Según una declaración del coronel Ibáñez Inglés. 
 Un informe de Diario 16 preocupó a los golpistas     
 
 Diario 16.    20/02/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

EL JUICIO: JORNADA 1.

En la sesión de la tarde y con la lectura de los folios relativos a los careos

se .puso de relieve la preocupación que un informe publicado en DIARIO 16,

provocó en los golpistas. Así, el coronel Ibáñez Inglés remitió él mismo —

probablemente se trataba de un artículo de ficción bajo el título «Operación

Zalamea»: Objetivo Golpe de Estado— al teniente general Milans del Bosch para

que éste lo hiciese llegar al general Armada.

Según una declaración del coronel Ibáñez Inglés

Un informe de MARIO 16 preocupó a les golpistas

Madrid –

En la primera sesión del juicio a los golpistas ha aparecido la pri-nera

referencia a DIARIO 16. Se produjo en la lectura de los folios realtivos a los

careos.

Al parecer, el coronel ´Ibáñez Inglés había enviado •>un informe» al

teniente general Milans del Bosch para que éste lo remitiese a Armada. Este

informe fue publicado por DIARIO 16 en 3! suplemento dedicado a as Fuerzas

Armadas, con notivo de la Pascua Militar, irmando por Fernando Reinlein.

Se da la circunstancia de que en el mismo, >ajo el título «Operación

Zalamea: Objetivo: Golpe dilitar» se relataba una ficción, pero una ficción

que por lo visto preocupó a ios golpistas de verdad» por u contenido. Se partía

de i base de que un general abía dado un «golpe blan´o» y estaba al frente del

gobierno. Pero la «reconducción» del proceso no había satisfecho a los

golpistas más ultramontanos que seguían conspirando para imponer una

Junta Militar.

la «ficción» -por lo menos entonces pretendía ser sólo eso- estaba fechada ¡ 6

de enero de 1981, y

planteada para cualquier •año de 198... En la entradilla de la información se

explicaba que en aquella ocasión los mecanismos de autodefensa del sistema

habían funcionado pero se preguntaba, «¿funcionarán siempre?»

Según la tesis allí desarrollada, el Gobierno debía ser secuestrado - Tejero y

Milans dudaron en la realidad y en un principio si el asalto debía hacerse al

Congreso y a la Moncloay la situación «presentada al Rey como hecho inevitable».

Togas

Dentro del anecdotario del primer día de sesiones del juicio sobre el 23-F

resalta la aparición por la mañana en-el Servicio Geográfico del Ejército de

sesenta togas para los abogados.

«ad cautelan» -por emplear un término jurídico de que algunos de los asistentes

los necesitasen para entrar en la sala.

El Juez de la sala del Colegio de Abogados, Antonio Fernández Caballero,

facilitó personalmente el traslado de las togas para los abogados.

Entre la mañana y la tarde todos los procesados comieron en la residencia de

oficiales, donde se hallan internados. En lugares reservados al efecto, lo

hicieron los miembros del tribunal y también las comisiones de jefes, oficiales

y suboficiales nombradas para asistir a la vista. ,

Los familiares, los defensores y los periodistas tuvieron que echar mano de los

consabidos bocadillos o trasladarse a lugares públicos próximos al

acuartelamiento. O bien utilizar los servicios de la cantina móvil que ha

instalado la Intendencia del Ejército.

Manifestación

Y mientras el juicio empezaba con expectación, pero sin incidentes dignos de

mención -algunos jóvenes levantaron el brazo y dieron unos pocos gritos de signo

ultraderechista-- los promotores de la manifestación «por la libertad y contra

el golpismo» vieron quebrados sus deseos de manifestarse.

En efecto, el gobernador civil denegó el permiso en base al artículo 6 de la ley

de 1976, que regula el derecho de reunión y establece la prohibición cuando

existan fundados motivos para estimar que de celebrarse podría dar lugar a la

comisión de actos delictivos.

Entre los firmantes de le solicitud, aparece Fernandc Sagaseta (Unión del Pueble

Canario), Pablo Castellanos y Antonio Santesmases (PSOE) y algunos comunistas

firmantes del manifiesto de «los doscientos» de la línea renovadora del PCE.

Y los firmantes se han quejado a través de una nota, hecha pública ayer, en la

que califican la decisión del gobernador como una «fragranté violación del

derecho de manifestación».

 

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