La sentencia     
 
 ABC.    04/06/1982.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

ABC

VIERNES 4-&B2

OPINIÓN

La sentencia

Si algo necesita con urgencia el pueblo español es que se cierre cuanto antes la

triste página que se abrió en su Historia el 23 de febrero de 1981. Pero más aún

que el hecho de cerrar una herida importa que se cierre por los caminos de la

Ley. En este sentido, la-sentencia es rigurosamente histórica.

Era especialmente difícil, además. Pues si todos los españoles presenciamos en

este caso el delito, eran muchas las interpretaciones, las valoraciones que

existían en la comunidad nacional. Y no se trataba de complacer a nadie, sino de

hacer justicia. De lograr que el proceso, primero, y la sentencia, después, no

abrieran grietas en la conciencia nacional o en algunos de sus estamentos

fundamentales, con lo que las heridas abiertas el 23 de febrero podrían

prolongarse y ensancharse.

Hoy la sentencia está ahí. Y ABC, que señaló ya al comienzo de este proceso su

plena aceptación del veredicto, se siente hoy confortado al comprobar que a su

adhesión a toda sentencia emanada de un Tribunal legítimamente constituido se

añade, en este caso, el sentido de una resolución en la que no sólo se han

cumplido escrupulosamente las normas legales, sino que tiene también en su

vertiente histórica capacidad bastante para superar un capítulo traumático de la

transición hacia la democracia.

En la sentencia destacan los siguientes hechos: estamos ante una resolución

fundada en un estricto criterio jurídico que ha valorado la distinción entre los

delitos de rebelión y de conspiración y ha pesado con atención las

circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes, así como los grados de ayuda,

tentativa o consumación de los delitos. Consecuencia de este enfoque es, por un

lado, la dureza de las penas impuestas a loa principales acusados y, por otro,

la mayor comprensión

tanto hacia los encausados que intervinieron en la conspiración pero no llegaron

a alzarse en armas, como hacia aquellos en quienes pesó decisivamente la

«obediencia debida a sus jefes».

Estamos, pues, ante una sentencia matizada, que sería injusto calificar

globalmente de más o menos dura. Todo ello, sin olvidar que en esta sentencia

pueden resultar más dolorosas las accesorias que las mismas penas de prisión.

A la hora desvalorar el fallo hay un hecho que nos parece fundamental. Admitida

en la Constitución la jurisdicción militar con idéntica competencia juzgadora en

su ámbito que la que tiene en el suyo la jurisdicción civil, carece de sentido

cualquier tacha que se haga á un Tribunal militar porque emita sentencias sobre

militares.

No se quiebra ni se tuerce ninguna condición o exigencia de imparcialidad porque

los jueces y los procesados pertenezcan al mismo estamento profesional. Es,

pues, absurdo sostener que estos Tribunales son juez y parte, cuando se trata de

una jurisdicción plenamente legitimada y especialmente cualificada para entender

acerca de delitos en cuya valoración cuenta de modo singular la condición

profesional de sus autores, sin que los altísimos méritos militares de algunos

de los procesados hayan hecho temblar la mano de sus jueces.

Quienes .durante meses repitieron tercamente que el juicio no se celebraría o

asistiríamos a una farsa harían bien hoy en retractarse de sus irresponsables

augurios. Porque ha sido el propio Ejército quien ha juzgado y condenado a

algunos de sus miembros.

Caen con ello de su base todos los planteamientos que quisieron ver en este

juicio un proceso contra el Ejército. Con ello vuelve el Ejército español a dar

pruebas de su respeto a la legalidad.

Lo mismo que el 23 de febrero de 1981 supieron distinguir

muy bien el gesto de unos pocos de la mayoritaria obediencia de las Fuerzas

Armadas a BU jefe máximo, vuelven ahora a distinguir los caminos para servir a

la Patria del camino de la rebelión.

¿Y ahora? Tres aspiraciones nos parecen necesarias:

La primera es que se cierre cuanto antes esta página sobre la conciencia

nacional. Serán lógicos los recursos de los condenados. Puede resultar

comprensible el del Gobierno, aunque la paz y la serenidad del país estén por

encima de los problemas singulares o accesorios.

La segunda es la esperanza de que todo el país, tanto los que consideran

excesivas como quienes juzgan blandas las sentencias, sepan asumir y respetar

unas resoluciones surgidas procesalmente de un Tribunal legítimo.

Cualquier polémica en la opinión pública sobre detalles menores no sería,

creemos, sino una forma, de poner en peligro la relación entre la sociedad civil

y el estamento militar: relación crispada por quince meses de incertidumbre y de

estúpidas provocaciones.

La tercera es la seguridad de que el Ejército, que supo ser fiel el 23 de

febrero y que ha querido ser justo ayer, seguirá ejerciendo ese patriotismo con

la asunción no emotiva de una sentencia que —¿cómo no verlo?— resultará dolorosa

para unos e irá contra las ideas personales de otros.

Es- hora de que todos arrinconemos prejuicios, partidismos y resentimientos en

aras del bien común y del respeto a la Justicia. ,E1 golpe de Estado del 23 de

febrero fue un indigno atentado contra la soberanía nacional; un atentado que

vimos todos y cuya culpabilidad se sanciona hoy.

Y hay que celebrar que sea la Ley quien cierre definitivamente esta triste,

inquietante, página de nuestra historia colectiva.

 

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