Autor: Fernández de la Mora y Mon, Gonzalo. 
   La reforma     
 
 ABC.    17/10/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 17. 

LA REFORMA

LAS grandes alternativas constitucionales que el contexto histórico presentaba a los

españoles eran cuatro: la inmovilidad, la continuidad perfectiva, la reforma y la ruptura.

Quienes podían hacerlo optaron por la reforma. Como le acontece a la casi totalidad de nuestro

pueblo, no me siento corresponsable de tan histórica decisión. En política, a diferencia de lo

que ocurre en física, la mayoría de los procesos, una vez desencadenados, son difícilmente

reversibles. Hoy, el proceso de reforma es, para bien o para mal —eso lo dirá la Historia—,

irreversible. Soy, pues, partidario de la reforma constitucional; hoy mejor que mañana. La razón

es evidente: el revisionismo ha creado un clima de duda en torno a la estructura y a la

representatividad de las instituciones y muy singularmente de las Cortes. La incertidumbre

constitucional es una de las situaciones más disolventes e insostenibles en que puede

encontrarse una sociedad porque pone en entredicho no ya al Poder ejecutivo, sino al mismo

Estado. Se impone zanjar urgentemente y recabar de la nación un consenso en el que se funde

la autoridad.

Pero, ¿cómo apelar a la base? Se podría haber sometido a referéndum nacional un proyecto

de ley que, con carácter previo, contemplase las cuatro alternativas. Hubiera sido lo más

democrático, lo más rápido y lo más sencillo. Mas quienes tenían la posibilidad de hacerlo

dieron por supuesto que interpretaban la voluntad popular y optaron por una de las alternativas:

la reforma con extensión del sufragio universal inorgánico a la elección, por lo menos, de la

Cámara Baja. También esta decisión me parece irreversible.

En esta linea el primer Gobierno de la Monarquía aprobó, en junio, un proyecto de modificación

de fas Leyes Fundamentales que, en su mayor parte, llegó a ser discutido por el Consejo

Nacional. El segundo Gobierno presentó otro texto, muy breve y más revisionista, en el mes de

septiembre. El Consejo Nacional, después de discutirlo tan veloz como intensamente, acaba de

aprobar su preceptivo informe. ¿Qué modificaciones sugiere al esquema gubernamental?

El Consejo reitera la aceptación —ya manifestada en junio— de un bicameralismo con un

Congreso elegido por sufragio universal; pero en casi todo lo demás ha rechazado las fórmulas

propuestas por el Gobierno y las ha reemplazado por otras notablemente distintas:

1. El proyecto contenia un extenso preámbulo, tan desafortunado de forma como de fondo,

con una serie de lucubraciones abstractas, impropias de un texto referendario. El Consejo

se inclina por su supresión o refundición total.

2. El proyecto establecía que el Senado fuese elegido, mediante sufragio inorgánico, a razón

de cuatro senadores por provincia. El Consejo recomienda que, además de las entidades

territoriales, el Senado represente los intereses económicos, sociales, culturales y

profesionales; es decir, que sea una Cámara de carácter orgánico.

3. El proyecto fijaba en cuatro años tanto el mandato de los diputados como el de los

senadores. El Consejo propone que la duración de los mandatos sea distinta para los

senadores y que su renovación no se efectúe al mismo tiempo que la de los diputados.

4. El proyecto facultaba al Rey para designar libremente al presidente de las Cortes. El

Consejo entiende que debe respetarse la normativa actual; es decir, que el nombramiento

se efectúe por la Corona, a propuesta en terna por el Consejo del Reino.

5. El proyecto otorgaba la iniciativa de las reformas constitucionales al Gobierno y al

Congreso. El Consejo considera que dicha iniciativa la deben tener, como acontece

actualmente, el Gobierno y las dos Cámaras.

6. El proyecto establecía una mayoría simple de las Cortes para aprobar una reforma

constitucional. El Consejo pide que se mantenga la mayoría cualificada de dos tercios, que

es la que exige la Constitución vigente.

7. El proyecto facultaba al Monarca para que libremente someta o no a referéndum las leyes

de reforma constitucional ya aprobadas por las Cortes. El Consejo entiende que tal

referéndum debe ser preceptivo en todo caso, según lo establecido por las leyes en vigor.

8. El proyecto concedía al Congreso una preeminencia sobre el Senado para la legislación

ordinaria. El Consejo sugiere la paridad colegisladora de ambas Cámaras.

9. El proyecto autorizaba al Monarca para someter directamente al pueblo opciones de

interés general. El Consejo estima que, a fin de evitar desgastes de la Corona, dichas

consultas requieren la preceptiva asistencia del Consejo del Reino.

10. El proyecto no determinaba cómo se designarían los diez consejeros del Reino electivos.

El Consejo entiende que cinco deben ser elegidos por el Congreso y cinco por el Senado.

11. El proyecto instauraba la representación proporcional, eventualmente regulada por

decreto. El Consejo se pronuncia a favor del sistema mayoritario para la elección de ambas

Cámaras, y entiende que la norma debe tener rango de Ley aprobada en Cortes.

12 l proyecto no determinaba si los diputados serían elegidos sólo en función del número de

electores o si habría de reservarse, además, un mínimo por provincia. El Consejo se

pronunció por esto último.

Tan enjuta, pero larga, enumeración demuestra que la razonable reforma constitucional que

propone el informe no vinculante del Consejo Nacional coincide con el proyecto del Gobierno

casi en un solo punto: el del bicameralismo con un Congreso de sufragio universal; nota que

es, por cierto, el común denominador de este proyecto y del presentado por el primer Gobierno

de la Monarquía. Prácticamente en todo lo demás el Consejo ha presentado fórmulas

diferentes. Ahora el Gobierno, antes de enviar un texto a las Cortes, puede revisar sus

posiciones y lo razonable es suponer que lo hará. En tal caso sería muy probable el éxito de la

reforma política. Pero si desoyera al Consejo Nacional, cuyos miembros son todos

procuradores, y algunos muy representativos de importantes grupos parlamentarios, el futuro

del proyecto se tornaría más problemático.

El grave y acelerado deterioro de la situación económica, social y política exige una apelación

inmediata al pueblo y para ello urge la clarificación constitucional. Hace falta que el país se

pronuncie acerca de si desea incrementar el patrimonio nacional o dejar que se haga almoneda

de él; si prefiere el orden y la libertad o la anarquía y el terror; y sf presta su confianza a los

rupturistas o a los partidarios de una reforma conservadora y responsable. Que hable el pueblo,

y cuanto antes mejor.

Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA

 

< Volver