Autor: Dávila, Carlos. 
 El gobierno ha anunciado su decisión de recurrir. 
 Las fuerzas políticas, disgustadas con la sentencia     
 
 ABC.    04/06/1982.  Página: 13, 35. Páginas: 2. Párrafos: 7. 

El Gobierno ha anunciado su decisión de recurrir

Las fuerzas políticas, disgustadas con la sentencia

MADRID (Carlos Dávila).

Afectado y muy preocupado quedó el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-

Sotelo, después de conocer ayer por la mañana la sentencia impuesta por el

Consejo Supremo de Justicia Militar a los implicados en el golpe de Estado del

23 de febrero de 1981. A primera hora de la tarde, el presidente hizo unas

cortas manifestaciones a Radio Nacional de España en las que reconocía, muy

expresivamente,,que el contenido del fallo ie había «preocupado profundamente».

Calvo-Sotelo añadía: «Tengo que decir que me resulta difícil contemplar la

absolución de oficiales que mandaban a las fuerzas que nos mantuvieron

secuestrados durante diecisiete horas en el Congreso.»

El presidente, que llamó con urgencia a la Moncloa a sus dos vicepresidentes,

Martín Villa y García Diez, y a siete ministros, terminaba su declaración con

estas palabras: «Confío en que el examen profundo de las sentencias^ que yo

mismo emprendo ahora mismo y que están haciendo ya los ministros de Justicia y

de Defensa, permita mañana proponer al Consejo de Ministros la interposición del

recurso que prevé la legislación vigente.»

La presentación del recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo era ayer,

desde luego, opinión unánime de todo el Gobierno y muy fundamentalmente de los

titulares de carteras más directamente relacionadas con los hechos

involucionistas de febrero del pasado año.

En fuentes próximas al Ministerio de Justicia se afirmaba que había que recurrir

cuanto antes porque las penas aplicadas y las absoluciones dictadas habían

provocado una gran insatisfacción, un descontento que, según parece, será la

nota característica de la declaración oficial que hoy realice el Consejo de

Ministros.

Estas fuentes, sin embargo, indicaban que el resultado de tas deliberaciones del

Tribunal había sido el previsible.

Destacaba el portavoz que las sentencias eran las «típicas militares», que

castigan expeditivamente a los implicados de mayor grado y liberan de toda culpa

a los responsables de menor nivel.

El diputado socialista Luis Solana, experto en Defensa, sostenía, por su parte,

que la Administración debe actuar con rapidez para situar a los oficiales ya

libres, como mínimo, en. «situación de disponibles».

Los juristas más cualificados que ha podido consultar ABC incidían asimismo en

que la sentencia parece haber tenido en cuenta la eximiente de «obediencia

debida» para exculpar a los dos capitanes y-ocho tenientes, que ya han

abandonado el Servicio Geográfico del Ejército, donde aguardaban la difusión de

las sentencias.

Lo más probable, en las versiones coincidentes que hemos podido conocer, es que

el Tribunal no haya considerado el «estado de necesidad» como causa atenuante de

la conspiración y rebelión, y sí la «obediencia debida».

La diferencia, señalaba un jurista, es que el primero tiene una cualificación

política muy clara, y la segunda posee, sobre todo, especificación jurídica.

No obstante, un diputado de UCD contradecía evidentemente este argumento con

esta pregunta: ¿cómo puede hablarse.de «obediencia debida» cuando la cúpula del

mando, el ministro de Defensa, se hallaba entre los secuestrados?

Las reacciones de los partidos han sido cautas, pero muy desfavorables al

pronunciamiento del Tribunal, salvo en el caso de Alianza Popular, que, en

ausencia de Fraga, se ha limitado a señalar por boca del secretario general,

Jorge Verstrynge, que «mientras las sentencias no sean firmes, no hay lugar para

la opinión».

El secretario general de UCD, Iñigo Cavero, en un comunicado personal, decía

«que el tratamiento por la sentencia a algunos de los protagonistas de estos

hechos, de la violencia sobre el vicepresidente, teniente general Gutiérrez

Mellado, es excesivamente benigno, por lp que espero que el Gobierno acuerde

recurriría».

El PSOE terminaba su nota prudente y medida de cinco puntos, precisamente

afirmando:

«Nos parece obligado recurrir al Tribunal Supremo.» La Ejecutiva socialista se

había reunido apenas conocida la sentencia.

