Uno de ellos, por su condición de militar, ha sido arrestado. 
 Sancionados trece defensores del 23-F por cuestionar la actuación del juez García Escudero     
 
 El País.    19/11/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Uno de ellos, por su condición de militar, ha sido arrestado.

Sancionados trece defensores del 23-F por cuestionar la actuación del juez

García Escudero

Trece de los defensores de los militares golpistas procesados por los sucesos

del pasado 23 de febrero han sido sancionados por el Consejo Supremo de Justicia

Militar en relación con un escrito presentado ante este organismo el pasado día

8 de octubre, en el que se cuestionaba la actuación del consejero togado José

María García Escudero, juez especial en la instrucción sumarial del caso. Las

sanciones consisten en una multa de 10.000 pesetas a doce de estos defensores y

en un correctivo de ocho días de arresto al capitán del Ejército del Aire

Antonio Hernández Griñó, representante de tres de los procesados por esta causa.

Los defensores sancionados, además del ya citado capitán Hernández Griñó, son

Ángel López-Montero Juárez (teniente coronel Antonio Tejero), Pedro Liñán

Lechuga (capitán Francisco Ignacio Román), Antonio Eduardo Pereira (capitán José

Cid Fortea), José Luis Sanz Arribas (capitán Enrique Bobis González), Dimas Sanz

López (capitán Francisco Acera Martín), José Zugasti Pellejero (capitán Juan

Batista González), Guillermo José Salva Paradela (teniente César Alvarez

Fernández), Santiago Segura Fern (teniente Vicente Carricondo Sánchez), Jesús

Gómez García (capitán José AlvarezArenas Pardiñas), Gerardo Quintana Aparicio

(general de división Luis Torres Rojas), Antonio Muñoz Perca (capitán de

complemento José Pascual Galvez) y Julio Ortiz Ortiz (teniente Pedro Izquierdo

Sánchez).

El capitán Hernández Griftó, único defensor militar firmante del escrito,

defiende en esta causa a los tenientes Santiago Vecinos Nüñez, Manuel Boza

Carrasco y Jesús Alonso Hernaiz. Hernández Griñd, por su condición de militar en

activo, no ha sido sancionado de igual forma que sus doce compañeros civiles,

por lo que le ha sido aplicado un correctivo de ocho días de arresto.

En el auto dictado por el Consejo Supremo de Justicia Militar se considera que

los firmantes del escrito han incurrido en una infracción disciplinaria al

faltar al respeto debido al juez con la siguiente frase: «Creemos que hasta el

más modesto de los oficiales de un juzgado de paz español lo habría hecho mejor,

dicho sea en términos de respetuosísima defensa». Este órgano jurídico castrense

señala asimismo que «el párrafo trasciende de la cri tica de una decisión j

udicial» y añade que «no admite excusa el menosprecio que refleja la expresión

reproducida».

La agencia Europa Press informó ayer de fuentes de estos abogados que en el auto

dictado por el Consejo Supremo de Justicia Militar se incluyen términos que, en

opinión de éstos, «no aparecen en el mencionado escrito». Ángel López-Montero,

abogado del teniente coronel Tejero, manifestó a la citada agencia informativa

que la primera reacción de los sancionados ha sido de «indignación, ya que

creemos que en todo momento hemos actuado conforme a derecho», y precisó que no

comprendían el motivo de la sanción.

En este sentido, mediante comunicado, se expresaron también ayer los abogados

Guillermo Salva y Julio Ortiz, quienes significaron que la sanción impuesta no

les ha supuesto «la más mínima mella, más bien al contrario». El comunicado

dice, entre oíros aspectos, que «por encima de todo ello están los sagrados

intereses de nuestros defendidos», y agrega que, independientemente de que

recurran contra dicha corrección, la decisión judicial les resulta «muy

desagradable».

Estos abogados, algunos de los cuales fueron advertidos en su día por el juez

militar sobre posibles faltas de ética profesional por las filtraciones que se

produjeron del sumario el pasado verano, han intentado en varias ocasiones

obtener la nulidad del proceso, siempre con resultadosnegativos. Asimismo han

tratado de implicar al rey Juan Carlos en la intentona golpista, solicitando que

declare judicialmente, contra lo que prevé expresamente la Constitución.

Precisamente esto último fue denegado recientemente por el general togado José

de Diego, juez instructor del plenario.

La campaña desatada en su dia contra el juez Garda Escudero no tuvo apenas eco

en los medios de comunicación, salvo en el periódico ultraderechista El Alcázar,

quien, en una información publicada el dia 2 de septiembre pasado, a toda plana,

bajo el título «El proceso del 23-F es anticonstitucional», decía, atri-

buyéndole a algunos de estos abogados, que «García Escudero ni siquiera figuraba

en el turno de auditoría del Ejército de Tierra o de la Armada y, a su vez, es

letrado en activo de las Cortes, lugar donde se produjeron los sucesos y en cuya

tribuna de espectadores, al parecer, se encontraba en aquellos momentos». La

información continuaba de la siguiente forma: «Por si fuera poco, nos consta que

siendo yo designado juez especial, un artículo suyo aparecióen el diario Ya

prejuzgando que uno de los procesados se había equivocado, y elogiando la

dignidad silenciosa de la Cámara».

Citados a declarar once guardias.

Paralelamente a este asunto, el Consejo Supremo de Justicia Militar ha dictado

una providencia por la que se cita a declarar, en relación con el 23-F, a once

guardias civiles, tres de ellos cabos, tos próximos días 20, 23 y 25 del

presente mes. Estos guardias civiles, cuya declaración la harán en la prueba

testifical propuesta por el fiscal togado, participaron en el asalto al

Congreso".

La relación de nombres es la siguiente: cabos Núñez Burgos, Cantos Galán y

Garcíade la Torre, y los números Barriga Agudo, Domínguez Franco, González Diez,

Iglesias Posadas, Muñoz Rojo, Peláez Martin y Rápela Ruiz.

El Consejo Supremo de Justicia Militar, cuya presidencia ostenta el teniente

general del Ejército Luis Alvarez Rodríguez, lo componen diez consejeros

militares y seis consejeros togados, más un fiscal y un secretario.

 

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