrática. Pero en la situación presente, considera necesario readaptar la

estrategia y la táctica de la oposición democrática para alcanzar los mismos objetivos propuestos,

mediante la adecuación a las circunstancias políticas, sociales y económicas de nuestro entorno. Es

necesario insistir en nuestra reivindicación de una alternativa democrática limpia. Lo negociable es el

proceso de tránsito de la dictadura a la democracia, pero no el objetivo democrático mismo.

Compromiso constitucional

Antes de la realización de las elecciones generales deben darse unas condiciones para que se derive una

alternativa democrática limpia o, lo que es lo mismo, que esas elecciones puedan ser identificadas con el

objetivo de ruptura democrática. Por ello se viene defendiendo que se negocie el proceso de transición,

que se respeten las aspiraciones de nacionalidades y regiones, que se garantice la libertad de todos los

partidos políticos, que se discuta y acepte por todos la ley que debe presidir el proceso electoral y que el

Gobierno que cubra el período goce de consenso democrático. Si la ruptura democrática, que se

identifica por la oposición con esas elecciones generales y limpias para un Parlamento constituyente no

están garantizadas por el proceso electoral que se realiza, ¿qué fórmula alternativa proponer? Podría

ofrecerse un compromiso que fuera más allá en el tiempo y en las condicionas que el hasta ahora

imperante entre los órganos de la oposición.

Este compromiso, que venimos llamando constitucional, consistiría en aunar todos los esfuerzos de los

partidos participantes en el proceso electoral para que, aun no dándose las condiciones totales exigidas, y

precisamente por no darse asas condiciones, están fuerzas, tal vez mayoritarias, pese a todo, en los

órganos de representación elegidos, garantizasen la liquidación de todos los residuos automáticos.

Se trata de garantizar que, pese a los intentos pseudodemocráticos del poder, las fuerzas políticas de la

oposición pueden conquistar una constitución democrática. Se trata de ampliar el tiempo de vida de los

compromisos adquiridos en CD y la POD. Estos tendrían su fin, según lo establecido hasta el momento

presente, el día mismo de la celebración de las elecciones generales. En la nueva formulación, si estas

elecciones no se realizan en las condiciones previstas por la oposición democrática, el compromiso se

ampliaría hasta alcanzar una constitución democrática. Dicho de otro modo, la ruptura democrática se

identificaría con la conquista de una constitución democrática y no solo con la realización de elecciones

para elaborar esta constitución.

LIMITES.—Los límites de este compromiso serían, a grandes rasgos, los siguientes: todas las fuerzas

participantes se comprometen a liquidar el tinglado constitucional del franquismo y a convertir en

constituyentes formal y materialmente unas Cortes convocadas sin este doble carácter; consecuentemente,

las fuerzas políticas integrantes de este compromiso deben disolver las Cortes en el momento en que se

haya cubierto el objetivo de realización de una nueva constitución democrática. El objetivo, pues, del

compromiso es conseguir una constitución democrática y abierta de la que hayan desaparecido los

residuos autocráticos de este régimen y que garantice unas oportunidades semejantes para todas las

fuerzas políticas democráticas sin exclusiones.

El compromiso constitucional debe operar a partir de las elecciones. A éstas cada, organización tiene que

acudir con su propio programa, con su identidad, con su personalidad para que el pueblo —conociendo

que el objetivo común supra partidario es la democracia—, pueda esclarecer sus opciones y para que cada

partido pueda medir su influencia y, por tanto, su importancia.

Alternativa económico-social

Los socialistas españoles estamos convencidos de que para sentar unas bases económicas sólidas sobre las

que pueda consolidarse la futura democracia, española es preciso llevar a cabo, en primer lugar, una

política de defensa del empleo. Primera medida inmediata sería instrumentar estímulos directos a la

creación de puestos de trabajo y al aumento de las plantillas, imprescindibles para absorber un paro que

está llegando a niveles intolerables. Al propio tiempo, también es necesario transformar el sistema de

Seguridad Social de modo completo. Es necesario efectuar cambios que eviten la quiebra a que está

abocado a corto plazo el sector público español si no se realiza una reforma fiscal. Es necesario controlar

el sistema financiero para ponerlo al servicio de esa política de expansión del empleo y de recuperación

de la actividad económica, y son necesarias orientaciones nuevas en muchos campos, entre los que se

pueden mencionar una política de urbanismo renovada, una política de educación distinta, una nueva

política agraria y un nuevo enfoque de los problemas del turismo.

Se debe traspasar al sector público —reforzado—una parte creciente de la Seguridad Social de los

trabajadores para que no se desincentive esa creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo hay que

orientar la producción española hacia servicios públicos de transporte, educación, sanidad y creación de

infraestructura, sectores que incorporan abundante mano de obra en vez de privilegiar industrias muy

intensivas en capital, que, con inversiones enormes, crean un número muy reducido de puestos de trabajo.

