Autor: Gimbernat Ordeig, Enrique. 
   Crítica jurídica     
 
 El País.    06/06/1982.  Página: 11-12. Páginas: 2. Párrafos: 8. 

12 / OPINIÓN

EL PAÍS, domingo 6 de junio de 1982

TEMAS PARA DEBATE / LA SENTENCIA DEL 23-F

Crítica jurídica

se da en quienes al final deponen las armas, no como consecuencia de conminación

alguna —han rechazado ya, a veces violentamente, diez anteriores—, sino porque

simplemente han llegado al convencimiento de que están solos y de que la

rebelión ha fracasado.

Volviendo otra vez a argumentos extraídos del propio artículo 294 del CJM, su

inaplicabilidad se sigue en tercer lugar de que, como ulterior presupuesto, ese

precepto establece el sometimiento de los rebeldes a la autoridad legítima,

sometimiento que ciertamente tuvo lugar el 24 de febrero de 1981, sólo que de

manera completamente opuesta a aquella a la que se refiere el texto legal: fue

precisamente la autoridad legítima la que tuvo que pasar por las exigencias de

los rebeldes, aceptando como única posibilidad para salvar a los rehenes unas

condiciones impuestas por los secuestradores, cuya nulidad civil y penal está

fuera de discusión.

Finalmente hay que decir que, porque es un privilegio, el artículo 294 sólo

puede entrar en consideración cuando en la conducta de los rebeldes se aprecia

una cierta espontaneidad —inexistente, como se ha demostrado, el 24 de febrero

de 1981— en la rendición.

De hecho, la tesis del Consejo Supremo de Justicia Militar, al prescindir de

todo tipo de requisitos —incluso del de no hacer uso de las armas—, llevaría a

aplicar a toda rebelión enjuiciada la excusa absolutoria: como la rebelión

triunfante nunca es sometida a procedimiento penal —en este supuesto suelen ser

los rebeldes los que juzgan a los leales—, las restantes, por definición, tienen

que acabar con una deposición de las armas, suficiente, según la tesis

combatida, para acudir al artículo 294; que esto no puede ser correcto deriva,

sin más, del párrafo 2° de dicho artículo 294, que parte de que no todos los

casos de rebelión están cubiertos por ese privilegio.

Conclusión

Resumiendo todo lo expuesto, se puede decir: la tesis de la conspiración, que ha

condicionado que seis procesados fuesen sancionados con un marco penal de seis

meses y un día a doce años, en lugar del marco realmente aplicable de doce años

y un día a treinta años, es insostenible porque desconoce que, por definición,

si se produce el resultado típico el conspirador se convierte además, y por lo

menos, en partícipe del hecho consumado y que, en virtud de las reglas del

concurso de leyes, es esta última responsabilidad más grave la que debe

prevalecer.

La tesis de la concurrencia de la excusa absolutoria del artículo 294 del CJM,

que ha condicionado en unos casos la absolución y en otros rebajas muy

considerables de las penas, tampoco es de recibo: porque los rebeldes hicieron

uso de las armas; porque fueron intimados, sin resultado, diez veces en vez de

las dos que como máximo prescribe el precepto paralelo del CP, produciéndose la

rendición como consecuencia, no de reflexión alguna sobre esas intimaciones,

sino del fracaso del golpe; porque no se sometieron voluntariamente —sino que

sometieron— a la autoridad legítima, coaccionándola con los rehenes que tenían

secuestrados, y, finalmente, porque el desarrollo consecuente de la

interpretación que el Consejo Supremo de Justicia Militar da al artículo 294

llevaría a la aplicación de la excusa a toda rebelión no triunfante, lo que es

incompatible con lo dispuesto en el párrafo 2° del mismo artículo 294.

Enrique Gimbernat Ordeig es catedrático de Derecho Penal y decano de la facultad

de Derecho de Alcalá de Henares.

 

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