Autor: Ramírez, Pedro J.. 
   La trama civil     
 
 Diario 16.    29/06/1981.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 22. 

Diario16/29-junio-81

OPINIÓN

PEDRO J. RAMÍREZ

La trama civil

LA decisión de la justicia militar de poner en libertad sin cargos a los

coroneles Garchitorena y Sicre y al comandante Ynestrillas, no debe llevar

a una crítica superficial del comportamiento del Ministerio del

Interior. El mero hecho de que el coronel designado como juez no crea

haber encontrado pruebas concluyentes en apenas tres días de limitada

investigación para procesar a sus compañeros, no puede empujarnos

a descalificar la intervención policial en el asunto.

Como en el caso «Galaxia» o en el caso «Atares», estamos ya ante una nueva

discrepancia entre la valoración que el estamento castrense y el poder civil

hacen de umos mismos hechos o, para ser más exactos, en esta ocasión, de unos

mismos indicios. En lo concerniente a Ynestrillas esta discrepancia es lo

suficientemente intensa como para que el Gobierno haya decidido aplicarle la ley

Antiterrorista, prolongando así durante cinco días más su periodo de detención

preventiva.

Aunque en la nota difundida el sábado se aseguraba que las indagaciones

continuarían, todo parece sugerir que el juez militar ha caracterizado las

reuniones de los detenidos en la línea de las «charlas de cafe», tan del agrado

del comandante Ynestrillas.

Repasando el inventario de acusaciones manejadas estos días por la prensa contra

los «golpistas del 23 F», puede admitirse que la idea del atentado contra el Rey

en el día de su onomástica tuviera más arraigo en nuestra amedrentada conciencia

colectiva que en la capacidad operativa real de este pequeño grupo.

Sus planes de interferir la red de comunicaciones del Estado a su más alto y

confidencial nivel, no parecen, en cambio, fruto de ninguna imaginación

calenturienta, a menos que admitamos como simple coincidencia el que entre la

media docena de personas que, según su propia versión, se reunieron para

discutir la financiación de «El Alcázar», haya dos relacionadas con esa archi-

reservada malla de seguridad.

Atojarlo a tiempo

La propia coartada de estos encuentros es de una asombrosa fragilidad. Girón

sabe bien donde conseguir el dinero para continuar manteniendo a flote su órgano

de intoxicación, sin necesidad de recurrir a los exiguos medios de fortuna de

dos funcionarias y tres jefes del Ejército. ¿A qué fue entonces a casa de María

Paz Pérez a la calle de General Perón? Esa es una de las muchas cosas que trata

de averiguar la Policía.

La acusación que ahora pesa sobre Ynestrillas es la de haber cometido «delitos

relacionados con la constitución de bandas armadas». Es de suponer que ésta no

es una atribución gratuita, ya que el personaje venía siendo sometido a una

estrecha vigilancia por la inteligencia militar y deben conocerse al dedillo sus

movimientos.

Hace tiempo que la Policía viene detectando signos que anuncian el próximo

desarrollo de un terrorismo de ultraderecha con menos capacidad operativa, pero

tal vez mayores posibilidades desestabilizadoras que el de la propia ETA. Es

lógico que Rosón quiera atajarlo a tiempo y sería incoherente que quienes

venimos criticando las omisiones del Gobierno, le echáramos ahora en cara que

nadie haya sido capturado con las manos en la masa.

El episodio que al parecer desencadenó la redada de comienzos de semana fue el

accidente del muchacho de Fuerza Joven al que le explotó la bomba que se

disponía a colocar. La Policía pensó que a la fase de planificación sucedían ya

las primeras «operaciones» y optó por tirar de la manta sin esperar a tener más

pruebas acumuladas.

Según mis noticias, uno de los detalles que más impresionaron a los inspectores

de la Brigada Especial responsables de la investigación es el considerable

número de menores de edad —chicos en torno a los quince años, de la misma

carnada pues del segundo de los hijos de Ynestrillas- implicados en esta trama

violenta.

El dato es significativo y estremecedor. No sé si mi voz alcanzará a muchos de

esos padres que por afinidad ideológica o simple negligencia, consienten que sus

hijos frecuenten los círculos de la ultraderecha y queden atrapados en las

garras de los mercaderes del odio, pero estas líneas van dirigidas a ellos y

llevan matasellos de advertencia.

El día menos pensado ese niño, todavía más crecido de cuerpo que de mente, al

que no se le ha ayudado a defenderse contra lo que de subyugador tiene la

intolerancia, puede verse implicado en el apaleamiento de un compañero, el

vandálico asalto de un centro escolar, la colocación de un paquete explosivo e

incluso —a nada que prosiga la escalada— el asesinato por supuestos móviles

políticos.

Aun antes de alcanzar la mayoría de edad, aun antes de tener plena

responsabilidad civil, aun antes de acercarse al amor y restantes soledades, la

vida de ese muchacho puede quedar marcada al fuego para siempre.

A.eso se arriesgan quienes perezosamente contemplan el ir y venir de sus hijos

por las siniestras aulas de la «escuela de la violencia».

Así denominaba Miguel Sánchez

Mazas en su impresionante artículo del sábado al montaje que con el nombre de

Fuerza Nueva y la posterior cobertura de partido político, viene alentando desde

hace años el notario Blas Pinar.

Fuerza Nueva es al golpismo, lo mismo que HerriBatasuna al terrorismo etarra: su

cobertura legal, su infraestructura política, su banderín de reclutamiento.

