Aplica atenuantes a la mayor. 
 El Tribunal rechazó las tesis de estado de necesidad y legítima defensa     
 
 ABC.    04/06/1982.  Página: 28-35. Páginas: 8. Párrafos: 62. 

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NACIONAL

Sentencia del juicio del 23-F

Aplica atenuantes a la mayor parte de los procesados

El Tribunal rechazó las tesis de estado de necesidad y legítima defensa

Reproducimos a continuación una parte sustancial del texto de la sentencia.

En el apartado de resultandos nos hemos limitado a incluir el primero, décimo y

undécimo, que, según se señala en los considerandos, han constituido la base de

los hechos probados para establecer las condenas finales.

RESULTANDO PRIMERO: 1. Que en fecha no .determinada del mes de julio de 1980, el

procesado teniente coronel de Infantería don Pedro Mas Oliver entró en contacto

con el también procesado, teniente coronel de la Guardia Civil don Antonio

Tejero Molina, en una comida a la que fue invitado por llamada telefónica del

asimismo procesado, paisano don Juan García Carres, que preparó así el encuentro

de ambos jefes.

En dicha entrevista se analizó la situación política española y los posibles

modos de resolverla, y en una segunda, y siguiendo instrucciones del

excelentísimo señor teniente general del Ejército don Jaime Miláns del Bosch y

Ussía, entonces capitán general de la III Región Militar, se encargó al teniente

coronel Tejero, y éste aceptó, que estudiara la ocupación por fuerza armada del

Congreso de los Diputados.

2. El teniente coronel Tejero, para preparar el proyectado asalto al Congreso

de los Diputados, realizó previamente una serie de gestiones, entre ellas, la

toma de diversas fotografías del edificio; obtuvo información sobre su

protección, adquirió gabardinas y otras prendas para disimular con ellas los

uniformes del personal que se dirigiría al Congreso, y compró, por e! precio de

dos millones quinientas mil pesetas, seis autocares usados, que quedaron

depositados en una nave industrial de la localidad de Fuenlabrada que fue

arrendada al efecto.

EL ALMUERZO MILANS DE BOSCH-ARMADA

3. Ef día 10 de enero de 1981, con ocasión de un almuerzo celebrado en

Valencia, en la Capitanía. General, al que asistieron con el teniente general

Miláns del Bosch, los procesados general de división del

Ejército don Alfonso Armada y Comyn, coronel de Ingenieros don Diego Ibáñez

Inglés, teniente coronel Mas, y sus respectivas esposas.

Los generales Miláns del Bosch y Armada hablaron a solas, antes y después de la

comida, sobre la situación política y la posibilidad de que se produjeran

acciones violentas, encaminadas a modificar aquélla, y acordaron continuar

manteniendo contacto en orden a una deseable reconducción de tales acciones.

4. El día 18 del mismo mes se reunieron en Madrid —en un piso de la calle del

General Cabrera, número 15, perteneciente al teniente coronel Mas— los

procesados teniente general Miláns del Bosch, general de división del Ejército

don Luis Torres Rojas, teniente coronel Tejero, él propio teniente coronel Mas y

el paisano García Carrés, que se hallaba presente inicialmente y poco después

hubo de abandonar la reunión por indicación del teniente general Miláns del

Bosch, que no deseaba Ta presencia de paisanos.

Y por los presentes se acordó la ocupación del Congreso mediante el empleo de

fuerzas militares para sustituir al Gobierno de la nación por otro nuevo que

encauzara la democracia y terminara con el terrorismo, si bien se acordó,

igualmente, congelar la operación durante un mes, a la espera de acontecimientos

como que el general Armada fuese nombrado segundo jefe del Estado Mayor def

Ejército, estimándose que la mejor oportunidad para la proyectada operación

.sería la presentación de una esperada moción de censura contra el presidente

del Gobierno, señor Suárez; se trató asimismo de la participación en los hechos

de la División Acorazada Brúnete número 1 y de la actuación de su antiguo jefe,

general Torres Rojas, para apoyar con su prestigio y su presencia las posibles

acciones de aquélla.

5. El teniente general Miláns del Bosch, que había asumido en dicha reunión la

jefatura de las operaciones proyectadas, encomendó al coronel Ibáñez que

visitara al general Armada en Lérida, lo que hizo al día siguiente, 19 de enero,

para comunicarle lo acordado en la reunión de Madrid del día anterior sobre la

operación de ocupación del Congreso. Nuevamente, por indicación del teniente

general Miláns del Bosch, visitó el coronel Ibáñez al general Armada —que ya

había sido nombrado segundo .jefe del Estado Mayor del Ejército— el día 3 de

febrero, también en Lérida, en cuya, entrevista se intercambió información sobre

los planes en marcha a la vista de la nueva situación política derivada de los

acontecimientos de aquellas fechas.

El siguiente día 16 de febrero de 1981 se celebró en Madrid una tercera

entrevista entre el general Armada y el coronel Ibáñez, convenida previamente

por teléfono por el teniente general Miláns del Bosch con el general Armada, en

la que se comentó el posible nombramiento del señor Calvo-Sotelo como presidente

del Gobierno y el del señor pliart como ministro de Defensa, intercambiándose,

además, otras informaciones.

6. El día 18 de febrero, el teniente general Miláns del Bosch, a través del

coronel Ibáñez, preguntó al teniente coronel´Tejero si la operación sobre el

Congreso podría realizarse el siguiente día 20, viernes, con ocasión de la

votación de investidura del nuevo presidente del Gobierno. Como el teniente

coronel Tejero alegase que tendría dificultades para reunir la fuerza necesaria

en fin de semana, se le significó que, dado que la votación se repetiría, muy

probablemente, el día 23, ésa sería, la fecha adecuada y que recibiría órdenes

concretas.

ARMADA LLAMO A VALENCIA

7 El día 22 de febrero, el general Armada comunicó telefónicamente con el

teniente general Miláns del Bosch, sin que aparezca- acreditado el contenido de

la conversación, y le anunció que en la tarde de ese mismo día le llamaría al

teléfono privado del coronel Ibáñez.

En esa misma fecha, y a través de su ayudante, teniente corone| Mas, el teniente

general Miláns del Bosch pidió al también procesado comandante de Infantería DEM

don Ricardo Pardo Zancada —con destino en el Estado Mayor de la Acorazada

Brúnete— que se trasladase inmediatamente a Valencia para entrevistarse con él,

para lo que, previamente, este jefe pidió permiso al coronel San Martín, jefe de

Estado Mayor de dicha gran unidad.

Efectuada tal comunicación a su superior, y recibida de éste orden de que le

informase a su regreso, el comandante Pardo llegó a Valencia sobre las quince

horas del expresado día, y fue recibido por el teniente general Miláns del

Bosch, quien le informó del proyecto de asalto al Congreso de los Diputados en

el momento de la votación de investidura del presidente del Gobierno, que habría

de celebrarse al día siguiente, 23, de que inmediatamente él declararía el

estado de expcepción en la III Región Militar, y de que daría conocimiento de

ello a los otros capitanes generales; que consideraba vital el apoyo de la

División Acorazada y que, una vez realizado el asalto, el Parlamento sería

disuelto y se formaría un nuevo Gobierno.

Ordenó al comandante Pardo que avisara a La Coruña al general Torres Rojas, con

el que manifestó haber tenido ya contactos, y afirmó, por último, que el general

Armada lo dirigiría todo.

A continuación, el teniente general Miláns del Bosch y el comandante Pardo se

trasladaron a una oficina particular del coronel Ibáñez y, sobre las dieciséis

cuarenta y cinco horas —hallándose también presentes dicho coronel y el teniente

coronel Mas—, recibió el teniente general la anunciada llamada telefónica del

general Armada, desde Madrid, cuyo contenido no ha quedado probado en autos.

