Según el ministro de defensa. 
 La decisión del Gobierno, unánime y solidaria  :   
 Albert Oliart, que no ha pensado en dimitir, afirmó que no existe ninguna tensión entre el poder civil y el militar. 
 Ya.    05/06/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Según el ministro de Defensa

«La decisión del Gobierno, unánime y solidaria»

Alberto Oliart, que no ha pensado en dimitir, afirmó que «no existe ninguna

tensión entre el poder

civil y el militar»

El ministro de Defensa, Alberto Oliart, respondió cumplidamente en rueda de

prensa posterior al Consejo de Ministros a todas las preguntas referidas a la

sentencia de la causa 2/81, seguida por los sucesos del 23 de febrero, así como

las referidas al recurso de casación que ha solicitado el Gobierno curse el

fiscal general del Estado.

Junto al ministro de Defensa se encontraba el general Rodríguez Toquero, jefe

del Crisde.

Oliart apuntó, en primer lugar, la unanimidad y solidaridad de los miembros del

Gabinete en torno a la decisión de pedir al fiscal del Estado la presentación de

un recurso de casación que, en la actualidad, se está estudiando por el ministro

de Justicia, así como por un grupo de juristas.

Habló del acatamiento sereno ante «uno de los capítulos más dolorosos de la

transición, que afortunadamente ahora cerramos». Asimismo, y en relación con las

sentencias, dijo que se podían tener criterios distintos en cuanto a la

calificación de conductas, no así en cuanto a las penas que de ellos se

desprenden.

Añadió que el tribunal había sido coherente y había aplicado correctamente cada

uno de los artículos, de acuerdo con esas calificaciones. Se refirió a los

oficiales absueltos, que han quedado como disponibles forzosos, según el «BOE».

de fecha de ayer, precisando que esta situación la mantendrán mientras la

sentencia no sea firme, «aunque algunos es posible que pronto pasen a destino»;

no asi otros, contra cuya sentencia se recurrirá.

También anunció la remisión a las Cortes de la nueva reforma de procedimiento de

justicia militar, y añadió que durante el seguimiento de la causa citada se

habían visto deficiencias de la reforma anteriormente efectuada, sobre todo en

su aspecto de agilización de trámites.

Ante la pregunta de si había estudiado la posibilidad de su dimisión, el

ministro contestó: «No he pensado en dimitir. Nunca he pedido nombramiento

alguno y mientras tenga la confianza del presidente del Gobierno seguiré de

ministro.»

Preguntado, asimismo, sobre las calificaciones con que el Gobierno estaba menos

de acuerdo acerca de las sentencias, el ministro explicó que las de conspiración

y auxilio en la rebelión son discutibles a la luz del relato de los hechos del

sumario.

En cuanto al estado de opinión en las Fuerzas Armadas, habló de que no existía

ninguna tensión entre el poder civil y el poder militar.

Asimismo se refirió a que la sentencia no es factor desestabilizante para la

democracia, y añadió: «No creo que en las Fuerzas Armadas exista tendencia hacia

una autonomía del poder político.

Las Fuerzas Armadas, con sus peculiaridades propias, tienen tendencia a que se

traten internamente sus problemas.»

Finalmente, ante las preguntas del coste económico y político del proceso, el

ministro aclaró que solamente tenía a mano las cifras que había costado el

acondicionamiento del Servicio Geográfico del Ejército, que se evaluaban en 35

millones de pesetas.

En cuanto al coste político, el ministro concluyó: «Considero que el proceso ha

abierto un largo paréntesis de expectación, que felizmente ha sido cerrado.

Este proceso me ha parecido importantísimo, ilusionador y esperanzador porque

nos iguala a los países del mundo moderno, que basan su convivencia en la paz y

en la libertad.»

Un Consejo ordinario

Por último, y en relación con el recurso de casación ordenado por el Gobierno,

el señor Oliart precisó que éste se basaba en una diferente apreciación en

cuanto a las calificaciones. «Estas conllevan una pena determinada y que se

establece en el Código de Justicia Militar, por tanto no es que el Gobierno

disienta de la cuantía de dichas penas, que, en definitiva, están aplicadas con

coherencia, sino en determinadas calificaciones que son discutibles a la luz del

relato de los hechos.»

Tras la intervención del ministro de Defensa, el secretario de Estado para la

Información, Ignacio Aguirre, precisó, ante las informaciones aparecidas en los

últimos días, que el Consejo de Ministros celebrado en el día de ayer tenía

carácter puramente ordinario y que había sido anunciado con anterioridad a la

publicación de las sentencias del proceso seguido contra los implicados en los

hechos del 23-F.

 

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