El «conglomerado golpista»

Todo el montaje de la ultraderecha empieza a parecerse cada vez más a lo que

nuestra inteligencia militar bautizó hace dos años como el «conglomerado ETA».

Cual satélites en torno a unos núcleos de acción violenta, encargados de poner

manos a la obra, giran una serie de iniciativas «periodísticas», «políticas»,

«editoriales», «culturales» y hasta «recreativas».

De ahí, de la Confederación de Combatientes, del tradicionalismo integrista, de

la Falange de Raimundo Fernández-Cuesta, de los núcleos organizados de Federico

Silva y Fernández de la Mora, de los movimientos antidivorcio, de las campañas

de recogida de firmas en favor de la Guardia Civil, irá surgiendo el

«contrapoder» golpista en el caso de que su penetración social no encuentre el

obstáculo de un fortalecimiento real de la democracia y de ahí terminará por

brotar el «poder» liberticida si, el destino no lo quiera, todos terminamos

despeñándonos en el abismo de la imposible dictadura.

Esa es la trama civil del 23-F, del 23-J y de todos los 23 que en cualquier

fecha de cualquier mes pueden sobrevenirnos. Son personas con nombre y apellido

que todos conocemos en bastantes casos —el poder económico implicado permanece a

menudo sumergido— y a las que conviene tener constantemente en el punto de mira

de la justicia. No olvidemos, como recordaba hace poco Juan Tomás de Salas, que

aunque

Al Capone asesinó, robó y extorsionó, en la cárcel lo metieron por evasión de

impuestos.

Sería triste, sin embargo, que a nuestros golpistas no se les terminaran

encontrando las cosquillas por algo mucho más evidente, después del aparatoso

jaque que supuso el intento de Tejero, Milans y compañía. Si a estas alturas

alguien cree, por ejemplo, que García Carrés se ofreció aquella noche a Tejero

simplemente porque le dio la ventolera, es que su ingenuidad le hace acreedor de

una parcela en el limbo de los tontos.

Pensar que el voluminoso y elemental dirigente verticalista no recibió la

bendición de su «jefe y maestro» —su dependencia con respecto a Girón es casi

paterno-filial— antes de dar un paso de tal envergadura, sería equivalente a

creer que Carrero actuaba de espaldas a Franco.

¿Por qué no hay ningún otro civil procesado aún por el juez García Escudero? Un

primer nivel de respuesta sería alegar que pese a ser muchos los nombres y

detalles remitidos por el Ministerio del Interior, contra ninguno de ellos se

han reunido por ahora evidencias incontestables.

Dando un paso más allá, resulta inevitable cuestionar los criterios con que el

general togado viene edificando su mastodóntico sumario. La talla intelectual,

vocación liberal y compromiso con el sistema de García Escudero parecen fuera de

toda duda, pero no su infalibilidad.

Lagunas en el sumario

A medida que transcurre el tiempo sin que ni siquiera pueda apuntarse

tentativamente una fecha para la celebración del juicio, se extiende la

impresión de que en el subconsciente de García Escudero puede estar pesando un

exceso de autocomplacencia en su propio virtuosismo que terminará desembocando

en un sumario imposible de manejar.

En flagrante contradicción con este afán perfeccionista, en el sumario se

perciben, luego, lagunas difíciles de comprender. Y digo se «perciben» porque

aunque no he tenido acceso al trabajo del juez togado, sí que conozco el

desconcierto que tales omisiones producen en determinados medios

institucionales. Ese es el caso, ya mencionado, de los civiles; y ese es, sobre

todo, el flagrante caso de los guardias con complicidad directa y palpable en la

toma del Congreso.

Durante las últimas semanas hemos concentrado nuestras críticas en el Gobierno y

sobre todo en el general Aramburu, acusándoles de blandenguería y avestrucismo,

tras la puesta en libertad de esos números.

Nuestras miradas deberían dirigirse en realidad más insistentemente hacia el

juez togado, que sigue sin dictar auto de procesamiento contra ellos, a pesar

de. que la dirección de la Benemérita le ha remitido hace tiempo la lista de los

quince que entraron con Tejero en la primera oleada, subrayando entre ellos a

aquellos once cuyo compromiso golpista fue más evidente.

Se trata de los que, no sólo dispararon en el interior del hemiciclo, sino

también llegaron —entre otros desmanes— a encañonar al propio Aramburu. Parece

coherente que un militar profesional donde los haya, como es el actual director

general de la Guardia Civil, desee con todas sus fuerzas que un acto tan

flagrante de indisciplina no quede impune, pues en caso contrario el principio

de autoridad resultaría seriamente dañado dentro del Cuerpo.

Y termino con unas líneas de aliento al comisario Emilio Sanchez —un hombre del

que lo desconozco todo— y su reducido equipo de la Brigada Especial. La misión

de la Policía, no es castigar a los culpables, sino detener a los sospechosos.

A la hora de plantar cara a los golpistas, como a la hora de plantar cara a los

terroristas, más vale pasarse por exceso de celo que hacerlo por defecto, pues

una detención injustificada siempre podrá ser reparada, pero una inhibición

errónea puede costamos a todos muy caro. Por otra parte, al margen de la

decisión del juez militar, somos muchos quienes tenemos la convicción de que

esta vez no hemos pinchado del todo en hueso.

• Sería incoherente que quienes hemos criticado las omisiones del Gobierno, le

echáramos ahora en cara que nadie haya sido capturado

con las manos en la masa

 

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