TENIENTE GENERAL JAIME MILANS DEL BOSCH

Condenado por el delito de rebellón militar, en concepto de autor, por su

participación directa voluntaria y personal en los hechos, según señala et

segundo considerando de la sentencia. De acuerdo con el texto, se tiene en

cuenta su alta jerarquía militar, el relevante destino que desempeñaba y su

partici. pación en los hechos, en los que actuó destacadamente y ejerció en todo

momento las funciones directivas y de mando. Según el Código de Justicia

Militar, Miláns del Bosch aparece comprendido en concepto de cabeza de la

rebelión, delito consumado y condena de treinta años de reclusión

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Sentencia del juicio del 23-F

Cuando se produjeron los hechos no existía agresión a la soberanía, integridad o

independencia de España

A su regreso a Madrid, sobre las veintitrés horas de ese mismo día, el

comandante Pardo informó detenidamente, en su domicilio, al coronel San Martín,

como éste le había ordenado y el teniente general Miláns del Bosch autorizado.

Dicho coronel, además de ofrecer su colaboración, encargó al comandante Pardo

que avisara ai general Torres Rojas a La Coruña para que se trasladase a Madrid,

y te previno de que, habida cuenta de que en la mañana del día siguiente habría

de ausentarse para acompañar al general Juste, jefe de la división, a Zaragoza,

en viaje de inspección da unos ejercicios, debería avisarle con una frase clave

de la llegada del citado general Torres Rojas a la unidad. Hechos que e) Consejo

dedara probados.

LOS MOVIMIENTOS EN VALENCIA

RESULTANDO DÉCIMO: 1. Que en Valencia, sobre las ocho horas del día 23 de

febrero, el coronel Ibáñez Inglés, segundo jefe de EM de ta Capitanía General de

la III Región Militar, celebró una reunión con otros dos jefes del Estado Mayor

para preparar, por orden del teniente general Miláns del Bosch, una operación

militar denominada «Alerta Roja», para realizar seguidamente por las

guarniciones de Valencia y Castellón, y que consistía, respecto a la primera de

estas ciudades, en marchas nocturnas hasta ocupar las tropas los puntos tácticos

para cerrar los accesos a la capital por el Norte. Asimismo, se ordenó al

gobernador militar de la plaza, para el mismo día 23, la realización de la

operación llamada «Turia», para proteger con tres compañías de la Policía

Militar los itinerarios y viviendas dei personal castrense.

Sobre las 9,35 horas de ese mismo día 23 el teniente general Miláns dsl Bosch

encargó también al coronel Ibáñez la redacción de un manifiesto cuyos principios

generales señaló ´el mismo teniente general, incluso redactó en parte, y que

sustancialmente constituía un bando de declaración de un estado excepcional en

la región, en que, luego de invocar el vacío de poder, establecía la sumisión a

la jurisdicción militar de diversos delitos, la prohibición de los «lock-outs» y

huelgas —considerando sedición el abandono del trabajo—, así como de todas las

actividades de los partidos políticos y las reuniones superiores cuatro

personas, y la sumisión al capitán general de la Región de todos los Cuerpos dé

Seguridad dei Estado y del Poder judicial y administrativo, tanto del ente

autonómico como de jos provinciales y municipales, hasta recicbir instrucciones

de Su Majestad e! Rey.

2. Sobre las ´diez veinte horas del día 23, e¡ teniente general Miláns del Bosch

se reunió con el general y jefes de su Estado Mayor y les informó de que se

podía producir en Madrid un hecho grave e incruento, que se conocería por la

radio, y con el que se pretendía reconducir un movimiento, a su juicio,

prematuro, manifestando que él asumía toda la responsabilidad de lo que iba a

ordenar; que dicho movimiento no se podía detener, afirmando, para lograr su

adhesión, que Su Majestad estaba al corriente y que el general Armada daría las

oportunas instrucciones desde el Palacio de la Zarzuela; y puntualizó, que et

desenlace sería un nuevo Gobierno presidido por el general Armada con él mismo,

Miláns del Bosch, como presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Dijo,

por último, que se trataba de dictar medidas para asegurar el orden de la

Región, y seguidamente mandó leer al coronel Ibáñez el manifiesto o bando.

En la misma mañana se, entregaron a dos jefes destinados en el Estado Mayor

sobres cerrados y lacrados que contenían el manifiesto e instrucciones para las

plazas de Alicante, Cartagena, Lorca y Alcoy, y otro sobre a un coronel para la

plaza de Murcia, y se dieron otras instrucciones para la de Castellón.

3. Entre las quince treinta y las dieciséis horas del mismo día 23 se inició

la operación «Tuna». Simultáneamente se fijaron los objetivos finales para la

operación «Alerta Roja», asignando ya a tas tropas diversos puntos dentro del

casco urbano de Valencia. Sobre las dieciséis treinta horas el teniente general

Miláns del Bosch convocó al general jefe de su Estado Mayor, al general jefe de

la División Maestrazgo, al general gobernador militar de Valencia y a los

generales jefes de Ingenieros, Intendencia y Sanidad de la Región, y tes

notificó que se esperaban graves acontecimientos en Madrid, que ocurrirían

alrededor de´ las dieciocho horas, que -no podía decirles en qué consistían —

aunque se trataría de un acto de fuerza— y que si llegaban a producirse le

llamaría el general Armada, y él, el propio Miláns del Bosch. publicaría el

manifiesto, que tes leyó seguidamente, aunque sin decirles que ya había sido

repartido a las guarniciones de la Región. Aseguró que la finalidad de semejante

manifiesto era mantener el orden público con medidas de alerta normales hasta

que recibiera órdenes del

Rey, y que. el general Armada se encontraría en el Palacio de la Zarzuela.

4. El teniente general Miláns del Bosch, después de recibir ja novedad que

telefónicamente je dio el teniente coronel Tejero de la ocupación del Congreso,

y tras darle instrucciones al respecto, manifestó a los reunidos que, ante el

vacío de poder producido, él asumía todos los poderes dentro de la Región,

ordenando al gobernador militar de Valencia que se constituyese en Gobierno

Civil.

Sobre las diecinueve horas se inició la transmisión, por las emisoras de radio,

del manifiesto o bando de que antes se ha hecho mención, a la vez que se

comunicó a la División Maestrazgo la palabra clave «Migúelete» para que los

grupos tácticos se pusieran en movimiento, como así hicieron, alcanzando los

objetivos finales que tenían señalados sobre las veintidós treinta horas.

Las fuerzas utilizadas a tal propósito fueron unos mil ochocientos hombres, con

unos sesenta carros de combate, vehículos de todas clases y cañones.

5. Entre tanto, los jefes de las guarniciones de la Región abrieron los

sobres que les habían sido enviados. Algunos de ellos pidieron confirmación de

las ordenes, y el gobernador militar de Cartagena no las cumplimentó al recibir

contraorden telefónica del teniente general jefe del Estado Mayor del Ejército.

Por su parte el teniente general Miláns del Bosch telefoneó a los capitanes

generales de las Regiones Militares II, V y VIII y al de Baleares para

informarles de las medidas que había tomado.

6. Sobre las dieciocho cuarenta y cinco horas el teniente general Miláns del

Bosch recibió orden telefónica del teniente general jefe del Estado Mayor del

Ejército —que ignoraba lo que ocurría en aquella Región Militar—, cuya orden

reiteró a las diecinueve diez horas, para que dispusiera la situación de «Alerta

Dos».

En la conversación telefónica que con este motivo se celebró el teniente general

Miláns del Bosch pidió al teniente general Gabeiras que se preocupara de que no

sucediera nada al teniente- coronel Tejero y a sus guardias, y le informó que

había ordenado acuartelar las tropas y que preparaba un comunicado, cuyo

contenido no precisó, para garantizar el orden en su Región.

El teniente general jefe del Estado Mayor del Ejército, enterado de que el

capitán general de la III Región Militar tenía tropas en la calle, le ordeno

´retirarlas, a lo que el teniente general Miláns del Bosch contestó que eran

únicamente fuerzas de regreso de ejercicios.

