Escudero elevó al Supremo de la Justicia Militar su investigación sobre el 23-F. 
 Piden el procesamiento de once guardias civiles     
 
 Diario 16.    30/06/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

Diario18/30-junio-81

NACIONAL

Escudero elevó al Supremo de la Justicia Militar su investigación sobre el 23-F

Piden el procesamiento de once guardias civiles

El ministro de Defensa, por iniciativa del director general de la Guardia Civil,

ha pedido al fiscal militar e] estudio sobre la posibilidad de procesar a los

once guardias que mayor participación tuvieron en el asalto al Congreso de los

Diputados con ocasión del golpe del 23 de febrero.

Dichos guardias

civiles fueron los que dispararon en el interior del hemiciclo y desde las

tribunas y mantuvieron una actitud clara e inequívocamente golpista. El

consejero togado juez especial del 23-F, general Garda Escudero, concluyó ayer

su investigación en torno al caso.

Madrid –

El ministro de Defensa, Alberto Oliart, ha remitido instrucciones por escrito al

fiscal militar para que estudie el procesamiento de tos once guardias civiles

que participaron más activamente en el asalto al Congreso el pasado 23 de

febrero, según supo DIARIO 15 de fuentes solventes.

Estos once guardias fueron los que hicieron uso de sus armas en el interior del

hemiciclo, disparando hacia el techo por encima de las tribunas de prensa y

público, y tuvieron una participación clara e inequívocamente golpista.

Los correspondientes sumarios obran ya en manos del Consejo Supremo de Justicia

Militar, a quien ayer fueron entregadas las actuaciones sumariales concluidas en

torno a los sucesos del-golpe del 23 de febrero por el consejero togado juez

especial de la causa, general José María García Escudero.

Arrestos

Los aproximadamente 150 guardias civiles que, con Tejero al frente, ocuparon el

Congreso de los Diputados la tarde del 23 de febrero, manteniendo secuestrados

hasta el mediodía siguiente a los parlamentarios, fueron distribuidos a primeros

de marzo en distintos acuartelamientos, en los que permanecieron arrestados.

Una semana después, el 90 por 100 de los mismos fueron puestos en libertad y

devueltos a sus respectivos destinos, al estimarla autoridad judicial multar que

fueron al Parlamento engañados, y que si se mantuvieron allí fue por disciplina,

según declaró entonces el director general de la Guardia Civil, José Aramburu

Topete.

Permanecieron aún retenidos unos quince guardias civiles con 32 cabos y unos 16

suboficiales por estimar que su participación en los hechos fue mayor.

Coincidiendo con las festividades del Jueves y Viernes Santo, algunos de ellos

se vieron beneficiados por los indultos habituales en el Ejército, quedando

levantado su arresto.

Los demás fueron puestos en libertad y devueltos a sus destinos justamente

después de la Semana Santa, al haber cumplido el arresto impuesto.

Para todos ellos el historiador y general del Ejército del Aire Ramón Salas

Larrazábal creía conveniente la expulsión del Instituto, según un artículo

publicado en el diario «Ya».

Todos iguales

«Creemos que ni uno solo de los participantes en el golpe del 23 de febrero debe

permanecer en las filas militares, cualquiera que sea el grado de su

responsabilidad personal», escribía el general historiador.

En cambio, en medios de la Guardia Civil se argumentaba que «si ellos son

militares, no se les debe dar un trato discriminatorio con respecto a los otros

militares de la clase de tropa que participaron en el asalto y secuestro del

Parlamento».

En este sentido se establecía el paralelismo con los soldados de la Policía

Militar que, al mando del comandante Pardo Zancada, se unieron a los sediciosos

en la madrugada del 24 de febrero, sin que se hayan instruido sumarios contra

ellos, por entender que actuaban bajo el imperio de la disciplina militar.

A propósito de la responsabilidad o no de los guardias civiles asaltantes, hay

que recordar que el propio Tejero en las condiciones para su rendición, y que

escribió en un folio oficial del Congreso de los Diputados, explicitaba:

«Suboficiales y guardias civiles, sin

responsabilidad.»

Malestar

Ahora, el propio director general del Instituto, Aramburu Topete, para mantener

el principio de autoridad, ha tenido la iniciativa de que sa estudie por la

autoridad judicial militar la posibilidad del procesamiento de aquellos guardias

que hubieran tenido más participación en los hechos.

En el propio Ministerio del Interior existia grave malestar por no haberse

llevado a cabo tales procesamientos, máxime cuando algunos de los protagonistas

del 23-24 de febrero alardeaban en los bares de la localidad madrileña de

Valdemoro —donde se haya el Colegio de Guardias Jóvenes, en el que la mayoría

permanecieron arrestados de los hechos ocurridos, jactándose en las versiones

«peliculeras» del asalto y secuestro de los diputados.

Pasos a seguir

El procedimiento militar que ha de seguirse en la tramitación de la causa es el

siguiente: Fase sumarial: Su característica es la celeridad. El sumario está

constituido por las actuaciones y diligencias encaminadas al esclarecimiento y

comprobación del delito, asi como a determinar las posibles responsabilidades

exigibles, el aseguramiento de la persona responsable y los bienes del mismo.

En esta fase se practican todas las pruebas necesarias (declaraciones de los

procesados, de los testigos, de los peritos, careos, etcétera).

Seguidamente, las actuaciones serán elevadas al Consejo Supremo de Justicia

Militar (fase actual).,

• Fase de plenario: Una vez esté completo el sumario, el Consejo

Supremo de Justicia Militar acordará la apertura de esta segunda fase, en la que

-conociendo los autos en su totalidad— formulan sus conclusiones provisionales

el fiscal y los defensores/ y se practican las pruebas propuestas por las

partes.

• Vista y fallo: Seguidamente, la causa pasa al vocal ponente del con-

sejo de guerra para instrucción. Después se fija la fecha de celebración del

consejo de guerra —formado por un presidente y cuatro vocales— y después de la

vista se redacta la sentencia.

Por tratarse de primera instancia, esta sentencia podrá ser recurrida ante la

Sala Segunda de lo Penal del

Tribunal Supremo.

El banquillo, si se mantiene el actual número de procesados, estará ocupado por

31 personas: un civil (Juan García Carres) y 30 militares.

 

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