Incidente en la sala     
 
 Diario 16.    24/02/1982.  Página: 1,2. Páginas: 2. Párrafos: 12. 

Incidente en la sala

La suspensión en la mañana de ayer, durante tres horas y media, de la vista del

juicio contra los golpistas del 23-F y su reanudación con la inmediata expulsión

del director de DIARIO 16, constituye un grave incidente que es, a la vez un

peligroso precedente.

La negativa de los procesados a comparecer ante la sala, impidiendo así el libre

y legítimo ejercicio de la justicia, supone, para empezar, un abierto desacato

al tribunal que adquiere especiales caracteres de gravedad por el uniforme

militar que visten los procesados.

Que jefes y oficiales, hoy por hoy miembros de las Fuerzas Armadas, puedan

llegar a tales extremos utilizando como pretexto hechos ocurridos fuera del

juicio que se sustancia, es no sólo inconcebible, sino una afrenta manifiesta a

uno de los poderes del Estado.

Quienes hace justamente un año, y con la fuerza de las armas, ultrajaron a los

poderes legislativo y ejecutivo, secuestrando a sus depositarios, parecen haber

querido festejar tan infamante fecha con un nuevo agravio, esta vez al poder

judicial.

Nada más elocuente para expresar su visceral aversión a todo lo que significa el

Estado de derecho.

Lo sucedido ayer en los locales del Servicio Geográfico del Ejército sorprende

todavía más, porque supone violación flagrante de disposiciones del Código de

Justicia Militar, como el articulo 768, que textualmente afirma: «Los procesados

deberán asistir al acto de la vista.»

Que ante la negativa de los procesados a comparecer sea corregida disciplinariamente

una persona ajena, como el director de DIARIO 16, en vez de los causantes de la

situación, es insólito y desafía todas las interpretaciones posibles de los

principios generales del derecho. Y lo peor de todo es que puede verse por algunos

como una confirmación de las dudas y temores que respecto de este juicio se han

expresado en ciertos sectores.

El incidente ha dado también la razón a quienes pensaban que las tramas golpistas no

iban a dejar pasar la fecha del 23-F sin dar, ya que no un nuevo golpe de Estado, sí,

al menos, un golpe de teatro. La decisión estaba tomada y DIARIO 16 ha sido sólo el

pretexto.

La información que provocó la soflama del defensor del capitán Alvarez-Arenas no fue

recogida en ef ámbito procesal de la vista ni puede considerarse como un incidente

de la misma, como reconoció el ministerio fiscal. Por eso no tenía por qué

interrumpir la continuación del juicio.

Que a pesar de todo se produjera la suspensión, es algo que todavía no ha explicado

nadie con el mínimo de coherencia jurídica exigible.

Más intolerable aún es que una información que no hacía más que confirmar la

implicación de un implicado, el capitán Alvarez-Arenas, haya podido ser considerada

como un «agravio a la institución militar y al honor de sus miembros», planteamiento

que, de llevarse a sus últimas consecuencias, impediría someter a juicio a cualquier

militar, en base a la abusiva premisa de que cuanto afecta a la parte, afecta también

at todo.

En todo caso, si el artículo que ayer publicaba DIARIO 16 fuera, de alguna manera,

constitutivo de delito —y creemos firmemente que no lo es— , será la jurisdicción

competente quien lo estime. Desde ahora mismo y de buena gana nos sometemos a su fallo.

Pero, de ningún modo puede aceptarse el intento de resolver problemas jurídicos

sancionando presuntos delitos sin juicio previo.

DIARIO 16 ha sido elegido injustamente como diana. Quienes han fraguado tal incidente

en tan significativa fecha apuntan a otra parte, aunque, por elevación, hayamos sido

nosotros el blanco inmediato de sus andanadas.

Eso no nos sorprende porque nos sabemos acreedores de la inquina de cuantos se

esfuerzan por impedir que en España se consolide un régimen de convivencia en libertad.

Pero, al precio que sea, perseveraremos en nuestros propósitos.

Y en cuanto a decisiones que, como la retirada de nuestras acreditaciones para asistir

al juicio, estimarnos injustas y fuera de lugar, recurriremos ante todas las instancias

precisas. Y lo haremos no sólo porque estimamos que con ello se menoscaban nuestros

legítimos derechos, sino porque las vemos como un grave atentado contra la libertad

de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados.

EDITORIAL

 

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