El teniente general Gabeiras insistió en su mandato V ordenó al procesado que

retirara el bando, y te anuncio que iba a destituirlo, a lo que contestó el

teniente general Miláns del Bosch que no quería saber nada de él, y que

solamente hablaría con el general Armada. Ante esta actitud, los tenientes

generales Gabeiras y Alfaro Arregui, entonces presidenta

GENERAL ALFONSO ARMADA COMYN

Su participación en tos hechos que constituyen el delito de rebelión militar no

ha quedado probada, según especifica el cuarto considerando de la sentencia.

Sí se ha probado, en cambio, su participación directa, personal y voluntaria en

actos que constituyen un delito de conspiración, en concepto de autor. Condenado

a seis años de prisión

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de la Junta de Jefes de Estado Mayor, solicitaron a Su Majestad el Rey que

ratificara estas órdenes al capitán general de la III Región. Militar, a lo que

accedió Su Majestad telefoneando al teniente general Miláns del Bosch en el

curso de la noche.

A las veintidós cincuenta horas el teniente general Miláns del Bosch dispuso que

no se siguiera transmitiendo por radio su manifiesto, aunque no lo declaró sin

efecto.

A las veinticuatro horas, aproximadamente, recibió por télex el mensaje del Rey

a todos los capitanes generales, mensaje que no comunicó a sus subordinados.

El teniente general Gabeiras entonces ordenó a los gobernadores militares de las

Plazas de Valencia, Castellón y Alicante que procedieron a arrestar al capitán

general de la Región.

El primero de eüos, general Caruana, se presentó en Capitanía General con ese

propósito, pero el teniente general Miláns del Bosch se opuso al arresto

señalando un arma de fuego que lenta sqbre la mesa, por lo que el general

Caruana, que carecía de toda posibilidad de imponerse por la fuerza, no pudo

lograr su propósito.

En ese momento —sobre la una hora del día 24— Su Majestad e) Rey telefoneó al

capitán general de Valencia, y el general Caruana, que se encontraba presente en

el despacho con la finalidad relatada, te oyó despedirse del Monarca con

protestas de lealtad; seguidamente el teniente general Miláns del Bosch ordenó

la retirada de las tropas.

Media hora más tarde Su Majestad el Rey telefoneó una vez más al teniente

general Miláns del Bosch, reiterándole la orden de retirar las tropas y de que

mandase al teniente coronel Tejero que depusiese su actitud, y le hizo saber su

rotunda decisión de mantener el orden constitucional, de cumplir su juramento a

la Bandera y de no abdicar ni abandonar España, responsabilizando a quien se

sublevase de una posible guerra civil; la retirada de las tropas no se completó

hasta las cuatro horas del día 24.

Todavía sobre las cuatro horas, Su Majestad telefoneó otra vez al teniente

general Miláns del Bosch, y le ordenó que retirara el bando que había publicado

la tarde anterior, lo que fue cumplimentado a las cuatro cincuenta y cinco

horas, insistiendo luego el teniente general Miláns del Bosch telefónicamente

ante el general Fernández Campo sobre la constitución de un Gobierno presidido

por el general Armada.

A las seis treinta horas e! teniente general Miláns del Bosch se retiró de su

puesto de mando, y a las catorce treinta horas el jefe del Estado Mayor del

Ejército te ordenó presentarse en el Cuartel General, en Madrid, donde le

comunicó su destitución y arresto. Hechos que el Consejo declara probados.

ACTUACIONES EN LA DAC

RESULTANDO UNDÉCIMO: 1. Que el general de división del Ejército don Luis Torres

Rojas, que se encontraba en La Coruña, donde desempeñaba el cargo de gobernador

militar y subinspector de Tropas y Servicios de la VIII Región Militar, fue

avisado telefónicamente por-el procesado comandante Pardo Zancada, en la mañana

del día 23, para que se trasladase a Madrid. Tras solicitar con un pretexto

permiso, que obtuvo de su capitán general, realizó el viaje en avión, y fue

recibido en el aeropuerto de Barajas por oí citado comandante Pardo, quien, en

el trayecto hacia el acuartelamiento del Cuartel General de la División

Acorazada Brúñete, le Informó de cuanto el teniente general Miláns del Bosch le

había comunicado en Valencia, quo oí general Torres Rojas conocía ya en sus

aspectos más importantes.

El general Torres Rojas se presentó en la División Acorazada vistiendo uniforme

y almorzó en ella, mientras el comandante Pardo convocaba a la mayor parto de

tos mandos de la gran unidad con el objeto de saludar a quien había sido su

anterior jefe.

Sobre las diecisiete cincuenta horas llegó al acuartelamiento el general Juste,

jefe de la División, acompañado del procesado coronel don José San Martín López,

quien cuando ambos almorzaban en Santa Mana de Huertas, en ruta hacia Zaragoza,

había sugerido a su general la conveniencia de regresar urgentemente a Madrid al

recibir telefónicamente la noticia de la llegada a la División del general

Torres Rojas, como había convenido con el comandante Pardo..

Tras alertar al personal de la División para que no abandonara los

acuartelamientos de sus unidades, comenzó una reunión presidida por el general

jefe de la División, en la que el comandante Pardo, a propuesta del coronel San

Martín, expuso a los presentes, en líneas generales, lo que le había comunicado

el teniente general Miláns del Bosch en la entrevista que el día anterior había

tenido con él en Valencia.

Más concretamente, se anunció a los reunidos que se iba a producir sobre las

dieciocho horas de ese día -un hecho de extrema gravedad, que no sería un golpe

militar propiamente dicho, y que se comunicaría por radio y televisión, y que

se. aseguró tenía la garantía de los generales Miláns del Bosch y Armada, el

último de´los cuales se encontraría a las dieciocho horas en el Palacio de la

Zarzuela, añadiéndose que el general Armada daría las órdenes para Madrid y el

teniente general Miláns del Bosch las daría para Valencia.

2. Se dispuso, en principio, la distribución de misiones a las unidades de la

.División, entre ellas la ocupación de Radiotelevisión Española y de las

emisoras de radio, asi como del Parque del Retiro y del Campo del Moro; no se

tolerarían grupos de paisanos, y ante ataques posibles a las fuerzas sé

dispararía primero al aire, después al suelo y sólo en tercer lugar al cuerpo.

Sobre las dieciocho cuarenta y cinco horas, en conversación telefónica con el

general Fernández Campo, el general Juste supo que . el general Armada no se

encontraba en el Palacio de la Zarzuela ni se le esperaba allí, y comenzó a

experimentar recelos sobre la intervención de dicho general, comprobando que no

era cierto que Su Majestad el Rey apoyara el movimiento.

El general Juste se puso en contacto telefónicamente con el capitán general de

la I Región Militar, y le dio cuenta de que habían salido unidades de la

Djvistón a ejecutar la operación «Diana», recibiendo del capitán general la

orden —que cumplimentó en el acto, dando las disposiciones oportunas para elto—

de que se acuartelara inmediatamente a estas unidades, orden que, por su parte,

dictó también, desde el Cuartel General del Ejército, al Regimiento de

Villaviciosa el general Armada.

Hechos que el Consejo declara probados.

Se acepta la eximente de obediencia debida para los tenientes procesados

Los resultandos en los que se basa el Tribunal para dictar sentencia son, en

síntesis, tos siguientes:

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

PRIMER CONSIDERANDO:

1. Que los hechos declarados probados en el resultando primero constituyen la

figura delictiva de conspiración para el delito de rebelión militar, previsto y

penado en el artículo 291 del Código de Justicia Militar, si bien en el caso de

llegar a consumarse el alzamiento en armas, quedan subsumidos en éste como meros

actos preparatorios de) mismo, por lo que, aquellos partícipes que por cualquier

motivo no intervineron más que en dichos actos preparatorios, incurren solamente

en la fase de conspiración y tos que continuaron la realización de dichos

planes, exteriorizando el alzamiento, han de ser calificados conforme a la

figura genérica que describe ei mismo Código en el artículo 286, que inicia el

capítulo de la rebelión,

2. Con arreglo a dicho artículo, el delito de rebelión militar se comete por los

que se alcen en armas contra el ordenamiento constitucional, el Jefe del Estado,

su Gobierno o Instituciones fundamentales de la nación, concurriendo alguna de

las circunstancias que en cinco apartados el propio precepto enumera, y de las

cuales la primera exige, como"necesario y suficiente, que estén mandados por

militares, o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie por fuerzas del

Ejército.

