Autor: Miralles Álvarez, Jaime. 
   La ocasión perdida     
 
 Diario 16.    04/06/1982.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 25. 

4-junio-82/D¡ario 16

LA OCASIÓN PERDIDA

EL GOLPE DE ESTADO

_ A inmensa trascendencia del fallo dictado por el Consejo

Supremo de Justicia Militar en la causa por el golpe de Estado Ml do del

23-F no permite que se demore su consideración por los que,

a lo largo del juicio oral, hemos venido procurando poner al alcance de

todos

los españoles cuanto en él ha sucedido

Respetar a los jueces y a los tribunales no es compartir sus opiniones, ni,

mucho menos, aplaudir sus fallos

Con respeto, sin adulaciones, sinceramente hacemos hoy una primera consideración

de la sentencia

La publicación

A primera hora de la tarde de ayer, ante la prensa, se dio lectura no a la

sentencia completa, sino al fallo que en la misma se pronuncia Y, previamente,

se hizo la siguiente advertencia que todos pudimos oír por radio «Les rogamos

que no hagan juicios de valor mientras permanezcan en este edificio militar »

Al que esto dijo, será bueno recordarle que \¿. Constitución española tiene

vigencia plena en toda España, que obliga en idéntica medida^a los civiles y a

los militares, con entera independencia de la naturaleza del lugar, y que cuando

un militar realiza un acto de servicio tan importante como la lectura del fallo

en la tarde de ayer, es muy grave que comience por infringir de modo tan

flagrante la Constitución que, como militar, está especialmente te´ obligado a

cumplir y a defender

Para que no le quede duda ninguna al que se permitió hacer esa advertencia

admonitona, le recordamos que el artículo 20 1 a) reconoce y protege, entre

otros, el derecho «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y

opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de

reproducción»

¿El «pacto del capó»?

Por eso, hacer juicios de valor es plenamente lícito, con entera independencia

de la- condición civil o militar del lugar en que se hagan, siempre que se

expongan con el respeto debido a las leyes, por eso, ayer, en el establecimiento

militar en que se dio lectura pública a los fallos, habría sido perfectamente

lícito cualquier juicio respetuoso de valor, pese a la inconstitucional

advertencia que precedió a esta lectura

La absolución de todos los tenientes que mantuvieron secuestrados en el Congreso

al Gobierno y a los diputados hace pensar en el «pacto del capó» Pues bien, el

«pacto del capó», si existió, es radicalmente nulo Y pretender cumplirlo, pienso

que es contrario a Derecho

Cuando unos facciosos mantienen secuestrados como rehenes a los miembros del

Gobierno y a los diputados, que representan la voluntad soberana del pueblo

español, cualquier promesa arrancada sobre esa coacción a las autoridades

legítimas, ya fueran civiles o militares, es radicalmente nula, porque la

autoridad que la aceptó no pudo prestar libremente su consentimiento, sino que,

en el supuesto de que lo hiciera, lo hizo bajo coacción

Es nulo también por su propio contenido, por cuanto consiste en exonerar de

responsabilidad penal a los autores de un secuestro de tan singular gravedad A

nadie le es lícito hacer que los delincuentes burlen la ley con la impunidad

Muchas razones podrían aducirse en abono de esta tesis Pero, entre ellas, no

debe dejar de tenerse en cuenta que los españoles tenemos derecho a que los

agentes de la autoridad legítima no sean hombres que han traicionado la

confianza que en ellos se había puesto, dejando en sus manos las armas con las

que traicionaron esa misma confianza

No se han deducido

Examinada la sentencia, llama la atención que el alto tribunal militar no haya

ordenado la deducción de varios testimonios

En el juicio oral e incluso en el sumario — a juzgar por lo que del sumario se

ha leído en el juicio oral

hay datos que hacían necesario en Derecho la instrucción de las actuaciones

procedentes para procesar a otras personas, militares unas, civiles otras, que

no están entre los procesados en esta causa

No sé por qué no lo pidió el fiscal en su día Pero aunque el fiscal no lo ha

pedido, el tribunal, de oficio así se dice en términos jurídicos-, puede y debe

hacerlo cuando hay méritos para ello

¿Penas más reducidas?