Entre los dirigentes del PSOE, el fallo produjo también un gran malestar.

No obstante, alguno de los ejecutivos situado en el ala más moderada del partido

indicaba en días pasados-que .lo importante era cargar la responsabilidad sobre

las cabezas de la rebelión, y que la. credrbilidad del Tribunal vendría dada, en

todo caso, por la voluntad de separar del Ejército a los acusados con un mayor

nivel de protagonismo.

Enrique Múgica aseguraba que el PSOE no debía acoger la sentencia con intención

de numantinismo, intención que ´no haría «sino separar al partido de las Fuerzas

Armadas».

El comunicado socialista basaba su «profundo desacuerdo» en dos puntos: que et

falto afecta a las instituciones de la democracia y al funcionamiento de las

Fuerzas Armadas, y que es preciso que pase a la jurisdicción ordinaria el

enjuiciamiento contra el Estado o sus instituciones.

Mucho menos moderada era la larga nota del sindicato socialista, UGT, que con

gran crudeza afirmaba que «la sentencia, al imponer bajas penas y absolver a un

número significativo de procesados, estimula a sectores minoritarios dentro de

las Fuerzas Armadas a la involución y al golpe de Estado».

Los comunicados de las otras dos centrales sindicales, Comisiones Obreras y USO,

no ocultaban tampoco su desacuerdo con la sentencia, como lo hacía la nota

difundida por el Partido Comunista de España, que, no obstante, estimaba que

«los aspectos negativos de la sentencia pueden ser corregidos por la vía del

recurso de casación».

Curiosamente, ninguna de las reacciones habidas ayer tras el conocimiento de las

sentencias contemplaba la recomendación hecha por el Tribunal que aconsejaba «la

reducción

Ei PSOE considera «obligado» el recurso Tejero y Miláns del Bosch renuncian a la

conmutación de la pena en la rigurosidad» aplicada a Miláns del Bosch y Tejero

Molina.

En el Gobierno esta sugerencia fue calificada como «muy desafortunada».

No habrá lugar, sin embargo, a la conmutación: Miláns del Bosch y Tejero han

renunciado a ella.

A primeras horas de la noche se sabia ya, por otro lado, que sólo el abogado del

general Alfonso Armada, Ramón Hermosilla, había decidido recurrir ante el

Supremo.

Otro abogado defensor informaba que, sabido el fallo del Tribunal, los jefes y

oficiales internados en la prisión de Alcalá de Henares «se habían mostrado

indignados».

El mismo adjetivo se utilizaba en sectores muy diferentes de la opinión pública,

que hicieron saber palmariamente su descontento por el fallo emitido por el

Consejo.

La gran pregunta, según decía gráficamente el portavoz del Gobierno, es si la

sentencia deja tranquilos a los españoles.

Este político, muy próximo a Calvo-Sotelo, añadía que «el fallo hubiera sido

perfectamente asumióle si el sistema estuviera en estos momentos suficientemente

madurado».

En resumen, la cuantía de las penas impuestas a los principales implicados no ha

sido suficiente, en opinión general, para paliar la insatisfacción que ha

producido la rebaja sustancial de las aplicadas a militares que se distinguieron

en la preparación y desarrollo del golpe de

Estado del pasado año.

Coronel retirado, muerto a tiros en Bilbao

El coronel de Infantería retirado Daniel Enríquez García resultó muerto ayer por

la tarde en Bilbao por disparos realizados por varios jóvenes que se dieron a la

fuga.

Los autores del atentado, que bajaron de un Seat 1430, matrícula BI-5242-F, de

color granate, efectuaron numerosos disparos contra la víctima con armas de

repetición.

En las inmediaciones del lugar del asesinato han sido recogidos varios

casquillos de munición, y pueden apreciarse numerosos impactos de bala en las

fachadas de varios edificios, ante los cuales pasaba el militar en el momento de

perpetrarse el atentado.

El militar asesinado nació en Margoz de Abajo, provincia de León, el 2 de

diciembre de 1917.

El atentado fue perpetrado en la calle Andalucía, del barrio bilbaíno de San

Ignacio, cuando el coronel Enríquez García se dirigía a su domicilio, en la

calle División Azul, número 1, en la misma zona.

 

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