Los hechos que se enjuician en la presente causa, en su conjunto y

específicamente en los que tuvieron lugar durante los días 23 y 24 de febrero de

1981 en el Congreso de los Diputados, en Madrid, incluido el acto de presencia

que en él hicieron fuerzas aisladas de la División Acorazada, y los que tuvieron

lugar en la cabecera de la III Región Militar, reúnen los requisitos básicos de

alzamiento en armas, por un lado, y de efectuarse contra el Gobierno, entonces

en funciones, y contra el Congreso de los Diputados en pleno, o sea, contra una

de las dos Cámaras que forman las Cortes Generales, hallándose, pues, reunidas

en el acto de la irrupción violenta en la sede parlamentaria, dos Instituciones

fundamentales de la nación, según el artículo 66 de la Constitución vigente; y

también concurre la circunstancia , dicha de iniciarse el movimiento por fuerzas

de los Ejércitos y de estar mandadas por militares, con to que coinciden ambas

facetas que, aun por separado, bastaría para calificar de militar la acción

efectuada. Habiéndose

TENIENTE CORONEL ANTONIO TEJERO

Condenado por´delito consumado de rebelión militar, según el considerando

segundo de la sentencia, por ejercer el mando principal de las fuerzas que

asaltaron el Congreso, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 288 del

Código de Justicia Militar. Condena de treinta años de reclusión

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Sentencia del juicio del 23-F

No puede haber cumplimiento del deber si no es dentro de la legalidad vigente

probado en autos ia conexión innegable existente entre los sucesos de Madrid y

los de .Valencia, constitutivos de una operación conjunta planeada así de

antemano.

3. Dicho delito de rebelión es un delito formal que por ello se consuma al

exteriorizarse el alzamiento en armas, y su finalidad, contra las Instituciones

dichas, sin que sea precisa para su consumación perfecta, la obtención de los

objetivos de las fuerzas rebeldes, por lo que no.caben la tentativa ni la

frustración, y desde que se inicia tal alzamiento se produce una situación

permanente de subversión de la legalidad, que persiste hasta que se logre la

sumisión o reducción de todas las fuerzas rebeldes, por lo que, mientras dura el

estado de ilicitud de que se trata, pueden producirse, quedando incursas en la

misma calificación, actuaciones de fuerzas separadas convergentes al mismo fin,

con independencia del momento distinto en que entren en la actitud de

insurgencia o depongan las armas con que se alzaron.

4. Como contempla el capítulo del Código dedicado a la rebelión militar, este

tipo delictivo admite, por su complejidad ejecutiva, así como por razones de

política punitiva, una serie de gradaciones en te participación, que se

tipifican en las diversas figuras de jefatura, mandos principales, mandos

subordinados, ejecutores, adheridos, auxiliadores, promotores y figuras

preparatorias, como la conspiración y la proposición, y derivadas, como la

apología y la negligencia.

AUTORES DEL DELITO DE REBELIÓN MILITAR

SEGUNDO CONSIDERANDO: Que del expresado detito de rebelión militar son

penalmente responsables, en concepto de autores, conforme al artículo 196,

número primero, del Código de Justicia Militar, por su participación personal

directa y voluntaria, los procesados que a continuación se citan y en la forma

que se expresan:

A) Teniente general excelentísimo señor don Jaime Miláns del Bosch y Ussía, a

tenor def párrafo primero del artículo 287, del expresado cuerpo legal, habida

cuenta de su alta jerarquía militar, del relevante destino que desempeñaba y-

de su participación en los hechos, en los que actuó destacadamente y ejerció en

todo momento las funciones directivas y de mando, por lo que aparece comprendido

en el precepto citado, en concepto de cabeza de la rebelión.

B) Teniente coronel- de la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, de

conformidad con el párrafo segundo de! repetido artículo 287 del Código de

Justicia Militar, por ejercer mando principal de las fuerzas que asaltaron el

Congreso.

C) A tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 288 del mismo

Código, porque no estando comprendidos en-el párrafo anterior, ejercieron en

distintos grados mando no principal o simple ejecución:

1.° Coronel de Ingenieros DEM don Diego Ibáñez Inglés.

2° Comandante de Infantería DEM don Ricardo Pardo Zancada.

3.° Capitanes de Infantería don Carlos Alvarez-Arenas Pardiná y don Francisco

Dusmet García-Piqueras; capitán de Infantería de la escala de Complemento don

José Pascual Galvez y et capitán de Intendencia don José Cid Fortea.

4.° Los capitanes de la Guardia Civil don Francisco Acera Martín, don Juan Pérez

de la Lastra Tormo, don Carlos Lázaro Corthay, don Enrique Bobis González, don

José Luis

Abad Gutiérrez y don Jesús Muñecas Aguilar. 5.° Tenientes de la Guardia Civil

don Pedro Izquierdo Sánchez, don César Alvarez Fernández, don José Núñez Ruano,

don Vicente Ramos Rueda, don Jesús Alonso Hernáiz, don Manuel Boza Carranco, don

Santiago Vecino Núñez y don Vicente Carricondo Sánchez.

TERCER CONSIDERANDO: Que del delito de auxilio a la rebelión, previsto y penado

en el artículo 289 del Código de Justicia Militar, por realizar actos.que

impliquen ayuda a los rebeldes, cualesquiera que sean los móviles de su

conducta, se declaran autores, por su participación personal, directa y

voluntaria, tos procesados que a continuación se expresan:

A) Capitán de Navio don Camilo Menéndez Vives.

B) Coronel deja Guardia Civil don Manuel Manchado García.

C) Capitán de la Guardia Civil don Vicente Gómez Iglesias.

CONSPIRACIÓN PARA LA REBELIÓN

CUARTO CONSIDERANDO:

Que de los hechos comprendidos, en los resultados primero, décimo y undécimo, y

en concepto de autores, por participación personal, directa y voluntaria, de un

delito de conspiración para el de rebelión militar del artículo 291 del Código

Castrense, son responsables, los siguientes procesados, cuya participación en

ios actos constitutivos dé la rebelión militar consumada, no ha quedado probada:

A) Excelentísimo señor general de división del Ejército don Alfonso Armada

Comyn.

B) Excelentísimo señor general de división del Ejército don Luis Torres

Rojas.

C) Coronel de Artillería, DEM, don José Ignacio San Martín López.

D) Teniente coronel de. Infantería don Pedro Mas Oliver.

E) Paisano don Juan García Carres.

SIN PRUEBAS CONTRA CORTINA

QUINTO CONSIDERANDO: Que, por no haberse probado en autos, en forma indubitada,

la participación del comandante de Infantería, DEM, don José Luis Cortina

Prieto, en los actos que se le acusaba, ni en ningún otro relacionado con los

mismos y constitutivos de delito, no procede declarar al mismo responsable

penalmente de infracción alguna. Igualmente, por no ser sus actuaciones

constitutivas de delito, no procede declaración alguna de responsabilidad penal

respecto del capitán de Artillería, DEM, don Juan Batista González y del de la

Guardia Civil don Francisco Ignacio Román,

NO HUBO LEGITIMA DEFENSA

SEXTO CONSIDERANDO: Que no puede jurídicamente prosperar la circunstancia

eximente de legítima defensa alegada por algunos defensores, pues la legítima

defensa de un extraño, alegada aquí y referida a las víctimas del terrorismo,

para justificar una rebelión, es evidente que en la misma desproporción de su

enunciado resulta rechazable, en primer lugar porque faltan los requisitos

primero y segundo, que previene el número cuatro del artículo 185 del Código

Marcial, al definir esa circunstancia esculpatoria.