En mi ingenuidad, me asombra que el Consejo Supremo de Justicia Militar, después

de haber absuelto a los tenientes que invadieron el Congreso, proponga encima la

reducción de algunas de las penas que se ha considerado inexcusablemente

obligado a imponer

Muy al contrario, el propio Gobierno ha hecho pública su decisión de que el

fiscal recurra la sentencia,v precisamente por estimar

que ésta adolece de ser benevolente

Y acierta el Gobierno con su decisión No porque los españoles nos exacerbemos en

el castigo, sino por que el juicio general del país sobre la gravedad de las

responsabilidades derivadas del 23-F no coincide con la valoración que de las

mismas ha hecho el tribunal militar La justicia se administra en todas las

jurisdicciones en nombre del pueblo, cuyo primer magistrado es el Rey

La satisfacción de la justicia, la realización del derecho, el cumplimiento de

la ley son intereses sociales del primer rango

En perfecta concordancia con todos esos intereses, en unión indispluble con

ellos, hay una cuestión cuya importancia y cuya delicadeza nos importan

primordialmente a todos los españoles la unidad de las

Fuerzas Armadas

El fracasado golpe de Estado del 23-F, con todas las circunstancias que en él

concurrieron, es el hecho más negativo que ha padecido nuestra Patria en muchos

años Incidió importantemente en nuestros Ejércitos, introduciendo en ellos la

cizaña de la división

A partir de entonces, y especialmente a lo largo de las sesiones del juicio oral

de Campamento, los Ejército se han visto puestos en tela de juicio por la acción

criminal de unos pocos de sus miembros y las campañas aviesas de cuantos

pretenden utilizarlos para los particulares intereses de los que no se avienen a

que los españoles nos permitamos el lujo de discrepar en paz

Ahora, ese supremo interés de la unidad de los Ejércitos requiere que la

sanción del lógicamente fracasado golpe de Estado del 23-F sea un hito

rotundamente positivo para la unidad de las Fuerzas Armadas, que demandan un

rechazo categórico de aquella sublevación con la energía castrense con que han

de sancionarse las sublevaciones

Es una lástima que la sentencia que ha dictado el Consejo Supremo de Justicia

Militar, por benévola, tenga que ser recurrida

La sentencia que ponga fin a esta causa ha de ser virtualmente el dato positivo

que garantice la imposibilidad de la desunión de las Fuerzas Armadas Ha de ser

el punto de referencia claro, indubitable, que sirva a todos los miembros de

nuestros Ejércitos para afianzar su convicción de que su deber es la lealtad a

la Corona, de que, para ser leal a la Corona, es inexcusable ser leal a la

Constitución Invocar al Rey para traicionar las instituciones legítimas de la

Monarquía parlamentaria, es traicionar al Rey mismo

El honor de los Ejércitos y de sus miembros es servir con lealtad inmaculada a

la Constitución y a todas las instituciones constitucionales cuyo símbolo y

resumen es el Rey

Va a ser un tribunal de la jurisdicción ordinaria, la Sala Segunda del Tribunal

Supremo, la que resolviendo el recurso que va a interponer el fiscal decidirá

cómo se hace justicia al 23-F

Al fin y al cabo, por encima de la voluntad de los golpistas, nuestros Ejércitos

salvarán siempre su disciplina, su lealtad y su honor

Edición extra de Diario 16

Diario 16 sacó ayer tarde una edición extra a la calle nada más conocerse las

sentencias dictadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar en el proceso del

23-F

La edicicón de Diario 16 se encontraba en la calle sobre las seis de la tarde,

una hora después de que la oficina de prensa (CRISDE) del Ministerio de Defensa

diera a conocer oficialmente las penas

EL EXPERTO

Jaime Miralles.

Abogado y periodista

El abogado y periodista Jaime Miralles, enjuicia en este primer artículo la

sentencia por los hechos del 23-F. Miralles dice que por encima de la voluntad

de los golpistas, nuestros Ejércitos salvarán siempre su disciplina, su lealtad

y su honor, pero se asombra que el Consejo Supremo de Justicia Militar, después

de haber absuelto a los tenientes que invadieron el Congreso, proponga encima la

reducción de algunas penas que se ha visto obligado a imponer.

 

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