Con la lectura de sus conclusiones definitivas. 
 El fiscal inicia hoy la última fase del juicio del 23-F     
 
 ABC.    27/04/1982.  Página: 25. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

NACIONAL

Con la lectura de sus conclusiones definitivas

El fiscal inicia hoy la última fase del juicio del 23-F

MADRID.

Presidido por vez primera por el teniente general Gómez de Salazar, a las diez

de la mañana de hoy se inicia la última fase del juicio que desde el 19 de

febrero se sigue en las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército

contra los procesados por el intento de golpe de Estado de febrero del 81.

La sustitución en la presidencia, en un momento crucial del proceso, fue

conocida ayer de forma oficial por los miembros del Consejo Supremo de Justicia

Militar.

En la hoja de servicios de Gómez de Salazar,. un brillante militar que desplegó

una gran energía al frente de las tropas españolas destacadas en el Sahara hasta

1975, se reseñan dos acciones dignas" de mención: su participación presidiendo

el Consejo de Guerra contra los militares de la UMO y, ya como capitán general

de Madrid, la investigación que ordenó sobre la llamada «operación Galaxia».

E! nuevo presidente permanecerá casi seguramente al frente del Consejo en las

dos o tres semanas que restan hasta la conclusión del juicio.

El teniente general Alvarez Rodríguez intentó evitar el relevo pese a su

dolencia, pero en su empeño ha visto agravada sustáncialmente su úlcera de

duodeno.

En tos dos meses largos que llevamos de juicio, Alvarez Rodríguez ha perdido

entre ocho y diez kilos de peso.

EXPECTACIÓN ANTE EL INFORME DEL FISCAL

Precisamente hoy, a la hora habitual de las diez de la mañana, pasará a primer

piano otro de los hombres que mayores energías ha tenido que empeñar en el viejo

almacén de papel de! Ejército en Campamento en los dos últimos meses.

Se cree que el fiscal, ministro togado de la Armada José María Claver Tórrenle,

dedicará dos jornadas enteras a exponer sus conclusiones definitivas sobre el

asalto al Congreso de los Diputados, así como las responsabilidades que competen

a cada uno de los 33 procesados.

Existe verdadera expectación por comprobar sí el fiscal, una vez escuchados los

testimonios de procesados y testigos, mantendrá o modificará su petición inicial

de penas.

De mantener en este aspecto sus conclusiones provisionales, el Tribunal tendría

que pronunciarse sobre la separación del Ejército de todos, menos uno de los

acusados militares —el ahora en libertad provisional capitán de la Guardia Civil

Francisco Ignacio Román—, amén de dilucidar la adecuación de una pena de

reclusión de treinta años a los hechos protagonizados por los generales Miláns

del Bosch y Armada, así como el teniente coronel Tejero.

Hasta que el fiscal finalice su informe no se sabrá tampoco si se mantienen las

otras solicitudes de penas, que oscilan entre los veinte años y un año y seis

meses.

Especialmente interesantes serán las consideraciones que realice sobre el

controvertido procesamiento de los tenientes de la Guardia Civil, en virtud de

la amplitud y la interpretación que dé al llamado «documenteo de! capó», en el

que se han centrado ya muchas horas de deliberación a través de lo actuado por

los defensores y lo declarado por testigos y procesados.

Todas estas incógnitas tendrán cumplida respuesta cuando, siguiendo el ritual,

todos cuantos asistan al juicio se pongan en pie para escuchar las peticiones de

condena o absolución que hará José María Claver Torrente, «en nombre de la

Ley...».

Inmediatamente después, el coronel Salvador Escande!) Cortés, abogado del

teniente general Miláns del Bosch, iniciará el turno de las defensas, que, de

ajustarse a lo previsto, solicitarán del Tribunal la libre absolución de sus

patrocinados. Se cree que, tras sus intervenciones, serán los codefensores

militares quienes harán sus alegaciones.

En el acto final de la vista pública, el presidente de! Tribunal preguntará uno

por uno a los procesados si tienen algo más que exponer ante el Consejo,

Concluido así el juicio, el Consejo de Justicia Militar, reunido en Sala de

Justicia, dictará sentencia en el término de ocho días, y dentro de las

veinticuatro horas siguientes, se notificará a las partes. Contra dicha

sentencia cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo.

DIEZ MESES DE DEMORA

Precisamente refiriéndose a esta posibilidad, el fiscal general del Estado, José

María Gil Albert, señalaba en recientes declaraciones que, en el caso de que la

causa llegara a la jurisdicción ordinaria, «´¡a sentencia definitiva puede

demorarse diez meses más».

El señor Gil Albert explicó también que «hay más que posibilidades de que, en

una ulterior fase procesal, la Fiscalía General del Estado tenga que actuar en

un eventual recurso de casación».

 

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