La agresión ilegítima, que es la primera e ineludible, ha de ser actual,

material e inesperada, ha de ser inminente, y en general se refiere a Ja

inmediatez que debe existir entre el hecho de la agresión injusta y la reacción

de quien defiende a un tercero, como sería la muerte del agresor por quien

presenciara el asesinato del agredido. Pero menos aún concurre el también

ineludible requisito de la racionalidad del medio empleado pa^a impedir o

repeler la agresión ilegitima.

NO ACEPTABLE EL «ESTADO DE NECESIDAD»

SÉPTIMO CONSIDERANDO:

Que tampoco puede aceptarse la tesis de que los procesados obraran impulsados

por un estado de necesidad, como causa de justificación de su conducta ilícita,

pues, con independencia y previamente a la consideración de los requisitos cuya

concurrencia exige el Código da Justicia Militar para eximir o atenuar la

responsabilidad criminal en razón a esa circunstancia, aparece claro, y es

doctrina reiteradamente aceptada por este Consejo Supremo, que el agente debe

encontrarse en un estado de necesidad absoluta e inaplazable, producida por la

amenaza de un mal cierto, efectivo, grave, inmediato e inevitable, y que tal

circunstancia ha de apreciarse con carácter absolutamente objetivo sin

indicación ni mezcla alguna de elementos subjetivos o intencionales, ya .que al

tratarse de una causa de justlficación no puede hablarse de una circunstancia

que afecte a la culpabilidad o inculpabilidad del agente, sino que ha de venir

apoyada en hechos contrastados, que no ofrezcan lugar a dudas y que planteen la

urgencia de decidir entre el mal que amenaza y la vulneración de la norma

jurídica penal —lo que no aparece en el supuesto de autos— y que lleva a

desechar la alegación de que concurre tal circunstancia, que no puede ser

apreciada ni siquiera como atenuante, pues no va la cuestión referida a que

falte alguno o algunos de los requisitos exigidos para eximir de

responsabilidad, sino que falla y no concurre el presupuesto básico que ha de

sustentar tal circunstancia, que es la situación previa de necesidad, cuyas

características han quedado antes enunciadas; y que no puede ser sustituida por

ninguna otra situación, por muy estimable que le pueda parecer al agente en un

orden distinto al penal, o por constituir meros móviles o motivos de su

actuación personal que siempre están presentes como antecedentes coherentes de

cualquier conducta, pero que no puede tener relevancia alguna a la hora de

formular el reproche penal de los hechos que se juzgan en´ esta causa,

claramente ¡lícitos e ilegítimos.

GENERAL LUIS TORRES ROJAS

Los hechos que le han sido probados son constitutivos de un delito de

conspiración para la rebelión militar, en concepto de autor y por su

participación directa personal y voluntaria.

Su participación en los hechos constitutivos del delito de rebelión militar

consumada no han sido probados, según señala el cuarto considerando de la

sentencia. Condenado- a seis años de prisión.

32 / A B C

VIERNES 4-6-82

NACIONAL

Sentencia del juicio del 23-F

CUMPLIMIENTO DEL DEBER

OCTAVO CONSIDERANDO:

Que habiéndose alegado por algunos defensores la concurrencia de la

circunstancia^ eximente de haber obrado sus defendidos en cumplimiento de un

deber o en ejercicio de un derecho, oficio o cargo, y que habiéndose invocado

asimismo te misión que el artículo 8.° de la Constitución atribuye a las Fuerzas

Armadas de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su

integridad territorial y el ordenamiento constitucional, se hace necesario

analizar el valor que puedan tener tales alegaciones con referencia a los hechos

enjuiciados, y ambas en estrecha relación entre sí, pues, evidentemente, no

puede haber un cumplimiento de deber o ejercicio de cargo militares si no lo son

dentro de la legalidad vigente,-coronada por las normas de rango constitucional,

remitiéndonos aquí a lo ya dicho precedentemente sobre el marco y límites de la

obediencia debida para evitar repeticiones innecesarias.

El precepto constitucional aducido se refiere a la función de la Institución

militar como conjunto, dentro de su organización jerárquica y bajo el mando

supremo y su Junta de Jefes de Estado Mayor.

Tiene esta norma una naturaleza de principio general que hay que entender

remitida, en cuanto a su alcance concreto, al párrafo 2.°, del propio artículo

8.° que contempla la necesaria promulgación de la Ley Orgánica correspondiente,

en laque establecen las líneas de mando a través de las que se fija la ejecución

de la política milrtar y se imparten las órdenes operativas pertinentes.

Pero, aun ciñéndonos al texto declarativo del párrafo primero y aplicándolo

directamente al caso de autos, vemos, por un lado, que ni existía agresión

actual a la soberanía, independencia e integridad de España, ni de otro lado

puede calificarse lo realizado como defensa del ordenamiento constitucional,

sino, por el contrario, de ataque al mismo en dos de las instituciones básicas

de su estructura: Gobierno y Congreso de los Diputados.

Y, en todo caso, no puede quedar a merced del criterio de cualquier mando

militar por sí solo, ni aun a nivel de capitán general de región y menos al de

jefes particularizados, el decidir por su cuenta, y al margen del alto mando

nacional, con el que no estaban interrumpidos tos canales de comunicación, la

existencia del supuesto peligro para aquellos supremos valores y las medidas de

la trascendencia y gravedad en este caso adoptadas. Por lo que no hay tal

respaldo constitucional y no puede apreciarse legitimidad de ejercicio de cargo

o deber.

OBEDIENCIA DEBIDA

NOVENO CONSIDERANDO:

Que debe pronunciarse este Consejo Supremo sobre la concurrencia de la

circunstancia eximente de obediencia debida, prevista en el número 12 del

artículo 185 del Código de Justicia Militar, por haber sido generalizadamente

alegada en ios informes de las defensas.

Y es de notar que, para que esta circunstancia pueda concurrir en el obrar de un

sujeto, es preciso que éste actúe de acuerdo con las órdenes de un superior

jerárquico, que éste obre a su vez —y, por tanto, dicte la orden— dentro de sus

facultades legales y reglamentarias y refiriéndose al servicio, y qué la orden

se dé formalmente como tal, según su naturaleza y la índolo del servicio, y se

refiera precisamente al área propia de éste.

En el orden militar, la obediencia debida tiene mucha más fuerza y exigencia que

en el ámbito civil; sin embargo, para que tonga exigibilidad y obligue, por

tanto, Imperativamente al receptor de la orden, ha de existir un vínculo de

dependencia, operativa o funcional, con el que la da, sin que baste sólo la

superioridad jerárquica, salvo que la naturaleza de la orden se refiera a la

competencia genérica de cualquier superior, mientras que las órdenes

obligatorias de servicios concretos; y especialmente de armas, han de provenir

o, al menos, han de cursarse, a través de los mandos naturales de cada

subordinado.

Ello, no obstante, no cabe duda de que hay circunstancias de emergencia en que

prima la necesidad del servicio y su eficaz ejecución en lugar y tiempo

oportunos, en que puede darse de hecho el supuesto de que la orden se curse

directamente e incluso a través de medios de comunicación a distancia que

supongan el salto de alguno de esos escalones jerárquicos, como efectivamente se

ha comprobado que puede ocurrir, en el caso de la Guardia Civil, en servicios de

orden público urgentes, en que personal de diversas "unidades orgánicas es

puesto a las órdenes de un jefe designado para ese servicio, como también

ocurrió los días 23 y 24 de febrero en torno al Congreso de los Diputados por

orden de las autoridades legales.

Ahora bien, el legislador ha cuidado de articular la eximente de obediencia

debida, delimitándose en forma que no pueda servir de excusa para cualquier tipo

de comportamiento, eludiendo la responsabilidad correspondiente, y, por ello, el

numero 12 citado del artículo 186 del.Código, en su texto reformado por ley

orgánica 9/80, de 6 de noviembre, precisa que no existe tal obediencia debida

cuando las órdenes entrañe Ja ejecución de actos que manifiestamente sean

contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito en particular

contra la Constitución; redacción que coincide, en esencia, con la del artículo

34 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas contenidas en la ley

orgánica 85/1978, de 28 de diciembre. De modo que no basta ni con la relación de

dependencia jerárquica y orgánica, ni con la formalidad de una orden propiamente

dicha, aunque sea verbal, ni con su referencia al servicio, ni con su inclusión

en la competencia del superior y en las funciones del subordinado, sino que,

además, hace falta un elemento negativo, el de que el contenido de la orden no

constituya delito para el inferior manifiestamente.

