El sindicato comunista y el pSOE, piden que los delitos militares sean conocidos por la jurisdicción civil. 
 Ataques de los partidos y sindicatos marxistas al Alto Tribunal Militar     
 
 El Alcázar.    04/06/1982.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

Fuente: ALCÁZAR; EL Fecha: 04-06-1962 Página: 10

nacional

El sindicato comunista y el PSOE, piden que los delitos militares sean conocidos

por la jurisdicción civil

Ataques de los partidos y sindicatos marxistes al Alto Tribunal Militar

Estas son algunas de sus afirmaciones

«La sentencia pone en cuestión la credibilidad de las Fuerzas Armadas ante los

ciudadanos, y representa un claro atentado al proceso democrático»

«Si se confirman las sentencias, significarán el triunfo de los golpistas,

elevando a categoría de farsa todo el proceso» «La sentencia no desarticula el

grueso de la conspiración golpista; ni atiende las íxigentias expresadas

tnayorítari amenté»

Todos los partidos, sindicatos j organizaciones marxistes se »n mostrado

unánimes a la hora de condenar muy duramente i sentencia dictada por el Conseja

Supremo de Justicia Militar.

Especialmente radicales se mostraron en sus críticas ;) sindicato socialista

UGT, y el partido separatista rasco Euzkadlko Ezkerra, asi corno la central

comunista CC.OO.

Cavero: Algunas penas son excesivamente benignas

Según una nota de la Unión general de Trabajadores que recoge Efe,]». Comisión

ejtcutiva confcdcral del sindicato socialista manifestó su «asombro e

ndignación» al conocer el veredicto, y afirmaba que «con esta .sentencia, los

órganos de Justina Militar han actuado más cano parte que como juez, no res.

midiendo asi a la confianza de a mayoría de los ciudadanos».

UGT señala también que «la sentencia estimula a sectores ninoritarios dentro de

las Fueras Armadas a la involución y al Golpe de Estado.

Esta sentencia -añade el sindicato Marxísta representa un claro atentado al

proceso democrático».

Tras expresar su preocupación porque algunos de los implicados puedan volver al

mando de unidades el Ejercito y la Guardia Civil, UGT manifiesta que la

sententencia pone en cuestión la credibilidad de las Fuerzas Armadas ante los

ciudadanos del país.

La política de acercamiento entre el pueblo y las Fuerzas Armadas a sido puesta

en quiebra por la misma. Los ciudadanos españoles se preguntarán seriamente sí >

se ha tratado de poner en´ cuestión la legitimidad del poder civil y por la

tanto, de las scituciones democráticas soe el resto de los poderes existentes en

la sociedad».

La central sindical socialista •mina su nota instando «al gobierno y alos

partidos político parlamentarios, a una urgente modificación del Código Justicia

Militar en el sentido de que tos delitos militares pasen a ser conocidos por U

juris dicción civil».

Redondo: «Indignación y vergüenza ajena»

El propio Nicolás Redondo manifestó a Europa press, en términos similares*. «Con

esta, sentenciat nos podemos ahorrar las cifras del presupuesto para intentar

aproximara! Ejército al pueblo.

Cualquier gasto para intentar acercar al pueblo las Fuerzas Armadas es una

inversión que no tiene sentido, que es filuda, que no conduce a nada.» El líder

marxista insistió en lo dicho por su sindícalo: «Esta sentencia —dijo— es

lamentable, pone en cuestión la credibilidad de las Fuerzas Armadas.»

Preguntado sobre la dureza del comunicado de UGT, Redondo puntualizó que «no ha

sido fruto del nerviosismo ni de la vehemencia.

Creo que el Tribunal no Ka respondídoa la confianza, aunque relativa, que el

pueblo había depositado en íl». También dijo que •la Comisión ejecutiva se ha

sumida entre la indignación y la vergüenza ajena.

Quisiera manifestar, y creo queme lo permite la Constitución, que esta sentencia

representa an claro atentado al proceso democrático».

Por su parte Euzkadiko Ezkerra, según Efe, hizo público un comunicado

solicitando la inmediata interposición de recurso y señalaba que «si tales

sentencias se confirman, significarán de hecho el triunfo de tos golpistas. la

aceptación de su; tesis de "obediencia debida" elevando a la categoría de farsa

todo el proceso que ha durado más de tres meses». Euzkadiko Ezkerra estima que

«las únicas penas justas son las de Milans y Tejero, que serian las cabezas de

turco´, garantizadores de la práctica inmunidad para el resto de los procesados,

la mayoría de los cuales continuarán en el Ejército tras haber tenido bajo en

punto de mira de sus armas a los representantes del puebla: aceptar esto en una

democracia significa ponerla en riesgo irreversible». EE termina con un

llamamiento a tos ciudadanos a manifestar su protesta y rechazo de «esta

sentencia indignante».

USO también manifestaba -según Efe- «indignación por la sentencia, cuya tibieza

puede estimular al golpísmo. Dichas sentencias -añade Unión Sindical Obrera—

pueden ser un estimulo al golpismo más que un fulminante judicial frente a

quienes atenían contra la paz, las libertades y la dignidad de! pueblo español».

CC.O.O.. dependiente del PCE, también divulgó una nota en la que señala que «la

sentencia no desarticula el grueso dé la conspiración golpista, ni allende a las

exigencia* expresadas mayo rítanamente por el pueblo español de aplicar la ley

con todo su rigor yde manera ejemplar para impedir nuevas intentonas contra la

soberanía popular, las instituciones democráticas´y el jefe del Estado».

