Autor: Angulo, Javier. 
 Mesa redonda en Bilbao sobre Economía, empresa y Constitución. 
 Enrique Barón: Los socialistas no quieren estatalizar la economía     
 
 El País.    25/02/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

ECONOMÍA

EL PAÍS, sábado 25 de febrero de 1978

Mesa redonda en Bilbao sobre "Economía, empresa y Constitución"

Enrique Barón: "Los socialistas no quieren estatalizar la economía"

JAVIER ÁNGULO, Bilbao

Organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), de Bilbao,

se celebró en la capital

vizcaína el pasado jueves una mesa redonda con el título Economía, empresa y

Constitución, en la que

participaron Enrique Barón (diputado del PSOE), Jaime García Anoveros (diputado

de UCD), Luís Enrique de la Villa (catedrático de Derecho del Trabajo, de la

Universidad Autónoma de Madrid), Antonio

Sagardoy (catedrático de Derecho del Trabajo, de la Universidad Complutense de

Madrid) y Manuel

María Zorrilla (magistrado de Trabajo de Vizcaya). Actuó de presidente-moderador

Antonio Garrigues

Walker, presidente de ACP. Enrique Barón analizó la planificación democrática y

la tutela de la

productividad en una economía, bajo la perspectiva del PSOE. El diputado

socialista, refiriéndose al

primero de los dos puntos, dijo que su partido no ha propuesto ni propondrá

nunca una planificación

imperativa de la economía. «Este tipo de planificación, inventado en la economía

rusa de los años veinte,

cumplió una etapa de la industrialización básica, e incluso hoy está contestada

técnica y políticamente en

los países del Este, por ejemplo Checoslovaquia. Sin embargo, las bases técnicas

y políticas de

planificación se han aprovechado en países de economía capitalista y

concretamente en el caso de España;

bajo el franquismo, desde 1964, ha habido planes de desarrollo que han servido

de planes de estudio y de

medio de financiación privilegiada para la gran empresa.»

Señaló Enrique Barón que los socialistas no han querido nunca estatalizar la

economía, «pero

queremos que la política económica sea pública, tenga objetivos a medio y largo

plazo y se

haga en función de los intereses de la mayoría, rompiendo con la actual política

de privilegios al

pequeño grupo».

Como solución a la crisis del Estado español el diputado socialista propuso

«operaciones

profundas de cirugía», que incluyen la nacionalización de la siderurgia, la

planificación de la

energía eléctrica y nuclear.

Refiriéndose a las relaciones empresarios-PSOE el diputado socialista dijo que

«hay un

malentendido que debe aclararse, y es que en una perspectiva socialista también

necesitamos

empresarios; no queremos una economía de funcionarios, y pensamos que este papel

del empresario

socialista es clave en la transformación de la sociedad».

Refiriéndose a la tutela de la productividad, Enrique Barón comenzó por

calificar de «desgraciado» el

artículo 32, segundo párrafo del proyecto de constitución «que parece —dijo—más

propio de un

reglamento de régimen interior que de una Constitución».

Señaló que hoy se pretende en cierto modo formular la ecuación libertad igual a

baja productividad por

indisciplina laboral y desmoralización, también causa de inflación y crisis.

«Sin embargo, no se relaciona

productividad del factor trabajo con el capital

invertido e incluso con el nivel de salarios».

Falta de riesgo y pocos incentivos

Por su parte, Jaime García Anoveros acometió prácticamente el mismo tema desde

la perspectiva de

UCD. El diputado centrista afirmó que hoy el principal problema que tienen la

economía occidental y la

española, es que la recesión y el ocio tienen más seguidores que el riesgo.

Propone el señor García Anoveros, frente a la falta de riesgo, la adopción de

una serie de mecanismos que

permitan exigir responsabilidades tanto a los empresarios como al trabajador,

sin enmascarar con

acciones públicas la mala gestión empresarial y la falta de prestación racional

del trabajo en la empresa.

Estatuto de los trabajadores

Intervino posteriormente Luís Enrique de la Villa, quien al referirse al futuro

de un estatuto de

los trabajadores dijo que lo de menos es el nombre que se vaya a dar a la norma

de protección al

trabajador —estatuto, código de derechos o normativa básica—.

«Lo importante es que incluya de manera: inequívoca tres modificaciones básicas

con respecto a la

actual reglamentación: el reconocimiento de un marco realista para el ejercicio

de derecho de

huelga, un marco suficiente para la negociación colectiva con fijación

inequívoca de quiénes son

las partes que negocian, y el reconocimiento de la acción sindical en las

empresas.

El proyecto del Gobierno de acción sindical

Antonio Ságardoy, que expuso el tema Las relaciones colectivas en la

Constitución dijo en su intervención, que mientras no se apruebe la Constitución

es «frívolo» pretender dictar normas con valor de ley sobre derecho colectivo.

Opina el señor Ságardoy que el Gobierno debe retirar el decreto-ley de acción

sindical en la empresa por dos motivos: por coherencia consigo mismo y con la

práctica parlamentaria («si ha

guillotinado el proyecto de Camacho alegando que hay que esperar a la

Constitución, no es

lógico que ahora quiera imponer un proyecto de este tipo»), y por haber

demostrado el proyecto del

Gobierno su claro matiz «perturbador», al pretender unas elecciones generales en

empresas tres

meses después de las que se celebran hoy y por el hecho de no incluir la

creación de secciones sindicales

en las empresas.

Finalmente intervino en la mesa el magistrado señor Zorrilla, quien expuso el

tema Opinión

constitucional del lock-out. Refiriéndose al tratamiento que del tema hace el

proyecto de Constitución,

señaló que en el artículo 35/2 del borrador de Constitución se menciona sólo la

obligación, asumida por

los poderes públicos, de salvaguardar los derechos de negociación colectiva y de

huelga, mientras que el

artículo 36/1 auguraba una tutela de la productividad a tono con las exigencias

de la economía general y

de planificación democrática. Recordó el señor Zorrilla que el artículo 32 del

anteproyecto de

Constitución, proclama el derecho del empresario a adoptar medidas de conflicto

colectivo,

«expresión que pese a lo cauteloso y sibilino de su redacción, se refiere, sin

duda, al ejercicio del

lock-out».

 

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