Aquí viene, pues, la dificultad de determinar cuando el carácter delictivo sea

manifiesto y, precisamente para el inferior concreto, receptor de esa orden

indebida.

Ha de entenderse que manifiesto equivale a notorio, a lo que a ojos vistas y sin

ningún tipo de duda se muestra ya como constitutivo de un hecho punible, no

bastando la mera duda o sospecha para interrumpir el cumplimiento de la orden,

lo que afectaría a la disciplina y, por ende, a la eficacia de toda la

organización militar.

Y aquí es obvio que habrá que tomar en cuenta las circunstancias objetivas y

subjetivas y, entre éstas, el nivel jerárquico del inferior, porque condiciona

no sólo su formación y conocimiento, sino impedirle la disipación de cualquier

duda sin dilatar indebidamente la orden, y respecto del propio superior que se

la da, y aún con mayor dificultad, de otro de mayor nivel no presente en el

momento de recibir aquella orden. Y, finalmente, en este análisis de tos

requisitos que exige te apreciación de la eximente examinada hay que contar con

la llamada «obediencia punitiva», cuando, tanto el superior que da la orden,

como el contenido de ésta, presenten para el inferior, en sus circunstancias,

apariencia suficiente de legalidad que, en caso de simple duda, habría de

resolverla, como es normal, en te presunción lógica de que, en efecto, se ajusta

a tos requisitos normales de este tipo de órdenes para el servicio habitual del

sujeto obediente con arreglo a su experiencia profesional.

DÉCIMO CONSIDERANDO: Que aplicando esta doctrina general, contenida en el

anterior considerando, a los hechos enjuiciados en la presente causa, es forzoso

empezar por excluir de todo posible campo de aplicación de la eximente de

obediencia debida, ya sea con valor justificativo, ya con el mas probable de

causa de inculpabilidad, predominante hoy en la doctrina, a quienes -

intervinieron en la fase preparatoria de la conspiración, en primer lugar,

porque en tales hechos de connivencia, realizados, además, al margen de las

funciones ordinarias del servicio no puede admitirse, y en todo caso no para

oficiales generales y Jefes del Ejército, para los que manifiestamente esas

reuniones y esos planes tienen que ofrecer carácter de potencial hechos

delictivos sin error posible; en tal sentido, una de las exclusiones claras de

la posible alegación eficaz de la obediencia debida es el supuesto en que los

sujetos, agente y ordenante, previamente a la orden en cuestión sean concordado

para la realización de los hechos que después se pretendería esquivar en el

supuesto vínculo de subordinación.

Tampoco cabe apreciar tal circunstancia en quienes, por su alta jerarquía

militar, como sucede con todos los oficiantes generales procesados, no

recibieron orden alguna de mando superior a ellos, ni pueden alegar supuesto

error al respecto con referencia a supuestas confidencias de respaldos de más

alto nivel, dado que en su situación tal error era, de modo evidente, fácilmente

vencible, al contar con medios de acceso a los mas altos mandos de la cúpula

militar para comprobar la existencia de una orden lícita respecto a los hechos

concretos planeados que, a su nivel, tenían que aparecer manifiestamente en

contradicción con el orden constitucional.

No puede tampoco predicarse la existencia de esta circunstancia de aquellos

que, en vez de una orden imperativa, recibieron de su jefe meramente la

posibilidad de optar libremente por adherirse o no a la acción proyectada y

ulteriormente de continuar o apartarse de ella.

En caso análogo están tos que intervinieron en los hechos sin que recibieran

orden de superior inmediato, sino solamente un requerimiento de colaboración de

un jefe del Cuerpo, en este caso de la Guardia Civil, para un servicio

extraordinario, sin ningún tipo de confirmación o comprobación fidedignas, y que

por ello manifestaron una actuación cuando menos imprudente, que no puede eximir

de culpabilidad, y que al

no existir en el Código de Justicia Militar un precepto equivalente al artículo

565 del Código Penal común, obliga a tratar la valoración y repercusión de tal

error vencible a través de la discreción judicial que otorgan al Tribunal los

artículos 294 y 192 del Código Castrense, pero sin que sea admisible Ja

circunstancia de exención de que aquí se trata.

CORONEL JOSÉ IGNACIO SAN MARTIN

Se declara probada su participación en hechos constitutivos de un delito de

conspiración para la rebelión militar, pero.no´se han probado actos que le

incluyan en el delito consumado de rebelión. Condenado a tres años y un día de

prisión.

VIERNES 4

Sentencia del juicio del 23-F

No pueden calificarse los hechos como defensa del ordenamiento constitucional

Es claro, asimismo, que no cabe esta circunstancia para quienes, como el

teniente coronel Tejero y el comandante Pardo, actuaron por su propia y personal

iniciativa, ni para el único paisano procesado,

APLICACIÓN DE LA EXIMENTE A LOS TENIENTES

UNDÉCIMO CONSIDERANDO:

Por lo que respecta específicamente a los tenientes de la Guardia Civil aquí

procesados, requiere un análisis aparte la cuestión planteada respecto de la

obediencia debida.

Tiene el personal de la Guardia Civil servicio y organización peculiares que

justifican la exigencia reglamentaria de una obediencia ciega, y aunque no deba

serlo tanto como para considerar que no son de aplicación las restricciones que

para órdenes manifiestamente delictivas se contiene en la Ley, sí hay que

señalar que estos oficiales salieron de sus respectivos acuartelamientos bajo

las órdenes de sus superiores naturales, y con un conocimiento muy limitado de

los objetivos a cumplir y una idea muy general y confusa que le fue transmitida

por aquéllos y que encajaba en su, experiencia de casos similares de servicio,

por lo que su error no resultaba vencible en sus circunstancias, y se hace

preciso admitir para ellos la comentada eximente hasta que pudieron tener

directamente otros elementos de juicio que les sacaran de tal error.

Los acontecimientos de la noche del 23 y madrugada del 24 de febrero presentaron

apariencias suficientemente con, tusas y expectantes para hacer dudar, incluso,

a mandos muy superiores, de las decisiones a tomar, y por ello a dilatar su

adopción en espera de que la situación apareciese como dará y resueltamente

decidida. Nótese que, a ese nivel jerárquico de oficiales subalternos —que,

incluso, tuvieron contactos con mandos superiores de su propio Cuerpo en ef

exterior del edificio, sin que pasados los primeros momentos de confusión

recibieran intimación u orden expresa en contrario—, no es de extrañar que, en

la duda, siguieran el criterio de .continuar a las órdenes de los mismos

superiores que les habían conducido a la acción y encuadrando en orden la fuerza

a ellos confiada para evitar cualquier desbordamiento y, por lo tanto, mayores

males.

Y si bien es cierto que, ya avanzada la madrugada, pudieron tener- un

conocimiento más exacto de la situación, especialmente cuando de manera

indirecta y en diversos momentos conocieran el mensaje, televisado y radio

difundido, de Su Majestad el Rey, momento difícil de individualizar y en el que

cada uno tuvo ocasión evidente de vencer su error inicial, y único en el que

hubieran podido objetar el vínculo dé obediencia debida que hasta entonces les

había movido.

DUODÉCIMO CONSIDERANDO: Que se han alegado por algunos defensores como

atenuantes, al amparo del número uno del artículo 186 del Código Marcial, las

eximentes Incompletas de obediencia debida, estado de necesidad, cumplimiento de

un deber, legítima defensa del honor, obrar violentado por una fuerza

irresistible, y obrar por miedo insuperable; y por lo que hace a las cuatro

primeramente enunciadas, no pueden acogerse como atenuantes, pues como se

declara en sentencias de 26 de enero de 1925 y 29 de octubre de 1934, «no es

dable la estimación de circunstancias atenuatorias cuando quedan rechazadas por

improcedentes en toda su extensión —como antes queda dicho— las eximentes de que

se pretende derivarias», y porque en definitiva no resultan probados los

supuestos de hecho de que habrian de resultar.