Comisiones Obreras agrega que «el dictamen del Consejo Supremo de Justicia

Militar aumenta gravemente la confusión de la opinión pública y el desasosiego

de la inmensa mayoría de los ciudadanos».

Et sindicato comunista dice también, en su nota que «los resultados y el mismo

desarrollo del proceso del 23-F. que ría sido un permanente alégalo contra la

democracia demuestran la necesidad de consolidar nuestro Estado de Derecho».

Por último CC.OO. invita a todas las fuerzas politicas y sindicales a una

reunión para examinar colectivamente la situación creada tras la publicación de

la sentencia.

Sartorius, vicesecretario general del PCE, se pronunció en

parecidos términos.y dio lectura a una nota del partido en la que señalaba que

«existen en la sentencia aspectos graves y negativos como calificaciones

inadecuadas y penas claramente insuficientes que dan lugar a una lógica

insatisfacción».

El presidente del Parlamento Vasco, Pujana,declaro a EFE que •da la impresión

que se ha querido buscar dos cabezas de turco, mientras que para el resto la´

sentencia no refleja en absolulo lo que todos pudimos ver a través de TVE aquel

23 de febrero». También agregó que «esto demuestra que no estamos en una

democracia vigilante, sino vigilada».

El PSOE. tras la reunión de la comisión ejecutiva, manifestó su «profundo

desacuerdo y preocupación» ante las sentencias, según efe«. En una nota señalaba

que «el fallo afecta alas instituciones de la democracia y al funcionamiento de

las Fuerzas Armadas» asi como su voluntad de proponer «la modificación del

Código de Justicia Militar, pasando a la jurisdicción ordInaria «I

enjuiciamiento de los delito* contra el Estado y sus instituciones».

PAD: «Reforma de la jurisdicción militar por el Parlamento»

Q Partido de Acción Democrático que dirige Fernández Or-dáflcz, dijo en una nota

que «la sentencia no protege la dignidad del Órgano que representa la soberanía

popular en España y defrauda la confianza dd pueblo en la defensa de las

instituciones democráticas. Contrasta esta sentencia —añade el PAD— con el

tratamiento de que fueron objeto los militares de la Union Militar Democrática,

que fueron expulsados del Ejército*. Por último, también se suman a la petición

de una «inmediata reforma de la jurisdicción militar por el Parlamento,

reduciéndola al ámbito E .trámente castrense como ordena Constitución».

•Sorpresa y extrañeza» por la sentencia del 23-F manifestó a Efe Fernando

Bergasa Perdomo, presidente de la Junta de Cañarías y diputado de la UCD por la

provincia de Las Palmas. Bergasa Perdomo ha dicho que la sentencia le ha

producido •sorpresa y extráñela», «teniendo ert cuenta —ha agregado— que los

diputados estuvimos secuestrados bajo las armas porlos mandos militares en la

nochedel 23-F».

El d iputado centrista y presidente del organismo preautonómico canario balicho

también: «Tengo entendido que el Gobierno va a recurrir esta sentencia y creo

que es lo que debe hacer.»

«La gravedad de los hechos justifica las dos penas principales», declaró a Efe

el secretario primero del Congreso de los Diputados, Víctor Carrascal,

El secretario primero de la Cámara manifestó que «como (espectador privilegiado

de ´aquella noche, me sorprende míe se haya absuelto a una serie de tenientes

que mantuvieron bajo la amenaza de las armas a líos parlamentarios y 3 todo el

Gobierno, secuestrados duran te 18 horas».

También los dirigentes del centra han censurado la decisión del alto Tribunal

militar. Para Iñigo Cavero, secretario general de UCD, algunas de las penas son

benignas, y varios diputados insistieron en que el Gobierno debe ejercer recurso

para que se aplique «mas severidad».

Cavero dio a conocer una nota en la que tras manífcstar que «esta causa es k mis

significativa de nuestro siglo», señalaba qut «el Gobierno ha impulsado un

desarrollo del proceso en unas notorias condiciones de publicidad que, satvo

escasos incident«st ban permitido que la vista « haya venido celebrando-con

plenas garantías procesales, ajustadas a la especialidad del Código de Justicia

Militar».

Asimismo, dice que «el tratamiento por la sentencia a alguno* de tos

protagonistas de estos hechos es excesivamente benigno, por lo que espero que el

Gobierno acuerde recurriría. La reciente reforma que a iniciativa del Gobierno

Introdujeron las Cortes Generales en el Código de Justicia Militar permitirá

que, en su caso, los casos « tramiten ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo,

es decir, inte la jurisdicción civil».

Víctor Carrascal, secretario primero del Congreso, declaró que «la absolución de

prácticamente iodos los tenientes, muchos de los cuales estuvieron en una

actitud poco amistosa y de humillación, me ha sorprendido», Sánchez Reos,

secretario segundo, dijo igualmente que las sentencias deben ser recurridas.

Y Fernando Bergasa, diputado de UCD por Las Palmas, de´claro su «sorpresa y

estrañeza».

Por su parte, Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular,´declaro

que «hay que tener serenidad para dejar que el procedimiento de la

Administración de Justicia prosíganosla sus términos porque todavía pona

términado.y mientras la justicia signe su curso, no ha lugar pues a opinión a mi

ver, que pudiera entorpecer el recto proceder de la justicia».

 

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