El Gobierno recurre contra algunas calificaciones de la sentencia del 23-F. 
 Se remite al Congreso un proyecto de Reforma de Justicia Militar     
 
 ABC.    05/06/1982.  Página: 9, 23. Páginas: 2. Párrafos: 14. 

TREINTA Y CINCO PESETAS

El Gobierno recurre contra

algunas calificaciones de la sentencia del 23-F

Se remite al Congreso un proyecto de Reforma de la Justicia Militar

MADRID. Decididamente, el Gobierno recurrirá contra algunas de las

calificaciones otorgadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar en la

sentencia por los sucesos del 23-F; no accederá a la solicitud de conmutaciones

de penas formulada por el Tribunal, y remitirá a las Cortes un proyecto de ley

de Reforma de la Justicia Militar.

Esto es, en síntesis, lo acordado ayer en Consejo de Ministros y que fue dado a

conocer, casi simultáneamente, por el presidente del Gobierno ante las cámaras

de TVE, y por el ministro de Defensa en la Moncloa. En palabras de Calvo-Sotelo,

estos acuerdos suponen «las últimas decisiones sobre unos hechos que todos

desearíamos olvidar cuanto antes».

El contenido textual del comunicado es el siguiente: «A la vista de la

sentencia, el Gobierno, plenamente respetuoso con el Estado de derecho y sus

instituciones, y en defensa de la legalidad democrática y del sistema de

libertades públicas, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1° Manifestar su conformidad con algunos de los pronunciamientos de la sentencia

y, en particular, con el fallo referente a dos de los máximos responsables de la

rebelión militar.

2° Manifestar, por el contrario, su disconformidad con la calificación de

algunas conductas y hechos delictivos, con la estimación por el Tribunal de

ciertas eximentes y atenuantes y con determinados razonamientos y criterios

contenidos en la sentencia.

3° Rechazar, en particular, por su trascendencia política y constitucional, el

razonamiento de la sentencia, según el cual, hasta el momento de la intervención

pública de S. M. el Rey en la madrugada del 24 de febrero, algunos inculpados

actuaban en virtud de obediencia debida; razonamiento rechazable, porque las

Fuerzas Armadas y la Guardia Civil deben obediencia, de conformidad con la

Constitución y la legislación vigente, al Gobierno de la nación y a su

Parlamento, que estaban presentes, junto a tos representantes del pueblo, en el

Congreso de los Diputados y fueron manifiestamente desobedecidos en el

transcurso de los hechos.»

4° Cursar, en consecuencia, las oportunas instrucciones al ministerio fiscal

para que interponga ante el Tribunal Supremo el correspondiente recurso, de

casación establecido por las leyes.

5.° Declarar, asimismo, que no está en la intención del Gobierno acceder a la

solicitud de conmutaciones de penas formuladas por el Tribunal Militar.

6° Anunciar el propósito de remitir a las Cortes Generales el proyecto de ley de

Reformas de la Justicia Militar, previsto en el Có-diogo de Justicia Militar

vigente.»

«UNA PAGINA DEPLORABLE».

Después de leer el texto ante las cámaras de TVE, el señor Calvo-Sotelo

manifestó que «estos acuerdos suponen las últimas decisiones sobre unos hechos

que todos desearemos olvidar cuanto antes.

Se cierra una página, ciertamente deplorable, de nuestra reciente Historia. Yo

pido a todos serenidad en las valoraciones, mesura en los comportamientos y

confianza en la capacidad de nuestro sistema democrático para resolver los

problemas de España. Por encima de los lamentables hechos juzgados quedan el

ejemplo magnífico del Rey, la creciente solidez de las instituciones, el

comportamiento leal de la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas y la firmeza

democrática de nuestro pueblo.

Todo ello es y ha de ser la mejor garantía de que no volveremos a pasar por un

trance semejante».

SÁBADO 5-6-82

«No hay tensión entre el poder civil y el militar»

Oliart: «Las FAS han acatado serenamente las sentencias».

En el mismo sentido se manifestó el ministro de Defensa, Alberto Oliart, en la

rueda de Prensa habitual tras el Consejo de Ministros.

El titular de Defensa destacó que el contar ya con las sentencias por el delito

de rebelión militar es un factor favorable para la estabilidad de la democracia.

«El haber culminado el proceso implica comenzar a olvidar, como único medio para

consolidar el sistema institucional.»

El señor Oliart dejó bien claro que el recurso de casación que presentará el

Gobierno se dirige fundamentalmente a la calificación de algunas conductas por

el Tribunal, y no contra las penas, pues no son más que una consecuencia de la

calificación. Respecto a qué procesados alcanza el recurso, el ministro dejó

para más adelante su publicidad, hasta que el fiscal lo presente y la Fiscalía

General del Estado la formalice.

UNANIMIDAD EN EL GOBIERNO

«Ha habido unanimidad total en el Gobierno a la hora de tomar esta decisión.

Tanto en la reducida reunión del jueves como en la de hoy. Tampoco, como se ha

dicho, he presentado mi dimisión.

Mientras siga siendo válido al presidente, seguiré al frente del Departamento.»

También destacó el ambiente de «sereno acatamiento de las sentencias dentro de

las FAS», y puso de

relieve las deficiencias jurídicas observadas en el desarrollo de la vista,

«lógicas hasta cierto punto, cuando se ha pasado de juicios sumarísimos a otros

de distinto procedimiento».

No obstante, anunció el envío a las Cortes de un proyecto de ley de Reforma de

la Justicia Militar, previsto en el vigente Código de Justicia Militar.

Respecto a los procesados absueltos, el ministro afirmó que quedaban en

situación de disponible forzoso y hasta que la sentencia no sea firme seguirán

así.

En cuanto a las declaraciones del capitón Batista en el sentido de que volvería

a actuar como lo hizo el 23-F, dijo desconocerlas.

En los que quedan en prisión están a disposición de los Tribunales y a partir de

ahora se les buscará el acomodo más adecuado hasta conocer la resolución del

Tribunal Supremo.

Finalmente, Alberto Oliart manifestó que el recurso no plantea ninguna tensión

entre el poder civil y e! militar, si se hace respetando la línea legal e

institucional, y, entre otros temas, minimizó el trato dado al Gobierno en el

desfile del pasado domingo, pues «con las sillas de tijera sólo se intentaba que

no quedara inservible por la lluvia un material más valioso».

 

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