Así en lo que respecta a que obrase el capitán Dusmet García-Figueras en defensa

de su honor, según alegó su defensor, no aparece la necesidad nacional del medio

empleado, esto es, la conducta por él observada, para procurar a su honor y

dignidad la adecuada defensa, pues inicialmente no estaba afectado por hecho

alguno.

Finalmente, y en to que se refiere a la eximente incompleta de obrar por miedo

insuperable, alegada por el defensor del teniente Boza Carranco, en primer

término, ha de tenerse en cuenta que el. número 10 del artículo 185 del Código

castrense establece que, en los delitos penados en el mismo, cometidos por

militares —que es el caso—, no se estimará esta circunstancia, lo que ha de

entenderse como radical prohibición con fundamento en que son conceptualmente

incompatibles el miedo y la profestón de ¡as armas, de forma tal que, ni

siquiera por vía de atenuación, puede ser tenido en cuenta.

DECIMOTERCER CONSIDERANDO:

Que no concurre, ni es de apreciar, la circunstancia atenuante de obrar por

estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación,

numerada como cuarta del artículo 166 del Código de Justicia Militar, e

invocada, como subsidiaria por los defensores de algunos de los procesados en el

acto de la vista, ya que de los hechos que se declaran probados no puede

llegarse a la conclusión de que ninguno de los procesados actuase en el estado

de ánimo necesario para que pueda tener aplicación la mencionada atenuante.

DECIMOCUARTO CONSIDERANDO:

Que por lo que se refiere a la circunstancia atenuante quinta del artículo 186

del Código de Justicia Militar, invocada alternativamente por el defensor del

teniente Boza Carranco, quien estimó que se había hablado a su defendido en

repetidas ocasiones del Reglamento Militar de la Guardia Civil, pero que no se

le había leído las disposiciones del Código de Justicia Militar, ha de ser

también rechazada de plano, ya que la propia letra del precepto legal invocado

se desprende que es aplicable, exclusivamente, a los individuos de tropa o

marinería a quienes no se hayan leído las disposiciones del Código castrense con

anterioridad a la comisión de delitos imputables al referido personal por razón

exclusiva de su condición militar —lo que tiene un indudable fundamento lógico,

atendida la procedencia de dichos individuos y la propia especialidad de los

delitos militares—, pero cuya aplicación es impensable para un oficial de la

Guardia Civil, no sólo por no estar así previsto en la,formulación legal, sino

también, y muy especialmente, por el sobrado conocimiento que de las -leyes

penales militares ha de tener cualquier oficial del Ejército.

DECIMOQUINTO. CONSIDERANDO:

Que la circunstancia atenuante sexta del artículo 186 del Código castrense,

invocada por los defensores de algunos de los procesados, exige tres requisitos

o elementos: objetivo, que estriba en una conducta reparadora . ooperadora con

la Administración de Justicia, y que se proyecta en tres manifestaciones

distintas; a saber: reparar p disminuir los efectos del delito, dar satisfacción

al ofendido o confesar a las autoridades !a infracción; cronológico, consistente

en que tales conductas se hayan efectuado después de cometido el delito,-pero

antes de conocer el culpable la apertura de procedimiento judicial, y

sicológico, que radica en la necesidad de que el infractor proceda a impulsos de

arrepentimiento espontáneo; requisitos que, segun resulta manifiestamente de la

relación de hechos que se dan por probados, y de la propia postura defensiva

procesalmente adoptada por los defensores aludidos, no puede estimarse se hayan

dado en ninguno de los procesados.

DECIMOSEXTO CONSIDERANDO:

Que respecto a la alegación de algunas defensas de concurrir en los móviles de

los autores de tos delitos que hoy se enjuician en la presente causa la

circunstancia de atenuación prevista en el número 8.° del artículo 186 del

Código de Justicia Militar, estima el Consejo que, aunque los hechos son

constitutivos del delito en cada caso tipificado, de gravedad innegable, y cuya

trascendencia pública pudo haber sido de Importancia que parece ocioso ponderar,

y aun ocasionó profunda perturbación en la vida pública nacional, no hay

inconvenientemente en reconocer en los motivos que indujeron a sus autores a

elegir tan equivocado camino, una creencia basada en su desinteresado, bien que

exacerbado, amor a la Patria, a su unidad y a la seguridad de las Fuerzas

Armadas, a todo lo que erróneamente creían mejor servir con su actuación, por lo

que se acoge dicha circunstancia de atenuación, en relación con los demás

criterios que se dirán, a efectos de la determinación individualizada de las

penas que sé imponen.

DECIMOSÉPTIMO CONSIDERANDO:

Que no cabe apreciar ninguna otra circunstancia atenuante, al amparo del

artículo 186, apartado 9.°, del Código Marcial, como han pretendido algunos

defensores en el acto de la vista, en el sentido de que el Tribunal haga uso del

arbitrio que le confiere el mencionado apartado.

DECIMOCTAVO CONSIDERANDO:

Que si bien la circunstancia atenuante calificada tercera del artículo 189 del

Código de Justicia Militar, consistente en haber sido objeto el culpable de

inmediato abuso de autoridad o de facultades en relación directa con el hecho

delictivo, invocado como alternativa por el defensor del capitán Abad Gutiérrez,

puede ser apreciada por los Tribunales militares sin limitación alguna en

relación con toda clase de

Entenderse como radical prohibición con fundamento en que son conceptualmente

incompatibles el miedo y la profesión de las armas, de forma tal que si ni

siquiera por via de atenuación, puede ser tenido en cuenta.

DECIMOTERCER CONSIDERANDO:

Que no concurre, ni es de apreciar, la circunstancia atenuante hayan producido

arrebato u obcecación, numerada como cuarta del articulo 186 del Codigo de

Justicia Militar, e invocada, como subsidiaria por los defensores de algunos de

los procesados actuase en el estado de animo necesario para que pueda tener

aplicación la mencionada atenuante.

DECIMOCUARTO CONSIDERANDO:

Que por lo que se refiere a la circunstancia atenuante quinta del articulo 186

del Codigo de Justicia Militar, invocada alternativamente por el defensor del

teniente Boza Carranco, quien estimo que se habia hablado a su defendido en

repetidas ocasiones del Reglamento Militar de la Guardia Civil, pero que no se

le había leído las disposiciones del Codigo de Justicia Militar, ha de ser

tambien rechazada de plano, ya que la propia letra del precepto legal invocado

se desprende que es aplicable, exclusivamente, a los individuos de tropa o

marinería a quienes no se hayan leído las disposiciones del Codigo castrense con

anterioridad a la comisión de delitos imputables al referido personal por razón

exclusiva de su condición militar lo que tiene un indudable fundamento lógico,

atendida la procedencia de dichos individuos y la propia especialidad de los

delitos militares, pero cuya aplicación es impensable para un oficial de la

Guardia Civil, no solo por no estar asi previsto en la formulación legal, sino

también, y muy especialmente, por el sobrado conocimiento que de las leyes

penales militares ha de tener cualquier oficial del Ejercito.

DECIMOQUINTO CONSIDERANDO:

Que la circunstancia atenuante sexta del articulo 186 del Codigo castrense,

invocada por los defensores de algunos de los procesados, exige tres requisitos

o elementos: objetivo, que estriba en una conducta reparadora o cooperado con la

Administración de Justicia, y que se proyecta en tres manifestaciones distintas;

a saber: reparar o disminuir los efectos del delito, dar satisfacción al

ofendido o confesar a las autoridades la infracción cronológico, consistente en

que tales conductas se hayan efectuado después de cometido el delito, pero antes

de conocer el culpable la apertura de procedimiento judicial, y psicologico,

que radica en la necesidad de que el infractor proceda a impulsos de

arrepentimiento espontaneo; requisitos que, según resulta manifestante de la

relación de hechos que se dan por probados, y de la propia postura defensiva

procesalmente adoptada por los defensores aludidos, no puede estimarse se hayan

dado en ningún de los procesados.

