Autor: Aguilar, Miguel Ángel. 
   El Gobierno se muestra pasivo ante el aumento de la temperatura golpista     
 
 El País.    01/11/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

El Gobierno se muestra pasivo ante el aumento de la temperatura golpista

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

Insultos públicos al Rey, capitán general de los tres Ejércitos, sancionados con

penas irrisorias; los defensores del 23-F afirman en El Alcázar que no se

celebrará el1 juicio; colectas en la División Acorazada Brúñete número 1 en

favor de quienes tomaron como rehenes al Gobierno y al Pleno del Congreso de los

Diputados; campañas sistemáticas de descalificación hacia quienes fueron

activamente leales al Rey y al Gobierno y secundaron sus instrucciones para

desmontar el golpe definen la gráfica de la creciente temperatura golpista.

Fuentes castrenses, que coinciden en este análisis, señalan con alarma la falta

de reacción proporcionada del Gobierno, mientras UCD entra en la sima de una

crisis de la que no se ve el fondo.

Oficiales de Estado Mayor señalaban a EL PAÍS que esta pleamar golpista se

registra cuando deberla haber empezado la cuenta atrás para la celebración de un

juicio, el del 23-F, de cuya ejemplaridad pende la supervivencia de la

democracia española. Al comentar las peticiones de los defensores solicitando la

reconstrucción de los hechos, una destacada personalidad precisaba:-«Quieren

reconstruir los hechos, pero con fuego real». Los oficiales aludidos hacían

notar que la euforia golpista se produce en un momento caracterizado por ofrecer

la más baja cota de actividad terrorista de los últimos diez años, el más

prolongado período de paz social desde el plan de estabilización de 1956 y con

un pacto entre las fuerzas políticas mayoritarias para racionalizar el proceso

autonómico mediante la LO APA.

Terrorismo, conflictividad social y tensiones autonomistas, los tres fulminantes

golpistas que señalaban todos los análisis, han sido desactivados merced a una

mejora de la eficacia, una positiva cooperación ciudadana, un alto sentido de

responsabilidad de los trabajadores y sus representaciones sindicales y de las

fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento. El golpismo, sin embargo, se

recupera por días y se configura nuevamente, con el 20-N a la vista, como

amenaza probable a corto plazo.

Las primeras columnas que perfilan el nuevo intento golpista tienen lugar

privilegiado no sólo en El Alcázar, sino también en otros medios informativos.

Ahora se recuerda que la llamada ley de Defensa de la Democracia se justificó

como una necesidad para terminar con bien determinados focos golpistas y

terroristas, pero una vez más se constata la falta de convicción política para

aplicarla. El Alcázar sigue sembrando impertérrito sus incitaciones en los

cuarteles y salas de banderas de toda España sin más prohibición de circular que

en la Academia General de Zaragoza, dictada por un soldado ejemplar: el general

Pínula.

Militares que siguen de cerca las amenazas involucionistas han subrayado a EL

PAÍS la persistente

actividad en ese área de plumas como la de Emilio Romero y Ricardo de la Cierva.

La conferencia de Emilio Romero a la que el Club Siglo XXI dio tribuna supone

una vuelta a sus propósitos de aparcar la Constitución, ya expresados por este

personaje antes del golpe del 23-F en artículos que adelantaban la candidatura

del general Armada para presidir un Gobierno de gestión. Ahora pide un

protagonismo para los militares en la política que desborda el texto

constitucional y reclama

generosidad con los procesados del 23-F en términos que equivalen a dejar tan

gravísimos hechos en la impunidad.

El Gobierno, según dijo a EL PAÍS un ministro, ha enviado alguno de esos textos

de Emilio Romero al fiscal, pero desconoce la resolución de la Magistratura.

Además nadie explica que hayan quedado sin consecuencia alguna las actividades

reveladas en las cintas magnetofónicas donde se registraron las conversaciones

intervenidas por instrucciones del secretario de Estado para la Seguridad en las

que tan nítida y frecuentemente se escucha la voz del propio Emilio Romero. Un

miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados recordó a EL PAÍS que en

ocasión decisiva el partido socialista supo terminar con algún factótum poniendo

sobre la mesa determinados informes. «¿Cuándo harán lo mismo», añadía, «con

Emilio Romero, al que inexplicablemente han avalado durante estos años dándole

patente de demócrata por sus ataques al presidente Suárez?».

El precio de las contemplaciones

Transcurridos ocho largos meses, sigue sin saberse nada de la trama civil del

golpe para cuya investigación se constituyó un grupo especial. Sólo Juan García

Carres, actualmente en prisión preventiva en Carabanchel, es el único paisano

detenido. Medios políticos valencianos estiman, por ejemplo, que hubiera sido

imprescindible sacar a tiempo algunas consecuencias elementales. Para quienes

vivieron en la ciudad del Tuna la interminable ¡ornada del 23-24 de febrero es

inexplicable que el gobernador civil de la provincia, José María Fernández del

Río, consentidor de su propia suplantación por el general Caruana, no fuera

destituido al día siguiente sin más contemplaciones. El precio de la indecisión

está en las

manifestaciones sumariales del gobernador, plenamente exculpatorias para

Caruana.

General ascendido

Otro general, Antonio Hermosilla, que ostentaba el mando de la III Zona de la

Guardia Civil, con sede en Valencia, y que estuvo a las órdenes del general

Milans del Bosch, se ha visto también ascendido al empleo de general de división

del cuerpo y destinado, en consecuencia, como subdirector general de la

Benemérita. Y el coronel Joaquín Valencia Remón, gobernador civil en varias

ocasiones durante el régimen anterior, que mandaba el regimiento Villaviciosa,

de donde salieron las unidades que ocuparon militarmente Prado del Rey el día de

autos, ha sido ascendido en el anteúltimo Consejo de Ministros al empleo de

general de brigada y destinado al mando del gobierno militar de León. En

contraposición podrían citarse algunos nombres de ilustres generales ascendidos

hace meses que siguen sin destino.

«Que se prepare el capitán Aymerich —denunciante de quien injurió al Rey—,

porque corre el riesgo de que se sirvandel más pequeño pretexto para imponerle

un arresto superior a la pena de un mes fijada en la condena a Juan Milans por

llamar cerdo e inútil al capitán general de todos los Ejércitos», explicaba un

compañero de promoción de la Academia de Zaragoza. El contenido de la sentencia

dictada contra el capitán Milans ha tenido efectos devastadores y

desilusionantes en la opinión pública española.

 

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