Estas reformas son imposibles sin modificar la política de gasto público y si no se refuerza el sector

público del país. La presión fiscal española alcanza sólo un 20 por 100 del producto nacional bruto,

Seguridad Social incluida. Aumentar la presión fiscal del 20 al 30 por 100 del PNB en los próximos

cinco años supone, a nivel de los ingresos del sector público en el año 1976, 650.000 millones adicionales

a disposición del sector público, que deberían ser utilizados doblando el presupuesto de educación,

aumentando el presupuesto de Seguridad Social y ejerciendo una acción mucho más intensa en

inversiones de infraestructura.

CONTROL DE GASTO. — La potenciación del sector público tiene que ir pareja con una mejora de

los instrumentos de control del gasto público. Es necesario, pues, crear órganos especiales de control

parlamentario y órganos de control sindicales para asegurar que el gasto público se destine a los

fines para que ha sido aprobado y que se canalice, efectivamente, hacia donde el país lo desee.

Entre las medidas que deben tomarse también para la defensa del empleo están la del encarecimiento

de las horas extraordinarias, pero procurando que se reduzcan al mínimo imprescindible en

situaciones realmente extraordinarias; reducción de la jornada laboral a cuarenta horas y la edad de

jubilación a los sesenta años, así como la creación de un auténtico servicio de empleo gestionado por los

trabajadores y descentralizado. Por otra parte, es necesario acabar con las prácticas ilegales de

prestamismo laboral.

SEGURIDAD SOCIAL. — La Seguridad Social debe velar porque todos los miembros con unos

ingresos por debajo de un determinado mínimo reciban una asistencia cuando ya no puedan trabajar o en

casos de enfermedad. El actual sistema, además de a los trabajadores, debe extenderse a toda la

población necesitada, a toda la población con ingresos reducidos. Esta extensión del ámbito de las

prestaciones de la Seguridad Social exige una reforma de la financiación de ésta, traspasando al

presupuesto del Estado una parte sustancial de las cuotas hoy pagadas por los trabajadores y por las

empresas. La Seguridad Social representa actualmente sólo un 8 por 100 de la renta nacional, por lo que

pensamos que en un período de cinco años ese porcentaje debe doblarse.

Reforma fiscal

La potenciación del sector público es imposible sin una reforma fiscal. Y una reforma lineal verdadera

sólo puede surgir de la voluntad expresada por las fuerzas políticas, de un acuerdo democrático y de

una voluntad profunda de aplicarla. Consiste en fundamentar el sistema fiscal en cinco impuestos:

un impuesto sobre la renta personal, que tiene hoy una ridícula cuantía relativa; un impuesto sobre el

patrimonio, que haga tributar la riqueza que no genera renta manifiesta, pero a la cual puede imputarse un

grado de bienestar social; una elevación del impuesto sobre las sociedades; impuesto sobre las

sucesiones que evite las enormes posibilidades de evasión fiscal que tiene el actualmente vigente;

impuesto sobre el valor añadido, en sustitución del actual impuesto sobre el tráfico de las empresas,

que fomenta integraciones empresariales por razones fiscales y no por razones económicas. La reforma

fiscal más inmediata y trascendental que podría aplicarse sería tener la voluntad política, de percibir los

impuestos y de perseguir el fraude.

Organización interna

Pasar de la clandestinidad a la legalidad exige ir a una organización de masas. Nuestra organización debe

afianzar y desarrollar hasta sus últimas consecuencias de profunda vocación democrática. Ello quiere

decir, articular de forma adecuada la descentralización y federalización del partido; ahondar en su sentido

pluralista, respetando las diferentes opciones que en su seno se producen, para combinarlas

dialécticamente en una síntesis unitaria. Al mismo tiempo, esa democracia puede ser el talón de Aquiles

de la organización si no se complementa con un sentido profundo de la disciplina y da la unidad en la

búsqueda del objetivo propuesto. Hay que exigir un cumplimiento estricto de la disciplina interna. Así, la

linea mayoritaria que en el Congreso se expresa debe ser acatada y defendida por la totalidad sin fisuras y

sin enfrentamientos estériles, Nuestra vocación democrática nos ha llevado a concebir el Estado como un

Estado federal. Como un Estado capaz de asumir la diversidad plurinacional o plurirregional de España.

Y esto debe reflejarse con mayor intensidad y claridad en nuestra estructura organizativa.

Nuestro modo de entender el marxismo no es dogmático, sino metodológico y dialéctico. Debemos evitar

el mayor crimen contra el marxismo que pueda cometer una organización socialista; el dogmatismo, la

aplicación mimética de unos postulados y unos principios que se elevan a la categoría de sacrosantos.

Unidad socialista

Estamos convencidos de que en el seno de la familia socialista las diferencias ideológicas son escasas, por

no decir inexistentes. El problema más grave se plantea en la diferente concepción sobre la estructuración

del movimiento socialista en el Estado español. Frente a nuestra concepción solidaria y federal se postula,

por algunos grupos una concepción diferente, que parte de la existencia de muchos partidos socialistas

regionales o de nacionalidades que se federan entre si. Esto lleva, en nuestra opinión, implícito un germen

disgregador e insolidario que fragiliza la potencia del socialismo. A una concepción federal del Estado

corresponde un partido federal.

 

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