DECIMOSEXTO CONSIDERANDO:

Que respecto a la alegación de algunas defensas de concurrir en los moviles de

los autores de los delitos que hoy se enjuician en la presente causa la

circunstancia de atenuación prevista en el número 8º del articulo 186 del Codigo

de Justicia Militar, estima el Consejo que, aunque los hechos son constitutivos

del delito en cada caso tipificado, de gravedad innegociable, y cuya

trascendencia pública pudo haber sido de importancia que parece ocioso ponderar,

y aun ocasionó profunda perturbación en la vida pública nacional, no hay

inconveniente en reconocer en los motivos que indujeron a sus autores a elegir

tan equivocado camino, una creencia basada en su desinteresado, bien que

exacerbado, amor a la Patria, a su unidad y a la seguridad de las Fuerzas

Armadas, a todo lo que erróneamente creian mejor servir con su actuación, por lo

que se acoge dicha circunstancia de atenuación, en relación con los demás

criterios que se dirán, a efectos de la determinación individualizada de las que

se imponen.

DECIMOSEPTIMO CONSIDERANDO:

Que no cabe apreciar ninguna otra circunstancia atenuante, al amparo del

articulo 186, apartado 9º, del Codigo Marcial, como han pretendido algunos

defensores en el acto de la vista, en el sentido de que el Tribunal haga uso del

arbitro que le confiere el mencionado apartado.

DECIMOOCTAVO CONSIDERANDO:

Que si bien la circunstancia atenuante calificada tercera del articulo 189 del

Codigo de Justicia Militar, consistente en haber sido objeto el culpable de

inmediato abuso de autoridad o de facultades en relación directa con el hecho

delictivo, invocado como alternativa por el defensor del capitan Abad Gutierrez,

puede ser apreciada por los Tribunales militares sin limitación en relación con

toda clase de delitos, no es menos cierto que, para que dicha circunstancia

pueda tener virtualidad, ha de existir una inmediata relación entre la actuación

abusiva y el hecho delictivo, requisitos pue no se dan en el caso contemplado.

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VIERNES 3-6-82

NACIONAL

Sentencia del juicio del 23-F

La misión institucional de las FAS corresponde al Ejército en su conjunto bajo

su mando supremo y el de la JUJEM

COMANDANTE RICARDO PARDO ZANCADA

Se le considera responsable de un delito consumado de rebelión militar, según

los hechos probados en los que participó voluntariamente. Sus actos están

incursos en el párrafo primero del artículo 288 del Código de Justicia Militar,

ya que ejerció un mando no principal.

Se fe consideran diversas atenuantes, como las de haber depuesto las armas, su

fidelidad a la Corona, sus cualidades de mando y espíritu militar, su acreditado

patrio_ tismo... Condenado a seis años de prisión

DECIMONOVENO CONSIDERANDO: Que, aunque ello no tenga otra incidencia en la

resolución de este Consejo que la puramente anecdótica, es de,señalar que las

alegaciones, comentadas en los anteriores considerandos, que sobre concurrencia

de circunstancias atenuantes han formulado .algunas defensas, con expresa

mención de artenatividad respecto de otras pretensiones anteriores y superiores

de . no. existencia -de delito o exención de-responsabilidad criminal por la

apreciación de la circunstancia atenuante expresamente acogida en el

considerando anterior, y cor» lo que se dispone en el artículo 192 del propio

Código, permite a este Consejo llegar en la determinación de las penas, con

innegable amplitud, a la extensión que en eí fallo en cada caso se señala.

En tal sentido, es de señalar que el requisito exigido por el artículo 294 del

Código Marcial, en su párrafo primero, en relación con el último, de someterse a

ta autoridad legítima deponiendo las armas sin haber hecho uso —agresivo, se

entiende—, de las mismas, y cualquiera que sea la forma de la intimación

recibida por los rebeldes, concurre en los procesados, capitán de navio don

Camilo Menéndez Vives; coronel de Ingenieros DEM, don Diego Ibáñez Inglés;

coronel de la Guardia Civil, don Miguel Manchado García; comandante de

Infantería DEM, don Ricardo Pardo Zancada; capitanes

de la Guardia Civil, don Francisco Acera Martín, don Juan Pérez de la Lastra

Tormo, don Carlos Lázaro Corthay, don Enrique Bobis González, don José Luis Abad

Gutiérrez, don Jesús Muñecas Aguilar y don Vicente Gómez Iglesias; capitanes de

Infantería, don Francisco Dusmet García-Figueras, don Carlos Alvarez-Arenas

Pardina y don José Pacual Gálvez; capitanes de Intendencia, don José Cid Fortea

y la totalidad de los tenientes de la Guardia Civil procesados en esta causa,

así como en el paisano don Juan García Carrés.

Y a los efectos de graduar la aplicación de esta autorización legal, el

Tribunal, además , de la circunstancia atenuante en el número 8 del artículo

186, recogida en anterior considerando, aprecia las que a continuación se

enumeran: circunstancias personales de honorabilidad, cualidades de mando y

espíritu militar; brillante historial y acreditado patriotismo; fidelidad a la

Corona, de la que dieron pruebas al acatar, en. definitiva, las órdenes emanadas

de su titular para someterse sin resistencia horas después; y haber preferido

afrontar, los oficiales de la Guardia Civil, las consecuencias de sus actos

declinando la oportunidad que se tes ofreció por la autoridad competente de

salir del "territorio nacional; motivaciones todas éstas de innegable peso, que

no disculpan ni justifican, pero sí deben atenuar las consecuencias de los

hechos realizados, todo lo cual ha de jugar proporcionalmente al fijar las penas

que a cada acusado han de aplicarse, según su grado de participación y

relevancia relativa en los hechos, con la sola excepción de los dos procesados

comprendidos en el artículo 287 del Código castrense por así vedarlo

expresamente el artículo 294 de dicho Código, como tampoco cabe para estos dos

procesados graduar la extensión de (a pena en tos términos que autoriza el

artículo 192, por el carácter de única e indivisible que tiene la que fija para

ellos el citado artículo 287.

VIGÉSIMO SEGUNDO CONSIDERANDO:

Que toda pena principal /leva consigo (as accesorias que la ley señala y los

efectos que por disposición de la propia ley acompaña a unas y otras.

VIGÉSIMO TERCER CONSIDERANDO:

Que, por imperativo de cuanto dispone e) artículo 217 del Código de Justicia

Militar para el cumplimiento de las penas de privación de libertad de quienes

son condenados a las mismas en esta causa, es pertinente hacer abono de la

totalidad de ia detención, arresto o prisión preventiva.

VIGÉSIMO CUARTO CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 202 del Código Marcial, toda

persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente,

y que tal responsabilidad se extiende a la reparación del daño causado, que

habrá de ser determinada por el Tribunal, y que corresponde a los desperfectos

ocasionados en el Congreso de los Diputados en el curso de la acción rebelde. De

tales desperfectos es responsable el procesado en esta causa teniente coronel de

la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, sin que quepa imputar esta

responsabilidad a ninguno de los restantes procesados, ajenos a dicha acción.

VIGÉSIMO QUINTO CONSIDERANDO:

Que en la tramitación de esta causa se han observado las prescripciones legales,

asi como las solemnidades y garantías del proceso.

JUAN GARCÍA CARRES

Ha incurrido en un delito de conspiración para la rebelión militar, según los

hechos que se le declaran probados. Se le aplican varias atenuantes, como

circunstancias personales de honorabilidad, fidelidad a la Corona, acreditado

patriotismo y varias otras.

De acuerdo con la sentencia no ha podido ser probaba su participación en hechos

constitutivos del delito de rebelión. Condenado a dos años de prisión

 

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