Acuerdos del Consejo de Ministros en materia de regulación del transporte por carretera y ampliación del plazo para licencia fiscal. 
 Desacuerdo del Gobierno con las sentencias del consejo de guerra contra capitán Milans del Bosch y el coronel Graíño     
 
 El País.    31/10/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

EL PAÍS, sábado 31 de octubre de 1981

NACIONAL

Acuerdos del Consejo de Ministros en materia de regulación del transporte por

carretera y ampliación del plazo para licencia Fiscal

Desacuerdo del Gobierno con las sentencias del consejo

de guerra contra el capitán Milans del Bosch y el coronel Grafito

Viene de primera página El capitán Milans del Bosch fue condenado a un mes y un

dia de prisión por insultos al Rey de España y jefe supremo de las Fuerzas

Armadas, a quien llamó «cerdo e inútil» en un club social, según reconoció el

propio acusado ante el tribunal militar.

El coronel Graíño fue sancionado con dos meses y un dia de arresto por falta de

respeto a tas autoridades militares. Graiño fue procesado por publicar-una carta

en un periódico, en la que denunciaba campañas difamatorias de determinados

sectores ultraderechistas localizados en las Fuerzas Armadas.

El sistema utilizado ahora por el Gobierno, de ordenar el recurso al fiscal, es

inhabitual con respecto a casos semejantes, como el de la operación Galaxia, en

el que únicamente se dio el disentimiento del capitán general. En aquella

ocasión, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó las penas mínimas

impuestas a los conspiradores.

El recurso ordenado por el Gobierno se basa en el artículo 127 del Código de

Justicia Militar, recientemente reformado, según el cual el Gobierno puede dar

instrucciones y órdenes al fiscal militar para procurar el exacto cumplimiento

de las leyes, en lo que atañe al orden militar y a «los poderes del Rey», entre

otros extremos.

Por otra parte, el Consejo de Ministros acordó ayer también varios ascensos

militares, entre otros el del coronel Alcalá Galiano a general de brigada.

Alcalá Galiano es actualmente jefe de la Policía Nacional de Madrid. El portavoz

gubernamental no precisó el nuevo destino que podría tener, sino que indicó que

depende del ministro de Defensa.

Según publicó EL PAÍS el pasado dia 16, es probable que Alcalá Galiano sustituya

al actual inspector de la Policía Nacional, general Sáenz de Santamaría.

Asimismo, Ignacio Aguirre destacó que el Consejo aprobó un decreto-ley para

ampliar el sistema de pensiones a las victimas del terrorismo, en virtud del

cual los jubilados de las fuerzas de seguridad del Estado también causarán

derecho a las pensiones extraordinarias que hasta ahora se concedían a los

funcionarios en activo.

En lo que se refiere a la votación parlamentaria en favor de la adhesión de

España a la Alianza Atlántica, el portavoz gubernamental se limitó a expresar ta

satisfacción del Ejecutivo por la amplia mayoría alcanzada, así como su

convencimiento de que Holanda no vetará el ingreso de España.

Por otra parte, el secretario de Estado para la Información dijo • que le

sorprendían las enmiendas presentadas por el PSOE a las partidas presupuestarias

de ayuda a la Prensa, y puntualizó que el Gobierno y UCD las apoyarán sin

reservas.

Nueva regulación del transporte por carretera

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Luis Alvarez, explicó ayer a

la Prensa un paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros para

mejorar la seguridad y calidad del transporte colectivo por carretera.

Las medidas consisten básicamente en un nuevo proyecto de ley de disciplina y

sanciones, y varios decretos sobre inspección de autobuses, instalación del

tacómetro y apertura de una línea de crédito para la renovación de la flota de

•autobuses.

Alvarez insistió en que este tema •es preocupación constante del Gobierno, que

sigue una política cuyo objetivo básico es mejorar la seguridad y calidad,

porque los esfuerzos del sector y de los conductores : no son suficientes, y

destacó que •con estas medidas España se apro´xima a la regulación establecida

en

los países de la Comunidad Económica Europea.

La nueva ley de disciplina modifica la antigua legislación, que data de 1947, y

que preveía multas máximas de 25.000 pesetas. Estas pueden elevarse ahora a

500.000 y al precinto de los autobuses que no cumplan las condiciones y sean

reincidentes.

Junto a esta ley se han aprobado tres decretos para modificar el sistema de

inspecciones.

Aparte de modificarse los plazos y condiciones, se declara de interés público

esta actividad, para fomentar la instalación de talleres especializados. Las

revisiones podrán hacerse también en las instalaciones del

Ministerio de Industria.

Otro decreto hace obligatorio el uso del tacógrafo, aparato que el ministro

describió como semejante a la caja negra de los aviones, ya que recoge las

incidencias del viaje, como velocidad, paradas, relevos del conductor, etcétera,

de modo que se facilita la vigilancia del cumplimiento de las normas.

La instalación en todos los vehículos industriales se hará en plazos y

condiciones1 ajustadas a las posibilidades de la Industria española.

Finalmente, el Gobierno aprobó un sistema de concesión de préstamos para la

renovación de la flota de autobuses en España.

Estos préstamos favorecerán a los concesionarios de líneas cortas y de

transponte escolar, ya que son los más necesitados de financiación, y su

objetivo es renovar, en un plazo de tres años, todos los autobuses con más de´

quince años de funcio´namiento, que irán al desguace, y al menos parte de ios

que tienen más de diez años.

El plan tiene un coste de hasta 3.500 millones de pesetas por año.

El ministro admitió que los recientes accidentes son «un terrible aldabonazo» en

la conciencia, pero advirtió que el Gobierno ya venia trabajando intensamente en

este tema.

Así, anunció que en noviembre se hará público un libro blanco sobre el

transporte escolar, realizado en colaboración con las comunidades autónomas y

entes preautonómicos, que tienen competencias en esta materia.

El libro blanco dará lugar a una serie de decretos de la Administración central

y las autonómicas para una nueva regulación.

Otras disposiciones

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se amplia hasta el

próximo 5 de diciembre el plazo de presentación de las declaraciones de alta de

licencia fiscal de actividades comerciales e industriales, un tributo local

gestionado por el Estado y del que se beneficiarán las corporaciones locales.

La fecha límite para el cumplimiento de la obligación de formular declaraciones

de alta en la licencia fiscal estaba fijada en el 31 de octubre.

El Gobierno, consciente de la trascendencia de este trámite, tanto para las

corporaciones locales como para la Hacienda Pública, dado el carácter

recaudatorio y censal de este tributo, ha acordado prorrogar el plazo.

El Consejo aprobó también un proyecto de real decreto por el que se constituye

la Sociedad Estatal de Promociones y Equipamiento de Suelo (SEPES), que tendrá

como principal linea de actuación la adquisición y preparación de suelo para

asentamientos industriales y de servicios, así como la ejecución de las

infraestructuras urbanísticas derivadas de los programas de acción territorial.

Asimismo, y a propuesta del ministro de Obras Públicas, el Consejo aprobó la

concesión de 2.430 ayudas financieras para adquirientes de viviendas de

promoción oficial, por un importe de 2.´400 millones de pesetas.

También en Obras Públicas, el Consejo aprobó expedientes de contratación de

obras para la construcción de 711 viviendas.

 

< Volver